SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2021-S4

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2021-S4

Sucre, 2 de septiembre de 2021

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator:    Rene Yván Espada Navía

Acción de libertad

Expediente:                 34480-2020-69-AL    

Departamento:            Chuquisaca

En revisión de la Resolución 05/2021 de 22 de julio, cursante de fs. 75 a 77, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abraham Quiroga Bonilla en representación sin mandato de Enrique Rubio Salvatierra contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizú, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torrez Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados integrantes de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de julio de 2020, cursante de fs. 1, 3 a 4 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra detenido preventivamente con fines de extradición –solicitada por la República de Argentina–, en el Centro Penitenciario Santa Cruz Palmasola, desde el 14 de mayo de 2019, por disposición del Juez de Instrucción Penal Décimo tercero del mencionado departamento, en atención a lo establecido en el Auto Supremo 95/2018 de 2 de octubre, emitido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el que se determinó que su detención debía ser ejecutada por cuarenta y cinco días, “CON LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE DE FORMALIZAR LA EXTRADICIÓN EN EL TIEMPO PRECEDENTEMENTE CITADO” (sic).

Considerando la existencia de varios informes dirigidos a la autoridad jurisdiccional, en los que, tanto el Director de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) de Santa Cruz como el Director Nacional de la misma entidad, afirmaron que la petición de extradición hubiese sido retirada; y, habiendo transcurrido más de trescientos noventa días desde que se produjo su detención sin considerar lo dispuesto en los tratados internacionales sobre extradición y en los efectos de la pandemia de COVID-19, que viene poniendo en riesgo su vida y su salud; el 7 de julio de 2020, puso a conocimiento de los ahora demandados todos estos extremos, solicitando que se instruya la emisión de mandamiento de libertad en su favor; empero, lo impetrado no fue atendido, manteniéndolo detenido ilegalmente, en total desconocimiento de lo dispuesto en el Auto Supremo antes indicado, respecto a que su privación de libertad debía ser por solo cuarenta y cinco días.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, alegó la lesión de su derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la petición; citando al efecto los arts. 115. II, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se ordene a las autoridades demandadas “que en el día DEN RESPUESTA AL MEMORIAL DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2020” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de julio de 2020, conforme consta en el acta cursante de fs. 67 a 74 vta., presentes el accionante acompañado de su abogado y tercero interesado, y ausentes las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

María Cristina Díaz Sosa, Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, a través de informe cursante a fs. 65 a 66 vta. refirió lo siguiente: a) Fue asignada como Magistrada tramitadora del “Expediente N° 07/2018” de extradición relativo al impetrante de tutela, solicitada por la Embajada de la República Argentina, desde el 1 de julio de 2020; b) Respecto a la petición de mandamiento de libertad impetrada por el afectado, el 7 del mismo mes y año, –fecha en la que ya se encontraba formalizada la extradición por el país requirente–, fue resuelta estableciendo que con carácter previo a su consideración, se conmine a los Tribunales Departamentales de Justicia de La Paz y Santa Cruz emitan informes correspondientes; c) El 9 de septiembre del año indicado, el solicitante de tutela se apersonó al proceso, refiriendo que las determinaciones a asumirse, sean de conocimiento de la abogada Marcela Velásquez Zabala; así, el 29 de igual mes y año antes señalado, “se recepcionó el DICTAMEN FGE/JLP N°7/2020” (sic), con el que se remitió el expediente a Sala Plena para su resolución; es decir, para conceder o negar la extradición; actuación debidamente comunicada al accionante el 1 de octubre de 2020; d) Por Auto Supremo 34/2021 de 31 de marzo, se declaró procedente la extradición de Enrique Rubio Salvatierra –impetrante de tutela–, disponiendo su ejecución diferida, hasta la conclusión de la pena de diez años de presidio impuesta mediante Sentencia Condenatoria de 8 de agosto de 2002, ejecutoriada el 27 de febrero de 2012; y, e) Al haberse observado a cabalidad los presupuestos o causales de procedencia de la detención preventiva con fines de extradición y la concesión de la misma en efecto diferido, no existe vulneración al derecho a la libertad del accionante.

José Antonio Revilla Martínez, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizú, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torrez Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar y tampoco remitieron informe alguno, pese a su citación cursante de fs. 60 a 63.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 05/2020 de 22 de julio, cursante a fs. 75 a 77, denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Si bien la providencia de 10 de julio de 2020, conminó al Tribunal Departamental de Santa Cruz a remitir información relacionada con la problemática, esta no constituye un pronunciamiento respecto a lo solicitado por el accionante; sin embargo, tomando en cuenta que la “Resolución de de 7 de octubre de 2019” (sic), formalizó el pedido de extradición de la Embajada de la República Argentina; y el impetrante de tutela se apersonó al proceso a fin de conocer las determinaciones asumidas y que el caso cuenta con una decisión final contenida en el Auto Supremo 34/2021, respecto a su situación, no corresponde su atención; y, 2) Teniendo en cuenta que la realización de una nueva audiencia en el caso, deviene de lo dispuesto en la SCP 0114/2021-S3 de 26 de abril, fue en atención a que las notificaciones efectuadas a los ahora demandados no había garantizado el derecho a la defensa de los mismos; por lo que, la concesión de tutela dispuesta en la Resolución emergente de la audiencia anterior –de 30 de julio de 2020– quedó sin efecto.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Consta mandamiento de detención preventiva con fines de extradición librado por el Juez de Instrucción Penal Décimo primero del departamento de La Paz contra Enrique Rubio Salvatierra –ahora accionante–; recepcionado el 16 de abril de 2018, por el Comando General de la Policía Boliviana (fs. 13 y 19).

II.2.  Mediante memorial presentado el 7 de julio de 2020, el impetrante de tutela solicitó a las autoridades ahora demandadas que componen la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, libren mandamiento de libertad en su favor (fs. 2).

II.3.  Cursa SCP 0114/2021-S3 de 26 de abril, que resolvió anular obrados de la presente acción de defensa, hasta el señalamiento de día y hora de audiencia, disponiendo se cite a las autoridades hoy demandadas conforme al fundamento Jurídico III.1 de la misma; y, consecuentemente se celebre una nueva (fs. 42 a 50).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la seguridad jurídica y a la petición; puesto que, las autoridades ahora demandadas hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no dieron respuesta alguna a su solicitud de mandamiento de libertad, manteniéndolo detenido ilegalmente, en razón de que ya no existiría petición de extradición en su contra.

En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales de la accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La línea jurisprudencial sentada mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril; desarrolló el precedente constitucional sobre la acción traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es la ejecución inmediata de actos indebidamente dilatados que influyen sobre la situación jurídica del privado de libertad, en este contexto, se estableció lo siguiente: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Sobre el mismo asunto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, señaló lo siguiente: “…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas…”.

Sobre el particular la SC 0064/2012 de 23 de julio señalo lo que sigue: “En ese entendido, el Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, concluyó que: «…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad»”

Así también, en la SCP 1135/2012 de 6 de septiembre, se indicó que: “…de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas pertenecen al texto original).

Partiendo del análisis del derecho alegado, la SCP 1320/2014 de 30 de junio, en un similar cuestionamiento, estableció que: ”La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, contenida en el art. 125 de la CPE, se encuentra desarrollada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0017/2012 y 0112/2012, entre otras; en base al entendimiento asumido en las SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R, señalando la jurisprudencia citada, que esta acción busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor de la libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”.

Continuó señalando que: “Esta línea jurisprudencial desarrollada con este tipo de acción de libertad (traslativa o de pronto despacho), es la que establece que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad, en atención al bien jurídico protegido”.

Partiendo de estos postulados constitucionales y jurisprudenciales, resulta que el indicado principio debe efectivizarse indefectiblemente, cuando de por medio se encuentra en análisis el derecho a la libertad, debiendo por ello las actuaciones jurisdiccionales avocarse a la materialización del mismo.

En idéntico sentido, la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, retrotrayendo el criterio jurisprudencial, afirma: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'”; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo.

Asimismo, la SC 0571/2012 de 20 de julio, refirió que: “….El hábeas corpus, –ahora acción de libertad–, traslativo o de pronto despacho; “…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

III.2.  De los alcances del derecho a la petición y su diferenciación con la pretensión procesal

Respecto a los alcances del derecho a la petición, en relación a procedimientos administrativos y judiciales, la SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, realizó el siguiente entendimiento: “`Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla.

En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión pero no toda petición involucra una impugnación…`

`…Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’.

Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso” (las negrillas son nuestras).

Asimismo, respecto a los ámbitos de aplicación del señalado entendimiento jurisprudencial la SCP 0124/2018-S4 de 16 de abril, estableció que: “En conclusión, a la luz de la doctrina, entendimientos y jurisprudencia constitucional glosada, el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la Ꞌpretensiónꞌ de las partes en relación al citado acto” (las negrillas nos pertenecen).

III.3.  Análisis del caso concreto

         El accionante a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad y a la petición, así como del principio de seguridad jurídica; bajo el argumento que las autoridades ahora demandadas, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad –29 de julio de 2020–, no dieron respuesta a su solicitud de mandamiento de libertad, manteniéndolo detenido ilegalmente, ante la inexistencia de solicitud de extradición en su contra.

           Una vez identificada la problemática planteada, corresponde ingresar al análisis de fondo de la misma, para lo cual corresponde previamente analizar los antecedentes aparejados a la presente acción tutelar; de donde se evidencia la emisión de mandamiento de detención preventiva con fines de extradición en contra del impetrante de tutela, en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 95/2018 de 2 de octubre; el mismo que fue ejecutado el 14 de mayo de 2019.

           Así, al haber transcurrido más de un año desde que se produjo su detención, a través de memorial de 7 de julio de 2020, el accionante solicitó a las autoridades ahora demandadas que libren mandamiento de libertad en su favor, bajo el argumento de que por “informe de interpol” (sic) se hubiera determinado la inexistencia de petición de extradición en su contra; ante lo cual, dicha instancia judicial, mediante providencia de 10 del mismo mes y año, dispuso que con carácter previo a valorar lo impetrado, se conmine al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a emitir los informes necesarios que permitan resolver lo relativo a la extradición formalizada mediante “nota REB 383 de 25 de septiembre de 2019 de la Embajada Argentina” (sic).

           Seguidamente, el 9 de septiembre de 2020, se evidencia que el accionante se apersonó al proceso, informando a las autoridades hoy demandadas, que las determinaciones asumidas sean puestas a conocimiento de su abogada; así, en el marco de lo previsto por el art. 158 del Código de Procedimiento Penal (CPP), “una vez recepcionados los informes restantes” (sic), se ordenó al Ministerio Público que emita el requerimiento respectivo; instancia que remitió el DICTAMEN FGE/JLP 7/2020 el 9 de septiembre, fecha en la que se instruyó que el expediente pase a Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de resolver la situación legal del impetrante de tutela.

           Finalmente, los Magistrados ahora demandados emitieron el Auto Supremo 34/2021 de 31 de marzo, por el que declararon procedente la extradición del ahora solicitante de tutela, disponiendo que su ejecución sea diferida hasta la conclusión de la pena de diez años de presidio, determinada por Sentencia Condenatoria de 8 de agosto de 2002 que fue ejecutoriada el 27 de febrero de 2012.

           En ese marco, corresponde iniciar el presente análisis a partir de la alegación del accionante de la supuesta vulneración del derecho a la petición; puesto que, debe distinguirse éste de la pretensión procesal, ya que el primero de los citados se trata de un derecho autónomo que se protege sin la necesidad de existencia de un proceso judicial o administrativo, siendo exigible únicamente la identificación del peticionante, la solicitud sea oral o escrita y la obtención o no de una respuesta formal y pronta, para su procedencia; tal como establece el art. 24 de la CPE, en cambio la pretensión procesal normalmente contiene una solicitud vinculada a una demanda o a un recurso de impugnación dentro de un proceso; por tanto, en este último caso, la pretensión debe ser tratada de acuerdo a procedimiento en observancia de los elementos del debido proceso; lo que implica que, no puede ser analizada en los mismos términos que la petición, porque para su resolución corresponderá el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las normas adjetivas. En ese orden, el derecho a la petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla.

           De acuerdo a lo explicado precedentemente, en el caso analizado es posible determinar que lo solicitado por el accionante no se enmarca en el derecho a la petición, al no ser una simple solicitud aislada de un procedimiento, no obstante y siendo claros los términos de demanda de la presente acción de defensa, a continuación analizaremos si la pretensión del accionante fue atendida de manera oportuna o al contrario, las autoridades ahora demandadas incurrieron en dilación en su tratamiento; puesto que, conforme estableció la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones, está obligada a cumplir con los principios que rigen la administración de justicia, evitando dilaciones indebidas o innecesarias en la resolución de solicitudes vinculadas a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los procesados; por lo tanto, de no observarse el principio de celeridad, el afectado tiene la vía expedita para activar la acción de libertad de pronto despacho, como un mecanismo de defensa inmediato.

           En ese orden, de lo expuesto en el informe presentado por la codemandada María Cristina Díaz Sosa, en su condición de Tramitadora del expediente de Extradición correspondiente al impetrante de tutela, es posible evidenciar que al memorial de 7 de julio de 2020, del que ahora el mencionado extraña su respuesta, no puede pretenderse una respuesta simple, dado que para ello, corresponde a los Magistrados demandados, seguir un procedimiento, lo que se evidencia que se cumplió, pues a la citada pretensión de mandamiento de libertad se proveyó el 10 del mismo mes y año, en sentido que con carácter previo, se conmine al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para que remita sus informes; remarcando que lo señalado por el solicitante de tutela carece de veracidad, dado que a esa fecha, la extradición ya se encontraba formalizada por el país requirente.

           Al margen de lo señalado, el 9 de septiembre de 2020, el ahora impetrante de tutela, se apersonó al proceso, indicando que con el fin de seguimiento e información de todas las determinaciones, se hagan conocer a su abogada Marcela Velásquez Zabala, situación que se tuvo presente mediante decreto de 15 de igual mes y año. Es así que una vez recepcionados los informes restantes, el 15 del citado mes y año, se ordenó la remisión de antecedentes al Ministerio Público a efecto de que emita su requerimiento o dictamen, conforme prevé el art. 158 del CPP, y es así que el 29 de ese mes y año, se recepcionó el dictamen correspondiente; por lo cual, en la misma fecha se dispuso que el expediente pase a conocimiento de Sala Plena para resolución ya sea concediendo o negando la extradición del ciudadano boliviano detenido preventivamente con fines de extradición.

           Consiguientemente el expediente siguió su trámite y concluyó con la emisión del Auto Supremo 34/2021, que declaró procedente la extradición y dispuso su ejecución diferida, hasta la conclusión de la pena de diez años de presidio impuesta mediante Sentencia condenatoria de 8 de agosto de 2002, ejecutoriada el 27 de febrero de 2012, ordenando la comunicación respectiva al Ministerio de Relaciones Exteriores y por su intermedio a la Embajada de la República de Argentina para fines consiguientes; y de los Jueces del Juzgado de Instrucción en lo Penal Décimo Tercero y de Ejecución Penal Tercero, ambos del departamento de Justicia de Santa Cruz.

           De todo lo detallado, se concluye que la solicitud del accionante se encuentra dentro del marco de una pretensión procesal y no de una simple petición propiamente dicha, por lo tanto, no puede pretender que el tratamiento que se otorgue a su memorial, sea el de la petición; dado que para obtener una respuesta motivada y fundamentada, se requiere del cumplimiento de ciertos trámites y procedimiento establecidos en la normativa legal vigente en lo que se refiere a las extradiciones; por esa razón que el escrito presentado por su parte, si bien no mereció una respuesta expresa; sin embargo, se evidencia la tramitación de la causa en tiempos oportunos; extremo que fue de conocimiento suyo, tomando en cuenta su apersonamiento de 9 de septiembre de 2020; es decir, mucho antes de la interposición de la presente acción tutelar; lo que implica que, también conoció sobre la formalización de la extradición por parte del país requirente y que todos los antecedentes pertinentes, pasaron a conocimiento de Sala Plena para su resolución, el 29 de septiembre del año indicado.

           De lo detallado, se tiene que todos los actuados realizado en la tramitación de la solicitud de extradición fueron conocidos por el accionante; por lo que, no resulta viable señalar que existía incertidumbre frente a la determinación de su detención preventiva.

           Ahora, tomando en cuenta que, por SCP 0114/2021-S3 de 26 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó la celebración de una nueva audiencia de consideración de la presente acción de libertad, dejando sin efecto la anterior (30 de julio de 2020); consta que en ese ínterin, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo 34/2021; por el que resolvió conceder el pedido de extradición del accionante a la República de Argentina, disponiendo su ejecución diferida hasta la conclusión de la pena de diez años de presidio impuesta al impetrante de tutela por Sentencia Condenatoria de 8 de agosto de 2002; lo que acredita que la situación jurídica del solicitante de tutela ha quedado establecida.

           Razones que llevan a determinar que las vulneraciones reclamadas, no resultan evidentes; puesto que, la pretensión procesal del accionante de tutela, fue debidamente atendida; dando lugar así, a la consideración de lo requerido, en el marco de plazos y etapas necesarias y concernientes a lo requerido; traducidos en el caso, en la solicitud de informes a instancias judiciales, necesarios para el tratamiento de su situación jurídica, los cuales fueron conocidos por este, sin que hubieran sido cuestionados; cúmulo de diligencias que, evidencian la observancia del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad en el referido proceso; por lo que, corresponde denegar la tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2020 de 22 de julio, cursante de cursante de fs. 75 a 77, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.