Sentencia
Síntesis de la decisión
La Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Javier Gaitán Prieto contra los artículos 20, 225 D y 229 de la Ley 1952 de 2019, por la cual se expidió el Código General Disciplinario y se derogaron disposiciones de las Leyes 734 de 2002 y 1474 de 2011. Según el demandante, dichas normas vulneran los artículos 29 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante CADH.
La acusación consiste en que las normas demandadas, al permitir que el funcionario que conoce del asunto en la etapa de juicio se pronuncie sobre la necesidad de variar los cargos formulados, para que ellos sean cambiados por el instructor, afecta las garantías de defensa y de juez imparcial.
Sin perjuicio de lo decidido por el magistrado sustanciador al admitir la demanda a trámite, como cuestión previa, con base en lo dicho en las diferentes intervenciones y el concepto del Procurador General de la Nación, la Sala Plena examinó de nuevo si la demanda cumplía con los requisitos de aptitud sustancial previstos en el Decreto 2067 de 1991 y el alcance definido por la jurisprudencia constitucional para proferir una decisión de mérito. Tras este análisis, la Sala Plena concluyó que la demanda carecía de claridad, certeza, especificidad y suficiencia, pues no desarrollaba de manera adecuada la forma en que las disposiciones cuestionadas vulneraban el debido proceso.
En consecuencia, la Sala Plena determinó que la demanda no satisfizo los requisitos exigidos para un pronunciamiento de fondo y decidió inhibirse de emitir un fallo de fondo.