RECURSO DE INCONFORMIDAD 2/2025
Suprema Corte de Justicia de la Nación

RECURSO DE INCONFORMIDAD 2/2025

Fecha: 28-May-2025

RECURSO DE INCONFORMIDAD 2/2025

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 34/2024

PROMOVENTE: *******

PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

COTEJÓ

SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS

COLABORÓ: STEPHANIE VIART JIMÉNEZ

ÍNDICE TEMÁTICO

Apartado

Criterio y decisión

Págs.

I.

Antecedentes y trámite

Se señalan los antecedentes relevantes del asunto.

1–8

II.

Competencia

Esta Segunda Sala es competente para conocer del presente asunto.

8-9

III.

Procedencia

El recurso es procedente.

10-11

IV.

Oportunidad y legitimación

El recurso fue interpuesto de manera oportuna y por parte legitimada.

11

V.

Estudio

Se analizan los agravios formulados por la recurrente.

12–18

VI.

Decisión

PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida.

18-19

RECURSO DE INCONFORMIDAD 2/2025

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 34/2024

PROMOVENTE: *******

VISTO BUENO

SRA. MINISTRA

PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

COTEJÓ

SECRETARIO: JAVIER EDUARDO ESTREVER RAMOS

COLABORÓ: STEPHANIE VIART JIMÉNEZ

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco , emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el recurso de inconformidad 2/2025 , interpuesto por Marco Antonio Gutiérrez Sánchez contra la resolución de once de febrero de dos mil veinticinco dictada por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento de responsabilidad administrativa 34/2024.

  1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
  2. Investigación. La Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial en cumplimiento a lo ordenado en el informe de hechos remitió a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas el oficio CSCJN/DGRARP/DRP/*******/2023 de seis de diciembre de dos mil veintitrés, mediante el cual la Directora de Registro Patrimonial informa que se identificó que el servidor público *******, a la fecha de los hechos, Técnico Administrativo adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, posiblemente incumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 33, fracciones I, inciso a) y b), así como la fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por haber presentado de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, además de que omitió presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses de conclusión del encargo e inicial a su reingreso a este Alto Tribunal.
  3. La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas integró el expediente y radicó la investigación con el número SCJN/UGIRA/EPRA/*******-2024, el titular de la unidad acordó la procedencia del ejercicio de la facultad de investigación, en términos del artículo 14, fracciones I y II del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; posteriormente al considerar que no era necesario realizar mayores diligencias de investigación acordó la finalización o cierre de investigación y ordenó el análisis de la información recabada a fin de determinar si se advierten elementos suficientes que demuestren la existencia de las infracciones y presunta responsabilidad del servidor público.
  4. Informe de presunta responsabilidad. Mediante oficio UGIRA-I-*******-2024 el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades remitió a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial el informe de presunta responsabilidad administrativa dictado el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro. En dicho informe se determinó la existencia de hechos que pueden constituir posibles faltas administrativas por parte de la persona servidora pública.
  5. Al hoy recurrente se le imputó la comisión de las siguientes faltas previstas en: 1) el artículo 131, fracción XI [1] , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente en la época de los hechos, en relación con lo dispuesto en los artículos 32, 33, fracción I, inciso a), y 49, fracción IV [2] , de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la probable comisión de las faltas previstas en el artículo 110, fracción XVI [3] , de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; 2) los artículos 32, 33, fracción III, y 49, fracción IV [4] , de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, 3) los artículos 32, 33, fracción I, inciso b), y 49, fracción IV [5] , de la citada ley general.
  6. Lo anterior, en virtud de que presentó extemporáneamente su declaración de situación patrimonial inicial, fuera del plazo de sesenta días naturales contados a partir del día siguiente de su ingreso -cuatro de febrero de dos mil veintiuno-, así como también por la omisión en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses de conclusión en el encargo e inicial por reingreso a este Alto Tribunal, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del encargo -cuatro de mayo de dos mil veintiuno- y, de su reingreso -el uno de enero de dos mil veintidós-, respectivamente.
  7. Inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. El uno de abril de dos mil veinticuatro el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el informe de la presunta responsabilidad administrativa y se radicó en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial con el número de expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa SCJN-DGRARP-P.R.A. 34/2024.
  8. En el auto inicial el Contralor señaló que no se advirtió que la autoridad investigadora reconociera a alguna persona con el carácter de denunciante y, una vez realizado el análisis del informe de presunta responsabilidad administrativa, en conjunto con la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, en su calidad de autoridad substanciadora, determinaron la admisión e inicio del procedimiento contra ******* por su presunta responsabilidad en la comisión de las faltas antes descritas.
  9. Iniciado el procedimiento se notificó al servidor público involucrado y a la Defensoría Pública Federal, así como a la autoridad investigadora. El veinticinco de abril de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la audiencia de defensas, se presentaron las pruebas que las partes consideraron necesarias, una vez desahogadas se declaró abierto el periodo de alegatos y se recibieron los de la autoridad y el servidor público.
  10. Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veinticuatro el Contralor de la Suprema Corte de Justicia Administrativa en conjunto con la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial determinaron que no existían actuaciones pendientes, por lo que dieron por concluida la substanciación del procedimiento y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal a fin de que resuelva lo conducente.
  11. Una vez revisadas las constancias que integran el expediente de responsabilidad administrativa, así como el de investigación, en acuerdo de doce de diciembre de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción.
  12. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte, el once de febrero de dos mil veinticinco, resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa en los siguientes términos:

“PRIMERO. ******* es responsable de las faltas administrativas previstas en: A) el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente en la época de los hechos), en relación con el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción I, inciso a), de dicha Ley General, así como en el artículo 110, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno), en relación con: B) el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción III, del mismo ordenamiento legal, y C) el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción I, inciso b), de la Ley General en cita.

SEGUNDO. No se impone sanción al servidor público ******* por su responsabilidad en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente en la época de los hechos y 49, fracción IV, en relación con los artículos 32, 33, fracción I, inciso a) , todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en atención al beneficio legal establecido en el artículo 101, fracción II, de la misma Ley General, conforme a lo señalado en el considerando Séptimo de la presente resolución.

TERCERO. Se impone al servidor público ******* la sanción consistente en inhabilitación por tres meses , por la falta prevista en el artículo 49, fracción IV, en relación con la obligación señalada en el artículo 33, fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en términos del artículo 115, apartado A, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, acorde con lo expuesto en el considerando Octavo de la presente resolución, la cual se ejecutará conforme a lo establecido en su parte final.

CUARTO. Se impone a el servidor público ******* la sanción consistente en amonestación pública , por la falta prevista en el artículo 49, fracción IV, en relación con la obligación señalada en el artículo 33, fracción I, inciso b), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y artículo 115, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, acorde con lo expuesto en el último considerando de la presente resolución, la cual se ejecutará conforme a lo establecido en su parte final”.

  1. Aclaración. Mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal aclaró el resolutivo cuarto de la determinación de once de febrero de dos mil veinticinco a fin de que sea acorde con lo precisado en el considerando “Octavo. Individualización de la sanción”, para quedar de la manera siguiente:

“ CUARTO. Se impone a el servidor público ******* la sanción consistente en amonestación privada , por la falta prevista en el artículo 49, fracción IV, en relación con la obligación señalada en el artículo 33, fracción I, inciso b), de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y artículo 115, apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, acorde con lo expuesto en el último considerando de la presente resolución, la cual se ejecutará conforme a lo establecido en su parte final”.

  1. Recurso de inconformidad. En desacuerdo con dicha determinación, el servidor público interpuso recurso de inconformidad y ofreció diversas pruebas; en consecuencia, el Contralor de esta Suprema Corte remitió el expediente administrativo a la Secretaría General de Acuerdos a fin de dar el trámite correspondiente.
  2. Trámite. Mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veinticinco el Ministro en funciones de Presidente de este Alto Tribunal tuvo por interpuesto el recurso de que se trata y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
  3. Avocamiento . Por proveído de doce de mayo del año en curso, el Presidente de esta Sala acordó el avocamiento respectivo y ordenó el envío del asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la elaboración del proyecto correspondiente.

II. COMPETENCIA

  1. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 [6] del Acuerdo General número 9/2005, aprobado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de marzo de dos mil cinco, y a los que se refieren los artículos 132 [7] y 133, fracción II [8] , de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
  2. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro [9] , en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro [10] .
  3. PROCEDENCIA
  4. El recurso es procedente conforme a lo dispuesto en los artículos 71 a 75 [11] del Acuerdo General Plenario 9/2005, que establece que el recurso de inconformidad procede contra las resoluciones del Presidente de la Suprema Corte en las que estime que existe infracción administrativa no grave y la responsabilidad del servidor público en su comisión, viabilidad que se encuentra condicionada a que: I) Se interponga por el servidor público, y II) Por escrito en el plazo de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la respectiva notificación.
  5. Sin que pase inadvertido que, si bien conforme a los artículos 210 y 211 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contra las resoluciones emitidas por las Secretarías o los Órganos Internos de Control en las que se impongan sanciones derivadas de las faltas administrativas no graves procede el recurso de revocación y éste puede impugnarse mediante juicio contencioso administrativo; sin embargo, las normas que regulan el presente recurso de inconformidad no han sido expresamente derogadas, de modo que se considera procedente el recurso de que se trata.
  6. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
  7. El recurso se interpuso dentro del plazo legal, toda vez que la resolución recurrida se notificó al promovente el jueves trece de febrero de dos mil veinticinco, por vía electrónica, y surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, viernes catorce de febrero de dos mil veinticinco, por tanto, el plazo para inconformarse transcurrió del lunes diecisiete al viernes veintiuno de febrero del año en curso, descontando del plazo los días sábado quince y domingo dieciséis del mes y año en cita por haber sido inhábiles, en términos del artículo 143 de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
  8. En ese sentido, si el escrito de agravios fue presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinticinco es indudable que se hizo dentro del plazo a que se refiere el artículo 73 del Acuerdo General Plenario 9/2005, por lo que debe considerarse que su presentación fue oportuna.
  9. Por otro lado, el medio de impugnación se interpuso por *******, en su calidad de servidor público sancionado, por lo que se estima fue interpuesto por persona legitimada.
  10. ESTUDIO
  11. Analizados los argumentos de inconformidad que formuló el recurrente se concluye que deben calificarse como infundados .
  12. Conforme a los antecedentes relatados con anterioridad es de vital importancia destacar que en términos del artículo 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el procedimiento de responsabilidad administrativa contra ******* se inició por su presunta responsabilidad en la comisión de las siguientes faltas:

A) Presentar extemporáneamente su declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente en la época de los hechos), en relación con el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción I, inciso a), de dicha Ley General.

B) La omisión en la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses de conclusión, prevista en el artículo 110, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno), en relación con el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción III, del ese ordenamiento legal.

C) La omisión en la presentación de su declaración de situación patrimonial y de intereses inicial a su reingreso a este Alto Tribunal, conforme al artículo 110, fracción XVI, de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 49, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y los artículos 32 y 33, fracción I, inciso b), de la Ley General en cita.

  1. Dichas faltas fueron clasificadas como NO graves.
  2. Ahora bien, conforme a la resolución que por esta vía se combate la autoridad decidió ejercer su facultad de abstenerse de imponer sanción por lo que hace a la presentación extemporánea de la declaración de situación patrimonial y de intereses inicial que previamente se identificó con el inciso “A)”.
  3. Lo anterior, en virtud de que concluyó que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal y la omisión fue subsanada de manera espontánea por el servidor público.
  4. Ahora, respecto de las otras dos omisiones, puntualizadas en los incisos B) y C), en la resolución de once de febrero de dos mil veinticinco se concluyó que al momento de su emisión no se habían presentado por lo que la omisión no se había subsanado.
  5. Cabe señalar que dicha determinación se notificó al servidor público vía electrónica el trece de febrero de dos mil veinticinco a las “17:01:44” diecisiete horas con un minuto y cuarenta y cuatro segundos.
  6. Ahora bien, del análisis de las consideraciones que ******* expone a título de agravio, se concluye que su argumento esencial que despliega en los motivos de disenso que identificó como “1”, “2”, “3” y “5”, se construye bajo la óptica de que como ya presentó las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de conclusión e inicial por reingreso, de conformidad con el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debe abstenerse de imponerle sanción puesto que no existe daño a la hacienda pública federal, su cumplimiento aunque extemporáneo fue espontáneo y en su actuar no existió mala fe o dolo.
  7. Sin embargo, la nota distintiva y detonante que impide proceder en los términos en que la parte recurrente lo pretende es que, como ella lo plasma en su escrito de agravios, dicho cumplimiento -que califica como espontáneo- aconteció con posterioridad a la emisión de la resolución que ahora se analiza.
  8. Para explicar lo anterior es necesario recordar el contenido del artículo 101, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas:

“Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

(…)

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron…”

  1. De su texto, en principio se observa que la facultad que se describe es de las autoridades substanciadoras o en su caso las resolutoras; no así para este cuerpo colegiado que funge como un ente revisor de la legalidad de la determinación emitida a través de un medio de impugnación.
  2. Luego, para activar esa facultad es necesario que se actualice, en el caso de la fracción II, que el servidor público de manera espontánea haya corregido o subsanado el acto u omisión o bien que se trate de un error manifiesto, en cualquiera de ambos casos, además, los efectos tendrían que desaparecer.
  3. El recurrente señala que se actualizó el cumplimiento espontáneo de las obligaciones, esto es, con la presentación extemporánea de las declaraciones subsanó las omisiones que le fueron atribuidas.
  4. Sin embargo, esta Sala no comparte las afirmaciones del servidor público sancionado.
  5. Esto es así en virtud de que aun cuando se estimara que este órgano jurisdiccional colegiado puede hacer uso de la facultad de abstenerse de imponer sanción y que incluso se llegara a la conclusión de que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública dado que la presentación de la declaración o su omisión no actualiza por sí una consecuencia inmediata de naturaleza económica o patrimonial, la pregunta que debe responderse es si la omisión fue corregida o subsanada de manera espontánea por el servidor público.
  6. La respuesta a dicha interrogante es en sentido negativo .
  7. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española identifica el término espontáneo como un adjetivo que significa voluntario o de propio impulso; asimismo como su antónimo aquello que es forzado.
  8. En este contexto y conforme a los antecedentes fácticos y al desarrollo de la investigación se estima que no existen elementos convincentes para concluir que el servidor público ******* no contó con las condiciones formales y materiales para dar cumplimiento de las obligaciones derivadas de su encargo.
  9. Incluso, es de especial relevancia mencionar que, respecto del cargo de técnico administrativo, rango F, puesto de confianza, plaza *******, presentó, aunque de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial y de intereses inicial, por lo que la autoridad resolutora decidió no imponer sanción.
  10. Sin embargo, no puede actualizarse idéntica hipótesis cuando, la autoridad ya emitió una determinación en la que definió que acontecieron las omisiones atribuidas toda vez que ello operaría en perjuicio de los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica que deben prevalecer en toda decisión de autoridad en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  11. Además, no puede soslayarse que dicha resolución le fue notificada el trece de febrero de dos mil veinticinco a las “17:01:44” diecisiete horas con un minuto y cuarenta y cuatro segundos, así lo expresa el propio inconforme en su escrito de agravios y que las declaraciones cuya omisión de presentación se le atribuye las haya enviado electrónicamente el día diecisiete de febrero de dos mil veinticinco .
  12. En este contexto es evidente que la emisión y notificación de la resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa diluyó cualquier posibilidad de considerar espontáneo el cumplimiento de las obligaciones del servidor público ya que es notorio que, ante la imposición de sanciones, el servidor público procedió a la presentación de las declaraciones.
  13. En este orden de ideas la expresión de su voluntad no puede considerarse de una exteriorización libre ya que ante la existencia de una resolución de autoridad competente que le fue notificada se sigue la presencia de un elemento ajeno a la voluntad del servidor público que lo llevó a la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de conclusión e inicial por reingreso.
  14. Además, por su naturaleza, el presente medio de impugnación ordinario no tiene el alcance de modificar la decisión tomada por la autoridad resolutora con base en circunstancias fácticas acontecidas con posterioridad a la emisión de su decisión y de las cuales, por un aspecto estrictamente temporal, no tuvo conocimiento.
  15. Por estas razones, deben calificarse como infundados los agravios formulados.
  16. Por otra parte, es adecuado señalar que el criterio jurisprudencial que invoca el servidor público con el rubro: “RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 101, FRACCIÓN II, DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, QUE ORDENA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ABSTENERSE DE SANCIONAR, SE ACTUALIZA CUANDO UNA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA PRESENTA EXTEMPORÁNEAMENTE, PERO DE MANERA ESPONTÁNEA, SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES” [12] , fue sustentado por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México al resolver la contradicción de criterios 104/2023.
  17. Consecuentemente, en términos del artículo 217, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezcan los Plenos Regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales.
  18. Finalmente, en el agravio que el recurrente identifica como “4” aduce que la resolución controvertida es incongruente en virtud de que respecto de una de las omisiones atribuidas y por la que se le sancionó, según los considerandos, con una amonestación privada pero que, en el punto resolutivo cuarto se afirma que se trata de una amonestación pública debe concluirse que asiste la razón al servidor público pero la imprecisión ha quedado superada.
  19. En efecto, se advierte que la autoridad que emitió la resolución que ahora se combate incurrió en una imprecisión en los términos relatados en el párrafo anterior; sin embargo, es de relevancia recordar que mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal aclaró el resolutivo cuarto de la resolución de once de febrero de dos mil veinticinco a fin de que sea acorde con lo precisado en el considerando “Octavo”, razón por la que la incongruencia destacada por el recurrente ya fue atendida y subsanada en los términos en que lo pretendía. Sin soslayar que cuando suceden este tipo de discrepancias deben observarse las razones que sustentan la parte considerativa de la ejecutoria pues son estos argumentos los que dan soporte a los puntos resolutivos.
  20. DECISIÓN

Consecuentemente, dado que los agravios expuestos por la parte inconforme son infundados quedan firmes las sanciones impuestas a ******* y, por tanto, procede confirmar la resolución recurrida de once de febrero de dos mil veinticinco dictada por la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 34/2024.

Por lo expuesto y fundado, esta Segunda Sala resuelve:

PRIMERO. Es infundado el recurso de inconformidad a que este toca se refiere.

SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

JAZMÍN BONILLA GARCÍA

JEER/svj

Esta hoja corresponde al recurso de inconformidad 2/2025 derivado del procedimiento de responsabilidad administrativa 34/2024, fallado en sesión de veintiocho de mayo de dos mil veinticinco. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

  1. Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

    (…)

    XI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

    (…) ↑

  2. Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

    Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

    I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

    (…)

    a) Ingreso al servicio público por primera vez;

    (…)

    Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

    (…)

    IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

    (…) ↑

  3. Artículo 110. Serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

    (…)

    XVI. Las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;

    (…) ↑

  4. Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

    Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

    (…)

    III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión

    (…)

    Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

    (…)

    IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

    (…) ↑

  5. Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

    Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

    I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

    (…)

    b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

    (…)

    Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

    (…)

    IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

    (…) ↑

  6. “Artículo 74. Son competentes para resolver el recurso de inconformidad las Salas de la Suprema Corte, conforme al turno que para tal efecto se establezca.” ↑

  7. Artículo 132. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere este Título se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes.

    Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.” ↑

  8. Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, como autoridades resolutoras en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley:

    (…)

    II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

    (…). ↑

  9. Tercero. Hasta en tanto las Ministras y Ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá para todos los efectos por las atribuciones, competencias, obligaciones, reglas de votación, faltas, licencias y demás disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021; con excepción de la materia electoral tal como está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, hasta la fecha señalada en el enunciado anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá funcionando en Pleno o en Salas. ↑

  10. Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto.

    (…).

    Décimo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. ↑

  11. Artículo 71. En los procedimientos de responsabilidad administrativa no se admitiría más recurso que el de inconformidad.

    Artículo 72. El recurso de inconformidad se interpondrá por el servidor público afectado contra las resoluciones del Presidente en las que determine la existencia de una infracción administrativa no grave y la responsabilidad del servidor público en su comisión.

    Artículo 73. El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que se recurra.

    Artículo 74. Son competentes para resolver el recurso de inconformidad las Salas de la Suprema Corte, conforme al turno que para tal efecto se establezca.

    Artículo 75. El recurso de inconformidad se interpondrá por escrito y deberá señalar lo siguiente:

    Autoridad a quien se dirige;

    Nombre del recurrente. Cuando el recurso de inconformidad se interponga por dos o más personas, deberán designar un representante común;

    Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados;

    Resolución recurrida y la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento de la misma, y

    V. Motivos de agravio sobre los argumentos que sustentan la resolución recurrida.” ↑

  12. Jurisprudencia PR.A.CN. J/34 A (11a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 31, noviembre de 2023, tomo IV, página 4190, materia administrativa, Undécima Época, con registro digital 2027704. ↑

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