SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1316/2022-S2

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de agosto de 2021, según consta en acta cursante de fs. 60 a 62 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus abogados, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo señaló que: a) La Fiscal de Materia demandada observó aspectos claramente explicados en la denuncia penal, obviando considerar que su vida se encontraba en peligro al haber sido amenazada de muerte; siendo que, también su hijo fue agredido por sus vecinos, quienes vivían a lado de su domicilio; y, b) Acudió al Ministerio Público en busca de tutela judicial efectiva; sin embargo, dicha institución a través de la autoridad demandada se apartó de las previsiones establecidas en la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, desatendiendo las medidas de protección pedidas; no obstante, que estaba compelida a actuar con perspectiva de género en el marco de la SCP “2018/734”.

I.2.2. Informe de la demandada

Marilu Serrudo, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías informó que: 1) Conforme a procedimiento -art. 85 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, y el Manual de Funcionamiento de Plataforma de Atención al Público del Ministerio Público, se le faculta verificar el hecho, el cumplimiento de requisitos y la relación circunstancial de tiempo, lugar y personas plasmado en las denuncias, cuando esas sean confusas o no exista los elementos necesarios, como lo fue el caso de la accionante, cuya narración y lugar de lo acontecido no fueron claros respecto a la necesaria identificación del vínculo de parentesco para subsumir los hechos al art. 272 del Código Penal (CP); tampoco se individualizó la conducta ni el grado de participación de los denunciados -cuatro sujetos-, considerando que en materia penal la responsabilidad es intuito personae; y, 2) El 3 de agosto de 2021, la solicitante de tutela subsanó las observaciones que se efectuaron a su denuncia, emitiéndose como consecuencia el inicio de investigación, tal cual prevé el art. 301 del CPP; por lo que, al ser atendida su petición, impetró que se deniegue la tutela requerida.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2021 de 4 de agosto, cursante de fs. 63 a 65, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Habiéndose emitido el proveído de 30 de julio de 2021, por la Fiscal de Materia demandada, observando la denuncia penal interpuesta por la accionante, se le concedió un término de veinticuatro horas para su subsanación, notificándosele el 2 de agosto de ese año, siendo corregida el 3 de ese mes y año; y, ii) Siendo dicha enmienda aceptada, se inició la investigación, presentada ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno de El Alto del departamento de La Paz; posteriormente, al haber expedido el requerimiento de las medidas de protección, se enmarcó en los plazos previstos por la norma penal, encontrándose el trámite en cuestión en la jurisdicción ordinaria ante autoridad competente.

Vía complementación, la peticionante de tutela solicitó pronunciamiento sobre el art. 86 de la Ley 348; de igual manera, pidió que se recomiende al Ministerio Público dejar de observar situaciones obvias, porque su vida estaba en riesgo; además, se aclare qué normativa primaría entre la referida Ley y un “manual”.

En sustanciación y resolución, el Juez de garantías, mediante Auto de 4 de agosto de 2021, resolvió no ha lugar a dicha solicitud, sosteniendo que los actuados por parte de la Fiscal de Materia demandada fueron valorados y considerados dentro de las veinticuatro horas; y, se contaba con inicio de investigación y requerimiento de medidas de protección, en conocimiento del Juez de turno; empero, se recomendó al Ministerio Público brindar una tutela efectiva en el marco de los principios de la precitada Ley, la Norma Suprema y el bloque de constitucionalidad que integran los Tratados y Convenios Internacionales a fin de garantizar el acceso pronto y oportuno a la justicia.