SENTENCIA CONSTITUCIONAL PURINACIONAL 0127/2024-S3

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

III. CASO CONCRETO

El accionante denunció que, por memorial de 10 de mayo de 2022, solicitó cesación a su detención preventiva, “decretado” al día siguiente por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, fijando audiencia para el 17 de igual mes y año -es decir- siete días después, sobrepasando el límite del plazo de cuarenta y ocho horas establecido en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), situación que vulneraría el principio de celeridad como elemento del debido proceso, vinculado a su derecho a la libertad.

No obstante, del informe remitido por la Secretaria hoy accionada, se establece que, paralelamente a la interposición de la presente acción tutelar, el accionante interpuso recurso de reposición contra la providencia de 11 de mayo de 2022, logrando que el Juez de la causa reponga el presunto acto lesivo, señalando nueva audiencia para el 13 de igual mes y año, encontrándose este actuado dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas, conforme a normativa vigente; consiguientemente, se aplican al caso concreto las subreglas desarrolladas en el acápite anterior respecto a la subsidiariedad excepcional que rige las acciones de libertad, por tal razón, en el caso, corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 13 de mayo, cursante de fs. 14 a16; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO