AUTO CONSTITUCIONAL 0161/2021-RCA

AUTO CONSTITUCIONAL 0161/2021-RCA

Sucre, 17 de septiembre de 2021

Expediente:    41051-2021-83-AAC

Acción de amparo constitucional

 Departamento:      Chuquisaca

En revisión la Resolución 183/2021 de 18 de agosto, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Alberto Mancilla Salgueiro y Juan Fernando Martínez Poquechoque en representación legal de Fredy Vacaflor Barrera, Gimber Garrón Romero, Elías Moisés Avendaño Vargas, Alfredo Gary Zerna Durán, Wilber Ecos Cruz, Agustín Rojas Isla, Andrés Vela Castellón, Eloy Belén Quispe, José Luis Zarcillo Ramos, Erlin Saavedra Rojas, Richard Cayuba Jou, José Fernández Llanos, Germán Canaviri Saramani, Joaquín Suyo Jancko, Humberto Alaca Armijo, Basilio Chumacero Llanos, Juan Gaspar Taceo Rojas, Isidro Cabrera Alaca, Efraín Arratia Chile y Ciro Denis Ríos Balderrama contra Cristian Max Castellón Pinto, Gerente General de la Fábrica Soluciones Industriales en Metal Mecánica Sociedad Anónima (SUCREMET S.A.).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Mediante memoriales presentados el 9 y 17 de agosto de 2021, cursantes de fs. 154 a 161 vta.; y, 179 a 181, los accionantes a través de sus representantes legales alegan que el Gerente General y Representante Legal de la empresa SUCREMET S.A., a la “fecha” incumplió con la cancelación de sus salarios devengados desde octubre de 2020, y en algunos casos se les adeuda de meses anteriores al mencionado, tal como se puede advertir de las planillas adjuntas, ocasionando que se encuentren en insolvencia económica, con la consecuencia de verse imposibilitados de cubrir las necesidades básicas y requerimientos de los miembros de su familia concernientes a la alimentación, vivienda, medicamentos, vestimenta y gastos de educación por la implementación de la educación virtual, sumado a ello, por dicho incumplimiento también se pone en riesgo la vida, salud y bienestar de todos ellos, además de no cumplir de forma mensual y oportuna con dicha remuneración salarial, olvidando que se encuentra estrechamente ligado a la subsistencia y bienestar no solo del trabajador sino de su familia, así el        art. 46.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE), establece como un “…derecho constitucional que toda persona tiene derecho a percibir una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna…” (sic), que se traduce a que el empleador debe cumplir a cabalidad con las normas socio laborales que al ser de orden público son de cumplimiento obligatorio e ineludible, entre las que se encuentra el pago oportuno del salario de los trabajadores, lo contrario sería vulnerar sus derechos constitucionales, los cuales deberán ser tutelados en sujeción a lo dispuesto por el art. 109.I de la Norma Suprema.

Asimismo, refieren que hacen oídos sordos a sus reclamos verbales y escritos, lo que hace que se encuentren en una situación económica y de bienestar crítico, al extremo de generar zozobra y ansiedad con respecto a las obligaciones familiares, crediticias y otras que deben cumplir, lo que les obligó a acudir a esta acción de defensa, por haber incurrido su empleador en actos que consuman medidas de hecho que ponen en riesgo la subsistencia de sus familias, provocando la lesión de sus derechos fundamentales a la vida y a la alimentación, más aún cuando ni siquiera existe un control y pago alguno concerniente a sus aportes a los seguros de seguridad social de corto y largo plazo, ni por el carácter coyuntural que se vive a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19). 

Alegan que, el 29 de agosto de 2020, por intermedio de su sindicato presentaron una nota al entonces Gerente General de la empresa SUCREMET S.A., solicitando una reunión con el único punto a tratar “…el impago de los sueldos atrasados de la gestión 2020” (sic); y, ante el silencio de dicha autoridad, se acudió a la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca, emitiéndose citación para una audiencia a realizarse el 5 de noviembre del referido año; empero, no se presentó ningún funcionario con capacidad jurídica de la mencionada empresa, razón por la cual se emitió conminatoria para la asistencia a una nueva audiencia señalada para el 10 de ese mes y año, en la que aceptaron que los trabajadores se encuentran impagos por concepto de salarios, pero no dieron una solución pronta ni efectiva; actuando de buena fe, el 17 del indicado mes y año, solicitaron reunión con el Gerente General de la citada empresa para tratar varios puntos, siendo el principal el pago de sueldos atrasados, en la que se firmó un acta al interior de la empresa SUCREMET S.A., si bien se reconoció la vulneración de sus derechos laborales, sirvió únicamente para prolongar su incumplimiento, lo que derivó a que nuevamente el 5 de febrero de 2021, acudan a la citada Jefatura Departamental del Trabajo, denunciando “Cancelación de Sueldos” (sic); no obstante emitirse conminatoria para una nueva audiencia fijada para el 3 de marzo de 2021, no asistieron.

Finalmente aluden a la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, que estableció la protección constitucional que tiene el derecho al salario o sueldos devengados bajo la previsión del art. 48.IV de la CPE, así como solicitar la excepción al principio de subsidiariedad, además de señalar que cumplieron a cabalidad con dicho principio, porque agotaron la vía administrativa acudiendo a la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca.  

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

Consideran lesionados sus derechos a recibir una remuneración justa, a la estabilidad laboral, a la vida y a la salud, citando al efecto los arts. 46.I y II y 48.IV; y, como derechos conexos señalan los arts. 15.I, 16.I, 17.I, 18.I, 19.I, y 20.I de la CPE.

I.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela demandada y en consecuencia: a) Se disponga el pago inmediato de los sueldos devengados de los trabajadores desde el mes de octubre “a la fecha”, así como los remanentes de los meses anteriores; b) Se instruya a la empresa SUCREMET S.A., cumpla de manera mensual con el pago de las remuneraciones, sea bajo responsabilidad de los administradores y del Representante Legal; y, c) Se condene en costas y costos.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, por decreto de 9 de agosto de 2021, cursante a fs. 162, observa que, con carácter previo, los accionantes deben acreditar haber activado y agotado los mecanismos específicos, como ser el recurrir ante la Jefatura Departamental o Regional del Trabajo, a cuyo efecto les otorga el plazo de tres días desde su notificación.

La citada Sala Constitucional, mediante Resolución 183/2021 de 18 de agosto, cursante de fs. 184 a 185, declaró la improcedencia de la presente acción de defensa, bajo los siguientes fundamentos: 1) De acuerdo a los arts. 129.I de la CPE y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo); así como, la          SC 0273/2010-R de 7 de junio, dejaron claramente establecido que las acciones u omisiones presuntamente vulneradoras de derechos fundamentales deben ser reclamadas empleando los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico o administrativo según corresponda y de acuerdo a la naturaleza o especialidad de cada proceso o procedimiento, así por ejemplo la norma laboral ha previsto que la falta de pago de sueldos constituye un despido indirecto que puede ser denunciado y tramitado ante la Jefatura Departamental del Trabajo, pero a su vez, esta repartición estatal protectora de los derechos de los trabajadores puede también tramitar la denuncia por infracción a leyes sociales; 2) En el caso concreto, los accionantes denuncian la lesión de sus derechos laborales respecto a estar impagos desde octubre de 2020, por el trabajo realizado en la empresa SUCREMET S.A., así como también la estabilidad laboral; 3) El Estado creó las Jefaturas Departamentales y Regionales del Trabajo dependientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, asignándoles el rol de velar por la aplicación de la Ley General del Trabajo y demás normativas laborales, por ello son el organismo técnico de la función pública y el papel que desempeñan es determinante para garantizar los derechos socio laborales y las obligaciones sociales y contractuales con los empleadores; 4) Frente a la vulneración que se denunció ante dicha institución que es la encargada de garantizar los derechos socio laborales de los ciudadanos, no solamente implicaría llamar a conciliación sino tener medios y/o recursos para hacer prevalecer los derechos vulnerados como es el pago de sueldos devengados, entonces de acuerdo a esa naturaleza, la jurisdicción constitucional no puede aperturar su competencia para suplir las funciones de aquella entidad que por tarea principal tiene hacer cumplir en la vía administrativa los derechos de los trabajadores; y,     5) Consiguientemente, la denuncia de “…impago de sueldos…” (sic) corresponde ser tramitada ante las Jefaturas Departamentales o Regionales del Trabajo, ya sea por la vía del despido indirecto o a través de otros mecanismos, incluyendo en la denuncia de infracción de leyes sociales; ello implica que los impetrantes de tutela deben activar esos medios para la reparación de sus derechos laborales y solo en caso de no encontrar reparación a esas lesiones, una vez agotada la misma recién acudir a la acción de amparo constitucional.

Resolución que fue notificada a la parte solicitante de tutela el 25 de agosto de 2021 (fs. 186); formulando impugnación el 30 del citado mes y año (fs. 187 a 190 vta.), dentro del plazo establecido por el art. 30.I.2 del CPCo.

I.5. Síntesis de la impugnación

Refieren que: i) A efecto de cumplir con el principio de subsidiariedad no solo acudieron a la instancia administrativa laboral sino también ante la autoridad que vulneró los derechos ahora pretendidos; ii) La Jefatura Departamental del Trabajo no es una instancia que genere resoluciones de cumplimiento de manera obligatoria para el pago de sueldos y salarios, sino es una vía de conciliación, y ante la no concurrencia de la parte convocada, dio por cerrada en consideración a sus normas; iii) La SC 0368/2013, marcó una línea respecto a la no necesidad de emplear el principio de subsidiariedad cuando existe la lesión de los derechos laborales con relación al “impago” de los sueldos devengados; y, iv) En la Resolución impugnada, la Sala Constitucional observó error en la actuación de la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca señalando que no solamente debe llamar a una conciliación sino que debe utilizar los medios o recursos para hacer prevalecer los derechos denunciados; empero, no indica qué normativa le otorga competencia o tuición para establecer coercibilidad y cumplimiento a lo pretendido, de igual forma genera nueva interpretación cuando afirma que los sueldos devengados deben ser tramitados en esa instancia administrativa laboral, por la vía del despido indirecto o a través de otros mecanismos incluyendo la denuncia por infracción a la ley social; sin embargo, resultan inviables, en cuanto a la primera esa desencadenaría en una reincorporación laboral, que no es el caso, porque continúan en una relación laboral; respecto de los otros mecanismos, ya se aplicó recurriendo a la instancia administrativa laboral; y, respecto a la denuncia de infracción a leyes sociales, esa no garantiza o efectiviza el cumplimiento del pago de sueldos o salarios devengados, porque simplemente reflejará la ordinarización ante el juzgado en materia laboral y la resolución que se dicte será la sanción mediante multas a favor de la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

II.1.  Marco normativo constitucional y legal

El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

En ese sentido, el art. 129 de la Norma Suprema, dispone lo siguiente:

“I.  La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.

II.  (…) podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

Asimismo, el art. 51 del CPCo, determina que esta acción tutelar tiene como objeto: “…garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el art. 33 del citado Código, refiere que: “La acción deberá contener al menos:

1.     Nombre, apellido y generales de quien interpone la acción o de su representante legal, acompañando en este último caso, la documentación que acredite su personería. En el caso de terceras personas que tengan interés legítimo, deberán acreditar el interés alegado. Además, deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.

2.     Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado.

3.     Patrocinio de abogado cuando corresponda, o en su caso la solicitud de defensor público.

4.     Relación de los hechos.

5.     Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados.

6.     Solicitud, en su caso, de medidas cautelares.

7.     Las pruebas que tenga en su poder o señalamiento del lugar donde se encuentren.

8.     Petición”.

En ese contexto, antes de ingresar al análisis de los requisitos de admisibilidad contenidos en el art. 33 del CPCo, el Juez o Tribunal de garantías, así como las Salas Constitucionales deberán verificar el cumplimiento de las condiciones correspondientes a la improcedencia previstas en los arts. 53, 54 y 55 del mismo Código.

II.2.  El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tiene su excepción, en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales

         Sobre el particular la SCP 0368/2013 de 25 de marzo, invocada también por los accionantes, indica que: “‘Sin embargo, la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección…’.

         (…)

         De donde, entre los principios propios o específicos mencionados por la doctrina y que regulan el instituto del salario, se señala a los siguientes: El principio de suficiencia, inspirado en el concepto de justicia social, significa que el salario debe cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia, referente a su alimentación, vestido, vivienda digna, educación, salud, trasporte, esparcimiento y ahorro o previsión. Al respecto el art. 46.1 de la CPE, establece que toda persona tiene derecho a una remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna; asimismo, el principio de oportunidad en el pago, considera que teniendo en cuenta la finalidad que persigue el salario, cual es la satisfacción de necesidades vitales, se impone la necesidad de cancelarse en forma oportuna y en los plazos establecido por ley. Con relación a este aspecto, el art. 53 de la LGT, señala que el período para el pago de salario no excederá de quince y treinta días tratándose de empleados u obreros respectivamente. Por otra parte, el principio de intangibilidad de la remuneración, significa que la ley limita los descuentos excesivos del salario ya sea por embargos y otros conceptos con la finalidad de garantizar la integridad y oportunidad de su pago; además del principio de determinabilidad, que establece que su monto debe ser determinado o por lo menos determinable; y, el principio de no discriminación, que se encuentra en idéntica situación laboral, por lo que no tiene que ser discriminado en el pago de su salario ya sea por sexo, edad, nacionalidad, color u otras situaciones, principio consagrado en el art. 14.II de la CPE, concordante con el art. 52 de la LGT.

         En este sentido, al ser la naturaleza y fin del salario, que éste sea destinado a cubrir las necesidades vitales del trabajador y su familia en forma diaria, su cancelación oportuna, revisten de una gran importancia; de donde se establece que su no pago dentro de los plazos fijados, al ser en algunos casos la única fuente de ingresos del núcleo familiar, éste se ve afectado en su medio de subsistencia, que puede llegar a incidir en su salud e inclusive en la vida del trabajador y sus dependientes, por lo que ampliando el ámbito de aplicación excepcional del principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional y la especial protección que debe brindarse a aquellos derechos fundamentales cuya restricción o vulneración impliquen una afectación directa al derecho a la vida, éste abarcará también al derecho a los salarios o sueldos devengados, los cuales además de estar protegidos y amparados por la Constitución Política del Estado, su no percepción, oportuna desnaturaliza el fin del salario, cual es cubrir las necesidades básica del trabajador y su familia, por cuanto al estar vinculado a la subsistencia y a la vida misma de la persona, no podría exigirse que el afectado agote todavía otros medios, recursos ordinarios o administrativos o cualquier otra vía idónea prevista para el efecto, pues su reclamo podría resultar ineficaz por el tiempo que conllevaría su tramitación” (el resaltado corresponde al texto original).

II.3.  Análisis del caso concreto

En el caso de examen, los accionantes en su condición de trabajadores de la empresa SUCREMET S.A. denuncian la falta de pago de salarios devengados desde octubre de 2020, y en algunos casos de meses anteriores, siendo que cumplen con su trabajo de manera normal, ocasionando que se encuentren en insolvencia económica, olvidando que el salario está estrechamente ligado a la subsistencia y bienestar no solo del trabajador sino de su familia, a ello se suma, que hacen oídos sordos a sus reclamos verbales y escritos, generando zozobra y ansiedad con respecto a las obligaciones familiares, crediticias y otras que deben cumplir, provocando la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la alimentación y a la estabilidad laboral; y no obstante acudir a la Jefatura Departamental del Trabajo, no se consiguió la pretensión demandada.

En mérito a dicha problemática la Sala Constitucional Segunda del  departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 183/2021 de 18 de agosto, declaró la improcedencia de la acción de amparo constitucional, por incumplimiento del principio de subsidiariedad con el argumento de que la Jefatura Departamental del Trabajo es la instancia administrativa laboral donde se debe tramitar la denuncia de “impago” de sueldos, ya sea por la vía del despido indirecto o a través de otros mecanismos, incluyendo en la denuncia de infracción a leyes sociales, concluyendo  que los impetrantes de tutela deben activar esos medios para la reparación de sus derechos laborales, citando como respaldo de su determinación a la SC 0273/2010-R de 7 de junio.  

         Revisados los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que los peticionantes de tutela instaron el pago de sus salarios devengados el 29 de agosto y 17 de noviembre, ambos de 2020; así también el 12 de marzo de 2021, al Gerente General de SUCREMET S.A. (fs. 4, 11 y 17); y, el 29 de octubre, 16 de noviembre, ambos de 2020 y 5 de febrero de 2021, a la Jefatura Departamental del Trabajo de Chuquisaca por “DENUNCIA POR CANCELACIÓN DE SUELDOS”; sin embargo, la empresa demandada, solo asistió a una audiencia de conciliación ante la vía administrativa laboral en la que se comprometió a la cancelación de un mes de salario; asimismo, se advierte la firma de un acta de compromiso entre la asesora legal de la empresa y los trabajadores, los cuales no fueron cumplidos.

         Por lo referido precedentemente, se establece que los derechos alegados como lesionados están relacionados a los que surgen de la falta de pago de salarios devengados, sobre los cuales conforme la jurisprudencia expresada en el Fundamento Jurídico II.2 del presente fallo constitucional, es posible la excepción al principio de subsidiariedad, por la existencia y la especial protección que debe brindarse a aquellos derechos fundamentales cuya restricción o vulneración impliquen una afectación directa al derecho a la vida, este abarcará también al derecho a los salarios o sueldos devengados, los cuales están protegidos y amparados por la Constitución Política del Estado, por tal razón, no es posible exigir que se agote la vía ordinaria, pues su protección resultaría tardía.

         Bajo el razonamiento citado anteriormente, se concluye que la mencionada Sala Constitucional al declarar la improcedencia de esta acción tutelar por incumplimiento al principio de subsidiariedad, porque se debió agotar previamente la vía administrativa laboral, afirmando que es donde se debe tramitar el pago de salarios devengados reclamados, a través de los medios que señala -vía del despido indirecto o mediante otros mecanismos, incluyendo en la denuncia de infracción de leyes sociales-, sin considerar que la competencia de las Jefaturas Departamentales del Trabajo están delimitadas en el marco de las previsiones contenidas en el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, en la que no se encuentra el conocimiento y resolución de la problemática reclamada en esta jurisdicción constitucional, puesto que es una instancia de conciliación y no tiene fuerza coercitiva; evidenciándose que no efectuó un correcto análisis de los antecedentes ni de la jurisprudencia constitucional; pues, no es posible exigir el agotamiento de la vía administrativa a través de los recursos sugeridos.

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado precedentemente, respecto a la aplicación de la regla de excepción de la subsidiariedad y siendo acogida conforme a la jurisprudencia constitucional, queda desvirtuado lo manifestado en la Resolución 183/2021 emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; respecto al principio de inmediatez se observa de los datos del proceso, que los accionantes realizaron diferentes reclamos tanto a su empleador como a la Jefatura Departamental del Trabajo, siendo el Acta de 3 de marzo de 2021 (fs. 16), el último actuado en sede administrativa, momento desde el cual se inicia el cómputo del plazo de los seis meses, siendo planteada el 5 de agosto del referido año, se tiene por cumplido dicho principio; consiguientemente, la Comisión de Admisión de este Tribunal, verificará los demás requisitos de admisibilidad.

II.4. Cumplimiento de los requisitos de admisión

a)    Los representantes legales de los solicitantes de tutela señalaron sus nombres, generales de ley y domicilio procesal (fs. 154) y adjuntaron el testimonio de poder que acredita su personería (fs. 1 a 3 vta.);

b)    Identificaron a la parte demandada indicando su nombre y domicilio (fs. 160 vta.);

c)    La demanda se encuentra suscrita por los representantes legales, suscribiendo uno de ellos como profesional abogado (fs. 161 vta.);

d)    Se realizó la relación de los hechos e identificó los actos lesivos y cómo se lesionó los derechos que alegan como vulnerados;

e)    Precisaron los derechos constitucionales que consideran transgredidos, tal como se tiene mencionado en el punto I.2 del presente Auto Constitucional;

f)     Solicitaron la aplicación de medidas cautelares en el OTROSÍ II          (fs. 161);

g)    Presentaron prueba relacionada al caso (fs. 4 a 153); y,

h)    Expusieron su petitorio de forma clara y precisa.

Por todo lo señalado, se concluye que los impetrantes de tutela cumplieron con los requisitos previstos por el art. 33 del CPCo.

En ese sentido, se advierte que la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca al haber declarado la improcedencia de la acción de amparo constitucional, no valoró correctamente los antecedentes ni la jurisprudencia constitucional.

POR TANTO

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve:

1° REVOCAR la Resolución 183/2021 de 18 de agosto, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca.

2° Disponer que la citada Sala Constitucional ADMITA la presente acción de defensa y someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela solicitada, según corresponda en derecho.

3°  Exhortar a la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, con la finalidad de que, en futuras actuaciones dentro de la jurisdicción constitucional, considere los alcances de la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal en cuanto a la naturaleza y fin del salario.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

COMISIÓN DE ADMISIÓN

                                        Dr.  Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO PRESIDENTE

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano           MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo                   

             MAGISTRADO                                            MAGISTRADA