SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1409/2022-s3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de agosto de 2021, cursante de fs. 31 a 37 el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra sometido a una causa penal, dentro de la cual a mérito de la imputación formal, se sustanció audiencia de aplicación de medidas cautelares personales donde se determinó su detención preventiva, por la concurrencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización; seguidamente al fenecimiento
de la etapa preparatoria, el Ministerio Público el 12 de septiembre de 2019, presentó acusación formal en su contra, por lo que la causa fue remitida ante el Tribunal de Sentencia Penal “Segundo” de Sacaba del departamento de Cochabamba, Tribunal que una vez radicado el proceso, mediante decreto de 25 de noviembre del mencionado año, procedió a conminar al Ministerio Público a que se pronuncie respecto a su detención preventiva, en aplicación de la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, conminatoria que fue puesta en conocimiento de dicho órgano persecutor el “…25 de noviembre de 2019…” (sic); sin embargo, hasta la fecha de presentación de ésta acción tutelar no existe pronunciamiento al respecto.

Bajo esos antecedentes, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba -hoy accionado-, incumplió lo determinado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, respecto al régimen de medidas cautelares, cuya Disposición Transitoria Décima Segunda referida, estipula que en el plazo de quince días se emitirá auto de conminatoria para que el Ministerio Público y coadyuvantes se pronuncien respecto a la necesidad de mantener la detención preventiva; asimismo, la indicada Ley estableció que las causas con acusación anterior a su vigencia, deben culminar en el plazo de nueve meses, bajo responsabilidad disciplinaria y penal, pero en su caso no existe sentencia menos un pronunciamiento sobre la necesidad de mantener la medida cautelar de última ratio que sufre, en tal sentido se viene prolongando la detención preventiva fuera de los marcos legales que establece la normativa de adjetiva penal y la jurisprudencia constitucional e internacional.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela, en su memorial de interposición de ésta acción tutelar, no identificó derecho alguno como lesionado ni disposición constitucional que considera infringida; sin embargo, analizada su reclamación se tiene que la misma está vinculada con su libertad personal.

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada, consiguientemente se ordene su inmediata libertad por haberse demostrado que la medida cautelar personal que sufre, ha superado el plazo establecido por la norma.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia para la resolución de esta acción de defensa fue programada para el 15 de agosto de 2021, y luego reprogramada para el 16 de igual mes y año, por la falta de citación al Juez accionado con el memorial de interposición de la presente acción tutelar y convocatoria a audiencia (fs. 43), cursando en ese propósito una representación de imposibilidad de citación a la nombrada autoridad, realizada por la Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Posteriormente, celebrada la audiencia pública virtual el 16 de agosto de 2021, de la cual no fue adjuntada el acta correspondiente que debió ser labrada por la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en su lugar se adjuntó en un Disco Compacto (CD) y un simple punteo saliente a fs. 51 y vta., de cuyo tenor se establece que en la actuación procesal de referencia, estuvieron ausentes el peticionante de tutela y el Juez accionado, estando presente únicamente un profesional abogado quien supuestamente sería el abogado del accionante. Produciéndose en base a ello, los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

De la reproducción de la grabación en audio de la audiencia, contenida en el CD aparejado, se advierte que en ausencia del impetrante de tutela intervino un profesional abogado a quien el Juez de garantías identificó como el patrocinante del prenombrado, profesional que con el uso de la palabra se ratificó en el tenor íntegro de los argumentos esgrimidos por el peticionante de tutela en su memorial de interposición de esta acción de defensa.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

David Gamón Nicolás, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, no concurrió a la audiencia programada ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación, conforme se puede colegir de la diligencia cursante a fs. 44 y vta. 

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Anticorrupción y de Materia Contra Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido el Juez de garantías, mediante la Resolución 81/2021 de 16 de agosto, cursante de fs. 52 a 53 vta., determinó conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho y correctiva, ordenando al Juez accionado que en el plazo de veinticuatro horas fije día y hora de audiencia de consideración de la situación jurídica procesal -del accionante- en aplicación de lo establecido por el art. 231 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); decisión adoptada con base en los siguientes fundamentos: a) Dentro los alcances que tiene la acción de libertad se tiene que adecuar a esta acción de defensa traslativa de pronto despacho y correctiva, a la consideración de proporcionalidad del tiempo y plazo de la investigación solicitada por parte de la autoridad del Ministerio Público, ha establecido la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres con la modificación de la Ley 1226 que deben ser producidos objetivamente en relación a la pertinencia, proporcionalidad de los actos de investigación y la restricción de los derechos, en cuanto a la locomoción del encausado, con el único fin de que el mismo pueda permanecer ante el acto de investigación, descartando elemento de fuga y la obstaculización que debe de ser objetivamente determinado por la autoridad competente y razonado por la autoridad jurisdiccional a efecto de su viabilidad o no; b) En ese razonamiento y orden de consecuencia se tiene que la autoridad que conoce el caso de autos en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, tiene pleno conocimiento de que se hubiere evacuado pliego acusatorio, con lo que la autoridad fiscal titular de la investigación concluyó con los actos de investigación, en consecuencia la pertinencia y la proporcionalidad de la restricción de los derechos deben ser considerada en aplicación de una medida cautelar, en la prevención que sea menos gravosa para el encausado y pueda garantizar su presencia en los actos de investigación y de juicio; en ese entendido la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en su Disposición Transitoria Décima Segunda expresamente señala, que dentro del plazo de quince días calendario posteriores a su vigencia, debe conminarse a la autoridad fiscal a través de la Fiscalía Departamental o a la víctima en su caso, que en el plazo de noventa días puedan determinar la necesidad de mantener en detención preventiva; asimismo, establecer -solicitar- la cesación de la detención preventiva por parte del encausado;
c) Es una disposición de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales, convocar de oficio y realizar tales actos, ya que bajo el principio de objetividad previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la verdad material y el debido proceso señaladas en los arts. 115, 116 y 119 -de la citada Norma Suprema- “invita” a la autoridad jurisdiccional a realizar actos de la otorgación de la tutela judicial efectiva, implica la consideración de un debido proceso en la vertiente de seguridad jurídica, ya que el mandato de la  Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, tiene claro los plazos que se otorgan a todos los procesos que hubieren sido conocidos previo a su promulgación y en entrada de su vigencia; d) Se debe tomar en cuenta el hacinamiento derivado de la prórroga innecesaria de la detención preventiva de todos los que estuvieren en centros penitenciarios, considerando que la garantía otorgada por el Órgano Judicial a los sujetos procesales, involucra poder ponderar el derecho que tiene la víctima, así como la parte encausada y someterse a un debido proceso, en ese orden de razonamiento, se tiene también que en el lineamiento jurisprudencial que dio origen a la promulgación de la referida Ley, está el elemento de pertinencia que deberá ser fundamentado por la autoridad titular en la persecución penal -Ministerio Público-, plazo que deberá ser razonado en función a los convenios, tratados internacionales sobre el control de convencionalidad, bajo la interpretación difusa de todas las autoridades jurisdiccionales obligadas al cumplimiento del mandato de la norma constitucional; e) En ese razonamiento se tiene que la parte impetrante de tutela, denuncia por vía de la acción de libertad, que el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, no hubiere dado cumplimiento a la “disposición segunda transitoria” de la supra citada Ley y mucho menos considerar el plazo pertinente y ver la figura de ser sustituida por otra y garantizar la presencia del encausado en los actos que devienen en conocimiento de un juicio oral público y contradictorio; y, f) “Se denunció ante la autoridad jurisdiccional pese a que la Ley 1173 ha establecido que los detenidos preventivos tiene prioridad en su atención y el acceso a una justicia pronta y oportuna en igualdad de condiciones, las actuaciones jurisdiccionales deben ser aplicados el principio de concentración en razón a una convocatoria a un juicio, siendo la radicatoria y el señalamiento de día y hora de audiencia a efecto de la sustanciación del proceso que tampoco se hubiere constituido hasta la presente fecha…” (sic), teniendo conocimiento que la aplicación de la medida cautelar se remonta al 2019, sobrepasando los dos años sometido a una medida cautelar y donde la situación jurídica del encausado estaría en zozobra procesal “conocido la razón”, por la cual seguiría guardando detención preventiva, desconociendo los alcances de la Ley adjetiva penal; en ese orden de consideraciones, se tiene el control de convencionalidad, así como lo dispuesto por el  art. 410 de la Norma Suprema, que involucra “…la consideración de la aplicación con norma de estado por los convenios suscritos en relación a los derechos humanos y el acceso a la justicia como la objetividad en cuanto a las decisiones que debe de tener el Ministerio Publico y la dependencia respecto al Órgano Judicial…” (sic); en ese orden de situaciones dentro de la presente acción de defensa constituye ser atendible lo impetrado por la parte accionante.