Auto 633/19
Referencia: Expediente ICC-3773
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja (Santander) y el Juzgado Veinticinco Civil de Oralidad de Medellín (Antioquia).
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del artículo 5° del Reglamento Interno de la Corporación, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES Y ACTOS PROCESALES
1. El señor Mateo Zapata Delgado, actuando como apoderado judicial de ECOPETROL S.A., formuló acción de tutela contra la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, en procura de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la accionada, debido a su negativa de responder una solicitud que presentó el 15 de julio de 2019, mediante la cual pretendía obtener copia de unos documentos que ordenan limitaciones sobre un vehículo de propiedad de la entidad que representa, el cual se encuentra matriculado en la Inspección accionada.
Valga aclarar que la dirección de notificaciones suministrada por el apoderado tanto en el escrito de tutela[1] como en la petición presentada ante la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja[2], corresponde a la ciudad de Medellín.
2. Repartido el asunto, su conocimiento fue asignado al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja. Dicho fallador, a través de auto de 8 de octubre de 2019, declaró su falta de competencia para conocer del asunto, en razón del factor territorial, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se extienden a la ciudad de Medellín, pues en la petición y en la acción de tutela presentadas por ECOPETROL S.A. se indicó que la dirección de notificación correspondía a dicha localidad. Por consiguiente, ordenó remitir el expediente para su reparto entre los jueces municipales de Medellín.
3. Efectuado nuevamente el reparto, el expediente correspondió al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Oralidad de Medellín, el cual, por medio de auto de 16 de octubre de 2018, suscitó conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional.
Fundamentó tal decisión en que en la ciudad de Barrancabermeja es donde ocurre la vulneración del derecho de petición y el actor escogió a un juez de dicha localidad para presentar la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[3] y ha interpretado que su competencia para dirimir esta clase de controversias es de carácter residual[4]. En consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o en los eventos en que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela[5].
2. El presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dado que las autoridades judiciales involucradas: (i) forman parte de la jurisdicción ordinaria; (ii) tienen la misma especialidad jurisdiccional; y (iii) pertenecen a distintos distritos judiciales[6]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que, de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del Título Transitorio[7] de la Constitución, los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991[8], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber:
(i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde: (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[9];
(ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de: (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial[10]; y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[11]; y
(iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que tengan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[12].
4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención” consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[13], se ha interpretado que existe un interés del Legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez para resolver la acción de tutela que desea promover, dentro de aquellos que sean competentes[14].
5. Por otro lado, esta Corporación también ha insistido en que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante[15] o de su apoderado, o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales[16]. En contraste, la competencia por dicho factor corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de dicha violación, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.
III. CASO CONCRETO
1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto negativo de competencia fundado en las diferentes interpretaciones del factor territorial. En efecto, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja declaró su falta de competencia, por considerar que los efectos de la presunta vulneración se proyectan en la ciudad de Medellín, dado que, en la petición y en la acción de tutela presentadas por ECOPETROL S.A., se indicó que la dirección de notificación correspondía a dicha localidad.
A su turno, el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Oralidad de Medellín estimó que el conocimiento de la solicitud de amparo corresponde a la primera autoridad judicial a la cual se le repartió el expediente, pues es en la ciudad de Barrancabermeja donde ocurre la vulneración del derecho de petición y el actor escogió a un juez de dicha localidad para presentar la acción de tutela.
ii. Tanto el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja como el Juzgado Veinticinco Civil de Oralidad de Medellín tienen competencia territorial para decidir la acción de tutela de la referencia. El primero, porque es el juez del lugar donde la accionada ha debido emitir una respuesta a la sociedad accionante y, en consecuencia, es donde ocurre la supuesta violación del derecho fundamental de petición. El segundo, por cuanto Medellín es la ciudad a la que se extienden los efectos de la presunta vulneración, dado que la empresa accionante esperaba recibir allí respuesta a la petición que elevó.
iii. Esta Corporación dará prevalencia a la elección que la empresa accionante hizo “a prevención” y, de esa manera, remitirá el expediente al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja.
2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja dentro del proceso de tutela promovido por el apoderado judicial de ECOPETROL S.A.
En consecuencia, la Sala remitirá el expediente ICC-3773, que contiene la referida acción de tutela, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
3. Finalmente, la Sala advertirá al Juzgado Veinticinco Civil de Oralidad de Medellín que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[17].
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja dentro del proceso de tutela promovido por el apoderado judicial de ECOPETROL S.A. contra la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-3773 al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barrancabermeja para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que haya lugar.
TERCERO. ADVERTIR al Juzgado Veinticinco Civil de Oralidad de Medellín que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
CUARTO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR al accionante y al Juzgado Veinticinco Civil de Oralidad de Medellín la decisión adoptada en esta providencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General