SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1515/2022-S2

           Dentro de la normativa procesal penal ordinaria, se encuentra el recurso de apelación incidental como un medio de impugnación a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, considerándose este un mecanismo idóneo y eficaz que busca corregir o enmendar errores o arbitrariedades cometidas por las autoridades judiciales.

           De igual forma, la SC 1492/2011-R de 10 de octubre, determina: ‘…que el accionante activó la justicia constitucional, cuando aún se encontraba pendiente de resolución de apelación incidental interpuesta por el accionante, pues conforme ha establecido este Tribunal, reiterando en la SC 0072/2011 de 7 de febrero, entre otras, no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; por lo que, conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico; con la posibilidad de que existan dos resoluciones paralelas tanto de la justicia ordinaria como de la justicia constitucional, situación que ratifica la denegatoria de la tutela‴ (las negrillas fueron añadidas).

III.2.  El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

           Al respecto, la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realizó el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional.

           El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

           En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal.

           Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.

           En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna “sin dilaciones”, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran-

           (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales

           (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…´; en otras palabras, es ´…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el 'derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos’’.

           Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la                SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: ’En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva´.

           En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’” (las negrillas son nuestras).

III.3.  Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

           Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la                SCP 0673/2013 de 3 de junio señala que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del    art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales.

           En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la                     SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad-, señaló: ´De la interpretación del art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus '…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida', tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: ´…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

           Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior                      (SC 826/2004-R)...´.

           De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro).

           En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, vulnera los derechos fundamentales señalados.

III.4.  Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante alega la transgresión de su derecho a la libertad; toda vez que, habiéndose sometido a procedimiento abreviado por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica y aceptado la sentencia condenatoria de privación de libertad de dos años; y, cuando solicitó beneficiarse con el perdón judicial, la autoridad ahora demandada, dispuso que previo a la emisión de algún mandamiento de libertad, debía notificarse a la víctima con la sentencia condenatoria para que formule el recurso que la ley le franquea y que dicha resolución se encuentre ejecutoriada.

Del análisis de los antecedentes y de acuerdo a los datos contenidos en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se tiene que, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, en su informe escrito de 15 de octubre de 2021, confirmó que el ahora accionante interpuso recurso de apelación contra la Resolución dictada dentro de la audiencia de procedimiento abreviado -confirmando así, lo expresado por el peticionante de tutela en su memorial de acción de libertad-; asimismo, se infiere -que la autoridad demandada- admitió de alguna manera que la referida apelación iy antecedentes respectivos no fueron enviados al superior en grado, habida cuenta que señaló lo siguiente: “…conforme los datos del cuaderno procesal se tiene la providencia de fecha 09 de septiembre de 2021, por la cual se corre traslado a las partes conforme o dispone el art. 409 del CPP, sin que hasta la fecha el accionante o su abogado defensor se hubieran apersonado al juzgado a diligenciar las notificaciones respectivas” (Conclusión II.1).

Ahora bien, acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad procede cuando se activa de manera paralela un mecanismo de defensa contemplado en el ordenamiento jurídico y a la vez se interpone esta acción tutelar; en ese orden de ideas, no es permisible activar simultáneamente dos jurisdicciones -ordinaria y constitucional-, para que al mismo tiempo ambas se manifiesten con relación a hechos denunciados como ilegales; toda vez que, ello podría generar una disfunción procesal contraria al orden jurídico, con la probabilidad que existan dos resoluciones paralelas tanto en la justicia ordinaria como en la justicia constitucional, circunstancia que obliga a esta jurisdicción, denegar la tutela impetrada.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que el impetrante de tutela, interpuso la presente acción de defensa el 14 de octubre de 2021, a cuya fecha, se encontraba pendiente de resolución de la apelación que planteó contra la Resolución de 6 de septiembre del citado año, que resolvió la solicitud de aplicación de perdón judicial, en cuya formulación expuso, entre otros aspectos, el agravio deducido ahora ante esta jurisdicción vinculados a la exigencia que la Sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada para recién emitir el respectivo mandamiento de libertad; impugnación que fue corroborada como se advierte de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional -no se cuenta con la data específica-; sin embargo, se conoce que la misma fue atendida mediante decreto de 9 de septiembre de 2021, por el cual, la autoridad jurisdiccional demandada, dispuso se corra traslado a las partes; consiguientemente, se comprende que corresponde denegar la tutela solicitada al advertirse una activación simultanea de jurisdicciones, circunstancia que de acuerdo al Fundamento Jurídico desarrollado, supra, conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, con probabilidad que existan dos resoluciones paralelas tanto de la justicia ordinaria como de la constitucional, perjudicial incluso para la propia parte accionante; por lo que, no es posible disponer la libertad del ahora peticionante de tutela.

No obstante y en atención al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas (Fundamento Jurídico III.3).

En ese orden de ideas, el hoy accionante a través de la presente acción tutelar también hizo conocer que formuló ante la autoridad judicial ahora demandada, un recurso de apelación; empero, hasta la interposición de la acción de libertad -14 de octubre de 2021- no fue remitido al Tribunal de alzada para su resolución, motivo por el cual y con base en el entendimiento jurídico glosado en los Fundamentos Jurídicos citados precedentemente III.2 y III.3 el accionar de la autoridad judicial demandada se encuentra distante de lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional; por lo que, a pesar que el reclamo de dilación en la remisión de la apelación al superior en grado, sólo fue mencionado en la demanda tutelar, mas no fue fundamentado de manera verbal en audiencia de consideración de acción de libertad y tampoco el petitorio de la acción de defensa alude a la demora de envío; no obstante, este Tribunal no puede soslayar ese aspecto de dilación indebida e innecesaria en la remisión de antecedentes a la autoridad superior en grado; por lo tanto, corresponde conceder la tutela, respecto a la demora en el envío de la apelación.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela, actuó parcialmente de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 19/2021 de 15 de octubre, cursante de fs. 26 a 27 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER la tutela, respecto a la demora en la remisión de la apelación incidental y antecedentes, ante el superior en grado; en tal sentido, se dispone que la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, computables desde la notificación legal con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, remita la apelación ante el superior en grado, siempre y cuando aún no lo haya hecho; y,

2º DENEGAR la tutela solicitada en cuanto a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad conforme lo señalado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA