SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2022-S3

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de los principios de seguridad jurídica, de legalidad, “de dignidad”; puesto que, la Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caracollo del departamento de Oruro, obró ultra petita y sin respaldo legal alguno al momento de señalar audiencia de toma de muestra de sangre para la producción de la prueba de oficio consistente en la prueba científica de ADN, sin cumplir los requisitos establecidos en el art. 331 del CFPF, ni existir el ofrecimiento taxativo de dicha prueba por ninguna de las partes procesales.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  La excepción al principio de subsidiariedad en caso de personas de la tercera edad

La SCP 0989/2011-R de 22 de junio refirió que: “…la Constitución Política del Estado, reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tienen como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (…) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.