Sentencia Rol 9179 - 2020

0000346 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS y Claudio Zuleta en contra de la requirente Finning Chile S.A, que se tramita ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, bajo el RIT T-377-2019, caratulado “Alfaro con Finning Chile S.A”, encontrándose dicha gestión pendiente en etapa de audiencia de juicio. 2º. En relación a tal gestión, la sociedad requirente presentó ante esta Magistratura un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad respecto de los artículos 495, inciso final, del Código del Trabajo y la segunda frase del artículo 4º, inciso primero, de la Ley Nº 19.886 Dos son las garantías constitucionales relevantes invocadas por la solicitante como vulneradas por la aplicación del precepto legal al caso concreto: por una parte, la de la igualdad ante la ley (artículo 19, Nº 2), toda vez que se le impone una sanción desproporcionada que no distingue al destinatario de la norma y, por otra parte, la del debido proceso (artículo 19, Nº3), ya que la sanción contenida en el artículo 4º de la Ley Nº 19.886 se aplica con prescindencia absoluta de la gravedad de la conducta, sin que exista una posibilidad de discutir la procedencia o extensión de la inhabilidad y sin que se contemple una norma que permita recurrir en contra de la sanción impuesta. I. Implementación de políticas públicas mediante la contratación pública 3º. El empleo de la contratación pública como herramienta para implementar políticas públicas es un fenómeno cada vez más común y ampliamente estudiado [Arrowsmith, Sue (2010): «Horizontal policies in public procurement: a taxonomy», en Journal of Public Procurement, Nottingham University, Vol. 10, N° 2, pp. 149-186]. Tal mecanismo puede asegurar el cumplimiento de leyes generales o, incluso, exigencias que van más allá del marco legal, como pagar remuneraciones “justas”, asegurar la igualdad de género en la contratación, etc. Es así como, por ejemplo, el Convenio N° 94 OIT, que no ha sido suscrito ni ratificado por Chile, busca asegurar que los salarios de los trabajadores no sean un elemento de competitividad para contratar con el Estado, y por ello asegura ciertos estándares de remuneración. Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan las leyes, de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos. Ello puede lograrse proporcionando incentivos adicionales al cumplimiento de la ley para evitar así vulneraciones legales en el cumplimiento del contrato y garantizar una competencia justa, entre otras razones [Arrowsmith, p. 154]. En nuestro sistema jurídico la finalidad de la sanción se puede sintetizar en las siguientes razones: a.- Aseguramiento de libre competencia, cuestión que se tuvo a la vista y que consta en la historia legislativa de este precepto, en la moción que dio origen a la Ley N° 20.238, que incluyó este artículo a la Ley N° 19.886, se razonó que: “el óptimo 13