SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0946/2021-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0946/2021-S4

Sucre, 29 de noviembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:..... René Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                   37624-2021-76-AL

Departamento:              La Paz

En revisión la Resolución 159/2020 de 11 de noviembre, cursante de fs. 23 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Santivel Matta Choque en representación sin mandato de Rodolfo Huarca Humpiri contra Luis Carlos Torrez Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz; y, Denis Terrazas Quisbert, Auxiliar de Ventanilla Única de la Oficina Gestora de Procesos del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, cursante de fs. 5 a 8 y 10 la parte accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le siguió el Ministerio Público por la comisión del delito de tráfico de substancias controladas se emitió la sentencia correspondiente, condenándolo a una pena privativa de libertad de diez años, a ser cumplidos en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, lugar donde se encuentra privado de su libertad desde 2009, debido a la detención preventiva que le fue impuesta inicialmente, con lo cual, estaría privado de su libertad por once años y seis meses.

En razón a ello, ha intentado presentar memoriales de solicitud de libertad por cumplimiento de la pena, al Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, el que fue rechazado argumentando que no corresponde que allí se haga la recepción, habiéndose intentado también presentar el memorial a la Gestora de procesos, donde también fue rechazado, debido a que, por el delito de tráfico de sustancias controladas su persona no figuraría en el sistema con Número de Registro Judicial (NUREJ) y tampoco en el “IANUS”, sin tomar en cuenta que dicho aspecto no es de su responsabilidad sino del juzgado o del personal que conoció su causa; por lo que, se encontraría ilegalmente detenido debido a que habría cumplido en exceso la pena impuesta en su contra.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado con los principios pro homine, de favorabilidad y celeridad, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 24, 115, 178.I, 180 y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 29 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se disponga la recepción del memorial donde se impetra su libertad definitiva y se dé respuesta oportuna al mismo, emitiendo su respectivo mandamiento de libertad.

I.2. Audiencia y resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 11 de noviembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 22 vta., presentes la parte accionante al igual que Luis Carlos Torrez Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz; y, ausente el otro codemandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, y respondiendo a las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, señaló que, el Secretario del Juzgado ahora demando le hizo pasar al despacho del Juez, con quien entabló conversación y le dijo que como tenían antecedentes y que “ha llegado de Presidencia y hasta que no tenga la certeza que está en mi Juzgado lamentablemente no puedo recepcionar” (sic), sería la Gestora quien está a cargo actualmente conforme la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, la recepción del memorial; sin embargo, en el Sistema NUREJ e IANUS no estaba consignado el número para poder hacer ingresar al sistema por la Gestora, sin tener un código de registro, ya que lo único que pretendía con ese memorial era hacer conocer que ya se encuentra con once años y un mes de recluido, indicando su pena cumplida.

Así mismo, Limbert Josué Pinto Veneros, Director de Defensa Pública, argumentó que el impetrante de tutela cumplió la condena que le fue impuesta; razón por la cual, solicitó su libertad definitiva; sin embargo, los servidores públicos demandados no quisieron recepcionar dicho memorial, aludiendo que no estaba registrado en el sistema NUREJ y tampoco en el IANUS, sin tomar en cuenta que dichas situaciones deben ser resueltas adecuadamente, en cuya razón pidió se conceda la tutela y se conmine a la recepción del memorial, ya sea por el Juzgado o por la Gestora de Procesos.

I.2.2. Informe de los servidores públicos demandados

Luis Carlos Torrez Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, en audiencia, informó que: a) Su persona no tuvo contacto con el abogado de Defensa Pública, sino el personal subalterno, quienes le sugirieron inicialmente que dicho memorial sea presentado a la Gestora de Procesos, donde le rechazaron su recepción en el marco de los lineamientos de la Ley 1173, con lo cual nuevamente subió al juzgado, y al observar que se trataba del mismo caso que había sido oficiado y fue presentado por Presidencia, comunicó al Juez a efectos de que le otorgue la instrucción correspondiente, con quien luego se entrevistó la abogada, pero en ningún momento se negó la recepción del mismo; y, b) Se presentó una queja ante Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instancia que lo remitió al Juzgado, donde la autoridad judicial ha requerido la presentación de un informe en el plazo de setenta y dos horas, el cual fue emitido el 10 de noviembre de 2020, con todos los datos del proceso, y en cuyo mérito se emitió el decreto de la misma fecha, por el que se dispuso notificar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe sobre el tiempo de permanencia en dicho Centro, los motivos de su detención, el tiempo y bajo qué órdenes judiciales, de manera que la solicitud fue atendida y se encuentra en trámite. Argumentos con los cuales solicitó que se deniegue la tutela impetrada.

Denis Terrazas Quisbert, Auxiliar de Ventanilla Única de la Oficina Gestora de Procesos del departamento de La Paz, por informe presentado el 11 de noviembre de 2020, cursante a fs. 16, informó que: 1) El día en que la parte accionante se apersonó a la Oficina Gestora de Procesos para presentar el memorial, se le hizo notar que no tenía NUREJ, en cuya razón se le solicitó cortésmente identificar el mismo con lo que sería recibido, esto al ser necesario dicho registro digital; y, 2) A través del NUREJ o Código Único se puede identificar a qué juzgado y proceso pertenece el documento o memorial y como funcionario es su deber digitalizar y enviar al juzgado que corresponda, además de ser un requisito mínimo dentro de la Oficinal Gestora de Procesos, conforme dispone el art. 56 Bis de la Ley 1173.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 159/2020 de 11 de noviembre, cursante de fs. 23 a 29, concedió en parte la tutela impetrada, solo en relación a Luis Carlos Torrez Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, ordenando que el mismo reciba el memorial de la parte accionante y cumpla sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en las Leyes 025 de 24 de junio de 2010 –Ley del Órgano Judicial– y 1173, y que de ninguna forma se niegue la recepción del mismo; denegando la tutela respecto a Denis Terrazas Quisberth, Auxiliar de Ventanilla Única de la Oficina Gestora de Procesos del mismo departamento, bajo los siguientes fundamentos: i) La codemandada Denis Terrazas Quisbert, funcionaria de la Oficina Gestora de Procesos, al solicitar que previamente se precise el código correspondiente del NUREJ, ha actuado simplemente en el marco de sus obligaciones y la normativa vigente; por lo que, con su conducta no vulneró los derechos alegados por la parte accionante; y, ii) El demandado Luis Carlos Torrez Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, no podía rechazar la recepción del memorial pretendido por la parte impetrante de tutela, más cuando el mismo estaba vinculado con el derecho a la libertad del imputado, aparentando tener una total verosimilitud cuando se le solicitó un trámite, entendiéndose que existía una condena por la que se encontraría una persona privada de libertad y que por el transcurso del tiempo continúa detenido injustamente, máxime si se adjunta el certificado de permanencia y conducta el cual había sido emitido por Directores del Centro Penitenciario; es decir, que se podía advertir la existencia del caso.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Mediante Certificado de Permanencia y Conducta 8439/2020 de 24 de junio, suscrito por el Encargado de Archivos y Kárdex y el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, se certifica que cursa en el expediente del interesado Rodolfo Huarca Humpiri –ahora accionante–, entre otros, Mandamiento de Condena de 12 de marzo de 2014, de diez años de presidio, emitido por Marcela Siles Jaksic, Jueza de Instrucción Penal Décima del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por el delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 1 a 2).

II.2.  Por memorial de 9 de noviembre de 2020, Karina Santivel Matta Choque, Defensora Pública en representación sin mandato de Rodolfo Huarca Humpiri, solicitó al Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, se emita mandamiento de libertad definitiva en su favor, por haber cumplido la condena impuesta mediante sentencia en el proceso penal seguido en su contra, adjuntando a dicho efecto el Certificado de Permanencia y Conducta (fs. 3 a 4).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante alega que los servidores públicos demandados lesionaron sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado con los principios pro homine, de favorabilidad y celeridad; dado que rechazaron recibirle el memorial por el cual solicitaba su libertad por cumplimiento de la pena, argumentando, en el caso del Secretario del Juzgado ahora demandado, que allí no corresponde su presentación, sino a través de la Gestora Pública, y la Auxiliar de la Gestora Pública, que el memorial no señalaba el NUREJ, aspecto que una vez subsanado, se procedería a la recepción del memorial, aspectos que incidieron en los indicados derechos, debido a que permanece privado de su libertad cuando el tiempo de su condena ya fue cumplida.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva de las y los servidores de apoyo jurisdiccional

         En cuanto a la legitimación pasiva de las servidoras o los servidores públicos de apoyo judicial de las distintas jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional ha establecido que es plenamente posible que puedan ser demandados en situaciones en las que contrarían lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional o cometan determinados excesos en el cumplimiento de sus funciones, con lo cual lesionen derechos fundamentales o garantías constitucionales de los sujetos procesales.

         En ese sentido se tiene razonado en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, cuando refiriéndose a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia) y Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), señaló que: “…la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial” (las negrillas son agregadas); razonamiento reiterado por esta Sala en las SSCCPP 0961/2019-S4 de 21 de abril, 0015/2020 de 5 de marzo y 0070/2021-S4 de 30 de abril, entre muchas otras.

         Dicho entendimiento fue asumido en el marco de las competencias que la Constitución Política del Estado y la Ley otorga a las autoridades jurisdiccionales para resolver los conflictos de las partes frente a las funciones de apoyo que asigna la ley al personal no jurisdiccional; así, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, ampliando el entendimiento anterior, señaló que: “…la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno” (las negrillas son nuestras).

         Entonces, en base a lo indicado se entenderá que un funcionario de apoyo judicial tendrá legitimación pasiva para ser demandado en una acción de defensa, cuando la lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones u obligaciones que la ley le confiere o cuando este incumple las instrucciones u órdenes dadas por el superior en grado, lo que no significa que la autoridad judicial se encuentre exenta de responsabilidad cuando sea codemandado, dado que finalmente es este quien tiene la responsabilidad del Juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

         La jurisprudencia constitucional, a través de la SC 0044/2010 de 20 de abril, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1254/2013 de 9 de diciembre, 0034/2014 de 6 de noviembre, 1135/2016 de 7 de noviembre, entre otras, refiriéndose al antes hábeas corpus, ahora acción de libertad, indico que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas con añadidas).

         En el marco de lo antecedido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, seguida por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0093/2012 de 19 de abril y 1233/2012 de 7 de septiembre, entre otras, manifestó que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

         “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis y subrayado añadidos).

         De lo señalado se colige que, el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante, de manera que, afecte la debida celeridad, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

         En cuanto al debido proceso, en su vertiente de celeridad, es necesario indicar que la potestad de impartir justicia se sustenta, entre otros principios, en la celeridad, en el marco de lo establecido por el art. 178.I de la CPE. Considerando que de acuerdo al art. 22 de la CPE, proteger la libertad de la persona es un deber primordial del Estado, y que ésta solo puede restringirse en los límites señalados por la ley, a la luz de lo dispuesto por el art. 23.I del citado precepto constitucional, se tiene que todo proceso en el cual la libertad de la persona se ve involucrada, debe considerarse esencial y éste debe ser tramitado con la debida celeridad, que comprende: “el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia”, conforme señala el art. 3.7 de la LOJ.

         Al respecto, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, estableció lo siguiente: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud".

         Este criterio de manera análoga es compartido por la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, que indicaron: “…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución...”.

         En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas dependa de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3. De los deberes de los servidores de apoyo judicial

         Debemos señalar que los servidores de apoyo judicial se constituyen en servidores públicos como cualquier otro, con la única diferencia que su ámbito de desempeño es la administración de justicia, de manera que, al igual que estos últimos, se encuentran sujetos a los principios comprendidos en el art. 232 de la CPE, entre ellos, al compromiso e interés social, eficiencia, calidad, calidez, responsabilidad y resultados.

         Así también, como parte del Órgano Judicial, la prestación de sus servicios se encuentran sujetos a los principios propios de dicho Órgano, y precisados en el art. 180.I de la CPE, entre ellos, la celeridad, la eficacia, la eficiencia, la accesibilidad y la inmediatez, como principios rectores que sustentan a la jurisdicción ordinaria, y que, en términos generales, comprende la acción y promoción de una administración de justicia pronta, evitando la demora procesal, facilitando a toda persona el acceso al Órgano Judicial para una solución oportuna de los asuntos planteados ante las autoridades jurisdiccionales.

         En ese sentido, la prestación de los servicios por parte de los servidores de apoyo judicial, independientemente la dependencia o jerarquía que tengan, tienen el deber primario de cumplir sus obligaciones específicas en el marco de los indicados principios generales, los cuales deben constituirse en la guía de sus actuaciones, de manera que, se decante en una buena administración de justicia para las personas que acuden al Órgano Judicial a la solución de sus conflictos.

III.4. Análisis del caso concreto

         En el caso concreto, la parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, vinculado con los principios pro homine, de favorabilidad y celeridad; dado que rechazaron recibirle el memorial por el cual solicitaba su libertad por cumplimiento de la pena, argumentando, en el caso del Secretario del juzgado ahora demandado, que allí no corresponde su presentación, sino a través de la Gestora Pública, y la Auxiliar de la Gestora Pública, que el memorial no señalaba el NUREJ, aspecto que una vez subsanado, se procedería a la recepción del memorial, aspectos que incidieron en los indicados derechos, debido a que permanece privado de su libertad cuando el tiempo de su condena ya fue cumplida.

         De acuerdo a las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los antecedentes adjuntos al legajo constitucional y lo señalado por las partes en los informes y constantes en el acta de audiencia de acción de libertad, se tiene que, por memorial, Karina Santivel Matta Choque, abogada de Defensa Pública, en representación sin mandato de Rodolfo Huarca Humpiri –ahora demandado–, solicitó al Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, emitir mandamiento de libertad definitiva en su favor, por haber cumplido la condena impuesta mediante sentencia en el proceso penal seguido en su contra por el delito de tráfico de sustancias controladas, adjuntando a dicho efecto el Certificado de Permanencia y Conducta 8439/2020, suscrito por el Encargado de Archivos y Kárdex y el Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; por el que, se certifica que cursa en el expediente del interesado ahora impetrante de tutela, entre otros, Mandamiento de Condena de 12 de marzo de 2014, de diez años de presidio, emitido por Marcela Siles Jaksic, Jueza de Instrucción Penal Décima del citado departamento.

         Cuando el impetrante de tutela, pretendió hacer la entrega de dicho memorial al Juzgado donde presta sus servicios el Secretario ahora demandado, se le indicó que su presentación debía realizarse en la Oficina Gestora de Procesos, ante lo cual, la hoy accionante se apersonó para dicho efecto, instancia donde le observaron que el memorial no contenía el NUREJ que permita identificar el proceso, digitalizar los documentos y remitirnos electrónicamente al Juzgado de la causa, y que una vez subsanada tal observación procederían a su recepción; ante ello, nuevamente se apersonó al Juzgado, donde entabló conversación con dicho Secretario demandado, quien percatándose que contaba también con una queja formulada por la misma parte ante la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y que fue derivado al juzgado, comunicó al Juez de la causa lo que estaba aconteciendo, para resolver la dificultad presentada, habiéndose logrado la entrevista de la abogada de Defensa Pública con la autoridad jurisdiccional.

         Es en ese sentido que, la autoridad judicial ordenó al Secretario de Juzgado ahora demandado, que presente un informe en el plazo de tres días sobre lo acontecido en el caso, el cual fue entregado por el indicado servidor público, el 10 de noviembre de 2020, con todos los datos del proceso, y en cuyo mérito, posiblemente se hubiera emitido el decreto de la misma fecha; por el que, se dispuso notificar al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, para que informe sobre el tiempo de permanencia en dicho centro, los motivos de su detención, el tiempo y bajo qué órdenes judiciales, de manera que la solicitud fue atendida y se encuentra en trámite, afirmaciones últimas que sin embargo no tienen evidencia en la causa, pues los demandados no acompañaron prueba que respalde tal aseveración.

         Conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, un servidor de apoyo judicial tendrá legitimación pasiva para ser demandado en una acción de libertad, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; situación que aconteció en la causa concreta, donde el Secretario hoy demandado, en lugar de resolver la dificultad presentada respecto a la recepción del memorial de la parte ahora impetrante de tutela, para que el mismo sea admitido y resuelto por la autoridad jurisdiccional, simplemente se limitó a remitirlo a la Oficina Gestora de Procesos, lugar donde la Auxiliar hoy también demandada, solo se limitó a observar la falta del código NUREJ en dicho memorial observación de forma que si bien son parte de las formalidades para la presentación de un memorial; sin embargo, dicho requisito no puede estar por encima de los derechos de las partes y más si se encuentra vinculado a la libertad, dejando en la incertidumbre al impetrante de tutela, quien tuvo que acudir a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia para lograr que el aparato judicial funcione y se identifique en todo caso dicho código.

         Como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la prestación de los servicios por parte de los servidores de apoyo judicial, independientemente la dependencia o jerarquía que tengan, tienen el deber primario de cumplir sus obligaciones específicas en el marco de los principios generales contenidos en los arts. 232 y 180.I de la CPE, los cuales deben constituirse en la guía de sus actuaciones, de manera que, se decante en una buena administración de justicia para las personas que acuden al Órgano Judicial a la solución de sus conflictos, y que en términos generales comprende la acción y promoción de una administración de justicia pronta, evitando la demora procesal, facilitando a toda persona el acceso al Órgano Judicial para una solución oportuna de los asuntos planteados ante las autoridades jurisdiccionales; lo que no aconteció en la causa, debido a que el actuar de los ahora demandados, lejos de cumplir los indicados principios, fue displicente, ineficiente, de poco compromiso e interés social con la problemática del hoy accionante, y sin ningún resultado.

         En ese sentido, siendo que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; lo que ha ocurrido en el caso concreto, donde los demandados, por la sola ausencia del NUREJ en el memorial de solicitud de libertad por cumplimiento de condena, no recepcionaron el mismo, dejando al impetrante de tutela en incertidumbre, con afectación directa en los derechos a la libertad y los denunciados en la presente acción de defensa; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a ambos servidores demandados.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 159/2020 de 11 de noviembre, cursante de fs. 23 a 29, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER en todo la tutela solicitada en contra de los demandados.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.