III. MOTIVOS DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
III.1. Recurso de Wilma Salvatierra Chocata.
La recurrente refiere que el Auto de Vista incurre en vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, a la defensa y debido proceso, puesto que carece de fundamentación al resolver las denuncias planteadas en su recurso de apelación restringida debido a que en cuatro planas intenta fundamentar una respuesta; sin embargo, lo hace en violación a la norma jurídica; asimismo, refiere que el Auto de Vista señalaría que no se hubiera hecho la reserva de apelación; y además de ello, referiría que solo uno de ellos firma el memorial lo cual quitaría la legitimidad a los otros dos.
Con relación a la temática plateada invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 662/2004 de 25 de octubre, 486/2015-RA de 16 de julio, 77/2019-RA de 20 de febrero, 214/2007 de 28 de marzo y 64/2007 de 27 de enero.
Previa referencia a su denuncia de apelación restringida sobre el defecto de que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba en el que hubiera denunciado sobre los hechos probados, señala que el Auto de Vista lejos de realizar un control de legalidad y logicidad sobre los hechos probados y la valoración asignada a las pruebas que hace referencia en dicha denuncia simplemente omite realizar la referida labor, actuando en contra de la jurisprudencia; así también, en el segundo y cuarto considerando analiza nuevamente los hechos acusados, como si se tratara de un Tribunal de juicio y concluye que la acusada Wilma Salvatierra Chocata habría incurrido en el delito, cuestiona también del Auto de Vista que, en la documentación que se excluyó se demostraría la participación y manejo de la empresa FRIGOTECCA S.A., situación que resultó en analizar los hechos para llegar a su conclusión para determinar que la imputada fuera responsable de la comisión de los ilícitos denunciados; al respecto, invoca el Auto Supremo 660/201-RRC de 20 de noviembre; por esos motivos, señala que el Auto de Vista incurrió en revalorización de las cuestiones de hecho contemplados en la acusación formal, porque no ingresó al análisis de los hechos probados y menos ejerció el control de legalidad sobre la motivación del Tribunal inferior a efectos de observar si evidentemente incurre o no en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.
Refiere que el Auto de Vista vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de la tutela judicial efectiva, derecho a recurrir, legalidad procesal, seguridad jurídica y derecho a la defensa, porque con relación a la denuncia del defecto comprendido en el art. 370 incs. 4), 6) y 8) del CPP, que señala que no se cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 407 y 408 del CPP; y sin embargo, olvida la aplicación del art. 399 del CPP, el cual establece que ante la existencia de defectos u omisiones de forma, el Tribual de alzada hará saber al recurrente a efectos de que subsane dichas observaciones dentro del plazo de tres días; sin embargo, en este caso el Tribunal de alzada no realizó dicha observación si no cuando se emitió la resolución de fondo a efectos de rechazar la denuncia planteada, con el argumento que debían ser empleados antes de que se emita la resolución de fondo tal cual lo establece la referida norma siendo que si el recurso de apelación de alzada contenía defectos u omisiones de forma debió haberlo dicho con carácter previo a la admisión de fondo a efectos que pueda subsanar dichas observaciones; al respecto, invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 77/2019-RA de 20 de febrero, 82/2022-RA de 15 de abril, 673/2019-RRC de 26 de agosto, “ANA-S2 0075-2016 de 16/11/2016” y las Sentencias Constitucionales 2823/2010-R, 88/2018-S1 de 23 de marzo, 998/2012 y 42/2018-S2 de 6 de marzo.
III.2. Recurso de Jacinto Herrera Huanca.
Refiere que el delito condenado no existió, siendo que los plazos pactados en el contrato no se encontraban vencidos para habilitar acciones judiciales aspectos que el Tribunal de alzada no hubiera considerado; sin embargo, ingresa a realizar una revalorización de las pruebas excediendo su competencia siendo que de la lectura del Auto de Vista se puede observar que en su mismo contenido refiere que el Tribunal de alzada no puede incurrir en revalorización y describe las causales sobre la interposición de la apelación restringida.
Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 91/2006 de 28 de marzo, que establece que el Tribunal de alzada no puede realizar una nueva valoración de la prueba; posterior a ello, menciona que el Auto de Vista en su segundo considerando explica sobre la existencia de defectos de forma y la manera que podrían incidir en el fondo de la resolución; además, señala que determinar la nulidad de la Sentencia violaría el derecho a la presunción de inocencia y debido proceso, pues se pretende forzar la figura de Estafa; en este caso, resultaría armado porque serían aspectos netamente civiles y de cumplimiento de contratos, porque nunca hubiera disposición de dineros en perjuicio del denunciante, quien por cierto tampoco acreditó a lo largo del proceso que las acciones que dicen transferir fueran suyas al no existir ese derecho inscrito en el Registro de Comercio; asimismo, refiere que el Auto de Vista es contradictorio porque decide ratificar la resolución al excluir las pruebas documentales de cargo PD4, PD5 y PD7 y en cuanto a las PD2 y PD3, señala que se advertiría una defectuosa valoración de la prueba, que es contraría a las leyes de la lógica, señala que no se dio una adecuada valoración, pues no se dice si es útil o no, lo que implica desde luego que conforme a los criterios antes vertidos por el Tribunal inferior excede sus competencias pues da a ver que a su criterio esas pruebas debieron tener una valor que sustente una condena. En cuanto a la PD3, se pretende responsabilizar a la Juez de lo que el Ministerio Público debió hacer; es decir, determinar expresamente que es lo que quería demostrar ya que la carga probatoria le corresponde a la parte acusadora; por lo que, la apreciación que se hace de este punto resultaría errónea y con exceso de poder y al respecto transcribe la parte pertinente del análisis del Auto de Vista respecto de las pruebas PD12, PD13 y PD14 donde señala que se demostraría que el Tribunal de alzada pretende asignarle valor a pruebas cuyo conocimiento y valorización solo son competencia del Juez de primera instancia, lo cual lo vicia de nulidad.
Con relación a la temática planteada invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 749/2015 de 12 de octubre.