AMPARO DIRECTO 670/92. ARTEMIO RIVERO NAVARRETE.

QUINTO.- El quejoso aduce que la autoridad responsable infringe en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al negarle valor probatorio el documento presentado por aquél, para acreditar la propiedad del inmueble en litigio; no obstante, que como lo consideró el a quo, dicho documento privado alcanzó pleno valor al no ser objetado por el hoy tercero perjudicado. Además, de que la autoridad responsable no estaba facultada para realizar el estudio sobre la propiedad del inmueble en litigio, ya que esta cuestión no fue motivo de apelación.

Que también se infringe el artículo 269 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que el reo tiene la obligación de justificar las excepciones que opuso; debiéndose dar aplicación a tal dispositivo, en razón de que el tercero perjudicado en ningún momento justificó la propiedad que alegó respecto del inmueble en litigio, puesto que el quejoso fue el que acreditó a su favor tal propiedad.

Dichos argumentos aunque esencialmente fundados, devienen inoperantes por los motivos que a continuación se exponen: