SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1557/2022-S2

           Los razonamientos expuestos precedentemente muestran claramente que ante la concurrencia de un hecho superado, no corresponde al juez constitucional ingresar al fondo a resolver la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales alegada, ello porque las pretensiones formuladas por la persona que acciona la vía tutela en sede constitucional, han sido satisfechas; de manera que, la finalidad de la justicia constitucional que se centra en la restauración, resguardo y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que hubieran sido objeto de lesión, ya no tienen sentido, pues, cuando el acto lesivo ha desaparecido y el derecho fue restituido o la violación ya no persiste, no corresponde a esta jurisdicción emitir una decisión sobre el fondo del asunto, al haber desaparecido el objeto de la demanda o el acto lesivo, y mal puede la justicia constitucional, ordenar o disponer que éste se detenga o se restituya el derecho acusado de lesionado.

           Sobre este particular, la SC 0998/2003-R de 15 de julio, señaló que: “...la cesación del acto ilegal en el sentido del citado precepto, radica básicamente en el hecho de que la resolución o acto de la autoridad o particular denunciado de ilegal, por su voluntad o por mandato de otra autoridad superior, hubiere quedado sin efecto antes de la notificación con el amparo al que hubiere dado lugar, vale decir, que si bien se produjo la lesión, ésta se reparó de motu proprio del legitimado pasivo"; entendimiento que determina que para que opere la improcedencia de la acción de amparo constitucional por cesación del acto acusado de ilegal, es necesario que éste haya quedado sin efecto o se hubiera superado la vulneración al derecho cuya tutela se solicita, antes de la notificación con la demanda tutelar.

           Por su parte, la SCP 1894/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: "El          art. 128 de la CPE, establece que: 'La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la constitución y la ley', es decir, que la finalidad de la acción de amparo constitucional es la protección de derechos fundamentales y no el establecimiento de responsabilidades que puede determinarse como consecuencia accesoria de la concesión de tutela pero no puede constituirse en el elemento central de la pretensión procesal.

Asimismo, respecto a la figura de sustracción de la materia o del objeto procesal Ricardo Ayan Gordillo Borges, sostuvo que: 'Existe sustracción de la materia en casos en los que el petitorio ha devenido en insubsistente, cuando de hecho el supuesto que lo sustentaba ha desaparecido; por lo que la autoridad no puede pronunciarse sobre el fondo de la denuncia y debe declarar la sustracción'.

Entonces es posible colegir que básicamente la sustracción de la materia o del objeto procesal consiste en la desaparición de los supuestos de hecho denunciados a través de la acción de amparo constitucional, luego cuando esto sucede, el juez o tribunal de garantías, no podrá decidir o pronunciar sobre algo que ya no tiene elementos fácticos que lo sustenten; vale decir que el petitorio del que ha devenido es insubsistente; por lo que por simple lógica una vez identificado el acto lesivo denunciado y contando con la certeza de que dicho acto y sus consecuencias ya no existen, se irrumpe la posibilidad de pronunciarse sobre el análisis de fondo de la pretensión, correspondiendo la declaración de la sustracción de la misma.

En este sentido, el art. 53 inc. 2) del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé como una de las figuras de sustracción de la materia o del objeto procesal a situaciones: '…cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado', para lo cual al menos debe verificarse que: i) Las pruebas aportadas por las partes, conforme sus pretensiones otorgan la certeza de que la pretensión procesal se ha extinguido; y, ii) Con el objeto de no afectar el procedimiento constitucional es preciso señalar que para determinar la sustracción del objeto procesal o materia por la cesación de los efectos del acto reclamado, el acto lesivo denunciado debe ser restituido antes de la citación con el Auto de admisión de la acción de amparo constitucional…".

Con base en lo señalado previamente, se concluye que, al configurarse la acción de amparo constitucional como el mecanismo idóneo y eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentren amenazados o hubieran sido vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, la activación de la justicia constitucional se justifica para hacer cesar dicha vulneración o amenaza y, consecuentemente, garantizar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales; sin embargo, cuando el acto o resolución que genera la vulneración o amenaza es superada y desaparece, la acción de amparo constitucional se torna improcedente, al no existir acto o lesión sobre la cual esta jurisdicción pueda emitir un pronunciamiento efectivo y eficaz.

III.2.  Análisis del caso concreto

          De los antecedentes remitidos a este Tribunal y conforme las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; consta que por memorial de 8 de septiembre de 2021, la impetrante de tutela presentó incidente de extinción de la acción penal ante la Jueza de Sentencia Penal Décimoprimera de la Capital del departamento de Cochabamba, que fue respondido mediante proveído de 9 del mismo mes y año, difiriendo la resolución del incidente a la etapa de juicio oral (Conclusión II.1); posteriormente, cursa incidente de extinción de la acción penal interpuesto por Maria Beatriz Mercado Calani y Ana Isabel Mercado Calani -ahora accionante- mediante memorial de 20 de octubre de 2021, ante la Jueza de la causa (Conclusión II.2), recurso de extinción de la acción penal que fue resuelto en audiencia de juicio mediante el Auto Interlocutorio de 14 de abril de 2022, declarando fundado el incidente de extinción de la acción penal por prescripción disponiendo el consiguiente archivo de obrados (Conclusión II.3), quedando ejecutoriada mediante Auto de 25 de igual mes y año (Conclusión II.4), determinación judicial reclamando la nulidad del citado Auto Interlocutorio mediante la presente acción tutelar.

Ahora bien, la aludida denunció la transgresión de su derecho al debido proceso y al “principio de subsidiariedad” por que la autoridad demandada postergó la resolución de su incidente de extinción de la acción penal por prescripción interpuesto antes del juicio oral para ser tratada en el momento procesal específico, de acuerdo a los arts. 314, 315 y 344 del CPP.

Al respecto, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de defensa no procede cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, pues ante la concurrencia de un hecho superado, no corresponde al juez constitucional ingresar al fondo a resolver la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales alegada, ello porque las pretensiones formuladas por la persona que acciona la vía tutelar en sede constitucional, han sido satisfechas; de manera que, la finalidad de la justicia constitucional que se centra en la restauración, resguardo y protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales que hubieran sido objeto de vulneración, ya no tienen sentido, pues, cuando el acto lesivo ha desaparecido y el derecho fue restituido o la violación ya no persiste, no corresponde a esta jurisdicción emitir una decisión sobre el fondo del asunto, al haber desaparecido el objeto de la demanda, y mal puede la justicia constitucional, ordenar o disponer que éste se detenga o se restituya el derecho acusado de lesionado.

En ese contexto, respecto a la supuesta conculcación del derecho al debido proceso, si bien la impetrante de tutela presentó su incidente de extinción de la acción penal por prescripción el 8 de septiembre de 2021, y este fue postergado en su resolución hasta el juicio oral y público, resolución que fue diferida en su tratamiento para la etapa de juicio oral; empero posteriormente el 18 de octubre del mismo año, reiteró su solicitud, que fue resuelta por Auto Interlocutiro de 14 de abril de 2022, en juicio oral en la etapa de incidentes y excepciones declarando fundado su incidente y disponiendo la extinción de la acción penal y consiguiente archivo de obrados.

En consecuencia, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Juridico III.1 de este fallo constitucional, al concurrir causal de improcedencia configurada, con la cesación de los efectos del acto denunciado propio de los recursos en materia ordinaria, corresponde la denegatoria de la tutela solicitada; aclarándose que, no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 079/2022 de 22 de septiembre, cursante de fs. 208 a 210, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

          Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA