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De lo referido se evidencia, que la normativa aplicable a los procesos administrativos internos de las entidades del sector público, en el cual se encuentra inmerso el caso de autos, cuyo fin es el determinar la responsabilidad administrativa del ex-servidor público, es aquella prevista por el Decreto Supremo Nº 23318-A, y sus modificaciones, derivando como consecuencia que la vía impugnatoria prevista por el procedimiento contenciosos administrativo -accionado erradamente por el demandante-, es de aplicación general para la impugnación de actos administrativos que denoten oposición entre el interés público y el privado y no para la impugnación derivada de las relaciones laborales del Estado con sus servidores públicos, competencia erróneamente interpretada por el demandante, atribuyendo a éste órgano jurisdiccional una función apartada por el art. 778 del Código de Procedimiento Civil, norma de cumplimiento obligatorio no librada a la voluntad de las partes, aspectos legales que inhiben a este tribunal admitir la demanda y emitir un fallo; situación que deviene en su inadmisibilidad
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