Auto A-1508/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1508/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1508 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-6958

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado 004 Administrativo de la misma ciudad

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            El 2 de agosto de 2017[1], Darío Santos Martínez Castro y José Albeiro Silva, a través de apoderado, presentaron demanda ordinaria laboral[2] en contra del municipio de Florencia - Instituto Municipal de Obras Civiles, hoy Secretaría de Obras Públicas, según el Decreto 293 del 31 de mayo de 2013. Lo anterior, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato realidad. Dicha relación habría surgido de la suscripción de varios contratos de prestación de servicios, uno desde el 24 de enero de 2014 hasta el 28 de diciembre de 2014 y otro desde el 11 de febrero de 2015 hasta el 16 de diciembre de ese año. Según expusieron los demandantes, las funciones que realizaban eran las de “prestar servicio de personal temporal de nivel operativo para que colaboren como conductores de volquetas, operador de maquinaria pesada, auxiliares de construcción (obreros) y maestros de obra para el taller Municipal del IMОС”[3].

 

2.            Además, en la demanda solicitaron[4] (i) condenar al municipio de Florencia al pago de acreencias por concepto de horas extras, días dominicales y festivos, saldos insolutos, prestaciones sociales, indemnización moratoria, reembolso de pagos por pólizas, estampillas y seguridad social, intereses moratorios e indexación; (ii) ordenar el pago de costas y agencias en derecho; y (iii) reconocer cualquier otro derecho que el juez considere procedente. El total adeudado por cada demandante fue estimado en $ 75.992.205.

 

3.            El proceso fue repartido al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Florencia[5], el cual profirió sentencia de primera instancia[6], en la que declaró la existencia de un contrato realidad entre los demandantes y el municipio de Florencia - Secretaría de Obras Públicas. Igualmente, condenó a la entidad al pago de diversas acreencias laborales, incluyendo cesantías, primas, vacaciones, horas extras, sanción moratoria e intereses moratorios. También, impuso el pago de costas y agencias en derecho. Frente a dicho fallo, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el que se concedió en efecto suspensivo ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá).

 

4.            El 30 de septiembre de 2024[7], la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, en sede de segunda instancia, declaró la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer del asunto. Ello, al considerar que, por tratarse de una controversia sobre la desnaturalización de contratos de prestación de servicios estatales, la demanda debía conocerla la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, resolvió dejar sin efectos la sentencia proferida por el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Florencia y ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de esa ciudad. Dicho tribunal fundamentó su falta de competencia en el numeral 2 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en la Ley 80 de 1993 y en los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso (CGP).

 

5.            El 16 de octubre de 2024[8], el expediente fue repartido al Juzgado 004 Administrativo de Florencia, el cual, mediante auto del 17 de julio de 2025[9], se abstuvo de avocar conocimiento y propuso un conflicto negativo de competencia. En consecuencia, remitió el expediente a esta Corporación para que dirimiera el conflicto entre ambas jurisdicciones. Como fundamento de su decisión, el juzgado señaló que “el presente asunto no podría analizarse bajo la óptica de establecer una presunta irregularidad en la celebración de contratos estatales que dieron origen a la relación laboral con la entidad pública y volverlo competencia de la jurisdicción administrativa en los términos del numeral segundo del artículo 104 del CPACA, sino que debe ser estudiado por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del CPTSS”[10].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

A.          Competencia

 

6.            La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

B.           Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

 

7.            Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[11]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

C.     Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la declaración de una relación laboral que se considera presuntamente encubierta a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios con entidades públicas

 

8.            En auto 492 de 2021, este Tribunal definió que la competencia para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios, corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

9.            En esa oportunidad, la Sala Plena consideró que los fundamentos fácticos y jurídicos de este tipo de demandas, así como sus pretensiones, se dan en el marco de un litigio en el que se cuestiona la validez del acto administrativo mediante el cual la entidad pública dio respuesta a la reclamación del contratista y, con ello, la legalidad de la modalidad contractual para lograr el reconocimiento y pago de derechos y acreencias laborales. Además, sostuvo que, en estos casos, las pretensiones se estructuran en la existencia de contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad pública, lo que conlleva un juicio sobre la actuación de la entidad. Todo lo anterior implica que la competencia sea de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al ser la autoridad encargada de conocer sobre contratos estatales y determinar si el vínculo celebrado es de carácter estatal o es una relación laboral, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° y el numeral 2 del artículo 104 del CPACA.

 

10.        Igualmente, la Corte señaló que, en estos casos, no resulta viable aplicar la regla que se utiliza para definir la autoridad judicial competente para conocer de las controversias suscitadas entre el Estado y los trabajadores oficiales o empleados públicos, toda vez que su aplicación está sujeta a que exista certeza sobre la naturaleza de un vínculo contractual o legal y reglamentario.

 

D.          Examen del caso concreto

 

11.        En el asunto objeto de decisión, se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones:

 

(i)   Presupuesto subjetivo: el conflicto se generó entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado 004 Administrativo de la misma ciudad, como autoridades que integran distintas jurisdicciones.

 

(ii) Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla. Específicamente, se trata del conocimiento de una demanda ordinaria laboral[16] presentada por Darío Santos Martínez Castro y José Albeiro Silva en contra del municipio de Florencia - Instituto Municipal de Obras Civiles, hoy Secretaría de Obras Públicas, según el Decreto 293 del 31 de mayo de 2013. Esto, con el propósito de que se declarara la existencia de un contrato realidad y se reconocieran las respectivas prestaciones.

 

(iii)          Presupuesto normativo: se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto justificaron con argumentos legales su falta de jurisdicción. En efecto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia fundamentó su falta de competencia en el numeral 2 del artículo 104 del CPACA y en los artículos 16 y 138 del Código General del Proceso (CGP); mientras que el Juzgado 004 Administrativo de Florencia se basó en el artículo 2 del CPTSS.

 

 

12.         Superado el anterior estudio y de acuerdo con la normatividad planteada en el acápite de consideraciones, la competencia de este asunto corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

 

13.        A esta conclusión se llega dado que la demanda fue presentada por dos contratistas del Instituto Municipal de Obras Civiles, hoy Secretaría de Obras Públicas, contra esa misma entidad y el municipio de Florencia[17]. Lo anterior, con el fin de que se determine judicialmente si existió o no una relación laboral entre las partes, que presuntamente habría sido encubierta a través de contratos estatales de prestación de servicios, con la función de “prestar servicio de personal temporal de nivel operativo para que colaboren como conductores de volquetas, operador de maquinaria pesada, auxiliares de construcción (obreros) y maestros de obra para el taller Municipal del IMОС”[18], celebrados de manera sucesiva desde el 24 de enero de 2014 hasta el 28 de diciembre de 2014 y otro desde el 11 de febrero de 2015 hasta el 16 de diciembre de ese año.

 

14.        Se precisa que, como lo indicó la Corte en el auto 492 de 2021, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de las demandas promovidas en contra de entidades públicas para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios entre las partes. Adicionalmente, porque las pretensiones se estructuran en la existencia de contratos estatales celebrados con la entidad pública, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad.

 

15.        Así las cosas, en línea con lo dispuesto en el mencionado auto, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial que debe conocer sobre la demanda interpuesta por Darío Santos Martínez Castro y José Albeiro Silva en contra del municipio de Florencia - Instituto Municipal de Obras Civiles, hoy Secretaría de Obras Públicas, es el Juzgado 004 Administrativo de Florencia. Por lo tanto, se ordenará la remisión del expediente CJU-6958 a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

E.       Regla de decisión

 

16.        Reiteración del auto 492 de 2021. “La Corte determina que, de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”[19]. 

 

III.   DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero: DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y el Juzgado 004 Administrativo de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 004 Administrativo de Florencia es la autoridad competente para conocer de la demanda instaurada por Darío Santos Martínez Castro y José Albeiro Silva contra el municipio de Florencia - Instituto Municipal de Obras Civiles, hoy Secretaría de Obras Públicas.

 

Segundo: REMITIR el expediente CJU-6958 al Juzgado 004 Administrativo de Florencia para que continúe con el trámite del proceso y le comunique la presente decisión a los interesados, incluyendo la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Ausente con excusa

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General