SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de junio de 2021, cursante de fs. 102 a 107, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2005 le entregaron a Eduardo Imbelloni Gonzáles -su esposo fallecido-, en su calidad de Agente Regional Tarija de MUSERPOL, los recursos correspondientes al pago del bono de vejez-invalidez del primer semestre de dicha gestión, para los beneficiarios de esa distrital, los que fueron otorgados en su totalidad a los mismos bajo constancia; sin embargo, el 2014 se le suspendió el desembolso del beneficio del Complemento Económico, pese a haberlo cancelado años anteriores; es decir, de 2005 a 2013, debido a una supuesta deuda atribuible a su finado cónyuge en la suma de Bs272 167,55.- (doscientos setenta y dos mil ciento sesenta y siete 55/100 bolivianos); monto por el cual, irregularmente se dejó de cancelar el complemento a partir del citado año, y desde el 2016 hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no se volvió a pagar ese beneficio; y, pese a los memoriales de solicitud de información que formuló, no obtuvo respuesta alguna.

Ante el deceso de su consorte, en condición de derechohabiente del mismo, continuó con el trámite para la cancelación del Complemento Económico y los beneficios adeudados, no existiendo ningún tipo de auditoría a la supuesta deuda que el de cujus tendría o sus descargos; tampoco dictamen alguno contra este que determine indicios de responsabilidad alguna. Posteriormente, en una reunión sostenida con los encargados de MUSERPOL, reconocieron lo que se le debía y le cancelaron el 50% del Complemento citado, reteniendo de manera ilegal la otra mitad para el pago del infundado e inexistente crédito que no tendría los requisitos necesarios para ser respaldado, pretendiendo convertir el mismo en una obligación civil para forzarla a su cancelación, no habiendo prueba alguna que ampare el irregular cobro, que haya demostrado derecho alguno para cobrarle.

Actualmente, serían varios pagos del Complemento Económico que no le fueron abonados, procurando exigirle una obligación sin haberse seguido el debido proceso, generándole indefensión; en mérito a ello, solicitó en reiteradas oportunidades la cancelación de dicho beneficio ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la MUSERPOL; sin embargo, no recibió una respuesta formal ni pronta debidamente respaldada y justificada por el dictamen de auditoría respecto a la falta de pago del indicado beneficio, emitiéndose a tal efecto informes infundados remitidos por el Asesor Legal de dicha entidad; empero, no así por parte del ahora demandado, haciendo alusión a una deuda ficticia que apareció en el sistema después de casi diez años, que no fue determinada por autoridad competente, en virtud a la cual se le suspendió el mencionado beneficio; transgrediendo sus derechos al debido proceso y a la defensa; ya que, en ningún momento se le inició una auditoría sobre los supuestos recursos adeudados, o proceso interno alguno que haya determinado dicha responsabilidad. Asimismo, existiría la inminencia de producirse un daño irremediable e irreparable de no otorgarse la tutela; debido a que, su persona padecería de cáncer terminal, requiriendo con urgencia de los montos debidos.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la petición, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se le restituya el beneficio del Complemento Económico de las gestiones 2016 a la 2020 y lo que corresponda al saldo en cuanto a 2021; debido a que, la suspensión del mismo sería atentatoria a los derechos y garantías constitucionales que le asisten; b) El pago inmediato del monto total pendiente y la baja del sistema de MUSERPOL de la supuesta deuda, y se le extienda la certificación de no adeudo de su fallecido cónyuge con dicha institución, con el fin de que se evite percances futuros en el cobro del referido beneficio; y, c) Se condene en costas y costos procesales al demandado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de julio de 2021, según consta en acta cursante de fs. 247 a 248 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, añadió que, al haber presentado la declaratoria de herederos de su fallecido esposo, tendría derecho a solicitar que se le cancele los montos que le corresponderían al nombrado, extrañando que la parte demandada solamente le pretendería hacer asumir las obligaciones y entregar solo el 50% del Complemento Económico; siendo alarmante que, pese a haberse pagado lo correspondiente a las gestiones 2005 a 2013, se indique que tendría que ser un pliego de cargo ejecutoriado derivado de un proceso coactivo el que demuestre la existencia de ese adeudo. Asimismo, no se siguió el procedimiento establecido en las normas básicas de contabilidad integrada para demostrar esta obligación; tampoco se presentaron los respaldos pertinentes que indiquen el por qué se vendría arrastrando la misma sin analizarse los descargos, para que en su momento el de cujus haya podido defenderse o caso contrario modificar o complementar los descargos suscitados, no habiéndole permitido hacer aquello.

I.2.2. Informe del demandado

Edgar José Cortez Albornoz, Director General Ejecutivo de MUSERPOL, el 6 de julio de 2021, presentó informe escrito, cursante de fs. 130 a 140, en el que manifestó lo siguiente: 1) El titular del beneficio del Complemento Económico era Eduardo Imbelloni Gonzáles hasta su fallecimiento, el cual se suscitó el 18 de enero de 2019, conforme al certificado de defunción; por ello, como beneficiario y titular, el derecho a reclamar el pago del mismo precluyó al momento de su deceso, quedando habilitada a efectos de exigir su cancelación conforme a procedimiento la accionante en su calidad de viuda; quien previa solicitud semestral y cumplimiento de requisitos debería habilitarse para el pago posterior de dicho beneficio; 2) La prenombrada no podría pretender reclamar supuestos derechos vulnerados en gestiones anteriores al fallecimiento del titular, cuando en la gestión 2018 -vigente hasta 2019-, de acuerdo a normativa específica del Reglamento del Beneficio Complemento Económico en sus arts. 12, 14 y 15, no era considerada beneficiaria; no presentó poder suficiente que acredite representación legal de Eduardo Imbelloni Gonzáles respecto a los anteriores años reclamados; por lo que, su legitimación activa para esta acción tutelar recién podría ser considerada a partir de la muerte del titular, y además haya regularizado su condición; 3) Se procedió a la suspensión de pago de la gestión 2014 del nombrado beneficio al titular de este, como resultado de la promulgación del Reglamento de Pago del Complemento Económico de la citada data, momento en el cual el mencionado registró una deuda pendiente con la institución, siendo informado de dicha situación semestralmente; 4) La referida suspensión no fue dispuesta de manera arbitraria, sino se encontraría respaldada por normativa reglamentaria específica y de cumplimiento obligatorio; por lo cual, no se podría utilizar esta acción de defensa para tratar de soslayar una disposición normativa como el aludido Reglamento, mientras se mantenga vigente; toda vez que, el mismo se presume legítimo bajo los principios de legalidad y presunción de legitimidad; 5) La impetrante de tutela en dos notas presentadas el 7 de diciembre de 2020, en su calidad de beneficiaria pidió la amortización de deuda de su fallecido esposo del primer y segundo semestre de la citada gestión, mereciendo una respuesta de MUSERPOL que determinó el importe de ambos semestres; aspecto que demostraría el reconocimiento de la deuda que se mantendría con dicha Mutual; 6) En la acción tutelar no se precisó fechas de los memoriales interpuestos en los que solicitaría el pago del Complemento Económico, tampoco los actos que hubiera realizado ni los derechos de la accionante que habrían sido conculcados, dejándole en estado de indefensión, vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa;  7) El 12 de febrero igual año, MUSERPOL hizo saber a la referida que no podría cobrar lo correspondiente a la segunda gestión de 2019, entretanto se presenten deudas en favor de la indicada entidad, sin que exista pronunciamiento o cumplimiento de las normas establecidas, respondiéndose a todas las solicitudes de la impetrante de tutela; empero, la misma no hizo uso oportuno de los mecanismos legales de impugnación previstos en materia administrativa, no habiéndose sometido a un procedimiento que amerite la tramitación de sus pretensiones en la vía administrativa, omisión que no podría ser suplida por dicha Mutual; 8) La prenombrada no agotó la vía administrativa de reclamación o impugnación prevista por el Reglamento de Complemento Económico, tampoco empleó los mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico administrativo, no habiendo cumplido con el principio de subsidiariedad previsto en el Código Procesal Constitucional; no fundó ni justificó su solicitud de excepcionalidad de este mecanismo de defensa; y, 9) Pretendería hacer valer un informe del Directorio de MUSERPOL  como el agotamiento final de la vía administrativa, sin considerar que la MAE sería la encargada de emitir una resolución final, contra la cual recién se podría activar la acción de amparo constitucional; extremo que sin embargo no lo hizo; pidiendo se deniegue la tutela demandada por no haberse establecido la transgresión de derechos constitucionales en su calidad de MAE de MUSERPOL.

Asimismo, en audiencia de garantías mediante su abogado, remarcó que todo el trámite administrativo, ya sea de las solicitudes de pago del Complemento Económico, tanto del titular como de la viuda, estarían establecidos conforme a un reglamento específico; el cual, desde su promulgación el 2014, fue modificándose con el transcurso de los años, pudiendo este beneficio ser suspendido, y quienes se considerasen afectados utilizar las facultades de impugnación conforme corresponda.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

El representante fiscal, no presentó escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 109 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 48/2021 de 6 de julio, cursante de fs. 249 a 254, concedió parcialmente la tutela impetrada, con relación al derecho a la petición, para que en el término de tres días hábiles desde su notificación realizada en esa audiencia, la parte demandada dé una explicación coherente sobre su petición efectuada por la peticionante de tutela a través del memorial de 6 de mayo del mismo año; y, denegó la tutela, por existir hechos controvertidos en cuanto a la cancelación del pago que solicitó la accionante; con base en los siguientes fundamentos: i) Por la condición de adulta mayor de la peticionante de tutela, no aplicó el principio de subsidiariedad; empero, no se podría pronunciar acerca del cobro del beneficio del Complemento Económico a través de esta acción de defensa; debido a que, existirían derechos controvertidos que requerirían una valoración de elementos de prueba acerca de la posición de ambas partes; por un lado, MUSERPOL, según el informe presentado y la documentación que acompañó, se presentaría una deuda atribuida al fallecido esposo de la prenombrada -quien fuera titular del beneficio-; adeudo que, según afirmó la impetrante de tutela no sería cierto; ya que, su finado cónyuge acreditó oportunamente el descargo correspondiente por las planillas firmadas de quienes recibieron la totalidad del aludido monto; ii) No se podría examinar ni debatir esta acción constitucional; puesto que, según el art. 128 de  la CPE, la misma está instituida para proteger derechos constituidos y consolidados, no para declarar derechos, ni para definir acreencias o deudas, si sería que efectivamente existiesen o no; iii) El 6 de mayo de 2021, la solicitante de tutela presentó al Presidente y Directorio de MUSERPOL un memorial, requiriendo la cancelación del Complemento Económico, cuya respuesta se limitó a una breve nota que se respaldó en un informe de la Asesora Legal de dicha institución, concluyendo que el aludido Directorio no tendría atribuciones para conocer lo pedido, en los términos de lo manifestado; contestación que sin embargo, no cumpliría la exigencia de ser debidamente fundamentada; y, iv) La Nota -CITE: MUSERPOL/HONORABLEDIRECTORIO/149/2021 de 27 de mayo- de MUSERPOL, persistiría en una ausencia de atención adecuada a lo impetrado por la accionante; no obstante, de argüir que se procedió con el análisis de la misma; empero, en los hechos no se verificó; ya que, no expusieron cómo analizaron lo solicitado y simplemente adjuntaron el informe presentado por la Asesora Legal, vulnerando el derecho a la petición; toda vez que, la respuesta no necesariamente debe ser positiva o negativa, sino exponer las razones, y no limitarse a decir que debe acudir a la vía que corresponde, sin especificar cuál sería la situación en que se encontraría lo reclamado.

Una vez emitida la Resolución citada supra, la solicitante de tutela pidió explicación respecto al nuevo fallo que la parte demandada deberá emitir, respecto a que si este será a partir de su legal notificación del Directorio de MUSERPOL; a tal efecto, la referida Sala Constitucional dispuso que, al ser dicha institución la entidad demandada y haber acreditado su personería, están obligados a dar una respuesta fundamentada conforme a requerimiento, sujetándose a lo resuelto.