SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1483/2022-S3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de octubre de 2021, cursante de fs. 5 a 8, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de octubre -se entiende de 2021- “...llevaron NOTIFICACIÓN A LA LOCALIDAD DE CHAPISIRCA Tiquipaya, PEGANDO las CITACIONES DIFERENTES contra MI PERSONA Y OTROS EN LOS POSTES DE LUZ...” (sic) y no en su domicilio, siendo un acto procesal que inobservó los arts. 160 y 163 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; citación que advierte además, que en caso de inasistencia se expedirá mandamiento de aprehensión de conformidad con el art. 224 del citado Código; no obstante ello, pese a no estar legalmente citado y siendo respetuoso de la ley y toda vez que no cometió ningún delito, se presentó en sede fiscal del municipio de Sacaba -del departamento de Cochabamba-, el día y hora convocado a declarar; es decir, el 7 de octubre de 2021, a horas 9:00, siendo este acto reprogramado para el 21 del mismo mes y año.

Refiere que, en ventanilla de la Fiscalía no le quisieron prestar el cuadernillo, ni libros de causas nuevas para verificar cuándo se presentó la denuncia y solo indicaron que en la localidad de “San Luis” habría sucedió el hecho relacionado con un allanamiento de vivienda, mismo que le estaría siendo sindicado, en tal razón, pese a la falsedad de la denuncia, por competencia no correspondía que una autoridad fiscal ni judicial del municipio de Sacaba tome conocimiento o investigue hechos de una jurisdicción que no les corresponde, toda vez que, la primera comunidad indicada es parte del territorio del municipio de Tiquipaya.

Por esta razón inmediatamente se apersonaron “...ante el edificio de SACABA PLATAFORMA...” (sic) para ver qué autoridad jurisdiccional estaría conociendo el caso, pero efectuada la verificación no se encontró ninguna denuncia registrada, es decir, que en la denuncia -interpuesta en su contra y otros- no se tiene el informe -de inicio- de investigación al juez de control- jurisdiccional, quien debe controlar que en la misma no se vulneren derechos y garantías constitucionales de las partes; y “...si bien es cito conforme el Art. 225 de la C.P.E. es el órgano persecutor del delito PERO NO PUEDE EJERCER ESE EJERCICIO SIN CONTROL JURISDICCIONAL Y MENOS DE MANERA CONTRARIA  A DISPOSICIONES LEGALES...”.

Afirma, que Deborah Ortíz Torrico, Fiscal de Materia -hoy accionada- al investigar de manera privada y ocultar sin control jurisdiccional no cumplió con el procedimiento penal en relación con los arts. 279, 284 y 289, todos del CPP, que son de orden público y cumplimiento obligatorio; así como, incumplió sus deberes al estar emitiendo requerimientos de forma contraria a la Ley, es decir, sin control jurisdiccional. Asimismo, la autoridad fiscal accionada al no informar el inicio de investigación a ante el Juez actuó sin control jurisdiccional estando sus actos (citación y requerimientos) apartados de la normas, adoleciendo de -falta- de legalidad y con abuso de poder a fin de someterle a un proceso abusivo en otra jurisdicción y con citaciones realizadas en postes de luz.

Finalmente, refiere que no existe instancia alguna que agotar, porque no existe autoridad de control jurisdiccional y la Fiscalía de “Distrito” -Departamental-, indicará que debe acudir a la vía llamada por ley.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de juez natural en su componente de competencia territorial y congruencia, así como a la defensa e infiriéndose del sustento argumentativo la amenaza del derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 115, 117.I, 119.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); “14.III”, 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, “2.1” y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se dejen sin efecto las citaciones y requerimientos tramitados a la fecha -se comprende de interposición de la acción de libertad- hasta que la Fiscal de Materia accionada informe del inicio de investigación y ponga sus actos a control jurisdiccional; así como  se restablezcan las formalidades legales por estar indebidamente procesado y amenazado de librarse mandamiento de aprehensión; y, se ordene que se ciña a la ley y circulares de la Fiscalía de “DISTRITO” y Fiscalía General del Estado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual 9 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27 vta.; presentes en enlace el accionante asistido de sus abogados y la autoridad accionada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado en audiencia, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de la presente acción de defensa.

En réplica al informe presentado por la parte accionada, señaló que: a) Conforme el art. 225 de la CPE, el Ministerio Público debe ejercer sus funciones conforme a los principios de legalidad, oportunidad, objetivad y unidad, en base a ello, se observó que no existió la legalidad en las diligencias de notificación; b) Es importante que tenga una autoridad fiscal y jurisdiccional en el territorio donde se investiguen los actos             -presuntamente- delictuosos; y, c) No fue informado correctamente de la existencia de control jurisdiccional, siendo extraño que en plataforma digital no exista registro alguno, pero la autoridad fiscal presentó pruebas que contradicen este extremo.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Irma Ávalos Cuellar, Fiscal de Materia, dando a conocer que se accionó contra Deborah Ortíz Torrico, quien en su momento era la responsable del despacho fiscal -de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de Sacaba del departamento de Cochabamba- y que al encontrarse en conocimiento de la causa penal -de la cual emerge esta acción de defensa- bajo el principio de unidad, brinda el informe oral correspondiente, al efecto refirió que: 1) Existe amplia línea jurisprudencial respecto a la legalidad de notificaciones como las SSCC 0757/2003-R; 1845/2004-R; y, SCP 0427/2013, las cuales expresan que todas las diligencias realizadas a efectos de comparecencia o conocimiento de las partes son legales en tanto cumplan el fin para el cual fueron emitidas, en este caso, el propio accionante en la acción tutelar y en el memorial presentado ante la Fiscalía señaló que fue de su conocimiento la citación efectuada y que en ese momento no podía brindar su declaración informativa, solicitando la suspensión de la audiencia; de esta manera, con este acto y haciéndose presente en la dependencias de la instancia fiscal convalidó el acto que se solicita su anulación, por lo que, este primer motivo no tiene sustento valedero; aclarándose además que, la autoridad fiscal jamás fue a notificar al hoy impetrante de tutela, al existir un funcionario policial que efectuó la representación legal de haber realizado la citación; 2) En el segundo motivo, el peticionante de tutela alega que se habría presentado ante la Fiscalía Departamental de Cochabamba y que no se le habría proporcionado el cuaderno de investigación y negó haber cometido el ilícito penal, pero principalmente el trasfondo de este motivo está relacionado con que la autoridad fiscal de Sacaba no tendría competencia para conocer hechos que se hubiesen cometido en la comunidad de “San Luis” -del municipio de Tiquipaya-, lo cual no es evidente con base al antes mencionado principio de unidad establecido en el art. 225.II de la CPE, el cual debe ser entendido de conformidad al art. 5.6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en tal razón los fiscales de materia pueden ejercer sus funciones en cualquier parte del territorio, es decir, que no están regidos al principio de jurisdicción como lo están las autoridades judiciales, por consiguiente dicha alegación no tiene base legal ni argumentos sostenibles que puedan evidenciar la vulneración de derechos o garantías constitucionales, al margen de ello, el accionante tiene los mecanismos para solicitar la declaración en su comunidad por motivo de vivienda o porque el hecho ocurrió en ese territorio, por lo que no se cometió ninguna ilegalidad, arbitrariedad ni se encuentra perseguido de manera ilegal o indebida; 3) Sobre el tercer motivo en cuanto a la denuncia de que el caso no estaría en conocimiento de la autoridad judicial, por memorial de inicio de investigación de 24 de septiembre de 2021, se dio a conocer la misma al Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba, debiéndose considerar que el Ministerio Público y el Órgano Judicial, desde hace mucho tiempo están interactuando con el sistema de interactividad, esto significa que en este sistema se realiza la presentación de documentos de modo virtual, por ello es que el Ministerio Público incluso creó un portafolio digital para que las partes puedan tener acceso a ese sistema; de esta manera, el referido memorial está validado y se generó un código QR, pudiendo las partes evidenciar la fecha en que remitió el mismo a la autoridad judicial, es decir, que a partir de ese momento tiene conocimiento de la existencia de la causa -penal- y está realizando el control jurisdiccional; así también se envió una fotografía que muestra el reporte del sistema que evidencia que radica en el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba; por lo que el accionante recibió una errónea información en Plataforma del Órgano Judicial, no existiendo la vulneración del debido proceso; 4) Tampoco existió la lesión de su derecho al juez natural e imparcial, puesto que existe control jurisdiccional al cual tiene acceso al mismo, además no se explicó de qué forma este derecho fue vulnerado; y, 5) Solicitó no conceder la tutela impetrada y se dejen incólume todos los actos realizados.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 17/2021 de 9 de octubre, cursante de fs. 28 a 31, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De los antecedentes se tiene que, el 23 de septiembre de 2021, Grover Cornejo Solíz presentó denuncia penal contra el hoy accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de allanamiento de domicilio y daño calificado, a mérito de esta denuncia la Fiscal de Materia asignada al caso puso en conocimiento del Juez de Instrucción Penal de turno de Sacaba del citado departamento el inicio de investigación, habiendo radicado ante el Juez de Instrucción Penal Primero de dicho municipio y procediéndose a realizar la correspondiente citación al nombrado y otros, quienes incluso se apersonaron ante la representación Fiscal solicitando la postergación del acto al que fueron convocados; todo lo actuado se encuentra en el sistema y se remitió ante la autoridad judicial través del sistema informático de interoperabilidad entre el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; ii) La denuncia de falta de control jurisdiccional por omisión del informe de inicio de investigaciones al Juez de Instrucción Penal resulta infundado, porque se evidencia que una vez presentada la denuncia penal contra el hoy impetrante de tutela se dio el correspondiente aviso, a través del informe respectivo conforme establece el art. 279 del CPP, encontrándose radicado ante el mencionado Juez de Instrucción Penal Primero, lo cual el nombrado pudo verificar a través del portafolio digital, herramienta que permite el pleno y total acceso a las partes a todos los actuados que se desarrollan en el curso del proceso penal y específicamente durante la etapa preparatoria; y, iii) No es posible considerar por esta vía de excepción las denuncias sobre falta de competencia o ilegalidad de las notificaciones que se hicieron al accionante, toda vez que, deben ser previamente reclamadas ante el Juez que ejerce el control jurisdiccional, por cuanto no es admisible acudir de forma directa a esta acción tutelar, al ser dicha autoridad judicial apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y solo en caso de verificarse la existencia de una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz u oportuna es que se abre la posibilidad de acudir de forma directa, lo que en el caso presente no se advierte.