SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1579/2022-S4

La parte impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho de petición; toda vez que, la autoridad demandada no dio respuesta a sus notas donde solicita la designación de fiscal de materia para juicios orales; empero, hasta la fecha no se cuenta con respuesta formal alguna, sea positiva o negativa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Alcances y ámbito de protección del derecho a la petición. Jurisprudencia reiterada

El art. 24 de la CPE, establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

Con relación a la naturaleza del derecho a la petición, establecido en la norma constitucional precedentemente transcrita la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció que: “La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoría de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las personas entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen, las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado” (las negrillas son nuestras).