SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0902/2022-S4

El accionante denunció la vulneración de sus derechos al agua, a los servicios básicos de agua potable, a la vida y a la alimentación; alegando que, en la Asociación de Agua Potable y Alcantarillado de Huaricaya San Lorenzo del departamento de Cochabamba, no se le permitió pagar por el consumo del servicio de agua potable, hasta que previamente no cumpla con abonar por todas las multas que le impusieron por diferentes razones; y, en cuya consecuencia, fue víctima del corte de ese servicio, habiéndole indicado el Presidente de la mencionada Asociación –ahora demandado–, que la decisión era cortar por tres meses a los deudores; no obstante lo cual, y haber cancelado todas las multas y el servicio, no se procedió a su reconexión como le señalaron.

Por lo expuesto, corresponde en revisión, determinar si los argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Las vías de hecho. Finalidad de la tutela constitucional, definición y presupuestos de activación

A través de la SCP 0278/2015-S3 de 26 de marzo, la cual asumió el entendimiento de la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, se estableció que: “…es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho.

III.2. Jurisprudencia sobre el derecho al agua

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0071/2010-R de 3 de mayo, indicó lo siguiente: “El derecho al acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad está reconocido y consagrado como derecho fundamental por el art. 20.I de la CPE, dentro de los principios de universalidad y equidad; es decir que los servicios básicos como responsabilidad del Estado en todos los niveles de gobierno de manera directa o mediante contratos con empresas privadas como prevé el parágrafo II de la citada norma constitucional, no deben ser restringidos en el acceso por motivos o causas más allá de las previstas por las normas o procedimientos para tal efecto.