SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0243/2022-S2

(…)

SEA CON COSTA” (sic); con base en los siguientes fundamentos: a) La problemática del caso, nace por la necesidad de precautelar los derechos del menor AA de un año, garantizándole el acceso a la seguridad social y en general un desarrollo integral que resguarde su vida a través del derecho a recibir de forma oportuna la entrega de los subsidios prenatal y de natalidad, de acuerdo al art. 3.3 del Reglamento de Asignaciones Familiares -Resolución Ministerial (RM) 1676 de 22 de noviembre de 2011-, máxime cuando la impetrante de tutela reclamó esta situación al empleador, sin obtener respuesta efectiva; asimismo, los demandados en su informe confesaron lo adeudado respecto a las asignaciones familiares; b) Sobre el presunto incumplimiento al principio de subsidiariedad, el Gobernador demandado citó diferentes Sentencias Constitucionales Plurinacionales, las cuales no pueden ser aplicadas; pues, en el caso concreto existe otra línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, así se tiene las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0134/2014 de 10 de enero y 0343/2018-S4 de 17 de julio, referentes a los derechos que le asisten a los menores a un año de edad, debiendo ser protegidos con prioridad, velando por su interés superior; c) En cuanto a no haberse agotado la vía ordinaria, no identificó a cuál se refirió, impidiendo pronunciamiento alguno; d) Ante cambio de autoridades la legitimación pasiva recae en Pablo Maito Moye, Secretario Departamental de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Autónomo Departamental de Beni, quien podrá asumir la responsabilidad de los pagos respecto a la “asistencia familiares”; y, e) Respecto a lo cuestionado por los demandados, vinculado al pago de subsidios, el cual no podría ser cancelado de forma monetaria, debe aplicarse el entendimiento asumido en la SCP 0894/2018-S3 de 31 de octubre, que explicó la viabilidad de esa modalidad, tomando en cuenta la naturaleza de las asignaciones familiares para el bien vivir del menor.

En vía de complementación y enmienda el Secretario Departamental codemandado, solicitó se le conceda el plazo de treinta días para todos los trámites administrativos a fin de desembolsar lo ordenado, considerando lo previsto en el art. 22 del Reglamento de Asignaciones Familiares, y se pronuncie sobre el pago de costas, pidiendo sean dejadas sin efecto, al no haber existido vulneración total de derechos y garantías constitucionales; ante lo cual, los Vocales constitucionales señalaron que realizaron una correcta ponderación, considerando que, contra la Norma Suprema no puede ir ningún decreto o resolución ministerial, debiendo priorizándose las normas de protección del menor; en consecuencia, la resolución fue clara y precisa, pues el término otorgado fue prudente, máxime si la ley dispone que el pago sea dentro de tres días; y, sobre las costas, se denegó en parte la tutela, respecto subsidio de marzo de 2021, que aún no cumplió los tres días de retraso; por lo que, la citada Sala Constitucional ratificó su determinación.