SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0957/2021-S4

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Certificado Médico emitido el 26 de febrero de 2020, Maritza Quisbert Martínez, Médico Cirujano, diagnosticó a Wilson Rosas Mamani –hoy accionante–, como paciente positivo infectado por el VIH, sugiriendo al mismo asistir al Área del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA dependiente del Ministerio de Salud, para recibir el tratamiento adecuado (fs. 1); así también, consta resultado de análisis de Detección de COVID-19, de 14 de octubre de año anotado, emitido por el Laboratorio de Genética y Diagnóstico Molecular (LABOGEN), efectuado a través de la Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real del paciente precitado, indicando que éste fue Detectado Positivo del virus referido (fs. 2).

II.2. Mediante Auto Interlocutorio 311/2020 de 31 de octubre, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, Dina Jenny Larrea López, Jueza de Instrucción Penal Tercera de El Alto del departamento de La Paz –ahora demandada–, dispuso la detención preventiva del sindicado en el Centro Penitenciario “San Pedro” del nombrado departamento; determinación contra la cual, la defensa técnica formuló de manera oral recurso de apelación (fs. 18 a 20; y, 20 y vta.).

II.3. A través de memorial presentado el 16 de noviembre de 2020, Wilson Rosas Mamani solicitó a la Jueza demandada audiencia de cesación a la detención preventiva; retiró la apelación que planteó contra el Auto Interlocutorio 311/2020; e, hizo conocer que interpuso esta acción de libertad (fs. 10 y vta.).

II.4. Consta Auto de 15 de diciembre de 2020, suscrito por Freddy Gastón Choque Cortes, Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, en calidad de Juez de garantías de la presente acción de libertad, emitido en respuesta a la queja planteada por el impetrante de tutela; por medio del cual, determinó la aplicación de las medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis del CPP; señalando que, al no existir la predisposición por parte de la autoridad demandada de acatar lo ordenado por la Resolución 310/2020 de 16 de noviembre, dichas medidas debían cumplirse ante el Juzgado de garantías (fs. 49 a 50).