SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1105/2022-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 17 de septiembre de 2021, cursantes de fs. 18 a 21 vta.; y, 25 y vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sería propietario de un inmueble ubicado en la zona Tuscapujio, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, con una superficie de ocho hectáreas, inscrito en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo el folio real con Matrícula 3.10.1.01.0056434; empero, el 1 de julio de 2021 a horas 7:30, cuando se constituyó junto a sus familiares en dicho predio, un grupo de “loteadores” se encontraban asentados y habían realizado construcciones precarias, alegando que eran compradores de Hilarión Mérida García -hoy demandado-, con respaldo jurídico de su abogado Nelson Soliz -codemandado-; razón por la cual, acudió ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba del citado departamento, denunciando edificaciones ilegales, para verificar con qué documentación invadieron sus terrenos; sin embargo, pese a que se les conminó en tres oportunidades a ese fin, no presentaron literal alguna, demostrando que actuaron de forma dolosa con medidas de hecho y avasallamiento, situación que fue refrendada mediante Informe E.W.N.S. 01/2021 de 13 de julio, elaborado por Erick Waldo Núñez Salazar, Jefe de Urbanismo, dirigido a Jhonny Camacho Rodríguez, Subalcalde del Distrito Lava Lava, ambos del citado ente edil.

Si bien inició el procedimiento administrativo para la demolición de esas construcciones ilegales y desalojo, ello no resultaría subsidiario a la presente acción tutelar, conforme señaló la SCP 0028/2019-S4 de 1 de abril.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto el art. 56.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo a) El desalojo de toda persona asentada, y en caso de ser necesario con la ayuda de la fuerza pública; b) La remisión de los antecedentes al Ministerio Público de los demandados, y de las personas no identificadas que se encuentren en su predio; y, c) Sea con costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de septiembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 80 a 82, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: 1) La aplicación directa de los derechos debería asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de derechos, así señalaron las SSCC 0050/2001, 1912/2004-R y 0183/2010-R; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1453/2013 de 19 de agosto y 0028/2019-S4 de 1 de abril, que también fue reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 17.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en el marco del art. 410.I de la CPE, respecto al bloque de constitucionalidad; 2) Con su registro en la oficina de DD.RR., existiría oponibilidad contra terceros, conforme el art. 1545 del Código Civil (CC) y la SCP 0183/2010-R de 24 de mayo; asimismo, gozaría de protección del Estado frente a los avasallamientos; 3) La documentación que presentaron los terceros interesados acreditando ser propietarios de los predios en cuestión, no contaría con la firma de su patrocinante ni ostentarían valor jurídico, pues no observaron los arts. 1287, 1309 y 1538 del citado cuerpo normativo; por lo que, no se entendería que existirían hechos controvertidos, menos que emergieron derechos de propiedad amparados en la posesión que no les corresponde; y, 4) Al haber ingresado a los predios que le pertenece de forma clandestina y violenta, no podrían alegar los demandados y terceros interesados que debería agotarse instancia o que hubo actos consentidos.

I.2.2. Informe de los demandados

Richard Parra Villarroel, David Suturi Condori, Edwin Coaquira López, Aquelina Mamani Urquieta, Rolando Medrano Hinojosa, Eleuterio Mundocorre Cruz, Leonardo Aro Córdova, Rene Mundocorre Mamani y Bonifacio Achacata Mamani, por memorial presentado el 27 de septiembre de 2021, cursante de fs. 70 a 73 vta., y en audiencia de garantías a través de su abogado, manifestaron que: i) De la demanda tutelar se evidenció que el impetrante de tutela reconoció que tenía conocimiento que estaban en posesión de esas tierras por aproximadamente diez años, que adquirieron de Clemente Álvarez Cutile, quien estuvo en posesión por más de quince años, contando con documentos privados de compra venta de esos lotes de terreno y reconocimiento de firmas que datan de 1 de julio de 2008; es decir, que sus asentamientos no fueron recientes y pretendían regularizar su derecho propietario a través de la figura de usucapión hasta que se enteró el peticionante de tutela y acudió al Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba instaurando en su contra, procesos administrativos para la demolición de sus viviendas; ii) Se constituyeron en el referido Gobierno Municipal, presentando las literales que tenían; empero, no pudieron cumplir con la documentación firmada por el propietario que les exigieron, pese a que explicaron que estaban regularizando sus papeles; y, iii) El solicitante de tutela demoró para la interposición de esta acción de defensa más de diez años, incluso el citado ente edil no tenía certeza si las ocho hectáreas en disputa, se encontrarían en el área urbana o agrícola, si se daría este último supuesto, muchos de los poseedores podrían adquirirlos a través de un título ejecutorial, considerando que debería agotarse las vías civil, administrativa o agraria, antes que la constitucional conforme estableció la SC 0428/2010-R de 28 de junio, y lo previsto en los arts. 53 y 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Hilarión Mérida García y Nelson Soliz, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 28 y 29.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AAC 127/2021 de 28 de septiembre, cursante de fs. 83 a 85 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante acudió ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, denunciando construcciones clandestinas y avasallamiento, instancia que a través de su titular dictó el Auto de 3 de agosto de 2021, que determinó el inicio de procesamiento sancionador contra el propio peticionante de tutela, con la conminatoria de emitirse resolución de demolición conforme lo previsto en el art. 26.23 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (LGAM), desconociendo el resultado de ese actuado; b) La jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0148/2010-R de 17 de mayo, señaló como uno de los presupuestos para abstraerse del principio de subsidiariedad, es demostrar que existe daño irreversible o irreparable, agravando la lesión ya consumada o si provocaría amenaza o restricción a otros derechos fundamentales; aspecto que, no fue acreditado por el impetrante de tutela, tampoco fundamentó la concurrencia de esa situación, alegando solo que ostenta el derecho de propiedad privada sobre el inmueble en cuestión, que podría ser reclamado en la vía idónea; y, c) Considerando que la prueba presentada por el solicitante de tutela, no solo se limitaría a la titularidad de los predios, sino debió acreditar los actos denunciados en esta acción de amparo constitucional, pues el muestrario fotográfico no demostró que fueron tomadas en el lugar de los presuntos hechos ni tampoco la fecha de su obtención, siendo que le correspondería la carga de la prueba.