SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0276/2022-S3

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y a la integridad física, a la salud, al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la presunción de inocencia y a los “…Principios ético-morales y valores del Estado” (sic); puesto que, fue despedido de su fuente laboral ante la existencia de una denuncia contra su persona, sin que se efectué un proceso administrativo previo; razón por la cual acudió a la Jefatura Departamental de La Paz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que emitió la Conminatoria J.D.T.L.P./D.S. 0495/124/2019 de 2 de agosto, disponiendo su reincorporación a su fuente laboral; sin embargo, la empresa ahora accionada no dio cumplimiento a la indicada Conminatoria conforme al Informe J.D.T.L.P.-DASC-VR-071/2020 de 7 de septiembre, emitido por el Inspector de la citada Jefatura Departamental.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  Inicio de cómputo de plazo para solicitar el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación

La SCP 1712/2013-S3 de 10 de octubre de 2013, asumiendo los entendimientos de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0591/2012, 0809/2012 y 1511/2013, señaló lo siguiente: “Dentro del trámite administrativo de reincorporación laboral, existe a partir de la SCP 0591/2012, la posibilidad de impugnación administrativa de la Resolución emitida por las Jefaturas del Trabajo; por ello, corresponde dimensionar cómo esta jurisdicción constitucional entiende el cómputo del plazo de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional.

En la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, se estableció que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación, señalando: ‘EPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional descrita en los puntos III.1 y 2 de los Fundamentos Jurídicos, por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acción’.

Por otro lado la SCP 1511/2013 de 30 de agosto, entendió que el plazo de los seis meses deberá ser computado desde el momento en que la conminatoria adquiere ejecutoria; es decir, desde el agotamiento de la vía administrativa, señalando: ‘En el caso analizado, se constata que la accionante formuló recurso jerárquico, solicitando se hagan respetar sus derechos, el cual fue desestimado por el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de RM 068/13 de 30 de enero; consecuentemente, el plazo de caducidad previsto en el art. 129 de la CPE, debe ser computado desde la notificación a la accionante con dicha determinación, actuación que si bien no consta en obrados, aun contando dicho plazo a partir de la fecha de esa Resolución (30 de enero de 2013), se constata que la acción de amparo constitucional fue presentado el 26 de marzo del mismo año; es decir, dentro de los seis meses señalados en el art. 129 de la Norma Suprema’.

Al respecto de la jurisprudencia glosada, habrá que considerar que la vía administrativa quedará agotada con la emisión de la Resolución que pone término a todo el proceso de reincorporación; es decir, eventualmente el recurso jerárquico; sin embargo, ante la noción de ejecución inmediata de la conminatoria se plantea una situación sui géneris; puesto que por una parte la conminatoria debe efectivizarse inmediatamente, pero de otro lado es posible que se hayan activado mecanismos de impugnación que se encuentran pendientes de resolución.