SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0524/2020-S1

           De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las conclusiones del presente fallo constitucional, se advierte que el 20 de enero de 2020, el Juez de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, remitió el cuaderno de control jurisdiccional del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ricardo Orellana García -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas al Juez de Ejecución Penal del mismo departamento; asimismo, se evidenció que el mismo día el impetrante de tutela, solicitó fotocopias legalizadas del Auto de Radicatoria, el cual fue atendido por la autoridad demandada por Decreto de 21 del mismo mes y año, señalando que por Secretaria se extienda las fotocopias solicitadas, al pie de dicha disposición se advierte una firma sin nombre en el que en su parte inferior señala …“recogí conforme copias legalizadas”(sic).

           Antecedentes que coinciden con lo aseverado por la autoridad demandada en el informe presentado el 23 de enero de 2020, quien señaló que oportunamente atendió la solicitud del peticionante de tutela, el mismo que no fue objetado ni contradicho por el accionante; puesto que no se hizo presente en audiencia.    

Como se señaló en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos. Este entendimiento deja claramente establecido que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad.