SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0492/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 de mayo de 2021, cursante a fs. 1, 4 a 9 vta., la accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro de la acción penal seguida por el Ministerio Público a instancia suya contra José Román Salvatierra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica y violencia patrimonial, el Fiscal de Materia, Javier Colque Gutiérrez, presentó imputación formal por los ilícitos precitados.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2020, Olga Lidia Julio Córdova, Fiscal de Materia, emitió Resolución de Sobreseimiento en favor del denunciado, con base en dos razonamientos: a) Respecto a la violencia patrimonial, hizo suyo el argumento del denunciado en sentido que se encuentra abierto un proceso familiar extraordinario de divorcio y que el derecho penal es de última ratio; es decir, que la intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible y por ende los bienes gananciales deben resolverse en la vía familiar; y, b) Con relación a la violencia familiar o doméstica, no tomó en cuenta ningún indicio colectado en la investigación y sin tener experticia desconoció totalmente el peritaje psicológico realizado el 11 de octubre de 2019 por Mercy Mariana Chirico Herboso, Psicóloga Forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El 14 de septiembre de 2020, impugnó la Resolución de Sobreseimiento referida precedentemente, con los siguientes agravios: 1) En lo que respecta al delito de violencia familiar o doméstica, resaltó que el requisito para ser Fiscal de Materia, es ser abogado; en tal sentido, no se tiene evidencia que la Fiscal de Materia sea psicóloga o perito con especialidad en alguna rama afín, por lo que no puede descalificar el dictamen pericial realizado por Mercy Mariana Chirico Herboso, Psicóloga Forense del IDIF, quien concluyó que la accionante presenta secuelas de daño psicológico causadas a partir de la situación pasada en su matrimonio; sin embargo, se observa dependencia emocional de la misma con su pareja, expresada en una necesidad de protección y apoyo por parte de su ex esposo y al no tener ello, se generan comportamientos y pensamientos que vuelven inestable el área emocional de ella; 2) Al dejar de lado el dictamen pericial precitado, puso en duda al IDIF y al Ministerio Público y desprotegiendo a una mujer con discapacidad, incluso incumplió su deber previsto en el art. 15.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé que toda persona en particular las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia, física, sexual, o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional; 3) No cualquier persona puede observar y desacreditar un peritaje realizado por el IDIF; vale decir, que la Fiscal de Materia no está calificada para desvirtuar la valoración colectada en la etapa preparatoria, por ende las conclusiones arribadas por la representación fiscal carecen de legalidad y se apartan de manera incorrecta de la doctrina y de la norma jurídica sobre la prueba pericial; 4) Los informes o entrevistas psicológicas desde un inicio son solo preliminares, posteriormente durante el proceso judicial pueden ser ratificados o descartados por el peritaje psicológico forense. El daño psicológico tiene un carácter transversal y es el resultado de todo tipo de violencia (sexual, física, psicológica), así como de la vulneración de derechos fundamentales, siendo inexcusable cuando se juzga un caso de violencia psicológica, puesto que sin daño no hay víctima y, por extensión, caso. Esa contingencia convierte la prueba del daño psicológico en prueba continua y única en violencia psicológica en los casos de denuncia de violencia de género; y, 5) Respecto a la violencia patrimonial, el argumento de la representación fiscal fue que el derecho penal es de ultima ratio y que no se habrían presentado pruebas que hubieran visto al imputado participando en el hecho, lo cual denotó una total incongruencia y la transgresión al principio de unidad del Ministerio Público; toda vez que al momento de imputar formalmente el 25 de octubre de 2019, extraña que esas pruebas hayan desaparecido a tiempo de emitirse la resolución de sobreseimiento el 2 de septiembre de 2020; incluso, la autoridad que emitió la última resolución hizo un listado de trece pruebas colectadas en la etapa preparatoria, a las cuales no les otorgo ningún valor.

Remitidos los antecedentes, el Fiscal Departamental de Beni, Pedro Ygnacio Montenegro Velarde, pronuncio la Resolución FDB/PYMB/SL S.-029-2020 de 13 de noviembre, ratificando Resolución de Sobreseimiento de 2 de septiembre del mismo año, emitido por la Fiscal de Materia, Olga Lidia Julio Córdova, bajo el argumento que los elementos de prueba son insuficientes para fundar la acusación por los delitos de violencia familiar o doméstica y violencia patrimonial.

Desconoció su reclamo realizado en la impugnación a la Resolución de Sobreseimiento de 2 de septiembre de 2020, descontextualizando la situación jurídica que debió analizar y resolver cómo es que: 1) El hecho que exista un proceso familiar extraordinario de divorcio donde obviamente se resolverían la comunidad de gananciales, no tiene absolutamente  relación alguna con los hechos de violencia patrimonial denunciados puesto que los mismos son anteriores a la presentación de su acusación y en todo caso correspondía al Ministerio Público investigar los mismos; consiguientemente, la resolución confutada no hizo una correcta y adecuada fundamentación y motivación;         2) Debió resolver de manera congruente el argumento impugnado en sentido que la Fiscal de Materia no tenía ninguna competencia para ser perito y mucho menos para desconocer la pericia psicológica realizada por la Psicóloga Forense del IDIF, máxime si se tiene presente que el Ministerio Público no observó dicha pericia como tampoco solicitó alguna aclaración; consiguientemente, la Resolución refutada se sale de los marcos del debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación y congruencia.

Asimismo, al dejar en la impunidad los hechos de violencia ejercidos en su contra por su ex esposo, se vulneró su derecho a no sufrir violencia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, interpretación de la legalidad ordinaria y valoración de la prueba; y, a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, citando al efecto los arts. 115 y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: i) Dejar sin efecto legal la Resolución FDB/PYMB/SL S.-029-2020 de 13 de noviembre, dictada por el Fiscal Departamental de Beni, dentro del caso seguido contra José Román Salvatierra; y, ii) Al Fiscal Departamental de Beni, se dicte resolución con base en los argumentos desarrollados en la presente acción -se comprende de amparo constitucional-, revocando la Resolución de Sobreseimiento de 2 de septiembre de 2020, emitida por Olga Lidia Julio Córdova y acorde al art. 324 del Código de Procedimiento Penal (CPP) presente requerimiento conclusivo de acusación contra el sindicado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 956 a 964, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliando la misma, refirió: a) Lo argüido por el tercero interesado no tiene argumentación jurídico constitucional; b) El Ministerio Público ha momento de resolver la impugnación planteada no podía sustraerse del cumplimiento de la congruencia; es decir, que el Fiscal Departamental de Beni tenía como obligación principal pronunciarse sobre los argumentos de la impugnación formulada; c) La Fiscal de Materia, Olga Lidia Julio  Córdova y mucho menos el Fiscal Departamental, valoraron las catorce pruebas existentes en el cuaderno de investigación, que fueron colectadas conforme a procedimiento; d) El Fiscal Departamental al momento de ratificar la Resolución de Sobreseimiento de 2 de septiembre de 2020, no realizó una valoración mínima de la documentación cursante en obrados que fueron debidamente obtenidas; por el contrario, se limitó a efectuar una relación del cuaderno de investigación, pero no se advierte que se le haya otorgado valoración a la prueba ofrecida tampoco se conoce los motivos por los que descartó la misma, ya que no existe valoración de las certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre los predios “Buen Jesús” y “Bella Brisa”, tampoco sobre la emitida por la Federación de Ganaderos del Beni (FEGA-Beni) de la marca corazón así como de la estrella, no hubo evolución de las guías de movimiento emitidas por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad (SENASAG) y lo más serio fue que dejaron de lado o descartaron el dictamen pericial psicológico, emitido por una perito del IDIF; e) El principio de congruencia refiere que debe existir relación entre lo impugnado y lo resuelto; f) Tanto la Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental, refirieron que el dictamen pericial psicológico hubiese señalado que los daños los hubiera sufrido en su anterior matrimonio; sin embargo, la pericia aludida en ningún momento refirió sobre un anterior matrimonio, lo cual constituye una falta de respeto y una revictimización; y, g) La autoridad jerárquica del Ministerio Público de Beni al no haber valorado la prueba, se apartó de los marcos de razonabilidad y equidad; inclusive sin tener experticia ingresó al campo de la psicología forense que se encuentra reservada para profesionales acreditados ante el IDIF.

I.2.2. Informe de los demandados

Ruthiar Vásquez Aguirre, Fiscal Departamental de Beni, compareció a la audiencia y solicitó la denegatoria de tutela, con base en los siguientes argumentos: 1) La accionante no explicó la trascendencia que tendrían los motivos de su impugnación, tampoco los expuso en la acción de amparo constitucional; 2) Se acusó falta de fundamentación y motivación; sin embargo, a partir de la página siete de la Resolución  FDB/PYMB/SL S.-029-2020 de 13 de noviembre, concretamente en el III, del caso concreto se evidencian los razonamientos, fundamentos y motivos de la resolución; es decir, se hizo un análisis del caso en concreto, considerando las catorce pruebas cursantes en el cuaderno de investigación, así como las testificales y dictamen pericial psicológico; y posterior a su análisis se llegó a determinar ratificar la resolución; motivo por el cual existe una fundamentación y motivación; 3) Respecto a la congruencia, invocó la SCP 0187/2017-S1 de 15 de marzo, que establece que el Ministerio Público a tiempo de resolver las impugnaciones, tanto al rechazo como al sobreseimiento, no deben limitarse a los agravios esgrimidos, sino debe realizar un análisis integral del caso concreto a efectos de su resolución; 4) No es evidente que la Fiscal de Materia haya desconocido el dictamen pericial citado supra, sino en todo caso analizó y valoró íntegra y prolijamente el peritaje realizado; lo propio se hizo al momento de emitir la Resolución Jerárquica, por ello se extrañó en dicho documento las entrevistas de la supuesta víctima, testigos, así como fechas precisas para establecer si las secuelas corresponden al primer o segundo matrimonio; consecuentemente, considera que la Resolución FDB/PYMB/SL S.-029-2020 de 13 de noviembre, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, encontrándose dentro del marco que le faculta la jurisprudencia constitucional, así como la propia Ley; y, 5) La SCP 0858/2017-S2 de 21 de agosto, establece cuáles son los requisitos para abrir la competencia de las salas constitucionales y del Tribunal Constitucional Plurinacional para la revisión de la legalidad ordinaria; empero, la accionante no cumplió con los mismos.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

José Román Salvatierra, a través de su representante en audiencia señaló que: i) La presente acción tutelar, ni siquiera debió haber sido admitida, ya que el memorial de interposición se asemeja más a una apelación; ii) De la revisión del memorial se advierte que la impetrante de tutela no está cuestionando la falta de motivación ni congruencia, sino, confundió la vía para hacer conocer su desacuerdo con lo resuelto por el Ministerio Público; iii) Lo denunciado en la acción de amparo constitucional no fue debidamente fundamentado; iv) El hecho que la accionante pertenezca a un grupo vulnerable de la sociedad, simplemente responde al instituto de la igualdad de partes, mas no quiere decir que las autoridades tengan que hacer caso a los caprichos expresados en la demanda de acción tutelar; v) Que la fundamentación del Ministerio Público en sus resoluciones no sea del agrado de la accionante, es distinto a que la resolución carezca de motivación y fundamentación, y que no se hayan resuelto todos los agravios planteados; y, vi) Expresó su acuerdo con las observaciones puntualizadas por el Ministerio Público en la presente audiencia de consideración de acción de amparo constitucional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante la Resolución 046/2021 de 4 de junio, cursante de fs. 965 a 975, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Fiscal Departamental de Beni, dicte nueva resolución Jerárquica, acorde a los fundamentos expuestos en la presente acción de amparo constitucional, debiendo dar cumplimiento a partir de su legal notificación con la presente resolución dentro del plazo establecido en el art. 324 del CPP; con los siguientes fundamentos: a) Leído íntegramente el dictamen pericial referido en la presente acción tutelar, no encontraron el punto principal que señala la Resolución -se comprende confutada-, respecto a la inexistencia del elemento certeza para establecer con convicción de parte del Fiscal Departamental de Beni, en la cual se debe detallar fechas, horas, nombres, mínimamente; al respecto la Resolución FDB/PYMB/SL S.-029-2020 de 13 de noviembre, de manera textual señaló que: "también se cuenta con el dictamen pericial, en la cual la denunciante y victima relata los hechos de la denuncia, concluyendo la profesional perito que la evaluada presenta secuelas de daño psicológico causadas a partir de la situación pasada en su matrimonio; sin embargo se observa dependencia emocional de la misma con su pareja, expresada en una necesidad de protección y apoyo por parte de su ex esposo, y al no tener estos, se generan comportamientos y pensamientos que vuelven inestable el área emocional de la evaluada", al respecto, manifestaron que no visualizaron en qué parte del dictamen pericial indica la perito esa situación; por el contrario, advirtieron detalles pormenorizados referidos a una relación de la vida con indicación de tiempos, momentos y fechas de la ahora accionante, y las nupcias de la víctima con el imputado desde el noviazgo y sobre los daños psicológicos y económicos sufridos según la narración de la evaluada, sobre técnicas empleadas para la apreciación y los resultados de dicha prueba, donde concluye el abuso psicológico del imputado respecto a la víctima; así como los incidentes de abandono en la enfermedad de su hijo y agresiones en cuestiones económicas, como también que estuvo en peligro la vida de la accionante, lo cual constituye detalles citados en el dictamen pericial; b) La perito arribó a la siguiente conclusión y resulta menester referirla textualmente, ya que se advierte la existencia de un error de parte del Ministerio Público al valorar este punto y tergiversando la conclusión: "A partir de la entrevista y aplicación de instrumentos de evaluación aplicado a la evaluada, se puede determinar que la misma presenta secuelas emocionales y psicológicas originadas desde el matrimonio y la relación con su esposo. Sin embargo, la misma surge en la época de duración del matrimonio, encontrando confianza y seguridad de sí misma en la vida antes del matrimonio de la evaluada"; de lo anterior concluyó, que antes del matrimonio con el imputado, la víctima tenía confianza en sí misma, y que sí tiene secuelas psicológicas y emocionales originadas dentro del matrimonio hoy en cuestión, en ninguna parte señala que es de algún otro o anterior matrimonio, lo cual llamó la atención de la Sala Constitucional por la manifestación del Ministerio Público y afirmación que deviene de alguna otra relación marital lo cual no se encuentra dentro del dictamen pericial; c) El examen pericial fue elocuente, en cuanto a un trabajo científico ya que contiene todos los datos idóneos, de los hechos investigados y proporcionados por el propio Ministerio Público, y así lo refirió también la perito en su parte final "los resultados y conclusiones resultante en el presente informe se caracterizan por una revisión exhaustiva de las declaraciones, pruebas administradas y cuaderno de investigaciones del caso." (sic); d) Dentro de la fundamentación, motivación y valoración no fueron consideradas positiva o negativamente las declaraciones de Marilin Roxana Almaraz Montoya, Jorge Panoso Orellana, Karina Almaraz Montoya, ni el informe policial de 22 de agosto de 2019, sino, de manera general se indicó que no son contundentes sin especificar por qué no lo fueron; tampoco se realizó una valoración integral con el dictamen pericial; por otra parte, si bien, se mencionó la existencia de duda razonable sobre la participación del imputado; empero, no se señaló dónde nació la misma, sino simplemente se mencionó la definición y la doctrina referente a ese principio; en tal sentido, se advirtió una falta de fundamentación, motivación respecto a los principios utilizados en la resolución hoy motivo de acción de amparo constitucional. De lo anterior se puede indicar, que el fallo que motivó la interposición de la presente acción tutelar, se ajusta a lo descrito en la SC 0285/2010-R de 7 de junio, que señala: "1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales", razón por lo que la Sala Constitucional realizó el análisis correspondiente supeditado a la jurisprudencia constitucional citada precedentemente; e) Tampoco se visualizó motivación y fundamentación, respecto de la inexistencia del delito de violencia patrimonial; es decir, no se conocen cuáles fueron los elementos para determinar que el imputado no participó en el caso o la falta de elementos del hecho que se le sindica, únicamente se cuenta una relación pormenorizada de las investigaciones y en qué consiste la violencia patrimonial, no determinando por qué no existió los suficientes elementos; f)  De forma errada se fusionó el razonamiento de violencia psicológica con la patrimonial, cuando cada uno debió tratarse, fundamentarse y motivarse por separado; y, g) Por lo expresado, se evidenció falta de fundamentación, motivación y congruencia en cuanto a la valoración de la prueba y la razón por la que se determinó el sobreseimiento del imputado, al encontrarse dentro de las previsiones y alcances de la acción de amparo constitucional, de manera que, se consideró que efectivamente la citada Resolución Jerárquica FDB/PYMV/SL S.-029-2020, vulneró los derechos y garantías constitucionales conforme fueron identificados en la presente resolución.