SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2020-S2
Fecha: 24-Jul-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Tuvo conocimiento que en febrero de 2019, iniciaron un proceso penal en su contra; circunstancia por la cual, el 18 de octubre de igual año, presentó un memorial al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, solicitando se ejerza el control jurisdiccional; empero, no obstante de haberse apersonado varios días ante ese despacho judicial, hasta la fecha no obtuvo respuesta alguna, limitándose el personal del Juzgado a referir que no encuentran el cuaderno procesal, existencia de sobrecarga, falta de personal, etc., habiéndole proporcionado tres “saquillos” para que él busque; por lo que, ante la falta de información pidió entrevistarse con el Juez, quien se negó a recibirle por las audiencias que tiene programadas.
Es así que, está siendo perseguido por más de ocho meses, y demandó el control jurisdiccional que en derecho le corresponde; sin embargo, no hay una respuesta favorable o negativa a su solicitud, dejándole en estado de indefensión, vulnerándole de esta manera sus derechos y garantías constitucionales, al no existir una autoridad para resguardarlos.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.2. Informe del demandado
- denegó
- I
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone
- no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso
- en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad
- Fragmento 13
- Fragmento 14