SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0832/2022-S4

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 7 de septiembre de 2021, cursante de fs. 621 a 627, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ordinario de nulidad de documento privado de venta de inmueble ‒de 21 de enero de 1973‒ y consecuente cancelación de escritura pública en la matrícula computarizada 5081010003607 de Derechos Reales (DD.RR.), que siguió junto a Antonio Arequipa Ibarra contra Corina, Rosalía, Irma y Oliva, todas Arequipa Ibarra ‒hoy terceras interesadas‒ en el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de Tupiza del departamento de Potosí, se emitió la Sentencia 44CC/2015 de 11 de diciembre, anulada por Auto de Vista 139/2016 de 23 de septiembre, con el sustento de no haberse realizado análisis, motivación y fundamentación conforme a la Ley 358 de 20 de noviembre de 1950 ‒de modificación de la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858‒; en cuyo efecto, se expidió la Sentencia 30C/2017 de 9 de mayo, también anulada por Auto de Vista 031/2018 de 9 de marzo; dictándose en consecuencia, la Sentencia 36/2018 de 9 de agosto, confirmada a través del Auto de Vista 46/2020 de 16 de noviembre, impugnada mediante recurso de casación que fue declarado infundado por Auto Supremo 142/2021 de 26 de febrero, ahora objetado; sin embargo, en toda la indicada secuencia procesal, denunció que los operadores de justicia no entendieron que la causa de nulidad del referido documento privado de venta de inmueble y su registro estaba basado en la “…no intervención de dos testigos y una persona que firma a ruego por analfabeta…” (sic), al tenor de lo dispuesto en la precitada Ley.

Conforme a los antecedentes fácticos y procesales referidos, es evidente que ninguna instancia reparó los errores sustanciales y adjetivos cometidos por el ad quem, en especial la última tramitada por los Magistrados demandados, quienes respecto del documento de transferencia del mencionado inmueble afirmaron “…es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades…” (sic); por ende, totalmente alejados de la verdad otorgada por la prueba aportada, de los marcos de razonabilidad y equidad; y, aplicando incorrectamente el ordenamiento jurídico.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus elementos de motivación, congruencia, aplicación normativa y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 56, 115.II, 119.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto Supremo 142/2021 de 26 de febrero, disponiendo que las autoridades judiciales demandadas emitan uno nuevo, conforme la doctrina legal aplicable.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 27 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 658 a 675 vta., presentes los representantes del solicitante de tutela; y, ausentes las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados excepto Oliva Arequipa Ibarra, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Los representantes del accionante a través de su abogado, ratificaron los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, sin realizar ampliación fáctica o normativa sobre la misma.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berríos Alvizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito presentado el 30 de septiembre de 2021, cursante de fs. 638 a 641 vta., argumentaron lo siguiente: a) La acción tutelar, no identifica el acto lesivo u omisión ilegal e indebida ni contiene el nexo causal con los derechos fundamentales y garantías constitucionales; b) El contrato de transferencia, opera por voluntad propia de los suscribientes, quienes deben tener capacidad y buena fe, en base a la libertad contractual, situaciones que no fueron “defenestrados” de forma alguna en el caso concreto; c) Se explicó al solicitante de tutela, que el negocio jurídico “…se ha sujetado a los requisitos de validez exigidos por el art. 699 del Código Civil Santa Cruz y es preciso además manifestar que el propio precepto legal (Art. 2 de la Ley N° 358 de 20 de noviembre de 1950), encierra dos condiciones para ser viable la invalidez; y en ese proceso, sólo se llegó a evidenciar la superficialidad de uno de ellos…” (sic); d) Respecto a la valoración de la prueba, “…se ha tamizado el tenor y contenido del testimonio N° 88/1977 bajo el amparo del principio de verdad material; el análisis de dicha prueba constató que el negocio jurídico (la compra-venta que a través de ella se dejó constancia), no es ilícito y tampoco se evidenció que contenga alguna cláusula que sea inmoral para la época en la que se fue suscrito, es más, se aprecia que en su tenor están presentes todos los presupuestos exigidos por la normativa de ese entonces, en otras palabras, se puede decir que sus aspectos intrínsecos son sólidos y se condicen entre sí con el objeto del contrato…” (sic); y, e) En la normativa civil abrogada, la ausencia de firmas de los testigos instrumentales no se subsume en alguna causal de nulidad “…per se para ser tal y configurarse su invalidez, era necesaria también la ausencia del consentimiento en la firma del contrato…” (sic); con ello, el recurrente pretendió “apantallar” la inexistencia de causa real de nulidad.  

I.2.3. Informe de las terceras interesadas

Irma y Oliva, ambos Arequipa Ibarra, afirmaron que su abogado estaba enfermo y fue internado con COVID-19, por ello solicitaron que la presente audiencia pública sea diferida, pedido que fue desestimado por el Tribunal de garantías, en razón a la previsión que debieron tener.

Rosalía y Corina, todas Arequipa Ibarra, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia para resolver la acción de amparo constitucional, a pesar de su notificación cursante a fs. 650 a 651.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió la Resolución 138/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 676 a 685, mediante la cual, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto Supremo 142/2021 de 26 de febrero, ordenando la emisión de uno nuevo observando los fundamentos expuestos en la misma; con las siguientes justificaciones: 1) El citado Auto Supremo, no señaló el por qué los requisitos del contrato de compraventa fueron meras formalidades “…por cuanto la Ley 358 de 20 de noviembre de 1950, establece que el incumplimiento de estos requisitos implicará la nulidad de los contratos…” (sic); 2) Del mismo modo, citaron los Magistrados demandados los arts. 910 y 911 de la precitada norma civil; empero, solo fue en forma retórica y trató únicamente de justificar y evadir el problema de fondo con referencias legales inaplicables al tema discutido; y, 3) Concluyendo que las autoridades judiciales demandadas, a pesar de evidenciar los reclamos indicados en la impugnación, eludieron dar aplicación a lo ordenado en la norma imperante en el momento de la suscripción del documento de compra-venta, tal como se tiene señalado en el art. 1567 del Código Civil (CC).