SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1337/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante a fs. 1 y 24 a 28, los accionantes señalaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El entonces Secretario Municipal de Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, emitió la Resolución Técnico Administrativo 01/2017 de 25 de agosto, ordenando la demolición de las viviendas que habitarían desde el 2002; empero, dicho fallo carecería de fundamentos lógicos, jurídicos y razonables; toda vez que, no observó requisitos formales de hecho y de derecho necesarios que incidirían en un acto ilegal y arbitrario que generaría su nulidad; además, esa decisión no les notificaron como correspondería impidiendo ejercer su derecho a la defensa.

En ese contexto fáctico, mediante nota y memoriales presentados el 23 de julio, 3 y 18 de agosto; y, 20 de octubre de 2021, a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del indicado Gobierno Autónomo Municipal, solicitaron fotocopias legalizadas de todo el proceso administrativo que generó la supra citada Resolución; sin embargo, la aludida autoridad no otorgó respuesta alguna; lo que, evidenciaría de manera objetiva que el señalado fallo no sería creíble “…pues aparece sola y sin los antecedentes que demuestre cómo, cúando y dónde se tramitó el proceso administrativo, quién fue la autoridad sumariante, cuáles las pruebas aportadas (…) para fundamentar y sostener su conclusión como se hizo…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos a la petición, al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la presunción de inocencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 24, 115.II, 116.I y 117.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: a) En el plazo de cuarenta y horas se les franquee fotocopias legalizadas del proceso administrativo que dio lugar a la emisión de la Resolución Técnico Administrativo 01/2017; b) Se deje sin efecto la precitada determinación; y, c) Se levanten todas las medidas dictaminadas en la misma.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 61 a 63, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela a través de su abogada, ratificaron el contenido íntegro de su acción de amparo constitucional y ampliándolo indicaron que: 1) Presentaron un Disco Compacto (CD) en el cual se evidenciaría que el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, pretendería ejecutar la Resolución Técnico Administrativo 01/2017; por lo que, solicitaron la aplicación de una medida cautelar; 2) El fallo cuestionado también conculcaría su derecho a la presunción de inocencia; y, 3) Correspondería la nulidad de obrados, ordenando a los demandados iniciar un proceso administrativo que respete sus derechos reconocidos por la Ley Fundamental; asimismo, dar curso al petitorio que expresaron en el memorial de la presente acción tutelar.

La accionante con el uso de la palabra refirió que, en su calidad de mujer y adulta mayor -que además se encontraría delicada de salud-, se estaría vulnerando sus derechos constitucionales; dado que, “…viv[e] hace más de 20 años ahí recién hace 7 años se dijo que iba a ser mercado (…) solo pido que me den ese derecho de las fotocopias para poder defenderme” (sic);

I.2.2. Informe de los demandados

Ana Lucía Reis Melena, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, a través de sus representantes por informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, cursante de fs. 57 a 60, y en audiencia de garantías solicitó se deniegue la tutela, expresando que: i) Los impetrantes de tutela no probaron su legitimación activa, refiriendo de manera ambigua una construcción sin precisar el lugar exacto ni las características que acreditarían su dominio; asimismo, omitieron mencionar la titularidad y no demostraron materialmente que cumplió con las formalidades para constituirse en legal; pues, no contarían con autorización municipal de construcción al no ser propietarios del predio objeto de la Resolución Técnico Administrativo 01/2017; por lo que, carecerían de derecho subjetivo e interés legítimo; ii) A través de la SCP 0461/2021-S3 de 12 de agosto, dentro de una anterior acción de amparo constitucional formulada por David Gutiérrez Adrián, Presidente de la Junta Vecinal “Madre Nazaria”, Facundo Vallejos Maldonado, Secretario General y María Jesús Hurtado, Secretaria de Conflictos de la Asociación de Comerciantes Minoristas y Ramas Anexas “Mercado 6 de Agosto” contra Luís Gatty Ribeiro Roca, Ana Paula Valenzuela de Palomo y Edil Mariaca Salazar, Alcalde, Presidenta y Director de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija; y, Álvaro Marcelo Flores López, ex Comandante Departamental de la Policía Boliviana, todos del departamento de Pando; se concedió tutela para otorgar respuesta en torno a la precitada Resolución; iii) Se notificó al accionante con diferentes informes “…y en los cuales se cita los plazos de esta normativa (…) la nota se presentó el 1 de septiembre de 2020 remitiéndose a la Comisión de Desarrollo Institucional el 4 del mismo mes y año, ultima fecha que abre el plazo de 15 días hábiles para presentar su informe cumpliéndose este aspecto el 16 de igual mes y año ante el Pleno del Concejo Municipal que fue considerado el 17 de similar mes y año…” (sic); documentos que no fueron desplegados ante esta Sala Costitucional por falta de tiempo al haber sido notificados un día antes de la presente audiencia de garantías; iv) Lo que interesaría a los solicitantes de tutela sería la demolición ya autorizada de unas casas construidas de manera ilegal en la calle adyacente al mercado “Nazaria”; sin embargo, los aludidos no tendrían calidad de propietarios del inmueble con Matrícula 09.01.1.01.0005323, ubicado en el distrito 05, manzana 091, predio 001 con una superficie de 4423,23 m², perteneciente al dominio público municipal; y, v) Por respuesta otorgada el 20 de octubre de 2021, acto procesal que cumplió con todas las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo, se pidió a los accionantes acreditar su derecho subjetivo e interés legítimo, sin establecer un plazo fatal para subsanar lo extrañado, determinación que les fue notificada en sede administrativa al no haber los aludidos consignado su domicilio; de igual modo, “…se le franqueó copias legalizadas de la Resolución Técnico Administrativo     No. 1/2017…” (sic); por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

Jesús Ernesto Sapiencia Kerdy, Secretario Municipal de Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del departamento de Pando, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 32.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución AAC 96/2021 de 25 de noviembre, cursante de fs. 64 a 65 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que los demandados en el plazo de cuarenta y ocho horas otorguen respuesta a la solicitud de los accionantes; con base en los siguientes fundamentos: a) A través de los memoriales presentados el 23 de julio, 3 y 18 de agosto; y, 20 de octubre del señalado año, a la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de Cobija del citado departamento, los impetrantes de tutela solicitaron fotocopias legalizadas del proceso que generó la Resolución Técnico Administrativo 01/2017; b) La respuesta otorgada el 26 del mes y año antes referidos, a la peticionante de tutela por la referida autoridad demandada, señaló que: “…no cuenta con la legitimación expresa, motivo por el cual no se puede dar curso a su solicitud, toda vez que primer[o] deberá demostrar esta legitimación para poder pedir cualquier trámite ulterior…'” (sic); al respecto, si bien la aludida Alcaldesa podía dar un pronunciamiento positivo o negativo a la petición como en el presente caso; empero, la que brindó fue en relación a la fotocopia legalizada de la mencionada Resolución, y no de todos los antecedentes del proceso administrativo como impetraron los solicitantes de tutela, siendo obligación y responsabilidad administrativa responder de conformidad al art. 24 de la CPE y la jurisprudencia constitucional; y, c) La citada autoridad no podía alegar que los nombrados no contaban con legitimación para solicitar cualquier trámite; toda vez que, la Ley Fundamental establecería que para el ejercicio del derecho a la petición no se exigirá más que el requisito de identificación del peticionario, aspecto que fue observado por los accionantes.