CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 385/2023

ARTÍCULO 1.- Se concede pensión por Jubilación a **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: juez de Primera Instancia al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado.

ARTÍCULO 2.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 100% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que se separe de sus labores y deberá ser cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 fracción II inciso a) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

ARTÍCULO 3.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.”

1. Artículos que se estiman violados y concepto de invalidez. Los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
2. La parte actora planteó un único concepto de invalidez, en el cual, esencialmente expresa lo siguiente:

• Aduce que el decreto impugnado viola el principio de división de poderes y la autonomía de gestión presupuestal consagrada en los artículos 17, 49 y 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción Xl, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local.
• Sostiene que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva y en este asunto no sucedió así, ya que el monto asignado en la partida presupuestal correspondiente difiere del que solicitó al Congreso local para cubrir el pago de pensiones a su cargo, por lo que los recursos asignados no son suficientes.
• Afirma que si bien los trabajadores burocráticos tienen derecho a que el patrón les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación, lo cierto es que, para que se les conceda mediante decreto, no basta la presunción de que existe una partida para estimar que, por estar contemplada en el presupuesto de egresos anualizado, la partida destinada a pensiones necesariamente tiene fondos suficientes para cumplir la nueva imposición, pues no debe perderse de vista que la pensión otorgada se debe encontrar garantizada por quien la expide, por estar comprendida dentro de la proyección autorizada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente o porque exista una bolsa adicional a la que comprende a los jubilados anteriores, o porque, al momento de emitirse el decreto, se ordene el aumento o transferencia en la misma proporción en que deba cubrirse el referido gasto.
• Refiere que el propósito del asunto no es que se excluya al poder actor de la decisión de a quiénes, en su carácter de trabajadores, debe concederse una pensión, sino que se le otorgue suficiencia de recursos para enfrentar dicho gasto.
• Sostiene que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor, el cual resulta insuficiente. Además de que, a su juicio, la orden reclamada implica una subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo estatal.
• Finalmente, reconoce que el Congreso del Estado de Morelos aprobó una partida presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones del Tribunal Superior de Justicia por la cantidad de $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN), sin embargo, aduce que en ese numerario sólo está considerado el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes al dos mil veintidós.

1. Trámite. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente Controversia Constitucional a la que correspondió el número 385/2023 y turnarlo a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a quien correspondió la instrucción del asunto.
2. Mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, no así al Secretario de Gobierno de ese Estado, por tratarse de un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo estatal, a quienes mandó a emplazar para que formularan su contestación; y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera; quienes no formularon opinión en el presente asunto.
3. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por escrito recibido por vía electrónica el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su Consejera Jurídica, dio contestación a la demanda. En ésta formuló argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales, en esencia, consisten en lo siguiente:

• Considera que resulta infundado que se viole lo dispuesto en los numerales 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, 126, 127 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, párrafo séptimo, 83, 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Además, señala que el Poder actor está en condiciones de cubrir a cabalidad con el pago de las obligaciones derivadas de los decretos de pensión de sus exservidores públicos, sin encontrarse supeditado a los recursos que le sean aprobados y destinados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales, porque anualmente cuenta con la certeza de un presupuesto con un porcentaje fijo en el Presupuesto de Egresos anual.
• Sostiene que el Poder Judicial actor tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado.
• En consecuencia, estima que los actos emitidos por el Poder Ejecutivo Estatal, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional establecido en la Constitución Federal y demás normativa en la materia.
• Asimismo, indica que se debe considerar que el Ejecutivo Estatal no es patrón solidario o sustituto frente a las diversas obligaciones que actualmente tiene el Poder Judicial local con sus jubilados.
• En suma, el Poder Judicial del Estado es el que tiene la obligación de instrumentar aquellos mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, para dar cumplimiento a las obligaciones que por mandato constitucional y judicial le corresponde.
• Señala que el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Decreto 579 (Quinientos Setenta y Nueve) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, precisando que dentro del artículo Décimo Sexto se estableció que, del presupuesto asignado, se deberán cubrir las erogaciones de seguridad social, como el pago de jubilados y pensionados.
• Finalmente, agrega que el Poder actor cuenta con un presupuesto mayor para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, por lo que, con base en su autonomía financiera, tiene la obligación de instrumentar mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento a sus obligaciones.

1. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Morelos. A través del escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés en el buzón judicial de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, en la que hizo valer una causa de improcedencia y diversos argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado, los cuales se sintetizan a continuación:

Causa de improcedencia

• El Poder Legislativo del Estado consideró la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal por falta de interés legítimo del Poder actor, pues considera que el acto que se impugna no afecta el ámbito de atribuciones de ese Poder, de conformidad con la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Aduce que con la expedición del Decreto número 1025 (mil veinticinco) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6203 (seis mil doscientos tres), el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, no se pretende de forma alguna disponer de manera directa de los recursos que integran el presupuesto del Poder Judicial, por lo que, con base en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, constitucional, 40, fracción XX, de la Constitución Política Local y 54, fracción VII, así como 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir los decretos que otorguen a los Trabajadores del Gobierno Estatal, con lo cual de ninguna forma se invade la autonomía presupuestaria.
• Asimismo, señala que el acto impugnado ha cesado sus efectos por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente controversia constitucional.

Argumentos para sostener la validez del Decreto impugnado

• El Poder Legislativo señala que, ante la facultad otorgada por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Congreso del Estado le corresponde otorgar los decretos de pensión en favor de los trabajadores que prestaron sus servicios al Estado de Morelos, entre los que se encuentran los del Poder Judicial.
• Refiere que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés se previeron asignaciones para el Poder Judicial, entre ellas, una partida presupuestaria específica para pensiones y jubilaciones. Por lo que con ello se evidencia que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con recursos suficientes para sufragar las prestaciones de sus extrabajadores.
• Por último, menciona que, al haber otorgado la partida destinada para el pago de la pensión controvertida, de ninguna manera se transgrede en perjuicio de la parte actora el principio de autonomía en la gestión presupuestal.

1. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, el ocho de noviembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia, y por acuerdo del quince de noviembre del mismo año la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
2. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra instructora, mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el asunto a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Finalmente, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintitrés emitido por el Ministro Presidente de esta Primera Sala, se determinó el avocamiento para conocer de la Controversia Constitucional.