SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2022-S2
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2022-S2

Fecha: 28-Jul-2022

1.    Cuando la acción de libertad este fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tan

2.    Cuando el Fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3.    Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez Cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene la subsidiaridad.

4.    Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5.    Si impugnada la resolución, esta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción de libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas nos corresponden).

A partir de lo manifestado y a fin de no generar ningún tipo de disfunción procesal mediante la emisión de dos resoluciones distintas sobre una misma problemática jurídica; no es posible acudir a la jurisdicción constitucional alegando hechos lesivos que previamente ya fueron denunciados ante las autoridades de la jurisdicción ordinaria y cuya decisión está pendiente de resolución; toda vez que, la jurisprudencia constitucional proscribe la activación paralela de la jurisdicción constitucional y ordinaria, como causal de improcedencia.

III.2.  La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SC 0044/2010-R de 20 de abril dispone: Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.

De igual forma la SCP 0369/2012 de 22 de junio, refiere: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del                art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales.

(…)

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’ e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)”.

Así las cosas, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y oportuno para ordenar la ejecución inmediata de trámites judiciales o administrativos, cuya dilación impide que se resuelva la situación jurídica de una persona privada de libertad.

III.3.  Análisis del caso concreto

El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad física, bajo el argumento que, la autoridad judicial demandada dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 131/2020 de 19 de abril, y que presentado el recurso de apelación incidental el 20 del citado mes y año, se omitió el trámite previsto en la Norma Adjetiva Penal; en consecuencia, no se remitió el legajo de apelación al Tribunal superior. Del mismo modo, denuncia que no realizó un examen correcto de su situación jurídica y llevó a cabo una incorrecta labor valorativa, al momento de disponer la aplicación de la medida cautelar personal de detención preventiva.

En efecto, la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, evidencia el inicio de un proceso penal contra el hoy impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública y conducción peligrosa de vehículo; dentro del cual, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 131/2020.

A raíz de ello, tal cual se infiere de la Conclusión II.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el imputado formuló recurso de apelación incidental el 20 de abril de 2020. Finalmente, los antecedentes adjuntos al expediente constitucional, advierten que el recurso de apelación fue recepcionado en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 5 de mayo de similar año (Conclusión II.2 y II.4).

Ahora bien, pese a las limitaciones advertidas en el memorial de acción de libertad de 4 de mayo de 2020 y en la carga argumentativa presentada por el peticionante de tutela al momento de la celebración de la audiencia pública de consideración de la presente demanda, se debe tomar en cuenta que una de las características principales de esta acción tutelar es su informalismo; ello implica que, el juez, tribunal de garantías o sala constitucional puede salvar defectos u omisiones del accionante a fin de buscar condiciones más favorables para la tutela de los derechos supuestamente vulnerados; en este ejercicio, se evidencia la existencia de dos problemas jurídicos: la ausencia de un examen correcto sobre la situación jurídica del imputado por parte de la autoridad judicial demandada a raíz de una incorrecta actividad valorativa; y, la inobservancia de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal al momento en que se tramitó el recurso de apelación incidental presentado el 20 de abril de 2020.

Esta jurisdicción constitucional no puede realizar un examen de fondo respecto a la primera cuestión alegada -es decir, a la actividad desarrollada por la autoridad demandada-; toda vez que, la acción de libertad, en atención al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no puede ser activada para denunciar hechos que previamente fueron denunciados ante la jurisdicción ordinaria y cuya decisión está pendiente de resolución; en razón a que, no es permisible la activación paralela de ambas jurisdicciones; en el caso concreto, existe un recurso de apelación presentado el 20 de abril de 2020; respecto al cual, los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de la activación de la jurisdicción constitucional, no emitieron pronunciamiento de fondo alguno. Razón por la cual, sobre esta cuestión jurídica, deviene la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y la imposibilidad de realizar un análisis de fondo.

Dicho esto, según se advierte en el entendimiento asumido por el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, constituye el medio idóneo y oportuno para acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

En el caso concreto, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental el 20 de abril de 2020; el cual, según informe de 4 de igual mes y año, suscrito por Vidal Quispe Alarcón, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, fue notificado a la otra parte en atención a lo dispuesto en el                art. 405 del CPP, cuando dicha actuación no era necesaria en aplicación estricta de la referida disposición legal que fue modificada por el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-., situación que supone una dilación indebida en el trámite del recurso de apelación interpuesto por el peticionante de tutela. En este orden, si bien la autoridad judicial demandada arguye haber cumplido los plazos previstos por ley al momento de tramitar el recurso planteado; no acompañó evidencia alguna para demostrar la veracidad de los argumentos de cargos presentados, lo cual supone la lesión del principio de celeridad que comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia.

Por los motivos expuestos, se advierte que la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, vulneró al debido proceso en su elemento de celeridad y a la libertad física del impetrante de tutela; razón por la cual, corresponde otorgar en parte la tutela solicitada.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 22/2020 de 5 de mayo, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia:

CONCEDER la tutela impetrada en parte únicamente respecto a la dilación en la remisión de la apelación incidental; y,

2° DENEGAR la misma en cuanto a la falta de la valoración de la prueba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA