IMPEDIMENTO 6/2023
Suprema Corte de Justicia de la Nación

IMPEDIMENTO 6/2023

Fecha: 09-Ago-2023

IMPEDIMENTO 6/2023

SOLICITANTE: INMOBILIARIA TREPI, SOCIEDAD ANÓNIMA

PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF

COTEJÓ:

SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ

ELABORÓ: MIREYA GARCÍA BUENDÍA

ÍNDICE TEMÁTICO

Apartado

Criterio y decisión

Págs.

Competencia

La Segunda Sala es competente para conocer de la presente recusación.

10

Procedencia

El presente asunto resulta improcedente.

10

Decisión

Es improcedente el impedimento formulado.

22

IMPEDIMENTO 6/2023

SOLICITANTE: INMOBILIARIA TREPI, SOCIEDAD ANÓNIMA

VISTO BUENO

SRA. MINISTRA

PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF

COTEJÓ

SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ

ELABORÓ: MIREYA GARCÍA BUENDÍA

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al nueve de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

I. Antecedentes y trámite del impedimento

  1. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 121/2021. Por oficio signado por el Director de lo Contencioso del Congreso de la Ciudad de México -recurrente en el recurso de queja 120/2020 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito- solicitó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera la facultad de atracción para conocer de dicho recurso , el cual fue interpuesto en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo indirecto 1321/2007 [1] .
  2. Por oficio SGA/OAC/158/2021, el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reenvió el citado oficio suscrito por el Director de lo Contencioso del Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Acuerdos de esta Segunda Sala.
  3. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 123/2021. Por su parte, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa [2] planteó que esta Segunda Sala ejerciera la facultad de atracción para conocer los recursos de queja 120/2020 y 122/2020 , ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, interpuestos, respectivamente, por el Director de lo Contencioso del Congreso de la Ciudad de México y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en contra del proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo indirecto 1321/2007.
  4. Admisión y reserva de turno. Mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, admitió a trámite dicha solicitud y la registró con el número 123/2021; y, por otro lado, ordenó remitir los autos a la Segunda Sala de este Máximo Tribunal con el objeto de que ésta acordara si procedía o no solicitar los autos de los citados recursos de queja al Tribunal Colegiado en mención, reservando , mientras tanto, el turno del citado asunto , señalando que una vez que tuviera por recibidos los autos relativos, se turnaría al Ministro que en turno correspondiera.
  5. Radicación y turno de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. En atención a que en sesión privada de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se pusieron a consideración de la Ministra y los Ministros integrantes de esta Sala diversas solicitudes de reasunción de competencia y facultades de atracción, entre ellas, la presente, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo suya dicha solicitud , por lo que en acuerdo de nueve de diciembre de esa anualidad, se precisó que en atención a lo determinado en esa sesión, le correspondía a la citada Ministra la formulación del proyecto de sentencia, para lo cual, a efecto de integrar debidamente el expediente, se solicitó al tribunal colegiado de origen, a través del sistema de comunicación oficial MINTERSCJN, que remitiera los autos de los recursos de queja 120/2020 y 122/2020, así como del juicio de amparo 1321/2007.
  6. Finalmente, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, la entonces Presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó turnar a su ponencia el asunto, para la elaboración del proyecto correspondiente.
  7. Impedimento planteado en las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 121/2021 y 123/2021. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, Francisco Manuel Vázquez Camacho , autorizado en términos amplios de Inmobiliaria Trepi, Sociedad Anónima -parte quejosa en el juicio de amparo indirecto 1321/2007, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de cuyo asunto derivan los recursos de queja materia de las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción en cita-, solicitó que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se declarara impedida y se excusara de seguir conociendo y resolver las referidas solicitudes , en virtud de lo siguiente:

[…] hace público y notorio y pone de manifiesto , EL APARENTE VÍNCULO DE AMISTAD ESTRECHA que, “ al parecer ”, obviamente EXISTE ENTRE USTED Y LAS AUTORIDADES COMO PARA HABER FORMULADO LA PRECITADA SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN Y RETRASAR E IMPEDIR LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA QUE LAS AUTORIDADES NO HAN QUERIDO CUMPLIR ; eso, o bien, que tiene interés personal en el asunto .

Ello, se traduce en uno de los motivos más que suficientes y bastantes para que MANIFIESTE SU EXPRESO IMPEDIMENTO Y SE EXCUSE DE INMEDIATO PARA SEGUIR CONOCIENDO Y RESOLVE R las SOLICITUDES DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN , radicadas ante su ponencia bajo los expedientes SEFA 121/2021 y SEFA 123/2021 […]

[…] ES INSÓLITO ; y evidentemente, dicha solicitud , ES UN ACTO PERMEADO DE INFINIDAD DE MATICES PROCLIVES A FAVORECER A LAS AUTORIDADES -con las que “al parecer”, dadas las circunstancias en las que formuló la antedicha solicitud, tiene alguno o varios vínculos de estrecha amistad con las autoridades- SOLAPANDO , tal como lo ha hecho hasta ahora , LA CONTUMACIA EN QUE LAS RESPONSABLES HAN INCURRIDO PESE A QUE EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE ÁREA VERDE A HABITACIONAL ES COSA JUZGADA Y LO EXPRESAMENTE ORDENADO EN AUTOS RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO, NO CONLLEVA NINGUNA VIOLACIÓN, AFECTACIÓN O TRANSGRESIÓN A LOS DERECHOS ALGUNO (sic) DE LAS AUTORIDADES.

[…] al haber promovido la solicitud que nos ocupa, Usted, C. MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, SE VOLVIÓ CÓMPLICE Y ARTÍFICE DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y VINCULADAS Y SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS, OBLIGADOS AL DEBIDO, CABAL, INDEFECTIBLE E INMEDIATO CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DICTADAS EN AUTOS, AL PROCURAR INCONCUSAMENTE EL RETRASO DE TODO ELLO, EN FRANCO Y CLARO PERJUICIO DE INMOBILIARIA TREPI, S.A. , lo que patentiza a todas luces SU FALTA DE PROBIDAD E IMPARCIALIDAD , en pro de las contumaces, convirtiéndose en “ su secuaz ”, pues tal como se indicó, es inverosímil que argumentando como base para SU SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, una “ transgresión a un derecho de una autoridad ”, la cual, NO EXISTE , Usted, HAYA SUSPENDIDO LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO DESDE EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO , aún y cuando estimó que éste se hallaba revestido de “importancia y trascendencia” lo que presuponía su inmediata resolución y no tenerlo “congelado” en su ponencia por ya casi dos años , RETRASANDO DOLOSA Y MALICIOSAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUTORIA , lo que a fin de cuentas, era y es, el propósito del C. DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, del C. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y de SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS.

[…] NO DEBE SOSLAYARSE QUE LA PÚBLICA Y NOTORIA AFINIDAD DE USTED , C. Ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA CON EL EJECUTIVO FEDERAL Y LOCAL , lo que, dado lo expuesto con antelación , indubitablemente DERIVA EN EL RIESGO DE LA PÉRDIDA DE OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD que se traduce -atendiendo al concepto de probidad, entendida ésta como la honestidad y rectitud, y que ésta, está ligada a la honradez e integridad en el accionar, que quien actúa con probidad no comete ningún abuso, no miente ni incurre en un delito; lo contrario a la probidad es la corrupción, que implica un desvío de las normas morales y de las leyes- EN SU FALTA DE PROBIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, […]

Dicha relación, que significa e intuye parcialidad y preferencia por parte de Usted, C. Ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, a favor de las autoridades , se hizo del conocimiento del público en general mediante la nota periodística publicada en la REVISTA “PROCESO” […]

Usted, C. Ministra YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, HA SIDO OMISA EN PROCURAR LA CORRECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y SE HA ABSTENIDO DE SER IMPARCIAL, FAVORECIENDO A LAS AUTORIDADES CON LAS QUE HA DEMOSTRADO PÚBLICAMENTE MANTENER UNA ESTRECHA RELACIÓN.

[…]

  1. Requerimiento. En acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó el registro del aludido impedimento con el número 6/2023 y, al tratarse formalmente de una recusación , para cuyo trámite resultan aplicables las reglas contenidas en el artículo 59 de la Ley de Amparo, [3] requirió a la parte promovente para que formulara su recusación bajo tal disposición legal y, derivado de lo anterior, exhibiera el billete de depósito por la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada la recusación, o bien, manifestara su insolvencia para presentarlo, así como que señalara las causas de impedimento que en términos del numeral 51 de la ley sustentaban la recusación planteada, apercibiéndola que de no hacerlo se desecharía de plano su promoción.
  2. Desahogo de requerimiento . En desahogo del anterior requerimiento, mediante escrito presentado el trece de abril de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal, la parte promovente manifestó que sustentaba su recusación en las cusas de impedimento previstas en las fracciones II, VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo y, respecto del billete de depósito correspondiente indicó lo siguiente: “ INMOBILIARIA TREPI, S.A., desde hace muchos años y en la actualidad, NO DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD , y, por lo tanto, NO HA PERCIBIDO INGRESOS , por lo cual, ES INSOLVENTE ”. Lo cual justificó, en lo que interesa, de la siguiente manera:

[…] lo acredito fehacientemente con las DECLARACIONES ANUALES DE IMPUESTOS POR LOS EJERCICIOS DE 2014 (DOS MIL CATORCE) A 2018 (DOS MIL DIECIOCHO) Y LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ÚLTIMO AÑO, haciendo mención que las relativas al periodo de 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) y hasta el año próximo pasado, también se encuentran en CEROS; empero, no se exhiben a efecto de evitar engrosar más el expediente con documentación innecesaria relativa a lo mismo , ya que, la que se acompaña sólo sirve como ejemplo para demostrar que INMOBILIARIA TREPI, S.A., como se indicó, no percibe ingresos y por ende, es insolvente. [4]

  1. Admisión de la recusación . Al referido ocurso le recayó el acuerdo presidencial de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desahogado el requerimiento efectuado al promovente y se admitió a trámite la recusación materia del presente asunto, indicando que si bien el promovente no exhibió el billete de depósito por la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada dicha recusación, lo cierto es que aquél alegó insolvencia para exhibir dicho documento, cuya calificación correspondía a un órgano colegiado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de lo establecido en la parte última del referido numeral 59 de la Ley de la materia, en el sentido de que, en caso de alegarse dicha situación “ el órgano jurisdiccional la calificará ”. Asimismo, ordenó correr traslado a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que rindiera el informe correspondiente y turnó el asunto para su estudio a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, a fin de continuar con el procedimiento establecido en el numeral 60 de la ley, en la inteligencia de que correspondía a los restantes Ministros y Ministra integrantes de la Sala pronunciarse sobre la insolvencia alegada por el solicitante y, en su caso, calificar la recusación.
  2. Rendición de informe. Mediante escrito recibido el quince de mayo de dos mil veintitrés en la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala , la Ministra Yasmín Esquivel Mossa rindió su informe en el que señaló que en la especie no se actualiza ningún supuesto de recusación.
  3. En proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala tuvo por rendido el informe solicitado a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, por lo que señaló las diez horas del día veintiséis de mayo del año en curso, para que tuviera verificativo, vía remota, la audiencia de pruebas y alegatos.
  4. Celebración de audiencia . Así, a las diez horas del día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria de Acuerdos de esta Segunda Sala celebró la audiencia de ley, con la comparecencia de manera presencial a dicha audiencia, por así haberlo solicitado de Francisco Manuel Vázquez Camacho -autorizado de la parte promovente-, en la cual, entre otras cosas, el compareciente alegó lo que a su derecho convino; se dio cuenta con las pruebas ofrecidas por el solicitante las cuales se tuvieron por admitidas, dándose por concluida la citada diligencia.
      1. Competencia
  5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el punto Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno aprobado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado el diez de abril de dos mil veintitrés; ello, en atención a que se trata de una recusación formulada respecto de una Ministra integrante de la Segunda Sala para conocer de una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.
  6. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
      1. Procedencia
  7. Esta Segunda Sala estima que el presente impedimento resulta improcedente.
  8. A fin de evidenciar tal aserto, resulta necesario tener en cuenta que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece lo siguiente:

Artículo 17 .

[…]

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[…]

  1. Del precepto transcrito se desprende el derecho de los ciudadanos a que se les administre justicia de manera imparcial, principio que garantiza la emisión de resoluciones objetivas, que atiendan únicamente a los hechos y los puntos de derecho sometidos a la potestad de una persona juzgadora; imparcialidad que, además, limita la actuación de la autoridad encargada de la dirección y la resolución del proceso, tal y como ha sido reconocido en instrumentos internacionales suscritos por México, en los que se prevé la imparcialidad como nota esencial del debido proceso [5] .
  2. Sobre este tema, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, se señaló lo siguiente:

“(…).

La impartición de justicia que merece el pueblo de México debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tardías no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se confía el destino de la libertad y patrimonio ajenos. Una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten.

(…)”.

  1. Sobre esa base, esta Segunda Sala ha sostenido que la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de cierto modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación; y, por otra parte, en que el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. [6]
  2. Ahora bien, para garantizar la imparcialidad del juzgador, las leyes reglamentarias, procesales y orgánicas del país establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda. De la misma manera, en la legislación también se permite que los titulares encargados de impartir justicia hagan patente su posible riesgo de parcialidad, y que se inhiban del conocimiento y resolución del asunto sometido a su jurisdicción, con el fin de cumplir con las exigencias del artículo 17 constitucional; constituyéndose así la recusación como un instrumento procesal de gran relevancia para la tutela del derecho a ser juzgado por un órgano imparcial e independiente.
  3. Con la finalidad de salvaguardar el principio constitucional citado, en los artículos 7, 17 y 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el 51 de la Ley de Amparo, se prevé lo siguiente:

Artículo 7. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, salvo los casos en que, conforme a la Constitución, se requiera una mayoría de ocho votos de las Ministras y Ministros presentes. En los casos previstos en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 105 Constitucional, las decisiones podrán ser tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, pero para que tenga efectos generales, deberán ser aprobados por una mayoría de cuando menos ocho votos.

Las y los ministros sólo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal.

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, se turnará a un nuevo Ministro o Ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. […]

Artículo 17 . Las resoluciones de las Salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes sólo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal.

Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, el o la presidenta de la Sala lo turnará a un nuevo Ministro o Ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones.

Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior, no se obtuviere mayoría al votarse el asunto, el Presidente o la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a una o un integrante de otra Sala para que asista a la sesión correspondiente a emitir su voto. Cuando con la intervención de dicho Ministro o Ministra tampoco hubiere mayoría, el presidente o presidenta de la Sala tendrá voto de calidad.

El Ministro o Ministra que disintiere de la mayoría o que estando de acuerdo con ella, tuviere consideraciones distintas o adicionales a las que motivaron la resolución, podrá formular voto particular o concurrente, respectivamente, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

Artículo 126 . Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos, por alguna de las causas siguientes: […]

Artículo 51 . Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: […]

  1. De las normas legales transcritas se desprende la obligación de las Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea integrada en Pleno o en Salas, de emitir su voto en todos los asuntos en que participen, pudiendo abstenerse de votar , excepcionalmente, sólo cuando tengan algún impedimento legal para ello.
  2. Al efecto, en el artículo 126 de la ley orgánica en cita, como en el 51 de la Ley de Amparo, se expresan diversas causas que, conforme a la propia ley, impiden el conocimiento de un asunto sujeto a la potestad de una persona juzgadora, motivos que son señalados de manera enunciativa, pues en sus fracciones XVIII y VIII –respectivamente– se precisa que puede ser cualquier otra circunstancia análoga a las previstas en las fracciones anteriores.
  3. Dichas hipótesis se actualizarán cuando el juzgador se encuentre en alguna situación que implique un riesgo objetivo de pérdida de la imparcialidad, partiendo para ello de datos concretos que permitan concluir que el resolutor que dicte sentencia comparte alguno de los intereses en conflicto en el proceso, lo que sin duda, influirá en la toma de su decisión judicial; es decir, deben existir elementos comprobables que arrojen o despejen la existencia de dudas legítimas en torno a si existe un riesgo de que el asunto de origen se resuelva parcialmente.
  4. En relación con lo anterior, conviene señalar que el Pleno de este Alto Tribunal, en cuanto a las controversias constitucionales [7] , ha precisado que, por regla general, los impedimentos, recusaciones o excusas, resultan improcedentes cuando se plantean por las partes en dicho medio de control constitucional [8] , pero que excepcionalmente, para salvaguardar el principio de imparcialidad en el dictado de las sentencias, los Ministros y las Ministras sí pueden plantear su impedimento para abstenerse de conocer algún asunto por sus circunstancias personales, atendiendo para ello a las particularidades del caso, a la gravedad de las razones expuestas por las que se considera impedido, y a la salvaguarda de la mayoría calificada requerida en dichos medios de control, a efecto de proteger, en su caso, su debida resolución. [9]
  5. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, cabe recordar que nos encontramos frente a una recusación formulada por el autorizado en términos amplios de quien fungió como parte quejosa en el juicio de amparo indirecto (1321/2007), del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en la que se solicitó que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se declare impedida y “ se excuse y deje de seguir conociendo y de resolver” las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 121/2021 y 123/2021 .
  6. A ese respecto, resulta importante señalar que en relación, particularmente, con las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción , en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 107, fracción V, último párrafo, 40 y  21, fracción V, respectivamente, únicamente se establece la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia, ya sea de oficio o por la solicitud de un ente que esté legitimado para ello, pueda conocer de diversos asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
  7. Sin que para ello la normatividad respectiva defina, establezca o proporcione elementos indubitables para determinar cuándo se está en presencia de asuntos que revistan interés y trascendencia o en su caso, características especiales que justifiquen el ejercicio de la referida facultad de atracción.
  8. Por tal razón, es a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los asuntos que ante ella se ventilan y por medio de la interpretación que realice, a la que le corresponde establecer los criterios que integren el marco jurídico para el ejercicio de la facultad de atracción, como en realidad acontece.
  9. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 123/2006 y 2a./J. 143/2006 de rubros: “ATRACCIÓN. PARA EJERCER ESTA FACULTAD EN AMPARO EN REVISIÓN, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE TOMAR EN CUENTA LAS PECULIARIDADES EXCEPCIONALES Y TRASCENDENTES DEL CASO PARTICULAR Y NO SOLAMENTE SU MATERIA” [10] y “ FACULTAD DE ATRACCIÓN. EL INTERÉS Y TRASCENDENCIA QUE JUSTIFICAN SU EJERCICIO SON DE ÍNDOLE JURÍDICA ”. [11]
  10. De lo anterior se infiere, entonces, que las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción constituyen el medio discrecional y excepcional de control de la legalidad de rango constitucional con el que cuenta esta Suprema Corte para atraer un asunto que, en principio, no es de su competencia originaria, pero que, fundado en circunstancias que no podrían darse en la mayoría o en la totalidad de los asuntos, las cuales no se hagan depender de situaciones temporales o contingentes sino que deriven de la naturaleza misma del asunto, revistan una connotación excepcional a juicio de este Alto Tribunal (interés y trascendencia).
  11. Es decir, la finalidad perseguida por el poder reformador de la Constitución Federal al prever esa competencia y/o facultad fue, primeramente, la de permitir que esta Suprema Corte pueda proponer, por la naturaleza intrínseca de un asunto, esto es, por sus peculiaridades excepcionales y trascendentes, el mismo amerita su intervención decisoria, constituyéndose así dicho ejercicio, solamente, en la vía a través de la cual se puede poner en conocimiento de este Máximo Tribunal del país algún juicio u otro medio de defensa, que, en principio, no es de su competencia originaria, pero que pueden revestir el interés y trascendencia necesarias para ello.
  12. Debiendo puntualizarse que la propuesta hecha en una solicitud de esa naturaleza, dada sus propias características, se trata solamente de un planteamiento de carácter provisional y somero sobre la importancia y trascendencia que puede revestir el estudio de un determinado tema -para cuya posterior resolución se podría requerir la intervención decisoria de este Máximo Tribunal constitucional-, en el cual no se está definiendo, restringiendo o anulando derecho alguno en contra de alguna de las partes, ni muchos menos se está dirimiendo o resolviendo el fondo de la controversia del asunto cuya atracción se está solicitando, sino que, se insiste, solo se trata de una decisión respecto de la actualización de los aspectos de interés y trascendencia que se requieren para atraer un determinado asunto.
  13. Ahora bien, puntualizado lo anterior y, considerando como ya se dijo, que la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción se trata únicamente del medio discrecional y excepcional de control de la legalidad de rango constitucional con el que cuenta esta Suprema Corte para atraer un asunto , el cual se constituye únicamente como la vía a través de la cual se puede poner en conocimiento del Máximo Tribunal del país -ya sea de oficio o a petición de parte legitimada- algún juicio u otro medio de defensa, que, en principio, no es de su competencia originaria, pero que pueden revestir el interés y trascendencia necesarios para ello; y con cuyo ejercicio no se está resolviendo aún el fondo de la controversia planteada en los recursos de queja cuya atracción se solicita .
  14. Luego, como se adelantó, esta Segunda Sala advierte que es improcedente el impedimento planteado por Francisco Manuel Vázquez Camacho, autorizado en términos amplios de Inmobiliaria Trepi, Sociedad Anónima, mediante el cual solicitó que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa se declare impedida y “ se excuse y deje de seguir conociendo y de resolver” las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 121/2021 y 123/2021 .
  15. Ello, pues conforme a lo hasta aquí expuesto, tratándose de una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, no es procedente que las partes puedan recusar a las Ministras o a los Ministros integrantes de este Alto Tribunal, a efecto de que se abstengan de seguir conociendo de ellas y/o de resolverlas, en la medida en que la resolución de una solicitud del ejercicio de la facultad de atracción no constituye una sentencia de fondo , ni tampoco implica la decisión de lo fundado o infundado de las pretensiones de alguna de las partes en el juicio o recurso de que se trate, sino que el único problema jurídico a resolver, consiste en determinar si es procedente o no atraer un determinado asunto, que por las características intrínsecas del tema a resolver, requiere la intervención decisoria de esta Suprema Corte de Justicia -en Pleno o en Sala-, a fin de que sea este Máximo Tribunal quien conozca y resuelva un juicio de amparo o algún otro medio legal de impugnación.
  16. En consecuencia, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que, tratándose de una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, al considerar que las partes no pueden recusar a las Ministras o los Ministros de este Alto Tribunal para conocer de ellas y resolverlas -dadas las razones ya apuntadas-, debe declararse improcedente el impedimento cuyo estudio nos ocupa.
  17. Sin que obste a lo anterior que en los diversos impedimentos 2/2009 [12] y 21/2011, [13] se declararon procedentes y se calificaron de legales los impedimentos hechos valer por las Ministras Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas y Margarita Beatriz Luna Ramos, para conocer de las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción números 41/2008-PS y 159/2011.
  18. Lo anterior, pues como se puede advertir, dichos impedimentos fueron planteados por las propias Ministras -y no por alguna de las partes, como sucede en el presente caso-, al considerar que en la especie se actualizaba una causal de impedimento de las previstas en el entonces vigente artículo 66 de la Ley de Amparo, cuyo supuesto coincide, aplicado por analogía, con el sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Impedimento 1/2023. [14]
  19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
      1. Decisión
  20. Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO . Es improcedente el impedimento formulado.

Notifíquese; agréguese testimonio de esta resolución al toca respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde al impedimento 6/2023, fallado en sesión de nueve de agosto de dos mil veintitrés. CONSTE.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, Octavo y Duodécimo Transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo de artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

  1. Debe precisarse que del expediente relativo a la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 121/2021, se advierte que en sesión privada de cinco de julio de dos mil veintitrés la Ministra Yasmín Esquivel Mossa hizo suya dicha solicitud, por lo que, en acuerdo de seis de julio de esa anualidad, se precisó que en atención a lo determinado en esa sesión, le correspondía a la citada Ministra la formulación del proyecto de sentencia a que se refiere el artículo 40, fracción I, de la Ley de Amparo. Y asimismo, que dicho expediente guarda relación con las diversas solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 123/2021 y 119/2021, la primera formulada por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa en la que solicitó conocer de los recursos de queja 120/2020 y 122/2020, ambos del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y la segunda, por el Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para conocer del diverso recurso de queja 122/2020. ↑

  2. Consideró que la temática a resolver en los recursos de queja indicados consiste en “determinar si fue correcta o no la decisión adoptada por el Juez de Distrito de no dar trámite al incidente innominado promovido por las autoridades responsables, a fin de obtener un pronunciamiento sobre la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia” además, refiere que esos asuntos revisten interés y trascendencia, ya que “implican analizar, a la luz de la anterior Ley de Amparo, si la determinación de la imposibilidad de dar cumplimiento a una sentencia, es una cuestión que, por su propia naturaleza, amerita el trámite de un incidente, o en su caso, de qué forma debe abordarse ese planteamiento dentro del juicio de amparo, máxime cuando dicha situación no se encuentra expresamente prevista en la norma, ni existe criterio de este Alto Tribunal al respecto” , aunado a que, “de resolverse que sí es posible la apertura de un incidente innominado con dicha finalidad, esta Suprema Corte de Justicia podrá pronunciarse sobre si los juzgadores pueden o no negar la apertura de un incidente de dicha naturaleza, o bien, bajo qué circunstancias debe dársele trámite a aquéllos promovidos por las partes” . ↑

  3. Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición. ↑

  4. Anexando a dicho escrito los acuses de recibo de las declaraciones anuales de impuestos en comento, así como los pagos provisionales de dos mil veintidós, visibles a fojas 86 a la 150 de los autos del impedimento 6/2023. ↑

  5. “ Artículo 14. 1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores." ↑

  6. Al respecto, pueden consultarse las ejecutorias recaídas a los impedimentos 4/2016 y 5/2016, fallados el dieciocho de mayo y seis de julio, ambos de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos, bajo las ponencias de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora I., respectivamente. ↑

  7. Con la finalidad de salvaguardar en dichos asuntos la seguridad jurídica ante un problema de trascendencia nacional. ↑

  8. Jurisprudencia (P./J.119/2006), de rubro: IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O EXCUSAS. SON IMPROCEDENTES CUANDO SE PLANTEAN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES , consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 881, registro digital 2003051. ↑

  9. Dichas razones llevaron a la emisión de la tesis aislada número P. XX/2013 (10a.), de rubro siguiente: IMPEDIMENTOS EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EXCEPCIONALMENTE PUEDEN DECLARARSE FUNDADOS, ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO Y A LA SALVAGUARDA DE LA MAYORÍA CALIFICADA REQUERIDA EN DICHOS MEDIOS DE CONTROL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 119/2006). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 374, registro digital 2003051. ↑

  10. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 195, Novena Época, Materia Común, registro digital 173950. ↑

  11. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 335, Novena Época, Materia Común, registro digital 174097. ↑

  12. Resuelto el dieciocho de marzo de dos mil nueve, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz (Ponente) y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en contra del voto emitido por el Ministro Presidente Sergio A. Valls Hernández. ↑

  13. Resuelto el veintiséis de octubre de dos mil once, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Presidente de esta Segunda Sala. Fue Ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. ↑

  14. Resuelto en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés, por unanimidad de diez votos. Ministro ponente: Luis María Aguilar Morales. ↑

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