SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1357/2022-S2

2) Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela

La citada SCP 0998/2012, refirió: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.

En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los ‘avasallamientos’, constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para ‘avasallamientos’, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva”.

En ese contexto, señaló que el control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, lo cual fue desarrollado mediante la SC 0148/2010-R de 17 de mayo; empero, ésta fue modulada por la SCP 0998/2012, cambiando el entendimiento de la sentencia citada supra, considerando que la misma responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE, que plasma el principio de favorabilidad, “…establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”; y,

3) La flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva y la flexibilización de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en peticiones de tutela referente a vías de hecho

“…la legitimación pasiva, ha sido definida por el órgano contralor de constitucionalidad como la directa relación de causalidad entre las personas o autoridades demandadas y los actos u omisiones denunciadas como lesivas a derechos.

En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal.

En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso tanto para la parte accionante como para la parte accionada o demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa.

En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela”» (las negrillas son nuestras).

III.2.  Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, cursan imágenes que denotan que la accionante, pretendería ingresar a un inmueble a través de una puerta de garaje; empero, la llave no correspondería a la chapa de este (Conclusión II.1); así como, facturas de consumo de energía eléctrica de 28 de enero 2020 y de agua de 6 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022, inherentes al inmueble ubicado en la urbanización Bustillos manzano A-13, lote 5, expedidas a nombre de Isidro Rodríguez Tipa -demandado- y otro (Conclusión II.2); se tiene Sentencia de 23 de noviembre de 2020, emitida dentro del proceso de divorcio instaurado por el demandado contra la peticionante de tutela; fallo a través del cual, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Orinoca -en suplencia legal del Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital- del departamento de Oruro, dispuso la disolución del vínculo matrimonial de los nombrados, no fijó asistencia familiar; en razón a que, cada uno de los progenitores se haría cargo de dos hijos (no consta firma de la aludida autoridad judicial [Conclusión II.3]); asimismo, en la sustanciación del incidente de guarda y asignación de asistencia familiar, formulado por el demandado contra la solicitante de tutela; el citado Juez por medio de la Sentencia de 19 de noviembre de 2021, determinó que la guarda que tenía la impetrante de tutela pasaría a favor del aludido, quedando los cinco hijos a su cargo (Conclusión II.4); y, por memorial presentado el 18 de enero de 2022, el demandado formalizó querella contra la peticionante de tutela por la supuesta comisión del delito de abandono de niñas o niños (Conclusión II.5).

Bajo ese contexto fáctico, la accionante denuncia la lesión de sus derechos a una vivienda digna y a la inviolabilidad de domicilio; señalando que, el 16 de enero de 2022, Isidro Rodríguez Tipa -su exesposo, ahora demandado-, con violencia física y verbal la desalojó de la casa en la que vivía junto a sus hijos menores de edad y posteriormente cambió la chapa de ingreso, ejerciendo de tal modo medidas de hecho, agravándose su situación debido a la pandemia a causa del COVID-19.

Al respecto, conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las medidas de hecho son consideradas como actos ilegales y arbitrarios asumidos con la prescindencia de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, por medio de los cuales se pretende la justicia directa, con abuso del poder que se detenta frente al agraviado, resultando estos ilegítimos por no tener respaldo legal, aspectos que pueden ser denunciados a través de la acción de amparo constitucional a objeto de perseguir la tutela ante la comprobación de la lesión de derechos emergente de dichos actos; para su activación concurren tres aspectos esenciales: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas.

En cuanto al primer presupuesto, al invocarse vías de hecho, es posible abstraer el principio de subsidiariedad, no siendo necesario exigir el agotamiento previo de otros mecanismos legales.

Ahora bien, en torno a la segunda condicionante, inherente a la carga probatoria a ser cumplida por la peticionante de tutela, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional  Constitucional; por la naturaleza de los actos ilegales graves -denunciados como vías de hecho-, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para el accionante; a ese efecto, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia; por ello, la carga probatoria debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica.

En tal sentido, de la revisión de antecedentes; se tiene que, la impetrante de tutela en su afán de acreditar las vías de hecho que denuncia, a más de presentar imágenes impresas en las que aparentemente trataría de ingresar a un inmueble -se entiende al ubicado en la urbanización Bustillos manzano A-13, lote 5- y una factura del pago por consumo de agua, inherente a ese domicilio; empero, expedida a nombre del demandado, no arrimó mayor carga probatoria que permita advertir a este Tribunal que en efecto se transgredieron los derechos denunciados; por el contario, el prenombrado acreditó que se encontraría a cargo de la tutela de sus hijos y tres menores de edad con los que la aludida aseveró vivía en la referida propiedad.

Asimismo, del acta de audiencia de garantías, se tiene que los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se constituyeron en el precitado inmueble; en dicho acto procesal, la solicitante de tutela indicó que se podía advertir que la chapa fue cambiada recientemente; asimismo, el demandado respondió que “…en calidad de propietario, puede hacer los cambios que el vea por conveniente velando siempre por la seguridad e integridad de los miembros que habitan este domicilio” (sic); ahora bien, el hecho de que la llave que la aludida usó para intentar abrir la puerta, no lo hiciera, no corrobora el hecho de que ella viviría allí con sus hijos menores ni que fue desalojada el 16 de enero de 2022; como se explicó, la guarda de estos se determinó a favor de su progenitor y no existe mayor elemento para establecer que la accionante vivía en ese domicilio y hubiera sido retirada del mismo con violencia física y verbal; pues a tal efecto, pudo arrimar prueba (certificado médico, testifical, etc.); sin embargo, no lo hizo.

Consiguientemente, la peticionante de tutela no cumplió con la carga probatoria que le incumbía para acreditar la concurrencia de vías de hecho, no correspondiendo otorgar la tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

CORRESPONDE A LA SCP 1357/2022-S2 (viene de la pág. 10).

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 31 de enero, cursante de fs. 41 a 44, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO