SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2021-S3

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa en su vertiente a ser oído, al debido proceso y a la defensa, así como al principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito tráfico ilícito de armas, estando dispuesto su arraigo, inició el trámite para obtener la certificación del mismo ante Migración Distrital de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Gobierno; empero, el Responsable de dicha institución -ahora accionado-, no le entregó la documentación impetrada en el plazo establecido de cuarenta y ocho horas, dilación que le impide hacer efectiva la ejecución de la medida cautelar personal otorgada a su favor, para posteriormente solicitar su libertad.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido

Sobre la procedencia del debido proceso vía acción de libertad, la
SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, estableció que: «Del contenido del
art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal'”.

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión.

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “'…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'.

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la defensa en su vertiente a ser oído, al debido proceso y a la defensa, así como al principio de celeridad; puesto que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito tráfico ilícito de armas, estando dispuesto su arraigo, inició el trámite para obtener la certificación del mismo ante la Migración Distrital de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Gobierno; empero, el Responsable de dicha institución -ahora accionado-, no le entregó la documentación impetrada en el plazo establecido de cuarenta y ocho horas, dilación que le impide hacer efectiva la ejecución de la medida cautelar personal otorgada a su favor, para posteriormente solicitar su libertad.

Al respecto, conforme al razonamiento jurisprudencia citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el resguardo que otorga esta acción tutelar al debido proceso, no comprende a todas las formas de su presunta infracción, sino su tutela será viable únicamente cuando: i) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas que denuncian, estén vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Exista absoluto estado de indefensión, y por ello, el peticionante de tutela no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la privación de la libertad.

Bajo ese contexto, y a partir del acto lesivo denunciado por el accionante, en el caso concreto no se advierte la concurrencia de los citados presupuestos, pues la pretensión del prenombrado radica en la falta de entrega de su certificación de arraigo a fin de obtener su libertad; al respecto, este Tribunal advierte que la supuesta omisión reclamada, no se encuentra relacionada directamente con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, al no constituirse en la causa directa para la restricción del mismo; toda vez que, existe previamente un despliegue procesal que necesariamente debe cumplirse conforme la normativa procesal penal, como condicionantes para la cesación de su detención preventiva y posterior emisión del mandamiento de libertad; por lo que, en contraste del hecho fáctico alegado con el presupuesto jurisprudencial referido precedentemente como la causa para que opere directamente la supresión o amenaza del derecho a la libertad, dicho elemento no concurre.

En ese marco, respecto al segundo presupuesto, no se advierte que el peticionante de tutela, hubiese estado en absoluta indefensión que impida el ejercicio de su derecho a la defensa; más al contrario, de los argumentos expuestos por el prenombrado en su demanda constitucional se establece que se encuentra ejerciendo el mismo, participando activamente del proceso y utilizando los mecanismos procesales de defensa que le franquea la ley, como en el caso analizado el Juez de la causa modificó a su favor la medida cautelar personal de detención preventiva; consiguientemente, tampoco concurre dicho presupuesto; al efecto, si el prenombrado considera que existe una irregularidad del debido proceso para lograr su pretensión, como es la emisión del certificado de arraigo, debe acudir con su reclamo a la instancia ordinaria, agotando los mecanismos intraprocesales solicitando la protección de sus derechos y garantías constitucionales; y, en forma posterior, acudir a la justicia constitucional, pero a través de la acción de amparo constitucional que es el medio idóneo para conocer presuntas irregularidades del debido proceso no vinculadas directamente a la libertad.

Por lo expuesto, ante la inconcurrencia de los dos presupuestos establecidos para la consideración de supuestas lesiones al debido proceso mediante la presente acción de defensa y en aplicación del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.