SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1394/2022-S4

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 24 de septiembre de 2021, cursante de fs. 246 a 261 vta., la parte accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 27 de febrero de 2018, Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) notificó a su empresa con diecinueve órdenes de verificación externa con los que dio inicio al proceso de verificación de los importes de devolución impositiva por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Gravamen Arancelario (GA) pagados en el proceso de concentrado de minerales para su exportación correspondiente a las gestiones noviembre y diciembre de 2014, enero a diciembre de 2015 y agosto a diciembre de 2016; razón por la que, presentaron toda la documentación requerida, habiendo los fiscalizadores realizado observaciones respecto a facturas no relacionadas con la actividad gravada entre las que extrañamente incluyeron facturas por concepto de transporte de mineral y de compra de sustancias químicas controladas y precursores sin la autorización correspondiente, entre otros; emitiéndose la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior (RADIP) 211929000025 de 18 de octubre de 2019, por la cual se estableció el adeudo de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 1 367 512 (un millón  trescientos sesenta y siete mil quinientos doce Unidades de Fomento a la Vivienda) en su contra.

Ante la referida Resolución interpusieron recurso de Alzada resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) mediante la Resolución de Recurso de alzada AIRT-LPZ/RA 0529/2020 de 3 de julio, que revocó parcialmente la Resolución impugnada, dejando sin efecto la observación por facturas diferidas; fallo contra el que interpusieron recurso jerárquico, que mereció la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 1386/2020 de 5 de octubre, que anuló el fallo impugnado, disponiendo se dicte nueva Resolución, razón por la que, se emitió la Resolución de alzada ARIT-LPZ/RA 1035/2020 de 4 de diciembre, que revocó parcialmente el fallo impugnado dejando sin efecto únicamente la observación por facturas diferidas; razón por la que nuevamente formularon recurso jerárquico que mereció la Resolución AGIT-RJ 0483/2021 de 30 de marzo, que revocó parcialmente la Resolución de alzada impugnada, manteniendo firme y subsistente la “RAPID 211929000025”, sin valorar prueba de reciente obtención que fue debidamente presentada, vulnerando el principio de verdad material.

Vulnerando de esta forma el debido proceso, al violentar el principio de verdad material, el derecho a la defensa, así como la debida motivación y congruencia de las resoluciones; puesto que, a tiempo de emitir la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0483/2021, omitieron indebidamente pronunciarse sobre el informe DGSC-URS 249/2020 de 16 de diciembre, presentado como prueba de reciente obtención, es así que a pesar de todas las explicaciones por parte de su empresa, la ARIT La Paz no las consideró válidas, habiendo ratificado en la Resolución 1035/2020, la observación realizada por la administración tributaria sin considerar que no es su función verificar la tenencia o no de licencia para la compra de sustancias controladas; razón por la que, en el recurso jerárquico anunciaron que presentarían una certificación solicitada la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), es así que, mediante memorial de 13 de enero de 2021, presentaron como prueba de reciente obtención el Informe DGSC-URS 249/2020, que acreditó que su empresa estaba registrada para realizar actividades de compra, utilización, transporte e importación de sustancia químicas controladas, en las gestiones 2014, 2015 y 2016, no obstante la AGIT, desconociendo el principio de verdad material, optó por no considerar la referida prueba.

Es así que, la autoridad demandada no obró con razonabilidad ni equidad al valorar la prueba presentada por su parte; puesto que, resulta incompresible que la AGIT hubiese confirmado la observación de la administración tributaria que al margen de ser ilógica carece de fundamento jurídico, puesto que, no existe una relación causa efecto entre la prueba que extraña la AGIT y al observación de fondo por otra parte, no existe ninguna referencia sobre la normativa que hubiese incumplido el sujeto pasivo; actuando sin razonabilidad, dado que, es inaudito que se observen facturas por servicio de transporte de mineral a una empresa minera, sin hacer referencia a la normativa supuestamente incumplida, más aun existiendo la documentación contable que respalda las transacciones por el servicio de transporte y contratos de tratamiento de minerales que den origen a la contratación de servicios de transporte, razonamiento que tampoco es equitativo, dado que, la AGIT se parcializó sin justificación jurídica alguna ni técnica con la posición expresada por la administración tributaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante denuncian la vulneración del debido proceso, al violentar el principio de verdad material, el derecho a la defensa, así como la debida motivación y congruencia de las resoluciones; citando al efecto los arts. 115, 117, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 2, 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, deje sin efecto la Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0438/2021 de 30 de marzo, y, se ordene a la autoridad demandada, emita nuevo fallo resguardando el debido proceso, pronunciándose sobre la prueba oportunamente presentada por su parte, fundamentado y motivando su Resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

En la audiencia virtual realizada el 3 de noviembre de 2021, conforme consta en el acta cursante de fs. 2366 a 2372 vta., presentes la parte solicitante de tutela, la autoridad demandada y el tercero interesado; se produjeron los siguientes hechos:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela a través de su abogado ratificó los fundamentos contenidos en su memorial de acción de amparo constitucional, reiterando dichos argumentos en la audiencia de consideración de la referida acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Katia Mariana Rivera Gonzales, Directora Ejecutiva a.i. de la AGIT, presentó informe escrito el 21 de octubre de 2021, cursante de fs. 2290 2295 vta., señaló lo siguiente: a) Se podrá verificar que los argumentos de la parte accionante van dirigidos a demostrar su disconformidad con la decisión asumida por la AGIT realizando objeciones sobre la forma en que la documentación aportada debió ser valorada tanto por la administración tributaria como por las instancias de alzada y jerárquico, como si la acción de amparo constitucional constituyera una instancia casacional, quedando claro que la jurisdicción constitucional no puede ingresar en la revisión de lo obrado por la jurisdicción ordinaria; b) En cuanto a la prueba de reciente obtención por la que reclama la parte impetrante de tutela, se debe aclarar que la normativa vigente establece requisitos ineludibles respecto a la forma y momento de presentación de las pruebas en instancia recursiva, es así que en relación a la admisión y valoración de la prueba de reciente obtención, la normativa establece exigencia de que en igualdad de condiciones las partes procesales deben hacer valer sus pretensiones, requisitos que responden a principios que hacen el debido proceso y la igualdad procesal; en el caso presente el informe al que hace referencia la parte solicitante de tutela no cumplió con lo previsto por los arts. 81 y 217 del Código Tributario Boliviano (CTB), relativo a obligación de demostrar o probar que la omisión de no presentación de la referida prueba en su momento no fue por causa propia; y, c) En cuanto al reclamo de vulneración del debido proceso, porque no se hubiese valorado la prueba presentada por su parte con razonabilidad y equidad, dicha observación solo corrobora la improcedencia de la presente acción de defensa, puesto que, habiendo revisado el concepto detallado de cada una de las facturas observadas y la glosa expuesta en los comprobantes se observa una concepción general de la compra y adquisición que no permite justificar la incorporación de las mismas en los costos y gastos, vinculados a la actividad exportadora conforme prevé el art. 13 dela Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones –Ley 1489 de 16 de abril de 199– modificada por la Ley 1963 de 23 de marzo de 1999, el DS 25465, además, se debe tener presente que la vinculación de compras o adquisiciones se configuran a través de la prueba documental que permita verificar dicha condición, por lo que, pretender que la sola mención de determinados documentos sea suficiente para acreditar tal vinculación carece de asidero legal.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente de GRACO La Paz del SIN, mediante memorial presentado el 21de octubre de 2021, cursante de fs. 2356 a 2361 vta., manifestó que: 1) En deslealtad procesal, la parte solicitante de tutela hace referencia a que no hubiese consentido lo establecido en la Resolución jerárquica AGIT-RJ 0438/2021, se debe tener en cuenta que, de manera posterior a la notificación con la referida resolución jerárquica a la parte impetrante de tutela el 1 de abril de 2021, el contribuyente en observancia del art. 131 de la Ley 2492, concordante con el 2 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0022014 de 18 de julio de 2014, solicitó expresamente mediante la Nota CITE: SW. 067/2021, dentro del plazo para dicho efecto la suspensión de la ejecución tributaria y el ofrecimiento de garantías conforme se evidencia en la referida nota, es así que, habiendo cumplido el contribuyente con los requisitos para dicha pretensión, mediante Auto provisional de suspensión de Ejecución Tributaria 422129000008 de 9 de abril, se dispuso aceptar provisionalmente la referida solicitud de suspensión de la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ0438/2021; habiendo vencido el plazo y sin que el contribuyente hubiese presentado garantía mediante Resolución Administrativa (RA) 23219000165 de 9 de abril, que revocó el Auto de suspensión provisional antes mencionado, razón por la que el contribuyente, el 5 de julio de 2021 presentó una nota solicitando liquidación de su deuda tributaria, para acogerse a facilidades de pago contemplando un plan de 60 cuotas a fin de realizar el pago inicial y de la garantía en efectivo que corresponda, habiéndose dado respuesta mediante Nota CITE SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/NOT/2048/2021, razón por la que, el ahora accionante mediante formulario 8000 solicitando formalmente facilidades de pago a su deuda tributaria contemplada en la Resolución jerárquica ahora cuestionada; siendo evidente que el propio contribuyente ahora accionante consintió libremente la existencia de la deuda tributaria establecida en su contrato siendo factible pretender desconocer la expresión de su consentimiento manifiesto a través de los aspectos antes mencionados; y, 2) Es por demás evidente que la presenta acción tutelar pretende convertir a la jurisdicción constitucional en una instancia más, que verifique todo lo obrado en la instancia administrativa, tergiversando la naturaleza de la acción de amparo constitucional, situación que puede ser corroborado por los mismos fundamentos de la referida acción de defensa.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 218/2021 de 3 de noviembre, cursante de fs. 2373 a 2377 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución de recurso jerárquico AGIT-RJ 0438/2021, puntualizó de manera pormenorizada sobre los supuestos vicios en la Resolución de devolución indebida posterior, en relación al detalle de facturas y el crédito fiscal observados por diferentes conceptos; es así que, en cuanto al principio de verdad material, existiendo pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas tal cual se traduce en la Resolución jerárquica antes mencionada, no se advierte la falta de fundamentación y motivación, al haberse efectuado un detalle de manera puntual a cada una de las observaciones, respondiendo de manera clara todos los argumentos planteados por la parte ahora accionante en su recurso jerárquico habiéndose obrado en estricto apego al ordenamiento legal vigente, existiendo valoración de la documentación e información presentada; y, b) En el caso presente operó un consentimiento expreso, libre y voluntario por la parte impetrante de tutela, toda vez que, al haber solicitado mediante nota el sometimiento a un plan de facilidades de pago, reconoció la obligación tributaria de cancelar la misma a pesar de las presuntas irregularidades en la valoración de la prueba y la falta de fundamentación cuestionada en la presente acción de defensa por cuanto el hecho de obtener una autorización para el pago de cuotas y ajustarse al mismo denota la clara intención de pagar lo adeudado, dejando de lado las reclamaciones que se hubiesen realizado en sus la impugnaciones planteadas configurando la causal de improcedencia prevista en el art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).