SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0466/2022-S1

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2.  Del Trámite de incidentes con la modificación de la Ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños y adolescentes y mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-

El art. 314 del CPP sufrió modificaciones a su texto original, a través de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 y posteriormente por Ley 1173, tanto respecto al procedimiento como a los plazos para su interposición, tramitación y resolución. El texto vigente de la norma en examen, es el siguiente:

Artículo 314. (TRÁMITES).

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.

Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.

Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.

El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.

Artículo 315. (RESOLUCIÓN).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite.

III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos (las negrillas fueron añadidas).

III.3.  Análisis del caso concreto

De la glosa del objeto procesal de la presente acción tutelar, se tiene que el accionante, en lo sustancial, denuncia que la Jueza demandada, dentro del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa planteado por su parte, emitió el Auto Interlocutorio 280/2021, carente de fundamentación, motivación y congruencia, pese a cumplir con los presupuestos que establece el art. 315.II del CPP.

En ese marco, a los fines de determinar si la alegada vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales resultan o no evidentes, es pertinente conocer los motivos y fundamentos del citado Auto Interlocutorio 280/2021 dictado por la Jueza demandada, mediante el cual rechazó in límine el precitado incidente interpuesto por el ahora accionante; argumentando que: a) La notificación de la cual se pretende su nulidad data de 17 de marzo de 2021; y por otra parte, se tiene que el Fiscal de Materia, por providencia de 9 de abril del mismo año, rechazó la nueva notificación pretendida por el incidentista -ahora accionante-, entendiéndose que en la fecha indicada -9 de abril del citado año- asumió conocimiento de la notificación practicada el 17 de marzo de igual año, al no cursar diligencia u otro elemento probatorio respecto a la forma y tiempo real de la notificación que reprocha; por lo que, a partir del 9 de abril del citado año, corresponde realizar el cómputo legal de diez días hábiles para la interposición del incidente de nulidad, estableciéndose que según la previsión del art. 314.I del CPP, el plazo concluyó el 23 del mencionado mes y año; y, b) El incidente interpuesto el 26 de mayo del citado año, fue presentado en forma extemporánea, en un tiempo excesivamente posterior -más de un mes- al plazo perentorio establecido en el mencionado artículo.

Del análisis del referido Auto Interlocutorio, se puede establecer que la Jueza demandada rechazó in límine el incidente interpuesto por el ahora impetrante de tutela, porque consideró que el mismo hubiese sido interpuesto de forma extemporánea al plazo establecido por el art. 314.I del CPP, computando el término desde el requerimiento del Fiscal de Materia de 9 de abril de 2021; por el que, la autoridad del Ministerio Público rechazó una nueva notificación al hoy accionante con la Resolución Conclusiva de Sobreseimiento; es decir, que la Jueza demandada fundó su rechazó en el incumplimiento del plazo para el planteamiento del incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa de las actuaciones del Ministerio Público presentado por el impetrante de tutela; argumento que deviene en fundamentación arbitraria e incongruente con la norma prevista por el art. 315.II del CPP, que dispone: “Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite” (las negrillas fueron añadidas); por cuanto, sustenta su decisión al margen de los presupuestos que establece el citado artículo, el cual de manera expresa determina que el rechazo será in límine cuando las excepciones o incidentes carezcan de fundamento y prueba -presupuestos que no sustentan la citada Resolución-, sin que dicha norma establezca como otro elemento normativo para el mencionado rechazo, que la presentación hubiese sido presentada fuera del plazo que establece el art. 314.I párrafo tercero del adjetivo penal, norma jurídica que fue utilizada para resolver el caso de forma incorrecta. Sobre este particular, se tiene la jurisprudencia de la SCP 0409/2020-S1 de 28 de agosto, que señala:

Inicialmente el Auto cuestionado hizo alusión a que se incumplieron los plazos de planteamiento de incidentes, previstos por los arts. 314.I y 315.II del CPP (previos a las modificaciones de la ley 1173); sin embargo, con relación a la aplicación del art. 314.I del CPP la autoridad demandada, no explicó cómo ante el incumplimiento de plazo para el planteamiento de los incidentes aludidos, derivó en un rechazo in limine, no existiendo ante ello ninguna base normativa que avale esa forma de resolución en esas circunstancias, por lo que incumplió con el elemento normativo exigido a efectos de cumplir con la fundamentación que debe tener toda resolución emitida tanto por autoridades judiciales y administrativas; (…) Finalmente, no fue claro a la hora de aplicar el art. 315.II en cuanto al incumplimiento del plazo al que hizo alusión el Auto 825, ya que dicha norma establecía –al igual que la norma actual- que un incidente por carecer de fundamento y prueba debía ser rechazado in limine, empero ese alcance no tiene relación con el tema del plazo de planteamiento de incidentes, contexto en el cual la autoridad demandada aplicó el citado art. 315.II del CPP al efecto, sin la correspondiente explicación

Consiguientemente, se concluye que la Jueza demandada al haber rechazado in límine el incidente planteado por el impetrante de tutela, realizó una fundamentación arbitraria de la norma prevista por el art. 315.II del CPP, y por ende su motivación sustentada en dicho criterio, resulta incongruente y erróneo, alejándose de los parámetros establecidos por ley que deriva en una inseguridad jurídica, vulnerando así el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, lo que a su vez conllevó el impedimento al acceso de los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico y consiguiente tutela judicial efectiva, obligando al accionante acudir a la jurisdicción constitucional para efectuar su reclamo frente a la arbitrariedad sufrida; circunstancias bajo las cuales corresponde otorgar la tutela solicitada.

Con relación a la presunta lesión del debido proceso por falta de valoración de la prueba, conforme la formulación argumentativa de la denuncia efectuada en sede constitucional en la que se hace alusión a las diligencias de notificación y al certificado médico presentados por el impetrante de tutela, se tiene que al haberse rechazado in límine el incidente planteado por el accionante, dichas documentales aportadas por el prenombrado no ameritaron su valoración debido a que no se ingresó al análisis de fondo; por lo que, la alegada vulneración no resulta evidente debiendo denegarse la tutela respecto del mismo.

Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la  Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 094/2021 de 22 de septiembre, cursante de fs. 78 a 82, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y en consecuencia:

1°  CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, así como a la defensa, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, disponiendo que la Jueza demandada pronuncie nuevo Auto Interlocutorio de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional;

CORRESPONDE A LA SCP 0466/2022-S1 (viene de la pág. 15).

2°  DENEGAR la tutela con relación a la lesión del debido proceso en su vertiente de valoración de la prueba, conforme se precisó en el apartado de “Análisis del caso concreto”.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

[1]El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

[2]El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

[3]El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

[4]El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

[5]El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

[6]El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

[7]El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

[8]El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

[9]El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

[10]El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.