FUNDAMENTACION DE VOTO AclaRatorio DCP 0010/2020
Fecha: 27-Jul-2020
Ley de Administración y Control Gubernamentales
Respecto a la aplicación de normativa nacional existente en relación al servidor público y la carrera administrativa; se tiene que la Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- se constituye en la norma marco que implantó un enfoque funcional de los sistemas de administración y control gubernamentales, entre los que figura: el sistema de administración de personal, destinado a lograr la eficiencia en la función pública, la determinación de los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para su provisión, la aplicación de mecanismos de evaluación y retribución del trabajo, la capacitación de servidores públicos y los procedimientos de retiro de los mismos; por otra parte, para la implementación efectiva de este sistema, se promulgó el Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999-, cuyo art. 2 establece como su objeto: “…regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad”.
Bajo tales razonamientos, el suscrito Magistrado considera que para la declaratoria de compatibilidad del precepto en cuestión -art. 44 del proyecto de COM de San Ignacio de Velasco- en la precitada DCP 0010/2020, debió aclararse que el régimen del servidor público y la carrera administrativa, al estar regulado por el Estatuto del Funcionario Público, -normativa aplicada a nivel nacional- debe ser la que rija la implementación de la carrera administrativa en las distintas entidades territoriales autónomas. En ese sentido cuando el Gobierno Autónomo Municipal pretenda regular la implementación de procesos y condiciones de la carrera administrativa, deberá remitirse a la citada legislación nacional y acudir a las instancias pertinentes señaladas por normativa vigente.