SAN 1/2022

Fecha: 04-Ene-2022

Roj: SAN 1/2022 - ECLI:ES:AN:2022:1
Id Cendoj: 28079220642022100001
Órgano: Sala de Apelación de la Audiencia Nacional
Sede: Madrid
Sección: 64
Fecha: 04/01/2022
Nº de Recurso: 10/2021
Nº de Resolución: 1/2022
Procedimiento: Recurso de apelación. Juicio penal
Ponente: ELOY VELASCO NUÑEZ
Tipo de Resolución: Sentencia
AUD.NACIONAL SALA DE APELACIÓN
MADRID
CALLE GARCIA GUTIERREZ, 1
TELÉFONO: 917096590
FAX: 917096333
ROLLO DE SALA:RAR 10/2021
PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: AUD.NACIONAL SALA PENAL SECCION 1ª - ROLLO SALA PO 7/2019
ÓRGANO DE ORIGEN: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 3 - SUMARIO 3/2019
SENTENCIA: 00001/2022< !--[if supportFields]>
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN MIRANDA NAVARRO
MAGISTRADOS:
Ilmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CLAVIJO
Ilmo. Sr. D. ELOY VELASCO NÚÑEZ (PONENTE)
En la Villa de Madrid, a cuatro de enero de dos mil veintidós.
VISTOS en grado de apelación con el número de Rollo RAR 10/2021 los presentes contra la sentencia de
26/05/21 de la sección nº 1 de la Sala de lo Penal seguidos con el número Rollo PO 7/19 procedentes del
Juzgado Central de Instrucción nº 3, todos de esta Audiencia Nacional, y apareciendo como parte apelante
Jesús Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales D PEDRO EMILIO SERRADILLA SERRANO,
Ángel Daniel , representado por el Procurador de los Tribunales D. RAUL MARTÍNEZ OSTENERO, y Alberto ,
representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. BERTA RODRÍGUEZ CURIEL ESPINOSA, y como apelado,
el Ministerio Fiscal, siendo ponente el Ilmo. Sr Magistrado D ELOY VELASCO NÚÑEZ; procede dictar sentencia
fundada en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO. - En los Autos de juicio oral Rollo 7/19 de la sección n 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, en fecha 26/05/21 se dictó sentencia cuya parte dispositiva, literalmente, dice: " Que DEBEMOS
CONDENAR a: 1.- Alberto , como autor responsable de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, jefatura y extrema gravedad, sin la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRECE AÑOS DE PRISION, accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo

de condena; y DOSMULTAS DE VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (27.593.794 euros), la primera, Y DE CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE EUROS, la segunda; y pago de las costas procesales causadas que le correspondan. 2.- Ángel Daniel (conocido también como Benedicto y Camilo ), como autor responsable de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a organización criminal y extrema gravedad, sin la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de la responsabilidad criminal, a la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y DOSMULTAS DE VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (27.593.794 euros) cada una; y pago de las costas procesales causadas que le correspondan. 3.- Jesús Manuel como autor responsable de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a organización criminal y extrema gravedad, con la concurrencia de atenuante de drogadicción, a la pena de NUEVE AÑOS Y UN DÍA DE PRISION, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y DOSMULTAS DE VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS (27.593.794 euros) cada una; y pago de las costas procesales causadas que le correspondan. 4.- Damaso , como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento oﬁcial, con la concurrencia de la circunstancias atenuante de drogadicción, a la pena de UN AÑO, NUEVE MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y MULTA DE OCHO MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas y pago de las costas procesales que le correspondan por dicha infracción penal. Debemos ABSOLVERLE del delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a organización criminal y extrema gravedad, por el que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y con declaración de oﬁcio de las costas procesales que correspondan. Para el cumplimiento de la pena se le abonará al procesado todo el tiempo que haya estado privada de libertad por esta causa. Se decreta el comiso del dinero y los efectos intervenidos debiendo dárseles el destino legal correspondiente. Los vehículos marca Audi A3 matrícula ....-ZMP y REANULT MEGANE matrícula ....-KXD , así como el vehículo AUDI A4 matrícula ....-CHJ . NO ha lugar al decomiso del vehículo marca WOLKSWAGEN POLO matrícula .... JJC , propiedad de Damaso , al haber sido absuelto del delito contra la salud pública. Conclúyase conforme a las normas legales la pieza de responsabilidad civil del procesado. La presente resolución no es ﬁrme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en el plazo de DIEZ DÍAS a partir de la última notiﬁcación. Así por esta nuestra sentencia, de que se llevará certiﬁcación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes, la pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos".
SEGUNDO. - Contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de Apelación por la representación de Jesús Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales D PEDRO EMILIO SERRADILLA SERRANO, por la de Ángel Daniel , representado por el Procurador de los Tribunales D. RAUL MARTÍNEZ OSTENERO, y por la de Alberto , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. BERTA RODRÍGUEZ CURIEL ESPINOSA, fundados en los motivos que se insertan en el correspondiente escrito, y tramitados conforme a Derecho una vez dado traslado al resto de partes, con sus alegaciones, se remitieron los mismos a esta Sala de Apelación, donde, se procedió al señalamiento para deliberación y fallo el día 16 de noviembre, conforme al régimen de señalamientos, quedando las actuaciones listas para resolver.
TERCERO. - Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada, y entre ellos los HECHO PROBADOS, con la corrección del año de la fecha consignada en el punto 10, donde en vez de 2017 debe ﬁgurar 2018, y que son del siguiente tenor: "I.- " 1.- Probado y así se declara que en enero de 2018 se inició por parte de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central (UDYCO) perteneciente a la Policía Nacional una investigación acerca de una trama de personas integrada en España por individuos de nacionalidad española y albanesa que se dedicaba al transporte y distribución en nuestro país de cocaína, sustancia que causa grave daño a la salud, traída desde Colombia por vía aérea, grupo de personas que actuaba al menos desde el segundo semestre de 2017, e investigación que comienza a partir de las noticias y comunicaciones que recibe la UDYCO de la Agencia de Control de Drogas estadounidense, DEA, los días 18 de noviembre de 2017, 10 y 30 de enero de 2018, en una de las cuales se le

hace saber a la Policía española de un envío inminente de sustancia estupefaciente a España, solicitando la entrega controlada del dinero que se había de entregar por dicha entrega. A partir de esta comunicación, se autoriza por la Fiscalía Antidroga mediante Decreto de 31 de enero de 2018, la participación en dicha entrega controlada de un agente encubierto, NARCEA, quien recibe de una persona no identiﬁcada de la organización el día 2 de febrero de 2018 la cantidad de 130.105 euros, cantidad destinada a sufragar los gastos de transporte de la sustancia desde Colombia a España y que fue ingresada en una cuenta de la DEA en Miami, concretamente en la entidad bancaria Bank of America Transport Miami LLC, cuanta número 898092920876, ABA, 26009593 y Gori CODIGC SWIFT CODE BOFAUS3N. 2.- Como consecuencia de las investigaciones policiales realizadas en Colombia y de una entrega controlada, las autoridades policiales de aquel país, Grupo GE SIU DEA Costa Norte de la Fiscalía General de la Nación, logran incautar el 9 de febrero de 2018, la cantidad de 277.150 gramos de cocaína distribuidos en 237 paquetes; el día 18 de febrero del mismo año, la cantidad de 437.163 gramos de la misma sustancia distribuidos en 427 paquetes, y el día 22 de febrero de 2018, la cantidad de 92.358 gramos que estaban distribuidos en 90 paquetes, lo que hacía un total de 806.671 gramos de cocaína, distribuidos en 790 paquetes. En estas intervenciones fueron detenidos dos miembros de la organización que actuaban en Colombia, Vicente y Jose María , siendo el primero de ellos enjuiciado y condenado en Colombia por un delito de tráﬁco de sustancia estupefacientes a la pena de 96 meses de prisión por su participación en la última de las entregas. 3.- Como quiera que la referida sustancia estupefaciente incautada en Colombia, antes mencionada, tenía como destino España, y con la ﬁnalidad de lograr la detención de los miembros de la organización que actuaban en nuestro país, se dispuso la entrega controlada de dicha sustancia, para lo cual se autorizó mediante sendos Decretos de la Fiscalía Antidroga de 2 de marzo de 2018 la actuación de otros tres agentes encubiertos, Ernesto , Everardo y Federico , además de prorrogarse la del que ya designado anteriormente, agente encubierto Lázaro . 4.- Se declara igualmente probado que los procesados mantuvieron entre sí y con otras personas de la organización que no han podido ser plenamente identiﬁcados, distintas reuniones con la ﬁnalidad de preparar la operación de transporte de la droga desde Colombia a España. Y así, el día 29 de enero de 2018, el procesado Alberto , mayor de edad y sin antecedentes penales, considerado como jefe de la organización en España, junto con su hombre de conﬁanza y miembro de la organización en España, el también procesado Ángel Daniel , conocido también como Benedicto e Camilo , mayor de edad y sin antecedentes penales, se trasladan a bordo de un vehículo marca Audi A4 matrícula ....-CHJ , al restaurante "Txistu" sito en la Plaza Ángel Carbajo 6 de esta capital para reunirse en un primer momento con un individuo que ha sido identiﬁcado como Remigio , persona perteneciente a la organización en Colombia y que habría de supervisar en España las entregas de sustancia estupefaciente. A continuación, acude al citado restaurante el procesado Jesús Manuel , alias " Largo ", mayor de edad y sin antecedentes penales, que en esa época tenía disminuidas moderadamente su facultades intelectivas y volitivas debido al consumo abusivo de cocaína y alcohol, en un Audi A3 matrícula ....-ZMP , portando una bolsa oscura y reuniéndose con las tres personas antes mencionadas, marchándose sobre las 22,30 horas. El procesado Alberto y Ángel Daniel se trasladan después en el vehículo al hotel Diana Plus sito en la carretera de Villaverde a Vallecas donde se reúnen con otro de los procesados, Damaso , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, que en aquel momento también tenía disminuidas moderadamente sus facultades intelectivas y volitivas debido al consumo abusivo de cocaína y alcohol, quien posteriormente se va en el vehículo Volkswagen Polo matrícula .... JJC . 5.- Así mismo, en fecha 15 de febrero de 2018, se produce una reunión en la cafetería Don Gil sita en el Paseo de la Castellana 122 de esta capital entre el citado Remigio y el agente encubierto Lázaro , en la que el primero le entrega un teléfono móvil "encriptado", para que se lo entregue a su jefe, quien iba a ser en agente encubierto Ernesto con el ﬁn de que se comunicara con él. El referido Remigio le entrega también un "tique" de compra de unas maletas que habría de adquirir en el centro comercial de las Rozas-Village, sito en la localidad de Las Rozas (Madrid) y que fueron posteriormente destinadas para el trasporte de la sustancia estupefaciente, maletas que habría comprado anteriormente el procesado Jesús Manuel . Conforme a lo acordado el agente encubierto Lázaro acude al Centro comercial y recoge 27 maletas en la tienda Samsonite sita en el mismo. 6.- El día 21 de febrero de 2018, se constata otra reunión en el "Bar Estrella Galicia", sito en el interior de Mercamadrid de esta capital entre Alberto y Damaso . 7.- En fecha 3 de marzo de 2018 el agente encubierto Ernesto establece comunicación por el teléfono encriptado que previamente le habían entregado el citado Remigio , proponiéndole una reunión en España ya que el citado Remigio en esa fecha se encontraba en Colombia y llegaría a Madrid en fechas próximas. Remigio y el agente encubierto Ernesto se vuelven a comunicar días después, el día 5 de marzo, preguntándole el primero si tiene dispuesto el vehículo para el transporte de la sustancia estupefaciente, contestando el

agente aﬁrmativamente e indicándole entonces Remigio en qué avión llegaría la droga y la forma de sacarla del aeropuerto. Ese mismo día se citan para cenar en el restaurante "Txistu" al que acuden también Alberto , Ángel Daniel y Jesús Manuel , donde Alberto se identiﬁca como el dueño de la droga, de las futuras operaciones en España y que el agente encubierto Ernesto sería la persona encargada de recoger en nuestro país la sustancia estupefaciente y entregársela a Jesús Manuel . 8.- El día 7 de marzo de 2018 el agente encubierto Ernesto , acude, tal y como habían acordado en la anterior reunión, al restaurante "Amazónico" sito en la calle Jorge Juan 20 de Madrid, donde ya estaban los referidos Remigio , Ángel Daniel , Alberto y Jesús Manuel donde hablan de las garantías de la entrega de la cocaína, así como que el día previsto para el intercambio será el día siguiente 8 de marzo, acordando que la sustancia la recogería el procesado Jesús Manuel en un vehículo marca Audi Q 10 de color negro. En dicha reunión se exige al agente Ernesto una prueba de la existencia de la droga y que la misma estaba en Madrid, para lo cual, dicho agente se traslada junto con Jesús Manuel y los agentes encubiertos Lázaro y Federico hasta una nave industrial sita en Valdemoro (Madrid) donde se había llevado previamente la sustancia estupefaciente, y donde estaba esperando el agente encubierto Everardo , quien les abrió la puerta de la nave y donde el procesado Jesús Manuel examinó y contó los paquetes que contenían la droga y que estaban dentro de las maletas adquiridas previamente en el Centro Comercial de las Rozas antes citado, y dando su plena conformidad, volviendo posteriormente Jesús Manuel y el agente encubierto Ernesto a la reunión del restaurante "Amazónico", donde se encontraban la personas anteriormente indicadas. 9.- La sustancia estupefaciente intervenida en Colombia fue trasladada a España en un vuelo de Iberia número NUM000 que salió de Colombia el día 6 de marzo de 2018 a las 18,15 horas y llegó al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas el día 7 de marzo de 2018 a las 10,15 horas. La sustancia estupefaciente que iba alojada en 18 cajas de cartón y tres maletas fue custodiada por el PN con carnet profesional número NUM001 y un funcionario de la DEA, y entregada en España a los Policías Nacionales con carnet profesional número NUM002 y NUM003 que la trasladan a Canillas donde la reparten en las 27 maletas adquiridas anteriormente y que le fueron entregadas al agente encubierto Lázaro . 10.- El día 8 de marzo de 2017 (debe decir de 2018) se procede a realizar la entrega controlada, debidamente autorizada, que se efectúa en primer lugar, sobre las ocho horas aproximadamente, y con respecto al dinero, en el Hotel Meliá Castilla de esta capital, sito en la calle Poeta Joan Maragall 43 donde acuden, por un lado Ángel Daniel y Alberto que estaban reunidos con el agente encubierto Ernesto , acudiendo posteriormente el referido Remigio , portando el primero de ellos una maleta que contenía 1.250.565 euros en efectivo, que se la entrega al agente Ernesto , siendo detenidos los dos primeros cuando salían del citado Hotel. De forma simultánea, y con respecto a la sustancia estupefaciente, sobre las 10,10 horas de ese mismo día, se entregan a los agentes encubiertos Lázaro Y Federico las 27 maletas que contienen la sustancia estupefaciente, que habría de entregarlas, en un primero momento en el Centro Comercial Carrefour de San Fernando de Henares, y que posteriormente se modiﬁcó por indicación del procesado Jesús Manuel , al tener sospechas de presencia policial, al parking de DECATHLON sito en el Centro Comercial Camino Real sito en la misma localidad de San Fernando de Henares. Los dos agentes encubiertos iban a bordo de la furgoneta Mercedes Sprinter matrícula .... QNN y, una vez que estaban en el Centro Comercial observan la presencia de una persona que ﬁnalmente no ha podido ser plenamente identiﬁcada, no pudiéndose aﬁrmar con certeza que se tratara del procesado Damaso , mayor de edad y sin antecedentes penales, individuo que estaba en una actitud vigilante y en el interior del vehículo marca Nissan Juke matrícula .... FJX . El procesado Jesús Manuel se acerca a la furgoneta donde están los agentes encubiertos quienes le entregan las llaves de la misma. A continuación, y tras salir Jesús Manuel del parquin conduciendo la furgoneta Mercedes Sprinter que trasportaba la sustancia estupefaciente, es interceptado por la Policía intentando huir siendo, no obstante, detenido a poca distancia del lugar de los hechos. Detrás de la referida furgoneta iba el vehículo Audi A4 matrícula ....-CHJ cuyo conductor salió del mismo y se subió al vehículo Nissan Juke conducido por el individuo que no ha podido ser identiﬁcado dándose a la fuga por la carretera que conduce a la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas donde se le observa por las cámaras de vigilancia del referido lugar a las 11,54 horas, unos diez minutos aproximadamente después de la entrega e interceptación de la sustancia estupefaciente. 11.- En la citada furgoneta Mercedes Sprinter se encontraron 790 paquetes que contenían sustancia estupefaciente, cocaína, sustancia que causa grave daño a la salud, y cuya ﬁnalidad era la de su distribución entre terceras personas, que quedaron bajo custodia policial, a cargo de los Policías Nacionales con carnet profesional número NUM002 y NUM003 que, a su vez se lo entregan al PN con carnet profesional número NUM004 quien la lleva a la Inspección de Farmacia. Dicha sustancia tenía un peso de 788.919 gramos con una pureza del 78 por ciento, esto es, una cantidad de 618.171, 43 gramos de cocaína pura, que hubiera alcanzado

un precio en el mercado ilegal de 27.593.794 euros. La citada sustancia, una vez analizada, se llevó a un complejo policial donde se procedió a su destrucción el día 16 de mayo de 2019. 12.- Por auto del Juzgado Central de Instrucción de fecha 8 de marzo de 2018 se autorizó la entrada y registro en el domicilio del procesado Jesús Manuel , donde se le intervinieron 4.800 euros producto de sus actividades ilícitas, así como dos armas simuladas, 83 cartuchos, una factura de compra de Samsonite por 50 euros, dos carnets de escolta privado y dos llaves del vehículo Audi A3 matrícula ....-ZMP . 13.- En el momento de la detención de Alberto , se le intervinieron 2.325 euros producto de la actividad ilícita desarrollada por el mismo, y a Ángel Daniel la cantidad de 110 euros, también procedentes de su actividad ilícita. 14.- En el momento de la detención del procesado Damaso , se le intervino un Documento Nacional de Identidad y un carnet de conducir a nombre de Eulogio , en cuyos documentos originales se había colocado la fotografía del procesado. 15.- Los procesados utilizaban para la realización de las actividades anteriormente descritas, los siguientes vehículos: a) Audi A3 matrícula ....-ZMP y Renault Megane matrícula ....-KXD , propiedad de Guillermo , los cuales eran utilizados por su hijo el procesado Jesús Manuel ; y, b) vehículo Audi A4 matrícula ....-CHJ , utilizado también por el procesado Jesús Manuel , si bien ﬁgura a nombre de Laureano . 16.- No ha quedado suﬁcientemente acreditado que el procesado Damaso perteneciera a la organización criminal liderada por Alberto , dedicada al tráﬁco de sustancias estupefacientes, ni que, concretamente participara en la operación anteriormente descrita " .
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. - Para una más ordenada resolución de lo solicitado por los tres recurrentes se procede a ordenar los diferentes motivos de sus recursos alegados con la intención de evitar reiteraciones en su tratamiento en esta instancia.
SEGUNDO. - Así, abordaremos en primer lugar todos los referidos a: 1.- Quebrantamiento de normas y garantías procesales: A) La representación del apelante Jesús Manuel recurre por denegación de acceso a determinados documentos generándole indefensión, lo que considera conlleva nulidad de actuaciones por habérsele vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y derecho a la contradicción, ante lo que considera una denegación de prueba. Mantiene que su condena se basa en pruebas incompletas o no sometidas a debate contradictorio; pruebas que se le han ocultado pero que centran en ellas la decisión condenatoria, y cita la pieza de agente encubierto, las DP 392/2018 del JI 49 Madrid y la totalidad de lo instruido en Colombia, que no se remitió con las comisiones rogatorias. Respecto de la pieza de agente encubierto, el propio recurrente reconoce que "se le permitió el acceso en el despacho de la LAJ a ﬁn de instruirse y examinar las actuaciones en horario de audiencia y por el breve plazo de una mañana, todo ello en presencia de la LAJ y con expresa prohibición de fotografías, fotocopias o escanear nada de la pieza" y que "en el acto del juicio oral ﬁnalmente se le entregó fotocopia de ello". Pretende que, en otras circunstancias, habría propuesto interrogar al jefe de agentes encubiertos, y al no haberlo podido hacer, que se le causó indefensión probatoria, lo que es evidente que no es así, no ya sólo porque como se desprende de sus propias palabras conoció de primera y personal mano efectivamente el contenido de la pieza de agente encubierto en fase de instrucción ante la LAJ del JI 49 Madrid, presupuesto para su contradicción, pudiendo proponer la prueba que dice echar ahora de menos y que sólo su actitud omitió, pues conociendo el contenido de la pieza, la pudo proponer y no lo hizo, sino y sobre todo, porque , como también reconoce, en el juicio oral, contando con fotocopia de la pieza, pudo interrogar a quienes ejercieron la labor propia de inﬁltración policial en el asunto sometido a enjuiciamiento, los propios agentes encubiertos. Nada esencial se le oculta, ni nada esencial impide ejercer su defensa adecuada. Denuncia que no pudo conocer el contenido de otra actuación procesal penal (DP 214519 JI 49 Madrid) referida al co investigado y absuelto en esta, Damaso , que sí conoció el Fiscal -desigualdad de armas- y el propio señor Damaso y su Abogado, que lo aportó ﬁnalmente a esta causa. En consecuencia, aparte de la pretensión de conculcación de la oportuna protección de datos en el proceso penal ajeno, ya que se refería a actuaciones de tercera persona, que en su momento justiﬁcó la negativa, y sobre las que, sin embargo, por su fungibilidad, jerarquía y unidad de acción no está prohibido el conocimiento al Ministerio Fiscal (en el momento del juicio DT 4ª LOPD y GDD 3/2018, de 5 de diciembre; en la actualidad, Art. 4 LO 7/21, de 26 de mayo ), con su aportación por la defensa del señor Damaso , si hubiera tenido alguna trascendencia, que no era el caso, se subsanó la omisión inicial que denuncia, ya que, como reconoce, ﬁnalmente conoció lo que quiso conocer, y pudo contradecirlo. Tampoco hay indefensión probatoria. Se denuncia también la denegación de la incorporación del total de lo instruido en Colombia, base del conocimiento de las actividades aquí enjuiciadas y de la aprehensión material de la droga cuya entrega vigilada fue objeto central de estas actuaciones penales. Se reconoce que la mayor parte de lo allí practicado se incorpora a esta causa mediante la comisión rogatoria y se denuncian colaterales episodios -una sentencia y una denuncia por la desaparición de cierto dinero en Colombia- que no empecen la veracidad del conocimiento de la presunta participación del entramado español investigado -sin identiﬁcar, ya que es lo que se pretendió y logró con la entrega vigilada (núcleo del presente enjuiciamiento) posterior- que en nada disminuyó la posibilidad de contradicción y defensa denunciada en lo que respectaba al recurrente que no era conocido entonces y cuya identidad y vinculación aﬂoró después, gracias a la actividad investigadora desplegada en esta causa y no en la colombiana. Se vuelve a denunciar la denegación de la práctica de ciertas diligencias probatorias solicitadas para el juicio oral -testiﬁcal de agentes de la DEA, pericial caligráﬁca, documentales- de alguna de las cuales se ha interesado la práctica también en esta segunda instancia. A ello se une igualmente el recurso de la representación del apelante Alberto (motivo segundo) por habérsele denegado la práctica de prueba anticipada solicitada en su escrito de caliﬁcación -copia de investigación policial de la DEA y si la dirigía algún Juzgado o Fiscalía; copia de actuaciones de la DEA por las que acaban identiﬁcándole como implicado en el presunto tránsito internacional de cocaína; actuaciones de inteligencia policial de la DEA que le vinculan a supuestas anteriores operaciones de tráﬁco de drogas; lo mismo respecto de actuaciones de la DEA en Miami; copia de actuaciones conjuntas de la DEA con el grupo 42 de la UDYCO; requerimiento a la DEA sobre si Remigio es agente o colaborador de la propia DEA y datos sobre él; requerimiento a la Fiscalía colombiana sobre la concreta cantidad de cocaína incautada y enviada a España; gestiones realizadas por la UDYCO en el Hotel Mediodía encaminadas a la identiﬁcación de Remigio ; identiﬁcación para testiﬁcal del comandante del vuelo en que la droga controlada viajó a España; copias a la DEA de actas de recepción y depósito de la droga; requerimiento a la DEA sobre por qué se varió el modo de transporte inicialmente ideado; especiﬁcación de las garantías que los agentes encubiertos prestaron al recurrente- que le ha generado indefensión, vulnerándose su derecho a la defensa y que, en deﬁnitiva, fueron y son ahora debidamente denegadas, porque, como se le explicó en la sentencia impugnada y en nuestro Auto de denegación de prueba en segunda instancia de 28/10/2021 , o eran improcedentes, por ser propias de la fase de instrucción y porque se dejaron de practicar ante la inactividad del recurrente que las debió interesar en el acto de impugnación de la conclusión sumarial - Art. 627.3 LECrim - máxime ahora que el Art. 324 LECrim somete su consecución a plazo cerrado, o eran innecesarias, como ocurre con las testiﬁcales y diligencias de indagación sobre metodología policial extranjera de los agentes de la DEA, porque, siendo su actuación colateral respecto de los enjuiciados -ya que son actuaciones previas de investigación protegidas como información reservada tal y como explica la reciente s TS 312/2021, de 13 de abril y se practicaron en el extranjero-, o no les señalaban todavía expresamente por desconocerse su identidad y concreta implicación -que es lo que se consiguió aﬂorar con la presente causa-, o lo hacían con arreglo a fuentes que debían permanecer anónimas, y se podían contradecir en lo pertinente con base a las actuaciones policiales y judiciales de colaboración en la CRI, y la actividad testiﬁcal y policial desplegada en España. Pretende el recurrente discutir la pacíﬁca jurisprudencia referente a la doctrina de la no indagación de diligencias preprocesales obtenidas en el extranjero y la sentada en la reciente sentencia TS 312/2021, de 13 de abril sobre la información policial extranjera de inteligencia no probatoria, señalando, pero no justiﬁcando, presuntas irregularidades que no se explican -la droga es de la DEA y se trata de recuperarla; se idea una manera de trasladarla mientras que se ejecuta otra-, cuando el conocimiento de las fuentes informativas de policías extranjeras no son objeto de enjuiciamiento, están perfectamente validadas en casos de delincuencia transfronteriza organizada por los Arts. 26 , 27 y 28 del Convenio de Palermo de la ONU del año 2000 , no se puede presumir su ilegitimidad - s TS 6/2020, de 27 de enero - y en nuestro caso, lo que aportaron fue tan sólo información referida a posibles contactos del tráﬁco de droga enjuiciado en Colombia con todavía desconocidos implicados en España -un albanés, un tal Remigio - o no investigados -caso de Alberto - que es lo que, como decimos, la actuación penal aquí enjuiciada acabó aﬂorando, sin la intervención de aquellos cuerpos policiales y siempre bajo la actuación policial autónoma española, perfectamente conocida y contradicha en el juicio oral de esta causa penal.

De manera que la actuación policial extranjera -explicada en la comisión rogatoria que se contradijo en juicio- sólo fue base para desencadenar esta investigación que se ciñó a aﬂorar los contactos en España que propusieron hacer llegar a nuestro país la droga incautada en Colombia -pues se evidenciaba que hubo comunicaciones previas con la organización de Colombia para traer la droga a España-, pero el peso real de la actuación aﬂorante -que es el objeto de este enjuiciamiento- lo llevó a cabo la policía española, cuya actuación y testimonio ha sido en todo momento conocido y contradicho por la Defensa de sendos recurrentes, de modo que no se les ocultó ninguna información esencial para poder desplegar libremente su defensa, ni se hurtó ninguna actuación procesal de su conocimiento. Señala la sentencia a quo con acertada racionalidad las justiﬁcaciones jurídicas -que no vamos a reiterar, pero a cuya lectura remitimos- por las que se desestima la declaración testiﬁcal y las referidas a las pesquisas de los agentes de la DEA (FD PRIMERO 5 y 6) al rechazar las cuestiones previas -autonomía de la investigación de la Fiscalía Antidroga de esta Audiencia Nacional; no intervención de agentes de la DEA, sino de la policía española; descripción de la cooperación de ese cuerpo policial norteamericano a través de la incorporación a la causa de la CRI colombiana; innecesariedad de su testimonio para reforzar la autónoma prueba de cargo utilizada por la Sala a quo; no relación de su hipotético testimonio con lo acaecido en España; caliﬁcación de su intervención como "actuaciones policiales previas, de investigación y de información reservada", de conocimiento vedado a las partes -que no enjuician métodos intrínsecamente policiales- y que no generan indefensión ( s TS 312/2021, de 13 de abril , 795/2014, de 20 de noviembre ) interpretando los Arts. 6 y 7 de la Directiva 2012/13/UE sobre el derecho a la información en los procesos penales, distinguiendo las pruebas materiales -a favor o en contra-, del conocimiento de las fuentes u origen de la investigación estrictamente policial, pues estas últimas no inﬂuyen en la calidad, credibilidad ni fuerza incriminatoria ( s TC 104/2016 y 201/2014) de las actuaciones procesales practicadas en la presente causa por la Policía española que depuso en el plenario; no existencia de un pretendido derecho a que se desvele al encausado el contenido y alcance de las colaboraciones policiales internacionales ( s TS 884/2012 ). Y también lo hace con racionalidad palmaria respecto a lo atinente al conocimiento de la pieza separada de agentes encubiertos (FD PRIMERO 7) -ya que se conoció con completa libertad en el plenario; se interrogó a los mismos; se permitió acceder a ella y tomar notas en presencia de la LAJ para garantizar el derecho de defensa con el de mantener la seguridad e identidad de los concernidos, facultad ejercida efectivamente por las Defensas- y del acceso a las DP 390/2018 del JI 49 de Madrid (FD PRIMERO 8-11) respecto del acusado absuelto -pues no hubo tal elección arbitraria del cuerpo policial investigador y devino una cuestión sin recorrido práctico, dado que con no aparecer acreditado, versaba sobre actuaciones diferentes que siguieron su particular curso diferenciado, descartando investigaciones dobles o paralelas-. El motivo se desestima. B) Igualmente la representación del apelante Jesús Manuel recurre por prueba ilícita por delito provocado e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos sometidos al principio de legalidad y vulneración de su derecho a un proceso con todas las garantías. También las representaciones de los apelantes Ángel Daniel (motivo quinto) y Alberto (motivo octavo) recurren por este mismo motivo. La representación del recurrente señor Ángel Daniel considera que toda la prueba obtenida es irrelevante e inexistente porque la actividad sancionada responde a actuaciones derivadas de la realizada por los agentes encubiertos, negando implicación de los acusados en el origen y transporte de la droga sobre la que nunca tuvieron previa disponibilidad. La representación del recurrente señor Alberto pretende que Remigio es un agente policial, colaborador o fuente de información de la DEA y no un copartícipe, que actuó extraoﬁcialmente ofreciendo y engañándole, cuestionando que no pudiera ser detenido e identiﬁcado policialmente, y aseverando que él únicamente siguió las instrucciones de Remigio y los agentes encubiertos, no teniendo ningún tipo de poder decisorio y de manera que el delito no se habría producido de no mediar esa provocación, ya que no hay relación entre él y la droga colombiana, ni hay ninguna ideación para su transporte previo a la actuación policial. La jurisprudencia considera delito provocado el que llega a cometerse en virtud de inducción engañosa de un agente policial que, para conocer la propensión al delito de un sospechoso y con el ﬁn de construir pruebas indubitadas de un hecho delictivo, convence al mismo para que lleve a cabo la conducta que se espera de esa torcida inclinación, y en consecuencia, son elementos integradores del mismo ( s TS 395/2014 de 13 de mayo ): -una incitación engañosa a delinquir por parte del agente, a quien no está decidido a delinquir (elemento subjetivo) que implica el control del acto por el incitador. -la comisión del delito inducido por el sujeto provocado (elemento objetivo teleológico) y la inexistencia de riesgo alguno para el bien jurídico protegido (elemento material). En consecuencia, nos encontraremos ante un delito provocado cuando el cometido se deba a la obra y estímulos del agente provocador, que es quien toma la iniciativa ( s TS 13 de mayo de 1999 ) poniendo en marcha la decisión de delinquir, algo que hay que diferenciar de la labor de aﬂorar el delito ya iniciado por el acusado y que el agente encubierto tan solo trata de probar. Por el contrario, no existe delito provocado cuando los agentes de la autoridad sospechan o conocen la existencia de una actividad delictiva y se inﬁltran con autorización ﬁscal o judicial entre quienes la llevan a cabo en busca de información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito. Tampoco existe delito provocado en casos de comprobación delictiva de una previa ideación criminal, cuando el investigado no comete el delito como consecuencia de la actuación policial, a modo de inducción o instigación, sino que ya está resuelto a cometerlo, o bien se dedica a una permanente actividad criminal que únicamente pretende comprobarse. En nuestro caso, la actuación policial se inicia mucho después de que sujetos todavía indeterminados hayan pagado y ordenado traer la droga desde Colombia a España. De esa actuación que conﬁgura el pactum scaeleris que inicia la acción penal sancionada se parte para aﬂorar -labor meramente comprobante-, en su caso, los autores de una ideación delictiva propia y precedente, absolutamente desligada de cualquier provocación policial. La sentencia de instancia señala (FD TERCERO 2.3), en síntesis, que no existe provocación delictiva ni por parte de los agentes de la DEA ni de los policías españoles; que el origen proviene de una actuación de la Fiscalía colombiana que interviene una notable cantidad de droga en tres operaciones, mediante una entrega vigilada con control allí del Fiscal -órgano encargado de la instrucción-, aquí, judicial; la DEA no "colocó" "su" droga a los acusados, sino, como declaró en juicio el policía que dirigió la actividad colombiana con la Fiscalía de aquel país, que la intervino mediante una entrega vigilada con control del Fiscal; que como su destino apuntaba a España (declaración detallada de Vicente ), cooperaron con su homónimo español - Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional- para ayudar a descubrir los implicados a este lado del Atlántico; que hubo un contacto ( Remigio ) entre los implicados en Colombia y los destinatarios en España; que la DEA informó a las Autoridades colombianas de la operación que se fragua en Colombia y que tiene España como destino; que tampoco hubo provocación delictiva en nuestro país por parte de la policía española, pues la voluntad criminal ya existía previamente a hacerse cargo de su investigación, en la que mediante 4 agentes encubiertos, vigilancias y seguimientos de la Policía se aﬂoraron las identidades y roles de los implicados; alguno de los cuales -ajeno a la policía- continuó la actividad en nuestro país adelantando a un agente encubierto 130.105 euros para sufragar los costes del transporte de la droga cuya entrega vigilada se remitió a España por vía aérea, exteriorizando la disposición de la trama a hacerse con ella, esto es, la inexistencia de inducción o actuación externa alguna; distinguiendo la entrega controlada del delito provocado, que no son la misma cosa. El agente encubierto ( Art 282 bis LECrim ), ﬁgura reservada a miembros de la Policía judicial que actúan bajo autorización y control expreso del Ministerio Fiscal o Juez de Instrucción, se integra e inﬁltra temporalmente en tramas de crimen organizado para coadyuvar a desmantelarlas y se distingue del agente provocador, que puede ser también policía, en que este, además de camuﬂar su verdadera personalidad ocultando su condición de agente policial, en vez de aﬂorar y probar delitos, los crea, induciéndolos a quien quizá nunca los habría cometido sin su intervención. Como indica la s TS 173/2019 de 1 de abril : " se está ante un delito provocado cuando la voluntad de delinquir surge en el sujeto no por su propia y libre decisión, sino como consecuencia de la actividad de otra persona, generalmente un agente o un colaborador de los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad, que, guiado por la intención de detener a los sospechosos o de facilitar su detención, provoca a través de su propia y personal actuación engañosa la ejecución de una conducta delictiva que no había sido planeada ni decidida por aquél, y que de otra forma no hubiera realizado, adoptando al propio tiempo las medidas de precaución necesarias para evitar la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Se niega la existencia del delito provocado cuando la actuación policial haya tenido lugar incidiendo sobre una conducta ya existente que permaneciera oculta. Esta posibilidad es frecuente cuando se trata de delitos como el de tráﬁco de drogas, que se desarrollan sobre la base de conductas muy variadas entre las cuales está la mera tenencia con destino al tráﬁco, que ya supone la consumación. En consecuencia, cuando la actuación policial pone de relieve la existencia de una tenencia o de un poder de disposición sobre la droga con destino al tráﬁco, no puede apreciarse la existencia de delito provocado, pues simplemente se ha hecho aﬂorar algo previamente existente e independiente de la referida actuación policial".

En el caso que nos compete, la actuación policial no supone provocación de ningún tipo, pues, como se ha explicado y racionalmente se hace en la sentencia de instancia, la decisión del sujeto activo aparece de forma libre y anterior a la intervención puntual de los agentes encubiertos, aunque estos, siempre por iniciativa de los autores de la infracción criminal, lleguen a ejecutar labores de transporte -controlado extra policialmente- de los efectos del delito u otras tareas de auxilio o colaboración similares, simulando así una disposición a delinquir que permite una más efectiva intervención policial. El motivo se desestima. C) La representación del apelante Alberto recurre por habérsele denegado la práctica de prueba pertinente (declaraciones de agentes de la DEA y agentes investigadores de la pieza colombiana señores Marcial , Mario , Jacinto y Plácido ) que le ha generado indefensión, vulnerándose su derecho a la defensa, pues se trataba de prueba decisiva para sus intereses, máxime cuando se admitió toda la solicitada por el Ministerio Fiscal, vulnerándose el principio de igualdad de partes en el proceso penal. Más adelante, la misma representación del apelante Alberto recurre (motivo tercero) por habérsele denegado la práctica de la prueba testiﬁcal de los Agentes de la DEA señores Marcial y Mario que le ha generado indefensión, vulnerándose su derecho a la defensa. También la representación del apelante Ángel Daniel recurre (motivo primero) esta misma cuestión, cuestionando la aportación del Agregado Judicial de la Embajada de los Estados Unidos, a quien afea que no ajustó a la realidad su propuesta de actuación. E igualmente la representación del apelante Alberto recurre (motivo cuarto) por no haberse anulado los informes y actuaciones de los Agentes de la DEA señores Jesús María y Jesús Carlos que al no haber sido ratiﬁcados ni contradichos en juicio le han generado indefensión, vulnerándose su derecho a la defensa. La resolución impugnada razona que la improcedencia del testimonio de losagentes de la DEA radica en que el objeto del presente proceso se inicia en la comunicación de la Fiscalía colombiana a la Fiscalía Antidroga española y consiste en una entrega vigilada de cocaína ejecutada por la Policía española con control del Fiscal para aﬂorar la parte de la trama que iba a recibir en España y pagar la misma, de manera que su información para con la primera constituye una actuación preprocesal ajena a la aquí judicializada. Dentro del objeto del presente proceso (a partir de las actuaciones de la Fiscalía Antidroga), la causa, que ha contado con la extensa información contradicha en juicio obrante en la comisión rogatoria colombiana, fue ejecutada por agentes policiales españoles que, como declararon durante las sesiones del plenario, desplegaron su intervención sin la intervención de ningún agente de la DEA, al ser ellos quienes autónomamente llevaron a cabo la entrega vigilada. Luego el testimonio pretendido por la Defensa es correctamente rechazado por la sentencia a quo por innecesario, ya que, con no circunscribirse a lo operado en España -donde ninguna actuación tuvieron los presuntos testigos de la DEA-, intenta incidir sobre actuaciones preprocesales de mera información de carácter reservado y conocimiento vedado a las Defensas conforme más arriba hemos explicado con cita de la s TS 312/2021, de 13 de abril, en un caso prácticamente idéntico, que analiza la relación que tal exclusión informativa tiene con un supuesto derecho conculcado a su conocimiento, que no existe y en nada empece al derecho de Defensa del recurrente y al de usar los medios pertinentes para ejercerla ( s TC 104/2016 y 201/2014) ya que accedió crítica y contradictoriamente a la prueba de cargo que rompió la presunción de su inocencia, incluyendo el pretendido extremo de veriﬁcar la legalidad de la actuación también llevada a cabo en Colombia sobre la base de la real ocupación y traslado de la cocaína vigilada (texto íntegro de la CRI; declaración de Vicente , condenado por haber participado al menos en una operación de las tres que comunica la Fiscalía General de Colombia, y en la que habla de sus contactos con varias personas, que le hablan de personas que van a recibir la sustancia en España; testiﬁcal de Cecilio , funcionario de la Policía Judicial al servicio de la Fiscalía residente en Colombia que dirigió la operación en ese país), a la que nada añadía la testiﬁcal pretendida y que no le ponía en peor posición probatoria que al Ministerio Fiscal, que ciñó sus pruebas a actuaciones más acordes con el objeto de enjuiciamiento. Por otra parte que el Agregado Judicial de la Embajada de los Estados Unidos no se ajustase a su propuesta de actuación, como denuncia otro recurrente, no hace sino reaﬁrmar la autonomía de la colaboración colombiana frente a la de la DEA, y de la española respecto de ambas, salvo, respecto de la primera, en lo que versaba el objeto de la presente: la entrega controlada por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional con auxilio policial español, autónomo, base de la innecesaridad de la diligencia probatoria, que aparece así como más indagatoria de fuentes policiales que contradictoria de prueba necesaria. Y en lo que hace a los informes y actuaciones de los Agentes de la DEA señores Jesús María y Jesús Carlos , su simple lectura -ya que constan en la causa y se han contradicho, no generando imposibilidad de contradicción por las Defensas-, exterioriza simple información policial (preprocesal) de posibles operadores en Colombia y España -donde se aprecia la participación de integrantes españoles y albaneses- relacionados con el tránsito transnacional de sendos países de altas cantidades de cocaína por vía aérea, que es lo que actuaciones procesales posteriores autónomas perfectamente documentadas y contradichas en la causa colombiana y española, acaban secuencialmente acreditando en el tiempo, aﬂorando, en el caso español, las personas concretas vinculadas a esa actividad ilícita, que era lo pretendido. No se aprecia necesidad de ratiﬁcación ( s TS 312/2021, de 13 de abril) de los agentes de la DEA que confeccionaron esa mera información policial preprocesal sobre cuya indagación respecto de fuentes no versa el presente proceso, por haber sido objeto de veriﬁcación autónoma. Los motivos se desestiman.
TERCERO. - En lo que se reﬁere a posibles errores en la apreciación de la prueba: A) La representación del apelante Alberto recurre por habérsele condenado apreciando como prueba alguna no practicada en el juicio oral, vulnerándose su derecho a la presunción de inocencia. B) La representación del apelante Alberto recurre porque entiende que Remigio no es un miembro de la organización criminal no detenido, sino una agente organizador y provocador extraoﬁcial lo que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. C) La representación del apelante Alberto recurre porque entiende que no se ha garantizado debidamente la cadena de custodia de la droga entregada por Colombia, vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia. En el mismo sentido recurre la representación del apelante Ángel Daniel añadiendo a la vulneración de la meritada cadena de custodia un pesaje deﬁciente de la droga. D) La representación del apelante Ángel Daniel recurre por considerar que se le ha condenado en ausencia de pruebas inequívocas para sustentar un pronunciamiento de ese signo, vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia. E) La representación del apelante Ángel Daniel recurre por considerar que se ha valorado la prueba testiﬁcal policial sin apreciar las críticas que a la misma realizó, vulnerándose con ello su derecho a la presunción de inocencia. Previo a entrar en el detalle de cada impugnación de la valoración de la prueba hay que recordar que respecto de la posibilidad impugnativa de este motivo ex Art. 790.2 LECrim, nuestro papel en la segunda instancia, en donde la inmediación sobre la prueba personal se reduce al visionado de la vista oral, no consiste en reinterpretar lo valorado, sino su racionalidad y suﬁciencia, adelantado ya que los hechos declarados probados establecidos en la sentencia recurrida aparecen debidamente acreditados a la vista de la prueba practicada en el acto del juicio oral, en relación con el resto de las diligencias obrantes en las actuaciones, sin que se aprecie que se haya producido omisión esencial o error en su valoración, lo que nos ha de llevar a rechazar en conjunto este motivo. Al no ser nuestra apelación penal una apelación plena, sino limitada, no se trata de realizar un nuevo juicio, sino simplemente de una revisión del primero ("juicio sobre el juicio"), para control de lo decidido y resuelto en la primera instancia, que, en lo fáctico, se centrará en la estructura racional del discurso valorativo de la prueba realizado por el Tribunal "a quo", y en lo jurídico, en la revisión de cuestiones de Derecho. "Nuestro modelo actual de apelación es de naturaleza limitada o "revisio prioris instantiae", esto es, de control sobre lo resuelto en la primera instancia y no de un "novum iudicium", se puede leer, entre otras, en la STC 2/2010, de 11 de enero de 2010. Y analizando el extremo de motivación y suﬁciencia probatoria, la sentencia de instancia (FD TERCERO 3), en síntesis, examina la declaración de los procesados a las solas preguntas de sus Defensas negando estos los Hechos y su implicación, pero aportando extremos de vinculación circunstancial fáctica y temporal respecto de Remigio , Jesús Manuel , Ángel Daniel ... que sirven para descubrir indicios de su participación delictiva: A) En lo referente a Alberto : tras negarse a comprar las maletas -que nunca vio- accede a hacerlo para triplicar su inversión, desconocida en su licitud, pero por importe de la considerable cantidad de un millón de euros, cuyo riesgo inversor exige, por lógica, conocer el objeto y licitud sobre en qué se va a aplicar; uso de un teléfono encriptado para comunicarse; la custodia de una furgoneta transportando las maletas por 2 ó 3 días; la entrega de una maleta con mucho dinero a personas de muy reciente conocimiento y que la resolución tacha de no creíbles porque: no explican el origen de aportar tanto dinero; porque, acorde con su trabajo profesional previo, no es lógico no indagar sobre el tipo de negocio donde iba a invertirlo; no se aporta garantía ni documento de respaldo a la aportación de tanto dinero en efectivo; no es creíble que en tan sólo tres días se obtuviera como fruto de una inversión el triple de lo aportado, salvo que supiese que lo hacía sobre algo ilícito tan canjeable por dinero como la droga, que es objeto que se desplaza en furgoneta y guarda en maletas como las que tuvo que adquirir; no es lógico invertir tanto dinero con tan escasa garantía sobre objeto desconocido en persona que se conoce en las circunstancias espacio temporales que describió al deponer y no parece una coincidencia temporal la intervención policial de casi 800 kilos de cocaína a pocos kilómetros de donde aporta el dinero en una furgoneta en el interior de unas maletas: la operación estaba urdida, preparada, acordada y concertada por los implicados; haber negado conocer colombianos cuando Vicente -condenado en Colombia por su participación en al menos una de las tres operaciones de aprehensión de cocaína acaecidas en aquel su país- justo le cita como uno de los albaneses que van a recibir la sustancia aquí, tal y como acaba ocurriendo; o insinuar que Remigio , el que según él le propone la inversión y con quien se detectan policialmente numerosas reuniones que reconoce, no es colombiano sino posible agente de la DEA, porque la policía no logra detenerle como a él, cuando Vicente , además de ﬁliarlo como un tal Ildefonso lo señala como el contacto de la organización colombiana que se desplaza a España para culminar la operación y el testigo Cecilio -funcionario policial colombiano- negó que Remigio fuera agente de la DEA o cualquier otro cuerpo policial ni tampoco colaborador. Las declaraciones testiﬁcales, además, aportan a la Sala a quo la acreditación de que no es cierto que el recurrente no hubiese tenido relación alguna con Colombia ni que no hubiera tenido contacto con una organización de ese origen: Vicente , condenado en una de las operaciones en aquel país relata la existencia del tal Alberto al contar las vinculaciones que tenía con quiénes iban a recibir la droga en España, donde aparecen sus primos albaneses detenidos con los dos millones de euros, no siendo casualidad que en España se detenga al recurrente, con el mismo nombre, junto a los albaneses y el dinero para adquirir la droga, y el propio recurrente aﬁrma que el origen del negocio por el que se le detiene en España está en Remigio , con quien mantuvo reuniones y encuentros en los meses posteriores a conocerse donde "materializaron" y concretaron la transacción, y que igualmente está presente en el propio hotel donde se iba a cambiar el dinero por la droga y donde se le detuvo, deduciéndose que, sería el miembro de la organización colombiano que estaba allí para recibir el dinero, culminando la operación, tal y como testiﬁca Vicente en Colombia al decir que Remigio - cuya identidad indica es la de Ildefonso - era quien viajaba a España por la parte de la organización colombiana para veriﬁcar la entrega de la droga y hacerse cargo del dinero a cambio de ella. Tampoco hay dato objetivo alguno en la causa que ampare el alegato de la Defensa de que Remigio era agente de la DEA o policía colombiano: El testigo Cecilio , que sí es funcionario policial colombiano y condujo la investigación en aquel país, a preguntas en ese sentido en el juicio oral, lo negó; Vicente en la declaración policial dice que lo conocía de antes en Colombia, facilita su ﬁliación y no reﬁere nada respecto de que pudiera o no ser agente encubierto o policial extranjero. Por el contrario, los testigos agentes encubiertos policiales que declararon en juicio -con absoluta autonomía y desvinculación de los agentes de la DEA que comunicaron la eventual existencia de sendas organizaciones en Colombia y España-, le responsabilizan de ser el jefe de la organización en España que iba a cambiar la droga por el dinero que él aportaba, ﬁnanciando la operación, dirigiendo las reuniones donde se concretó el modo de llevarla a cabo y de hacerlo efectivo como se comprobó al detenerle en el Hotel Meliá Castilla con el dinero para hacerlo, mientras controlaba que la droga se entregaba a cambio en otro lugar y a otra persona a su disposición, pues respecto de lo aquí enjuiciado, la operación la controlaron -vigilaron y testiﬁcaron (ver el detalle en los puntos 3.1.5, 6 y 7 de la sentencia a quo)- los agentes policiales españoles que depusieron en el plenario, en un operativo policial que ejecutó una entrega controlada transnacional del alijo bajo la supervisión de la Fiscalía Antidroga de esta Audiencia Nacional, describiéndose en la sentencia recurrida con racionalidad los puntos fácticos y elementos convictivos que en el plenario testiﬁcaron tanto el jefe de grupo como el resto de agentes policiales implicados -a lo que nos remitimos para evitar reiteraciones-, de los que destacar, en contra de lo que aﬁrma el recurrente, que los agentes de la DEA no tuvieron participación alguna ya que no estaban autorizados a intervenir en España, lo que prueba, al margen de colaboraciones respecto de la información -correctas y observadas como posibles en numerosos instrumentos internacionales para la lucha contra el crimen organizado: Convenios ONU de Viena 1988 o de Palermo 2000, entre los principales- la ausencia de indicios de injerencia extranjera en la actuación policial española. También describe con detalle -ver punto 3.1.8 de la resolución recurrida- la convincente prueba de cargo narrada en el plenario por los agentes CNP NUM003 , NUM005 , NUM006 , NUM007 y NUM008 y -ver punto 3-1.9- por el agente encubierto Ernesto , que constituye la ocupación al recurrente y al coacusado Ángel Daniel el 8 de marzo de 2018 en el Hotel mencionado de la maleta con el dinero en efectivo destinado a pagar la droga cuya prueba de vida conocía por la reunión veriﬁcadora previa en el restaurante "Amazónico".

Y desgrana las razones de creerle el líder de la organización receptora de la cocaína, analizando lo aportado tanto por el testigo CNP NUM002 , instructor del atestado, como por otras testiﬁcales policiales que le sitúan siempre en labores directivas donde llevaba la voz cantante y la iniciativa ordenando lo que debía hacerse, facilitando teléfonos encriptados para comunicarse con él, o aportando la enorme cantidad de dinero que ﬁnanciaba la entrega a cambio de la también considerable cantidad de cocaína, teniendo en todo momento el mando de la parte de la operación encaminada a su recepción en España -designa el lugar donde ﬁnalmente se hace la entrega de la droga, que él mismo decide cambiar respecto del inicialmente planeado-, evidenciando que, como declaró Vicente desde Colombia, quien iba a hacerlo era un albanés llamado Alberto -encargado de su recepción y transporte- que no puede ser otro que el recurrente, detenido en las circunstancias ya narradas. D) Y en lo que se reﬁere a la actuación y prueba de cargo respecto de Ángel Daniel , ciudadano albanés también y "mano derecha" del anterior recurrente, a quien conoce desde la infancia, y a quien le es aplicable lo dicho respecto de aquel, que, según su declaración, viene a España a vivir en un hotel y participar en un "negocio" de su amigo Alberto en el que le iban a "triplicar la garantía" y que es detenido por la policía cuando transportaba una maleta con ruedas al interior de otro hotel diferente al de su alojamiento habitual que bajó de un maletero de un vehículo pero que desconocía lo que contenía, la Sala a quo la funda en: El hecho de que acude -así lo testiﬁcan los agentes encubiertos que depusieron en el plenario- con Alberto a todas las reuniones preparatorias, estando al tanto de lo que se acordaba en ellas -remarcando especialmente la referente a la llamada "prueba de vida" en Valdemoro tras decidirlo en la reunión llevada a cabo en el restaurante "Amazónico" donde participó- que le hacía consciente de la naturaleza del "negocio" al que vino a España y su participación en él -el testigo Vicente desde Colombia indica que la droga iba destinada a unos albaneses en España-, que no era sino la de adquirir la elevada cantidad de cocaína que pensaba pagar con el dinero -un millón doscientos mil euros- que llevaba - testiﬁcal de los agentes policiales que declararon en el plenario, arriba citados- en la maleta que se le ocupó en el Hotel Meliá Castilla donde le detuvieron ejecutando el papel de custodiar tanto dinero -que es de máxima conﬁanza en operaciones como la enjuiciada- y que coincide en el tiempo con la detención -en un lugar acordado por Alberto y por él- de otra persona vigilada por la policía - Jesús Manuel - y que maniﬁesta ser conocido suyo, cuando debía adquirir la droga a cambio de ese dinero. En consecuencia, la resolución recurrida aporta suﬁciente prueba de cargo, de signo incriminatorio, regularmente obtenida y razonada con lógica y coherencia, de modo que se desestiman los extremos A y D del presente epígrafe. Respecto de los epígrafes: B) Remigio no es un miembro de la organización criminal no detenido, sino una agente organizador y provocador extraoﬁcial, reiterar que se entiende como estrategia defensiva que ya hemos comentado es negada radical y razonadamente por la sentencia que, al contrario, tiene la convicción de que es el miembro de la estructura criminal colombiana enviado a España a recepcionar el dinero y veriﬁcar el cambio del mismo por la droga propiedad de su organización. Nada lleva a pensar -elucubración defensiva huérfana de prueba- que sea un "agente encubierto o alguien con una función similar puesto por la DEA para actuar en España y provocar el delito", sino que, además de haber estado presente en el hotel donde se detuvo a Alberto y a Ángel Daniel , al decir del testimonio de Vicente , que le conocía de antes, era un tal Ildefonso que su organización envió a España a controlar la transacción de su droga por el dinero de los recurrentes y según el policía colombiano Cecilio no era ni agente de la DEA ni fuente de su información policial. C) No se ha garantizado debidamente la cadena de custodia de la droga entregada por Colombia, habiendo habido un pesaje deﬁciente de la misma, cuestión que la sentencia a quo rebate en base a la aportación en el plenario de los peritos de Farmacia Jefe y Técnico del Servicio de Inspección Farmacológica y control de drogas que ratiﬁcaron el informe número NUM009 , obrante al folio 539, explicando en el punto 1.6 de la resolución recurrida que se cogieron 29 muestras que les envió la unidad de investigación, y como no coincidían en los perﬁles, hicieron una separación al recibir posteriormente otros seis paquetes, de manera que hicieron tres informes sobre el muestreo que se remitió por la unidad investigadora, 29 paquetes, y que el peso de la muestra analítica fue de 460 gramos, no el de los 29 paquetes, sino en el peso de la sustancia que se sometió al análisis farmacológico, de manera que siendo la premuestra 29 paquetes, la analítica se hizo sobre 460 gramos, es decir, sobre una muestra representativa de cada paquete con la que se confeccionaron los perﬁles correspondientes. Añadieron que la nota aclaratoria que ﬁgura posteriormente se refería a los seis paquetes que se enviaron posteriormente por la unidad aprehensora respecto de los cuales se analizaron 91,06 gramos, quedando claro que se trató de un único decomiso, uno de 784 paquetes, como decomiso número 1 y otro de 6 paquetes como decomiso número 2. También sobre esta cuestión declaró en el juicio oral el funcionario policial con carnet profesional número NUM010 , quien señaló que Sanidad les pidió primero 29 paquetes, que se devolvieron por Sanidad en dos cajas, una de 15 y otra de 14 paquetes, y después los otros seis paquetes que se llevaron en otra caja, de tal forma que cuando Sanidad les devolvió la sustancia había tres cajas, una de 15, otra de 14 y otra de 6 paquetes. De lo anterior no se deduce ninguna irregularidad en el procedimiento y en los protocolos seguidos por los peritos para el análisis de la droga, existiendo solamente una discrepancia inicial cuando se analizan los 29 primeros paquetes que se envían, razón por la que se pidieren otros seis paquetes, concluyéndose que se trata del mismo alijo, con el peso y la riqueza que se especiﬁca en los informes periciales en los que se ratiﬁcaron de forma íntegra los peritos. Por su parte, el informe pericial fue corroborado por la actuación policial previa de los funcionarios CNP que recibieron en Barajas la sustancia estupefaciente controlada: el PN con carnet profesional NUM003 , que señaló que llamaron a Sanidad para que les dijera los paquetes que debían llevar, diciéndoles que debían ser 29, siendo el testigo el que los llevó personalmente, existiendo la correspondiente acta obrante en el folio 1.877 de las actuaciones, paquetes que luego le fueron devueltos -folio 1.878- y que se complementaron con la segunda reclamación de Sanidad respecto de los otros seis paquetes, cuyo posterior análisis también se llevó a efecto, tras lo que se procedió a su destrucción en la empresa de residuos RECASA como obra en actas al folio 1.415 y siguientes, incinerando los 790 kilos de cocaína en sus 790 paquetes llevados en 41 cajas de cartón -actas de folios 1.879 y 188 de las actuaciones-. E) Se ha valorado la prueba testiﬁcal policial sin apreciar las críticas que a la misma realizó, lo que no es cierto pues la resolución impugnada justiﬁca la fundabilidad y racionalidad de la convicción judicial a lo largo de los razonamientos que explican la prueba, que no puede pretenderse sea sustituida por la interesada de la parte recurrente, y que desmantela la versión absolutoria señalando punto por punto dónde la funda, tal y como hemos veriﬁcado y resumido, en lo sustancial, más arriba. El motivo se desestima.
CUARTO. - En lo que se reﬁere a posibles infracciones de normas del ordenamiento jurídico: A) La representación del apelante Jesús Manuel recurre por infracción de los Arts. 368 , 369 bis y 370.3 CP en relación con los Arts. 16 y 62 CP por considerar que conllevarían a apreciar tentativa inidónea de delito contra la salud pública. Igualmente la representación del apelante Alberto recurre porque entiende que, como mucho, nos encontramos ante un delito contra la salud pública en grado de tentativa. Igualmente, la representación del apelante Ángel Daniel recurre por este mismo motivo. Los de la tentativa son supuestos muy excepcionales ( s TS 2/2/04; 5/02/04; 15/10/04; 14/01/05) en los supuestos de envío de droga, pues vistos los verbos que deﬁnen las acciones sancionadas en nuestro Código Penal, el delito se consuma siempre que exista un pacto o convenio previo entre el remitente y el destinatario de la misma ( s TS 10/02/2005). Como señala la s TS 218/2021 de 11 de marzo, con cita de la s TS 975/2016, de 23 de diciembre: " La posibilidad de concurrencia de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráﬁco de drogas ha sido admitida con criterio restrictivo, por entender que constituye un delito de peligro abstracto y de mera actividad, en el que es difícil admitir la inejecución del resultado propuesto. Y es que en el tipo básico de tráﬁco de drogas establecido en el art. 368 del CP de 1995 , la mera posesión de la sustancia tóxica implica comisión del delito, y además es difícil que cualquier acción dirigida a acercar el estupefaciente al consumidor no pueda subsumirse en alguno de los verbos generales de «promover», «facilitar» o «favorecer» el consumo de sustancias tóxicas previstos en el tipo penal. De forma excepcional se ha admitido la imperfección delictiva en los supuestos de actos de tráﬁco atribuidos al adquirente, si este no llegó a alcanzar la posesión inmediata o mediata o una cierta disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente, entendiéndose el delito intentado cuando la compraventa de la droga se perfecciona pero no llega a ejecutarse. Tratándose de envío de droga por correo u otro sistema de transporte (se incluyen aquí los supuestos de entrega controlada), es doctrina consolidada que si el acusado hubiera participado en la solicitud u operación de importación, o bien ﬁgurase como destinatario de la misma, debe considerársele autor de un delito consumado, por tener la posesión mediata de la droga remitida. En los envíos de droga el delito se consuma

siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación, puesto que, en virtud del acuerdo, la droga queda sujeta a la solicitud de los destinatarios, siendo indiferente que no se hubiese materializado la detentación física de la sustancia prohibida. El haber proporcionado un domicilio y un destinatario del envío de la droga implica una colaboración que facilita la comisión del delito. El delito existe desde que uno de los autores pone en marcha el mecanismo de transporte de la droga que el receptor había previamente convenido. Comienza, pues, la ejecución del delito con la materialización o realización del plan por uno de los coautores (generalmente desconocido); es decir, con la adquisición de la posesión de la droga con miras a ejecutar el plan común. Laapreciación de la tentativa requiere, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, no haber participado en las operaciones previas al transporte ni llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga. Se trata, pues, del supuesto de quien o quienes, totalmente ajenos al concierto inicial para el transporte, intervienen después mediante una actividad netamente diferenciada» En consecuencia, y en aplicación de la anterior doctrina, entrando en el caso concreto que nos concierne, el hecho de que los recurrentes formasen parte de la estructura criminal que - Vicente habla de un albanés en Colombia llamado Bartolomé coordinado con sus primos albaneses en España para enviarles droga- recabó de la organización colombiana el envío a España de los 790 kilos de cocaína y adelantó a un agente encubierto la cantidad de 130.105 euros -recibidos por Remigio en España de los primos albaneses- para sufragar los gastos de transporte antes de ponerse en marcha la entrega controlada -pieza separada de comisión rogatoria, testimonio de Vicente y de Cecilio -, exterioriza la decisión criminal que supone el pactum scaeleris generado por quienes al principio eran un tal Alberto y unos albaneses en España y que, al ﬁnal, con la culminación de las actuaciones policiales y del Fiscal Antidroga que las dirigió aquí -que optaron por aplicar la técnica especial de investigación regulada en el Art. 263 bis LECrim- resultaron ser los recurrentes condenados, evidencia que, ya desde entonces, promovieron, facilitaron y favorecieron el tránsito transnacional de tanta cocaína, ejecutando actos de tráﬁco, poniendo en riesgo la salud de sus posibles destinatarios ﬁnales, en acciones de posesión mediata por destino de la droga que exigieron de la técnica investigativa para aﬂorar sus partícipes -que era lo que había que concretar y perﬁlar-, pero que, desde entonces ya aparecía consumada por quienes habían puesto en marcha y pagado los gastos de su tránsito -tráﬁco- hacia España, donde sólo les restaba recibirla. La aprehensión en el Centro Comercial de San Fernando de Henares a Jesús Manuel , integrante de la misma, de los 790 kilos de cocaína a la par que Alberto y Ángel Daniel los pagaban en el Hotel Meliá Castilla de Madrid a uno de los integrantes de la facción colombiana, sirve de rotunda prueba de la autoría y conformación de la facción española, a la par que supone la culminación de la referida intención de los implicados en su adquisición, pero no frustra ni evita, como pretenden los recurrentes, una acción prohibida por el tipo penal descrito en el Art. 368 CP -el tráﬁco de los 790 kilos de cocaína- que llevaba ya días producida, desde que se hizo el encargo de su envío y se sufragaron por adelantado los gastos de envío a nuestro país. El motivo se desestima. B) La representación del apelante Jesús Manuel recurre por infracción del Art. 369 bis CP por considerar que se ha aplicado indebidamente a los Hechos. Igualmente la representación del apelante Ángel Daniel recurre por este mismo motivo. La resolución recurrida tipiﬁca los Hechos como constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud previsto y penado en el artículo 368, párrafo primero, 369.1. 5º (notoria cantidad), 369 bis, párrafo segundo (pertenencia a organización criminal dedicada al tráﬁco de sustancias estupefacientes y jefatura), y artículo 370.3º (extrema gravedad, por tratarse de una red internacional dedicada al tráﬁco de sustancias estupefacientes). Las Defensas ponen en duda la existencia de la estructura criminal que supone la agravación del referido Art. 369 bis CP. De las múltiples resoluciones del Tribunal Supremo que ya han interpretado esta circunstancia agravante concreta, la s TS 141/2013, de 13 de febrero, enumera las pautas interpretativas -todas concurrentes en el supuesto de autos- siguientes: a) La agravación se produce exclusivamente cuando quienes ejecutan las conductas descritas en el Art 368 CP pertenecen a una organización criminal. b) Ha de operarse con la deﬁnición legal de organización que se plasma en el Artículo 570 bis CP. c) La organización ha de estar integrada, en consecuencia, por un mínimo de tres personas, no siendo suﬁciente con dos ( Artículo 570 bis CP).

d) Se ha suprimido de la agravación para la ejecución del delito el consorcio meramente transitorio u ocasional, ajustándose así el subtipo a la exigencia de estabilidad que impone el nuevo Artículo 570 bis CP al deﬁnir la organización. e) La agravación no comprende a quienes simplemente formen parte de un grupo criminal, tal como aparece deﬁnido en el Artículo 570 ter CP. f) Se amplían las conductas que se especiﬁcaban en el antiguo Artículo 369.1.2º, pues allí se exigía la pertenencia del culpable a una organización que tuviera como ﬁnalidad difundir tales sustancias y productos, mientras que la actual redacción de la agravación del Artículo 369 bis cubre la totalidad de las conductas previstas en el 368 CP (actos de cultivo, elaboración o tráﬁco, así como promover, favorecer o facilitar su consumo ilegal) que van más allá de la simple distribución material. Se recogen, pues, sustancialmente en la deﬁnición legal los caracteres que asumía la jurisprudencia en cuanto que se requiere una pluralidad de personas (tres o más), estabilidad en el tiempo, y una actuación concertada y coordinada con distribución de tareas y reparto de roles o funciones entre sus distintos componentes. g) Ha de sopesarse también que el Artículo 570 bis 1 CP equipara punitivamente a quienes participan activamente en la organización con los que forman parte de ella o cooperan económicamente o de cualquier otro modo. Y en el caso sometido a nuestra revisión, la que hemos considerado facción española no sólo está conformada por al menos tres elementos humanos - Jesús Manuel , Ángel Daniel y Alberto -, sino que lo está, según describieron las vigilancias policiales y los controles testiﬁcados por los agentes encubiertos, durante un prolongado espacio temporal que permite traer nada menos que 790 kilos de cocaína por vía aérea transnacional desde Colombia a España, con indubitadas y coordinadas reuniones y actuaciones persistentes en la ejecución del tráﬁco pretendido de la misma, exteriorizando, en el lado subjetivo, la organización criminal que agrava la condena de otros tránsitos que no la observan -y que exigen excepcionales medios y técnicas de investigación policial para desestructurarlas, la intervención de numerosos efectivos policiales, cierta persistencia temporal en su control y seguimiento, cooperación transnacional, etc....., en deﬁnitiva, el uso de técnicas procesales extraordinarias prevenidas en los instrumentos internacionales que las recomiendan para combatir el crimen organizado -ver Arts. 2.i, 13, 18 y 20 del Convenio de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000, conocido como Convención de Palermo- que conciernen además del bien jurídico que protege el Art. 368 CP, el del orden público que afecta lo protegido por el Art. 570 bis CP, y, en el objetivo, una infraestructura inhabitual en ciudadanos medios capaz de conseguir 1.200.000 euros en efectivo de una vez, y ponerla al servicio de la actividad criminal enjuiciada, generando un especial riesgo para la salud de quienes acabaran consumiendo tanta sustancia y tan nociva para la salud. La agravación tiene cabida, y el motivo, por ello, debe desestimarse. C) La representación del apelante Jesús Manuel recurre por infracción del Art. 370.3 CP por considerar que conforme a los Hechos probados no es aplicable el tipo cualiﬁcado de extrema gravedad de red internacional. Comparte este Tribunal la interpretación doctrinal de la Circular 3/2011, de 11 de octubre, de la FGE, que diferencia la agravación de red internacional dedicada al tráﬁco de drogas de la mera organización criminal del Art. 369 bis CP, arriba analizada, en que la aquí aplicada se reﬁere a organizaciones que actúan en más de un Estado, siendo de aplicación para la imposición de la pena en concreto el Art. 8.4 CP en favor del subtipo más penado. Indica la referida Circular que la estructura criminal enjuiciada para conﬁgurar una red internacional más allá de una organización criminal debe estar " enraizada en ámbitos geográﬁcos supranacionales y ser apta para planiﬁcar y desarrollar las distintas fases del proyecto criminal en el territorio de más de un Estado". Dicho lo anterior, lo cierto es que, conjugándolo con los Arts. 369 bis, 570 bis y 570 ter CP, que no excluyen de su ámbito típico a las organizaciones o redes internacionales, será posible la ejecución de un delito de tráﬁco de drogas a través de una organización internacional y, también, de un grupo criminal asentado en varios países. Ello supone que se puede producir concurso de normas entre el Art. 370 (red internacional) y los Arts. 570 bis (organización criminal) y 570 ter (grupo criminal), y aquí, el Art. 369 bis CP, arriba apreciado. En efecto, nada impide que un delito de tráﬁco de drogas realizado a través de una red internacional pueda sancionarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 369 bis CP como hemos visto más arriba, de manera que se puede producir un concurso de normas entre los Arts. 369 bis y 370 CP toda vez que una misma actividad (tráﬁco de drogas realizada por una red internacional) está sancionada en ambos preceptos, que, de cara a la previsión contenida en el Art. 8 CP tienen la misma entidad, especialidad y complejidad, y cuya

concreta ﬁjación penológica debe resolverse aplicando su regla 4ª, norma que también es de aplicación en virtud de lo dispuesto en el Art. 570 quáter CP en la resolución del concurso de normas con el Art. 570 bis CP. De manera que, en el caso presente, el motivo de recurso carece de efecto práctico. La determinación de la pena más grave en cada uno de los posibles supuestos por razón de la calidad de la sustancia, el grado de participación y la actividad realizada en la organización por el sujeto activo, resulta tan compleja que, aunque el concepto de red internacional supera al de organización, toda vez que extiende su ámbito de actuación geográﬁco más allá de las fronteras de un Estado, en muchos de sus supuestos resulta más grave la penalidad prevista en el Art. 369 bis (organización) que en el 370 (red internacional). El recurrente discute la cuestión subsuntiva a la par que la penológica, no en vano aboga por una reducción - que no opera en este caso concreto en la impuesta: 9 años y un día de prisión-, razón que obliga a desestimar el motivo, pues, en lo jurídico, concurre la extrema gravedad de haber realizado el delito de tráﬁco de 790 kilos de cocaína mediante una red internacional, ya que en el caso que nos ocupa, intervienen al menos dos facciones organizadas con las características analizadas supra exigidas en el Art. 570 bis CP dotadas ambas de proyección internacional, transnacional, como la caracterizada en el Convenio 2.000 de la ONU tan citado al hablar en su Artículo 3.1 del "carácter transnacional", que incluye los delitos de criminalidad organizada que según el Art. 15.2.c.i) se inician "fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito grave dentro de su territorio", exigiendo su desmantelamiento el uso de la cooperación internacional a la que se reﬁeren sus Arts. 13 y 18 y ﬁguras de esa naturaleza como las prevenidas en los Arts. 16, 19 y 20 y, por supuesto, los intercambios informativos de los Arts. 26, 27 y 28, aquí usados en la fase preprocesal. En el caso que enjuiciamos, aparecen sendas organizaciones -las que hemos denominado facción colombiana y española, aunque la segunda está conformada mayoritariamente por albaneses- que cooperan entre sí y que imbrican relaciones comerciales delictivas transnacionales pergeñando una operación de tráﬁco de grandes cantidades de cocaína en la que interviene más de una organización diferente asentada en diversos países - Colombia y España-, cada uno a un lado del Atlántico, que se asocian entre sí para llevar a cabo la operación y que mantenían lazos efectivos y controles entre ellas, como demuestra el hecho de que, a tenor de la comisión rogatoria y las testiﬁcales de Vicente y Cecilio , aparece que la hispano albanesa tenía un enlace en Colombia ( Bartolomé ) y la colombiana, otro en España ( Remigio ). De pasada, hemos hablado en el motivo anterior de la existencia en este caso de un componente agravatorio subjetivo -humano- que es que la ejecución del tráﬁco de cocaína enjuiciado la hubiera llevado a cabo una organización criminal de más de tres componentes coordinados para la realización del delito de manera concertada en el tiempo ( Art. 369 bis CP) que afecta al orden público en cuanto exige además, modos, métodos y actuaciones oﬁciales especiales (cooperación internacional, entrega vigilada, agentes encubiertos...) para hacer posible su desmantelamiento y que trasciende, y castiga algo más y diferente de la mera aprehensión del alijo y el castigo de su tráﬁco -que protege la salud pública ajena-. Que tal estructura tenga además carácter transnacional exige y aﬂora un componente agravatorio más objetivo, que conforma la infraestructura con la que, necesariamente, debe contar una organización criminal para mover clandestinamente 790 kilos de cocaína desde Colombia hasta España pagando por ello un adelanto de 130.105 euros para los gastos de transporte y una remuneración ﬁnal de 1.200.000 euros más. Infraestructura, que, cuando implica traslaciones internacionales en facciones organizadas que se imbrican entre sí con delegados o enlaces desplazados cada uno y mutuamente al otro lado del Charco, conforman la hiperagravante -que en este caso carece de efectos penológicos adversos- de hacerlo en el seno de una red internacional, como parte de la conducta de "extrema gravedad" a la que se reﬁere el Art. 370.3 CP. El motivo se desestima. D) La representación del apelante Alberto recurre porque entiende que no se ha respetado la aplicación del mínimo punitivo según la propia sentencia, al no haberse explicado por qué se aleja de él, elevando la sanción en un año sobre el mismo, no constituyéndolo circunstancias como la gran cantidad de droga, que ya ha servido para la aplicación de la agravante de notoria cantidad, ni el hecho de pertenecer a una organización criminal, en grado de jefe, cuando nos hallamos ante un supuesto aislado de mera codelincuencia. Sin embargo -Razonamiento jurídico QUINTO- se aprecia una correcta imposición de la pena en concreto al recurrente, dado que a las agravaciones de notoria cantidad de cocaína ( Art 369 5 CP: de 6 años y un día a 12 años) y pertenencia a organización criminal ( Art 369 bis CP: de 9 a 12 años), se suma ahora su condición, dentro de la organización enjuiciada, de jefe ( Art. 369 bis 2º CP: de 12 años y un día a 18 años), por un lado, y por otro, que la misma, conforma extrema gravedad al ser una red internacional (lo que supondría una nueva agravación concurrente del Art. 370.2 CP permitiendo la imposición de la pena superior a la del Art. 368 CP

hasta en dos grados: lo que separadamente también permitiría una sanción entre los 9 años y un día y los 13 años y seis meses). Siendo que la sentencia a quo ﬁja la pena en concreto en los 13 años, al apreciar sendas añadidas circunstancias agravantes, acertadamente se supera el mínimo de los 12 años y un día de prisión que todavía se mantiene dentro del grado inferior de la posible condena. El motivo se desestima, y con él, el recurso.
QUINTO. -COSTAS: En consecuencia, siendo conforme a Derecho la sentencia recurrida, no pudiendo acogerse ninguna de las causas de impugnación alegadas, se desestima el recurso interpuesto, imponiendo a los acusados recurrentes las costas de esta segunda instancia -derechos e indemnizaciones ocasionados por el recurso, si los hubiere-, conforme a las previsiones de los Arts. 123 y 124 CP y Arts. 239 y ss. de la LECrim. Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación:
FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Jesús Manuel , representado por el Procurador de los Tribunales D. PEDRO EMILIO SERRADILLA SERRANO, por la de Ángel Daniel , representado por el Procurador de los Tribunales D. RAUL MARTÍNEZ OSTENERO, y por la de Alberto , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. BERTA RODRÍGUEZ CURIEL ESPINOSA, contra la sentencia dictada en fecha 26 de mayo de 2021 por la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional en su causa Rollo de Sala 7/2019, de que a su vez dimana la presente, CONFIRMANDO dicha resolución e imponiendo a los apelantes las costas de esta alzada. Notifíquese la presente resolución a las partes, instruyéndoles de que contra la misma cabe interponer ante esta misma Sala de Apelación de la Audiencia Nacional recurso de casación para ante la sala 2ª del Tribunal Supremo en el improrrogable término de los cinco días siguientes al de la última notiﬁcación y una vez ﬁrme, llévese certiﬁcación al rollo de sala, anótese en los registros correspondientes y remítase testimonio junto con las actuaciones originales a la Sala de lo Penal de procedencia, archivándose el rollo de esta. Así por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos los Magistrados arriba consignados. PUBLICACION. - Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la ﬁrman y leída por el Excmo. Sr. Presidente, en el mismo día de la fecha, de lo que yo, como la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.