SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1226/2023-S1
Fecha: 24-Nov-2023
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) La aplicación del principio de inmediatez en acciones de amparo constitucional; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
III.1. La aplicación del principio de inmediatez en acciones de amparo constitucional
La inmediatez se constituye en un principio, un postulado, que se encuentra ligado a la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, en cuanto a que esta, se constituye en la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente, cuya activación se encuentra supeditada al plazo legalmente establecido en el art. 129.II de la CPE, que expresamente prevé:
La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial (las negrillas se agregaron).
Disposición constitucional que se encuentra replicada en el art. 55.I del CPCo; de ahí que el plazo razonable para activar la acción de amparo constitucional es de seis meses, que se computa a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión administrativa o judicial; plazo otorgado para interponer este mecanismo de defensa, en atención a la necesidad de brindar una protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados.
Con relación al principio de inmediatez, este Tribunal se pronunció a través de numerosos fallos constitucionales, denegando la tutela solicitada, cuando se advirtió que la interposición de la acción tutelar excedía los seis meses previstos por las disposiciones citadas. En ese lineamiento, se tiene la SCP 0450/2012 de 29 de junio, que se refirió al doble efecto del principio de inmediatez:
…el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al o a los derecho (s) fundamental (es) restringido (s) o suprimido (s) de manera ilegal o indebida; y, el segundo, negativo, referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado, deberá presentar el recurso máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte accionante hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos, en principio ante la misma autoridad que incurrió en la lesión al derecho o garantía fundamental y luego, ante las superiores a ésta, hasta agotar todas las instancias, siempre que fueran competentes para hacer cesar el acto ilegal u omisión indebida (SSCC 1157/2003-R, 1013/2003-R, 1007/2003-R, reiteradas, entre otras, por la SC 0554/2010-R de 12 de julio).
Asimismo, debe considerarse que, el fundamento del principio de inmediatez, se encuentra ligado al hecho de que el órgano jurisdiccional no puede estar a disposición de los actores procesales de manera indefinida; por ello surge el criterio del plazo razonable, entendiendo que, dentro de ese tiempo previsto legalmente, el agraviado debe presentar su reclamo, lo contrario puede interpretarse como la falta de interés en que sus derechos y garantías le sean restituidos. En ese sentido, se pronunciaron las SSCC 1157/2003-R de 15 de agosto y 0128/2010-R de 10 de mayo, entre otras.
De conformidad a la jurisprudencia citada, se concluye que el principio de inmediatez encuentra su fundamento en la naturaleza misma de esta garantía constitucional, que es la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales restringidos o suprimidos.
Sin embargo; pese a lo desarrollado precedentemente, el Tribunal Constitucional, también previó supuestos, en los que dio aplicabilidad al principio de favorabilidad o pro actione, a efectos de flexibilizar el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional. Así, la SC 0762/2003-R de 6 de junio, estableció que si bien el Tribunal Constitucional determinó el plazo de seis meses para la activación de este recurso; no es menos cierto que, la subregla fijada por este Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se exceda en algunos días, y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza, que el órgano encargado del control de constitucionalidad, no puede ni debe permitir que se consume.
En ese lineamiento, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0309/2012 de 18 de junio y 1938/2012 de 12 de octubre, entre otras, establecieron flexibilizar el plazo de caducidad de la acción de amparo constitucional, en casos de violaciones continuas y permanentes a derechos.
De igual manera, la SCP 0975/2012 de 22 de agosto, señaló que el término de seis meses establecido por el art. 129.II de la CPE, representa un parámetro objetivo de un plazo considerado por el legislador constituyente como razonable para interponer la presente acción tutelar; pero, que en atención al valor justicia, al derecho de acceso a la justicia, al principio de igualdad que impele a otorgar un trato diferente a situaciones disímiles y a la interpretación pro hómine del texto constitucional, dicho plazo no puede ser automáticamente aplicable, sino, debe ser lo suficientemente flexible para considerar las particularidades de cada caso concreto.
Finalmente, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, flexibilizó el plazo de caducidad para supuestos de vulneraciones del derecho de jubilación, que persiste en el tiempo.
En consecuencia, debe establecerse si en estos supuestos, hubo desinterés, desidia, negligencia o indiferencia por parte de los actores procesales, en cuanto al reclamo de sus derechos, o si por el contrario, existió un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados.
III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables[1], el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:
…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela[2], refirió que:
77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
III.2.1. Sobre el contenido esencial de la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso
La Constitución Política del Estado a través de su art. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, art. 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional y comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia.
En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución y las leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo alguno de ellos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones.
Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre[3], la cual se constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con el fin de que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:
(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad.
En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley.
La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE).
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional:
a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”.
En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”.
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”.
b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]”.
b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”.
En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.
En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.
b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”.
Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso.
Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.
El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto.
En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidades, derecho a la impugnación y principio de publicidad-; pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la citada SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión.
Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP.
(…)
(4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas.
Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones.
El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”.
De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad.
La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: “…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...”.
Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, que tiene que ver con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada.
De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento.
En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.
III.3. Análisis del caso concreto
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y a la defensa; por cuanto, dentro del proceso penal por lesiones graves y leves, seguido en su contra, en casación, los Magistrados demandados, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) En fase de admisibilidad, emitieron el Auto Supremo 508/2022-RA de 6 de junio, rechazando la mayoría de los hechos, manifestando que no se invocó un precedente contradictorio ni se expuso el efecto nocivo en la situación jurídica, “la sola cita de un incremento en su quantum de su pena” (sic); por lo que, se omitió tratar los motivos recurridos; y, 2) Resolviendo el fondo de la impugnación, profirieron el Auto Supremo 1374/2022-RRC de 24 de octubre; no obstante, con una inadecuada fundamentación y motivación, declararon infundado el recurso de casación, convalidando los vicios y defectos del Auto de Vista 89/2021 de 18 de noviembre -que confirmó la Sentencia 10/2015 de 8 de abril, que le impuso una condena de reclusión-.
Ahora bien, previo a efectuar un eventual análisis de las problemáticas planteadas, resulta necesario hacer alusión al contexto del cual emergen las mismas; así, conforme se tiene de las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra la impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 8 de abril de 2015, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, emitió Sentencia 10/2015, condenando a la peticionante de tutela a una pena privativa de libertad de tres años y seis meses a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro (Conclusión II.1); determinación contra la cual, la solicitante de tutela interpuso recurso de apelación restringida, que mereció el Auto de Vista 89/2021; por el que, los Vocales de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, resolvieron declarar improcedente la impugnación, y en el fondo confirmaron la aludida Sentencia (Conclusión II.2); posteriormente, ante dicha determinación, la demandante de tutela planteó recurso de casación, que al ser de conocimiento de los Magistrados demandados, en fase de admisibilidad, mereció el Auto Supremo 508/2022-RA, declarando admisible el recurso de casación únicamente para el análisis de fondo del tercer motivo de casación (Conclusión II.4); así, en correspondencia con dicho Auto Supremo, las indicadas autoridades judiciales demandadas resolviendo el fondo de la impugnación (en su tercer motivo), pronunciando el Auto Supremo 1374/2022-RRC, mediante el cual, declararon infundado el recurso de casación (Conclusión II.5).
Bajo el contexto señalado, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto los Magistrados demandados actuaron apartándose de la normativa vigente, lesionando los derechos de la parte accionante; en tal sentido, se tiene que:
En cuanto a la primera problemática
La parte accionante denuncia que los Magistrados ahora demandados, en fase de admisibilidad, emitieron el Auto Supremo 508/2022-RA, rechazando la mayoría de los hechos manifestando que no se invocó un precedente contradictorio ni se expuso el efecto nocivo en la situación jurídica, “la sola cita de un incremento en su quantum de su pena” (sic); por lo que, se omitió tratar los motivos recurridos.
Identificada la problemática traída en revisión, considerando que la ahora tercera interesada al momento de su intervención en la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, hizo alusión a ciertos aspectos que considera esenciales para determinar la improcedencia de la presente acción tutelar; corresponde dilucidar dichos argumentos; en tal sentido, refiere que, la parte impetrante de tutela no cumplió con el principio de inmediatez, debido a que el Auto Supremo 508/2022-RA fue notificado el 22 de septiembre de 2022, y desde dicha notificación transcurrieron más de once meses hasta la interposición de la acción tutelar. Al respecto, de manera inicial, debe considerarse que el principio de inmediatez se constituye en un requisito consustancial de la acción de amparo constitucional, debido a que la normativa vigente así como la ingente jurisprudencia constitucional establecen el plazo de seis meses como término de caducidad para la interposición de esta acción de defensa (computables desde la comisión de la vulneración o de conocido el hecho), ello considerando que ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales es imperante una pronta atención y reparación de los mismos; y, si la parte peticionante de tutela interpone la acción tutelar vencido el plazo determinado se desvirtúa el carácter urgente de la acción de defensa; por lo que, devendría en su inadmisión (Fundamento Jurídico III.1).
Bajo ese comprendido, considerando que en el caso concreto se alega el incumplimiento del plazo de inmediatez, es preciso constatar si se cumplió o no con el mismo; así, de inicio, cabe señalar que, emitido el Auto Supremo 508/2022-RA (acto lesivo) el mismo fue notificado a la accionante el 22 de septiembre de 2022, siendo a partir de dicha fecha que empezó a correr el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, que conforme un cómputo normal tendría como fecha de caducidad el 22 de marzo de 2023; no obstante, tal como se advierte de antecedentes, la parte impetrante de tutela interpuso su acción tutelar el 22 de agosto de 2023, superando el término de los seis previstos en la normativa, pues hasta dicha fecha transcurrieron once meses; es decir, existiría un demasía de cinco meses, del plazo de los seis meses previstos tanto en la Constitución Política del Estado como en el Código Procesal Constitucional; consiguientemente, si la parte peticionante de tutela pretendía denunciar la conculcación de derechos, debió acudir a la instancia jurisdiccional cumpliendo el plazo de los seis meses; sin embargo, siendo que la presentación de la acción de defensa es tardía, es evidente la existencia de inactividad, desidia y negligencia por parte de la solicitante de tutela, no siendo justificable la demora en la que se incurrió; por lo que, al incumplirse con el presupuesto de la inmediatez, que se constituye en un principio rector de la acción de amparo constitucional, corresponde denegar la tutela respecto al presente punto.
Respecto a la segunda problemática
La parte demandante de tutela alega que, los Magistrados ahora demandados, resolviendo el fondo de la impugnación, profirieron el Auto Supremo 1374/2022-RRC; no obstante, con una inadecuada fundamentación y motivación, declararon infundado el recurso de casación, convalidando los vicios y defectos del Auto de Vista 89/2021 -que confirmó la Sentencia 10/2015 que le impuso una condena de reclusión-.
Identificada la problemática traída en revisión, siendo que, la tercera interesada también alegó que el Auto Supremo 1374/2022-RRC fue notificado a la accionante en febrero de 2023, y que a partir de dicha fecha, hasta la interposición de la acción de amparo constitucional transcurrió más seis meses; corresponde verificar si la parte impetrante de tutela cumplió o no con el principio de inmediatez, que como se dijo se constituye en uno de los principios rectores de la acción de amparo constitucional, pues ante la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales es imperante una pronta atención y reparación de los mismos; y, si la parte peticionante de tutela interpone la acción tutelar vencido el plazo de los seis meses se desvirtúa el carácter urgente de la acción de defensa.
En ese marco, de acuerdo a lo evidenciado en antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se tiene que el Auto Supremo 1374/2022-RRC (constituido en el acto lesivo) fue notificado el 28 de febrero de 2023, siendo a partir de dicha fecha que empezó a correr el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, que conforme un cómputo normal tendría como fecha de caducidad el 28 de agosto del citado año; en ese sentido, siendo que la parte solicitante de tutela interpuso su acción tutelar el 22 de agosto de 2023 es evidente que la misma se encuentra dentro del término de los seis previstos en la normativa y la jurisprudencia.
Efectuada dicha consideración previa, no existiendo óbice para ingresar al análisis del caso concreto, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto los Magistrados demandados lesionaron el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en ese sentido, corresponde remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se estableció que, las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión (fundamentación); asimismo, los fallos a emitirse deben contener la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad (motivación). Ahora bien, siendo que estos elementos del debido proceso se constituyen en exigencias necesarias al momento de emitir una resolución, debe comprenderse que de inobservarse los mismos, es posible incurrir en un fallo puede ser arbitrario al emitirse una “decisión sin motivación” o existiendo la misma se tenga una “motivación insuficiente” o en su caso “motivación arbitraria” esta última que precisamente se da cuando una resolución en sentido general sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Norma Suprema y la ley (Fundamento Jurídico III.2.1).
Precisado lo anterior, siendo específicos en el análisis del Auto Supremo 1374/2022-RRC, corresponde realizar una contrastación entre el tercer motivo del recurso de casación que fue admitido en el Auto Supremo 508/2022-RA y los fundamentos expresados en dicho Auto Supremo (Conclusiones II.3 y II.5), así se tiene que, en la impugnación, la accionante fue expresa al denunciar que:
El Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre la contradicción existente en el acápite de fijación de la pena de la Sentencia 10/2015 respecto al dolo directo y el dolo eventual, limitándose a señalar que se efectuó una correcta subsunción de los hechos al tipo, una valoración integral de los elementos de prueba y la conciencia con la que se actuó al momento del hecho, constituyéndose en un defecto absoluto no convalidable, conforme lo establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP, ya que la pena no fue fijada racionalmente omitiendo considerar que el Auto Supremo 287/2013 de 8 de octubre, sostiene que todo auto de vista debe circunscribirse a los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos con la debida motivación y en base a argumentos jurídicos individualizados y sólidos.
Al respecto, los Magistrados ahora demandados al momento de emitir el Auto Supremo 1374/2022-RRC establecen:
IV.4. Sobre la incongruencia omisiva.
El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.
En ese contexto, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…sin embargo, debe exigirse el cumplimiento de los siguientes requisitos para la concurrencia del fallo corto: i) Que la omisión denunciada se encuentre vinculada a aspectos de carácter jurídico y no a temas de hecho o argumentos simples; ii) Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno; iii) Que se traten de pretensiones en sentido propio y no de meras alegaciones que apoyan una pretensión; y, iv) Que la Resolución emitida no se haya pronunciado sobre problemáticas de derecho, en sus dos modalidades; la primera que la omisión esté referida a pretensiones jurídicas, y la segunda cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la Resolución judicial puede razonablemente deducirse no sólo que la autoridad jurisdiccional ha valorado la pretensión deducida, sino además los motivos que fundamentan la respuesta tácita.
Siendo así, que la incongruencia omisiva o fallo corto constituye un defecto absoluto, referido en esencia a la vulneración por el juez o tribunal del deber de atender y resolver a las pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada.
La incongruencia omisiva quebranta el principio tantum devolutum quantum apellatum, así lo ha establecido la doctrina legal aplicable citada en el Auto Supremo 6 de 26 de enero de 2007; aforismo que a decir del tratadista Hugo Alsina, significa que los poderes del Tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por lo cual, ‘...sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia del mismo’ (Alsina, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Editorial Ediar Soc. Anón. Buenos Aires 1961. Segunda Edición, Tomo IV, Pág. 416).
Igualmente, refiere el versado Couture, que: ‘El juez de la apelación conviene repetir, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum’ (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial IB de F. Montevideo - Buenos Aires 2005. Euro Editores S.R.L. 4ta. Edición. Pág. 300).
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”. (Las negrillas son nuestras).
III.5. Análisis del caso concreto.
Identificada la problemática del presente recurso y con base al marco legal, doctrinal y jurisprudencial, se procederá al análisis de la problemática planteada por la parte recurrente; para el efecto, se hace necesario recurrir a los antecedentes del caso, por lo que, de acuerdo al memorial de apelación restringida, se tiene que en su primer agravio referente al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, es decir, la inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva, reclamó:
La errónea calificación de los hechos (tipicidad) vinculado a que no se probó el hecho conforme al escenario establecido en las acusaciones y audiencia conclusiva, en cuanto éstas hubieran identificado como escenario del hecho el interior del baño, y la sentencia sin mayor fundamento cambia este por el de un corredor que comunica con la puerta de calle. Asimismo, que en la parte introductiva de la Sentencia se consignó el calificativo de "Lesiones Gravísimas" cuando ninguna de las acusaciones se le hubiera atribuido la comisión de tal ilícito, marcando el Tribunal a quo un escenario erróneo y atribuyéndole el ilícito por el que nunca fue investigada menos acusada. Señala que esta resolución al citar a la Ley 054 identificó como "Ley de Protección Legal de Niñas Niños y Adolescentes"; empero la sentencia dice "adolescencia", agregado que no amerita ningún fundamento legal, que la errónea aplicación de la ley sustantiva por la cual se la condena se resalta en la parte SUBSUNTIVA de la resolución el tribunal concluye que el daño se produjo en el rostro, cuando en juicio no se demostró que las lesiones fueran en esta parte del cuerpo.
Asimismo, identifica contradicción en la calificación del dolo cuando el tribunal hace referencia a agresiones mutuas, y que su actitud de agredir fue de forma circunstancial "folio 24", creando el tribunal interpretaciones contradictorias que no condicen con la norma, art. 271 del CP. Además, de discrepar sobre la pena impuesta sobre que ésta fue impuesta sin razonamiento alguno de parte del Tribunal. Cita en calidad de precedente contradictorio al A.S. No.76 de 30 de enero de 2008 de la Sala Penal I. En petitorio solicita anular la sentencia y reenvío a otro tribunal.
Al respecto, el Tribunal de alzada consideró que:
La denuncia como fundamento de apelación no tiene sustento, cuando no se acredita que en la Sentencia apelada existiría una errónea aplicación de la norma sustantiva por errónea calificación de los hechos (tipicidad) vinculada a que no se probó el hecho conforme al escenario fijado por las acusaciones y audiencia conclusiva, si se analiza lo entendido por tipicidad como la adecuación de la conducta del sujeto activo y del hecho al tipo penal, el tribunal de juicio ha realizado la tarea lógica de la subsunción encuadrando el hecho especifico fijado como objeto del juicio a un determinado tipo penal, en el caso Lesiones Graves y Leves conforme la descripción del art. 271 primera parte del CP. A mayor reflexión, el de alzada resalta que una sentencia se conforma de dos operaciones, sin desconocer que se descompongan en otras, una primera se concentra en determinar el hecho probado (fundamentación fáctica), la segunda radica en que conocido el hecho corresponde la labor de subsunción de este a un precepto legal (fundamentación jurídica), en el caso del análisis de la sentencia objeto de impugnación se advierte ambas operaciones, además de una adecuada y suficiente fundamentación. El argumento sostenido por la recurrente sobre la vulneración de su derecho a la defensa en cuanto ella se defendió sobre otro escenario, no es evidente, los hechos acusados fueron ampliamente conocidos y debatidos por ella en juicio.
En cuanto a la observación de la apelante sobre que la pena aplicada en su contra fuera falto de razonamiento, en el Auto de Vista impugnado se asume que ello no es evidente, luego la Sentencia 10/2015 en el acápite "VI.B FIJACION DE LA PENA" realiza un examen entre el mínimo y máximo impuesta por la norma sustantiva al ilícito de Lesiones Graves y Leves, para luego analizar la conducta de la acusada, la conciencia con la que actuó el momento del hecho y la carencia de antecedentes de la misma, para finalmente fijar la pena de 3 años y 6 meses de reclusión, coligiendo la Sala de apelación que los fundamentos expuestos por el Tribunal de Sentencia N° 2 están debidamente fundamentados habiendo realizado correcta subsunción de los hechos juzgados al tipo penal acusado, realizándose una valoración integral de todos los medios de prueba, documentales, testificales de cargo y descargo, por lo que se remarca que no es evidente que el tribunal no haya realizado una correcta subsunción del hecho al tipo penal en la Sentencia hoy apelada, el Tribunal realizó un proceso de subsunción acorde con las exigencias de una debida motivación y fundamentación, toda vez que existe una correcta aplicación de la norma sustantiva al hecho, que fue resultado del análisis razonado y prudente de la prueba aportada durante el juicio oral resultando suficiente, adecuándolos a la comprobación de la acciones descritas en la acusación pública y particular, y su comparación con los elementos constitutivos del tipo penal, para luego aplicar la sanción.
Por lo expuesto, la acusación de que el Auto de Vista es omisivo al no tratar la teoría de dolo o error, sin responder a su observación sobre la fijación judicial de la pena, no resulta verídica, pues de la simple lectura de antecedentes se puede evidenciar con meridiana claridad que existe respuesta, pues el Tribunal de alzada concluyó que en la Sentencia se realizó un examen de la pena entre el mínimo y el máximo impuesta por la norma sustantiva al ilícito de Lesiones Graves y Leves, para luego analizar la conducta de la acusada, en específico la conciencia con la que actuó el momento del hecho; cumpliendo su deber el Tribunal de apelación de otorgar una respuesta positiva o negativa y debidamente fundamentada a cada uno de los aspectos planteados en apelación por el recurrente, otorgándose una respuesta fundamentada en cumplimiento de los arts. 124 y 398 del CPP. Razón por la cual, no se evidencian la existencia de un defecto absoluto de conformidad al art. 196 inc. 3) del CPP y menos el quebrantamieno del principio “tantum devolutum quantum apellatum”; en ese sentido, no se evidencia la existencia de defecto absoluto alguno, menos vulneración a los derechos de la recurrente al debido proceso y a recurrir; por lo que el recurso deviene en infundado (sic [el énfasis es añadido]).
Por lo referido precedentemente, se advierte que, los Magistrados demandados, para determinar si el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre la contradicción existente en el acápite de la fijación de la pena de la Sentencia 10/2015, de manera inicial, en el acápite IV.4 del Auto Supremo 1374/2022-RRC hacen cita textual del contenido de los arts. 124[4] y 398[5] del CPP; y, posteriormente, las indicadas autoridades judiciales, en el primer, segundo y tercer párrafo, acápite III.5 del Auto Supremo cuestionado (análisis del caso concreto) describieron el contenido del recurso de apelación restringida -en su parte pertinente-, haciendo referencia -entre otros- a la contradicción en la calificación del dolo; y, a la pena impuesta sin razonamiento; posteriormente, en el cuarto, quinto y sexto párrafo se hace alusión a los fundamentos del Auto de Vista 89/2021, en los que, se consigna que, el reclamo relativo a la aplicación de la pena con una falta de razonamiento; y, por último, en el séptimo párrafo se procede a efectuar el análisis correspondiente, concluyéndose que la omisión de pronunciamiento no era evidente, debido a que se tendría una respuesta fundamentada y motivada.
Ahora bien, desde un punto de vista más específico, debe considerarse que, si bien, en el tercer motivo del recurso de casación la accionante únicamente denunció una omisión de pronunciamiento, del contenido del Auto Supremo 1374/2022-RRC, se advierte que, los Magistrados demandados no solo determinaron que el Auto de Vista 89/2021 sí emitió pronunciamiento respecto a la falta de razonamiento en la aplicación de la pena denunciada por la impetrante de tutela, sino también cumpliendo su deber de fundamentar el fallo realizaron un análisis normativo crítico para la selección de la norma y la asignación de su sentido, procediendo a citar y describir el contenido de los arts. 124 y 398 del CPP, los cuales sirvieron de base para efectuar un análisis lógico-jurídico respecto a la omisión de pronunciamiento sobre la falta de razonamiento en la aplicación de la pena denunciada por la peticionante de tutela, lo que a su vez denotó que, los operadores de justicia demandados cumplieron con su labor de motivar el indicado Auto Supremo; toda vez que, de manera clara y precisa manifestaron que el Auto de Vista 89/2021 no solo contiene respuesta sobre el agravio denunciado sino también que el mismo se encuentra fundamentado y motivado; por lo que, la omisión denunciada no resulta ser verídica debido a que sobre la observación en cuanto a la fijación de la pena y la “teoría del dolo o error” el Tribunal de alzada señaló que “…de la simple lectura de antecedentes se puede evidenciar con meridiana claridad que existe respuesta, pues el Tribunal de alzada concluyó que en la Sentencia se realizó un examen de la pena entre el mínimo y el máximo impuesta por la norma sustantiva al ilícito de Lesiones Graves y Leves, para luego analizar la conducta de la acusada, en específico la conciencia con la que actuó el momento del hecho…” (sic), análisis que satisface el tercer motivo demandado en el recurso de casación, siendo conciso y claro en su resolución, debiendo comprenderse que, la fundamentación y
CORRESPONDE A LA SCP 1226/2023-S1 (viene de la pág. 31).
motivación de una resolución no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo[6]; consecuentemente, por lo referido, siendo que en el caso concreto no se advierte una inadecuada fundamentación y motivación, corresponde denegar la tutela solicitada.
Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.