SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1283/2022-S2

El accionante mediante sus representantes alega la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva; así como el principio de celeridad; ya que las autoridades demandadas, estarían ocasionando dilación en la realización de la verificación domiciliaria para que sea beneficiado con la libertad condicional.

En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1.  El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso

           Al respecto, la SCP 1555/2013 de 13 de septiembre, realizó el siguiente desarrollo: “De conformidad a lo establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), la administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, se sustenta entre otros principios, en el de celeridad, el cual también ha sido reconocido por los arts. 3.11) de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP); 3.7) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y art. 3.4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); conforme a dicho principio, la administración de justicia, debe ser oportuna y sin dilaciones, buscando efectivizar los derechos y las garantías reconocidos por el texto constitucional.

           El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuesto por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse, sin embargo en los casos en los que estos plazos surgen como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente dispuestas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento, una actuación contraria, conlleva no sólo a la vulneración de derechos y garantías, sino también al fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación.

           En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la               SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica pues es a partir de ellos que logra alcanzarse la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, que se materializan en la oportunidad y prontitud de la administración de justicia a cuyo efecto deberá ser el administrador de justicia el encargado de impulsar el proceso y garantizar la celeridad procesal.

           Ahora bien, conforme se ha establecido, la celeridad que debe caracterizar las actuaciones judiciales no se constituye en un fin, sino en el medio o mecanismo necesario para garantizar la efectivización o materialización de otros dos derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y que forman parte de su esencia por su naturaleza social, democrática y de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.

           En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido del parágrafo segundo del mismo artículo, que sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ´sin dilaciones´, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica, toda vez que la administración de justicia no puede ser entendida en sentido formal, sino que, debe trasuntarse en una realidad accesible y veraz, garantizada por el Estado a través de la CPE, para que quien busca la solución de un problema jurídico, pueda obtener respuesta oportunamente; dicho de otra forma, una decisión judicial tardía, aún cuando los conflictos hayan sido resueltos, resulta una injusticia, toda vez que: ‘La justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquélla, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales -entre las cuales se encuentran-

           (…) la garantía de la celeridad en los procesos judiciales

           (…) la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida…´; en otras palabras, es ´…parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el 'derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos’.

           Similar entendimiento ha asumido éste Tribunal, cuando en la                SCP 0110/2012 de 27 de abril, manifestó: ’En el entendido que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas constituye una garantía, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que una demora injustificada e irrazonable en la tramitación del proceso penal, implica el desconocimiento de la garantía del debido proceso y la violación del principio de celeridad procesal, que puede dar lugar incluso, a la conclusión del proceso cuando los jueces y tribunales de justicia no dirigen e impulsan su tramitación hacia su conclusión dentro de un plazo razonable; toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia; por lo que el impulso procesal, entendido como la acción de llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva, no es de responsabilidad exclusiva de las partes litigantes, sino principalmente de los propios órganos jurisdiccionales, cuyo incumplimiento da lugar a la retardación de justicia, lo cual amerita se adopten las medidas necesarias encaminadas a evitar la paralización del proceso o su dilación indebida a través de la ejecución de actuados procesales en plazos demasiados prolongados, cuando, por ejemplo, no están expresamente normados en nuestra economía procesal, tal como ocurre en los señalamientos de audiencias para considerar el beneficio de la cesación de la detención preventiva´.

           En este orden de ideas, es posible concluir que, si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, las autoridades que imparten justicia deben acatar el principio de celeridad en el cumplimiento de sus funciones a fin de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pues la inobservancia de este principio procesal, deriva ineludiblemente en la vulneración al debido proceso y, por ende, conforme al sustento expuesto anteriormente, al acceso a la justicia y la seguridad jurídica que deben considerarse como los principales elementos garantes del proceso penal’” (las negrillas son nuestras).

III.2.  Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el debido proceso en las actuaciones procesales

           Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la                SCP 0673/2013 de 3 de junio señala que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales.

           En este contexto, el Tribunal Constitucional mediante la SC 0044/2010-R de 20 de abril, al efectuar una clasificación doctrinal del hábeas corpus              -ahora acción de libertad-, señaló: ´De la interpretación del art. 18 de la CPE abrg y el art. 89 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en la     SC 1579/2004-R de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional concluyó que el recurso de hábeas corpus «…puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida»´, tipología dentro de la cual agrega al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, definiéndolo como aquel a través del cual: `…se busca (es) acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

           Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen «…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…», e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R), o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)...´.

           De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es nuestro).

           En tal virtud, se tiene que toda autoridad administrativa o jurisdiccional que no actúe con la debida celeridad en la tramitación de solicitudes o en los procesos en los cuales la libertad de las personas o el mejoramiento de su situación jurídica dependan de la resolución de los mismos, causando dilaciones indebidas, lesiona los derechos fundamentales señalados.

III.3.  Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela mediante sus representantes alegó la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus componentes de defensa, igualdad y tutela judicial efectiva; así como el principio de celeridad; toda vez que, las autoridades demandadas, estarían generando dilación indebida en la realización de la verificación domiciliaria para que sea beneficiado con la libertad condicional.

De acuerdo a los antecedentes, se tiene que mediante la Resolución de Concejo Penitenciario “San Pedro de Sacaba” Resolución 26/2020 Cuarto Periodo, de 23 de diciembre, resolvió: “PRIMERO.-, clasificar a JUAN ADRIÁN HUANCA en el CUARTO PERIODO del Sistema Progresivo de conformidad al Art. 157 Inc. 4 y 159 de la citada Ley. SEGUNDO.- El beneficiario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 174 de la precitada ley los cuales serán controlados y verificados por las autoridades pertinentes. TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 175 y 162 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, remítase la Resolución a conocimiento del Juzgado de Ejecución Penal” (sic); cursa nota de 22 de diciembre de 2020, por el que asesoría legal de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, remitió al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, los informes de asistencia legal, psicológica, médica y social, así como la precitada Resolución del Concejo Penitenciario del impetrante de tutela; asimismo, se tiene el cargo de recepción, en el que se constata que fue recibido el 6 de enero de 2021; consecuentemente, se tiene el decreto de 7 enero de “2020” -siendo lo correcto 2021- suscrito por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero referido del departamento, Maritza Cartagena Terrazas, por el que dispuso: “Téngase presente la Clasificación de JUAN ADRIAN HUANCA emitido por Régimen Penitenciario, arrímese a sus antecedentes para su consideración en Resolución” (sic [Conclusión II.1]).

Por otra parte, se tiene que Juan Adrián Huanca, a efectos de cumplir con los requisitos para beneficiarse con la libertad condicional, a través de memorial hizo conocer al Juzgado de Ejecución Penal Primero del citado departamento, la existencia de su certificado de arraigo, emitido por la DGEM y otros documentos más, quedando pendiente la verificación domiciliaria; en tal sentido, solicitó que dicha verificación de domicilio sea encargada a Trabajo Social del propio despacho judicial; también cursa, el decreto de 23 de julio de 2021, que determinó lo siguiente: “Téngase presente lo referido en memorial que antecede, arrímese a sus antecedentes para su consideración en resolución y al estar en acefalía el cargo de Trabajo Social de este Juzgado, Notifíquese a la Trabajadora Social del 3ro. de Ejecución Penal para la verificación del domicilio sea previa coordinación…” (sic [Conclusión II.2]).

También se conoce que el impetrante de tutela, el 16 de agosto de 2021, dio a conocer al Juez de Ejecución Penal Primero, que la Trabajadora Social del Juzgado Tercero ambos de la Capital del departamento de Cochabamba, recién podría realizar la tarea asignada en el mes de septiembre y, en atención a que la verificación de domicilio es el único requisito para obtener el beneficio citado supra, solicitó que dicha verificación pueda ser encargada a la Trabajadora Social del Servicio Plurinacional de Defensa Pública; consiguientemente, se emitió el decreto de 18 del mismo mes y año, por el que se determinó: “Estese al proveído de fecha 23 de julio de 2021…” (Conclusión II.3).

Por otra parte y en atención al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad es un mecanismo que tiene como objeto que las etapas del proceso se concreten dentro de los plazos establecidos; en ese marco, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio procesal idóneo que opera en caso de existir dilación procesal indebida y esté vinculado con la libertad o con la situación jurídica de un privado de libertad, en particular, respecto a las actuaciones procesales que evitan resolver las mismas, conforme se describió en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

En ese orden de ideas, se comprende que, la presunta lesión denunciada por el accionante, consistiría en que las autoridades demandadas en la presente acción tutelar, estarían ocasionando dilación indebida en la verificación domiciliaria del mismo, actuado procesal que estaría pendiente de ejecución para verse beneficiado con la libertad condicional; al respecto, cabe aclarar que conforme los antecedentes remitidos en el expediente, así como lo expresado en los informes escritos por las autoridades demandadas, se conoce que las solicitudes escritas del peticionante de tutela fueron atendidas, oportunamente y en tiempos previstos por la norma; motivo por el cual, no se advierte dilación alguna; asimismo, respecto a que el peticionante de tutela acuda a la jurisdicción constitucional debido a que el juez en la jurisdicción ordinaria no hubiese autorizado que la verificación domiciliaria sea efectuada por una profesional que es parte del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, a cuya entidad estatal también pertenecen sus abogados defensores en el proceso penal y patrocinantes en la presente acción de libertad, tampoco constituye una transgresión a los derechos invocados por el accionante.

Con relación a Judith Orietta Camacho Cornejo, Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, corresponde señalar que si bien podría ser comprensible que la precitada servidora pública tuviese su agenda copada de actos a realizar, el hecho de no haber fijado una fecha para efectuar la verificación domiciliaria se constituye en una dilación innecesaria por cuanto se ha dejado en suspenso la realización de la misma pese a que se contaba con una instrucción judicial -decreto de 23 de julio de 2021- lo que como consecuencia mantuvo la restricción al derecho a la libertad del accionante; consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada con relación a dicha funcionaria, habida cuenta que es evidente la lesión de derechos enunciados por el peticionante de tutela.

En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.