SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2022-S1

I.1.Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de febrero de 2021, cursante de fs. 24 a 30, el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la comisión del delito de Violación de infante, Niña, Niño o adolescente, fue condenado a 25 años de privación de libertad a ser cumplidos en el Centro Penitenciario Palmasola, decisión a la que se arribó en audiencia de aplicación de procedimiento abreviado, celebrada el 18 de enero de 2021; sin embargo, la abogada de oficio que le fue asignado y quien lo defendió desde las diligencias hasta la audiencia de su imputación formal, únicamente le indicó que a efectos de mejorar su situación jurídica y poder recuperar pronto su libertad con algún beneficio de perdón judicial o suspensión de la pena, él debía responder si a todas las preguntas del Juez y declarase culpable.

Empero, en ningún momento se le explicó que implicaba someterse a un procedimiento abreviado y que tampoco fue posible recurrir al perdón judicial, ni la suspensión de la pena que le habían referido de manera textual; aspectos que, le fueron explicados al contratar el patrocinio del abogado Yeison Plata Maldonado; ya que, no sabe leer, ni escribir, únicamente es capaz de “dibujar” su firma y nombre.

Asimismo, la audiencia de 18 de enero de 2021, no cumplió lo establecido en el art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP), considerando que el acuerdo legal de procedimiento abreviado es una plantilla genérica que no refleja la comisión de que hechos estaría asumiendo -en que tiempo, lugar y espacio-, su nombre está mal escrito y no existe solicitud expresa de someterse a procedimiento abreviado.

Es así que, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa el 5 de febrero de 2021, ante el Juzgado presidido por la ahora demandada; pues, el 4 de idéntico mes y año, recién le fueron entregadas las copias legalizadas del expediente, mereciendo como respuesta un proveído que argumenta que los antecedentes del proceso ya habían sido remitidos al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz;             por lo que, no se atendió su solicitud, encontrándose actualmente ejecutoriada una sentencia a la que fue sometido de manera injusta. 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad; y, al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 13, de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Coste Rica).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, “a) Se deje sin efecto el la resolución de fecha 08 de febrero de 2021 emitido por la Dra. Rosario del Carmen Eguez y b) Que emita una nueva resolución, conforme a los fundamentos de la resolución a emitirse en la presente acción de libertad y en estricta aplicación de la amplia jurisprudencia y normas penales, aplicables al caso concreto reestableciendo mis derechos anunciados como vulnerados señalándose audiencia para entender mi solicitud de actividad procesal defectuosa” (sic).

I.2. Audiencia y resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 25 de febrero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó los términos expuestos en su memorial, y complementando; esgrimió que: a) Al momento de ser presentado el incidente de actividad procesal defectuosa el expediente se encontraba integro en el Municipio de Lagunillas, sin informe alguno de su remisión al Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz; b) Se podría pedir al Juez de Ejecución Penal, libertad condicional, redención de la pena, etc., mas no así un incidente que descarte la posibilidad de un procedimiento abreviado; y, c) “… esta acción de libertad  también se vincula a la vulneración del derecho a la debida fundamentación y motivación por que la Sra., Juez en su informe indica de que existían otros recursos contra esta providencia que podrían haber protegido también el derecho a la libertad, pero sabemos nosotros también su autoridad conoce plenamente que contra una providencia únicamente se puede interponer un recurso de reposición, entonces nos preguntamos, un recurso de reposición hubiera hecho variar la decisión de la juez, efectivamente no, por que como la Sra. Juez dice ya la sentencia esta ejecutoriada, entonces el imputado no puede quedar en incertidumbre de o ir al juzgado de instrucción penal o ir al juzgado de ejecución penal los cuales van a negar de alguna forma la petición que revisen los criterio de procedencia…” (sic).

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario del Carmen Eguez Salame, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Lagunillas del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de la presente acción tutelar; sin embargo, presento informe escrito el        25 de febrero de 2021, a través del cual, manifestó que: 1) En la audiencia de consideración del procedimiento abreviado el propio accionante manifestó los requisitos establecidos en el art. 374 del CPP, como consta en el acta de audiencia; 2) Las partes renunciaron al recurso de apelación, una vez dictada la sentencia; y en consecuencia, se libró el mandamiento de condena, declarándose ejecutoriada la misma y ordenándose la remisión de antecedentes al Juzgado de Ejecución de turno y al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); 3) No tiene competencia para atender la solicitud del accionante debido a que la sentencia se encuentra ejecutoriada y el art. 429 del CPP establece que “El condenado durante la ejecución de la condena tendrá los derechos y garantías que le otorgan la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes. A este efecto planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime convenientes.”; 4) La providencia de 8 de febrero de 2021, ahora cuestionada no ameritaba mayor fundamentación por tratarse de una providencia; empero, fue emitida conforme a lo establecido en el  CPP, y enmarcada en los lineamientos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia; 5) Se indicó al ahora peticionante de tutela la vía correspondiente a la que debía acudir; empero, a pesar de su legal notificación con el proveído ahora cuestionado, tampoco presento recurso alguno contra la referida; 6) Al existir medios ordinario eficaces e idóneos que tienen por objeto la protección de los derechos fundamentales corresponde que la acción de libertad sea operada de manera subsidiaria; y, 7) Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela, con costas y multas.

I.2.4. Resolución

El Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 6 de 25 de febrero de 2021, cursante de fs. 49 a 51 vta., “negó” la tutela impetrada, ordenando la remisión de los cuadernos procesales al Juez de competencia, decisión sustentada en los siguientes fundamentos: i) Respecto a su supuesta ilegal detención, se denota que fueron cumplidos todos los requisitos establecidos en el art. 373 del CPP; ii) Aunque la sentencia se encuentra ejecutoriada, aun es pasible de la revisión extraordinaria de la sentencia; el cual, se constituye en el recurso final cuando se cumple con los requisitos para plantearla; por lo que, existe la vía legal correspondiente para poder plantear ante autoridad competente su petición; y, iii) Las excepciones e incidentes solo pueden ser interpuestos cuando el proceso penal se encuentra aun sin ejecutoria