SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0023/2023-S3

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de junio de 2020, cursante de fs. 31 a 39, la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso sobre servidumbre continua de aguas, seguido contra su padre Alberto Cayetano Márquez Mamani, -ahora fallecido- por Glover Vargas Fuentes en representación de Rogelia Fuentes de Vargas y otro, el Juez de Partido Civil y Comercial Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 20/2014 de 17 de febrero, declarando probada la demanda, y en consecuencia se dispuso que por ante la oficina de Derechos Reales (DD.RR.) del mencionado departamento, se proceda al registro de paso de servidumbre continua de aguas; en grado de apelación, se emitió el Auto de Vista 445/2017 de 27 de octubre, por el cual la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese mismo departamento, confirmó la Sentencia 20/2014; e interpuesto el recurso de casación en el fondo, por su persona en calidad de hija del que fuera demandado, denunció la infracción de los arts. 260, 256 y 259 del Código Civil (CC); alegando por ello, aplicación indebida y errónea de la ley, indicando entre otros aspectos que la finalidad de la servidumbre de acueducto era para usos agrarios o industriales, por lo que no habría ninguna necesidad agraria o industrial que se tenga que satisfacer, siendo esa figura de servidumbre de acueducto inaplicable en el caso, y que la parte demandante es propietaria de un inmueble urbano de 200 m² y pide servidumbre de acueducto contra el propietario de otro inmueble urbano de 393 m², ubicados en la zona de “Tembladerani” de la ciudad de La Paz, que las pruebas principales presentadas por la parte demandante consistían en el Informe de la Cooperativa de Servicio de Agua “Obispo Bosque”, factura de Electropaz, recibo de consumo de agua de la Cooperativa de Agua Potable “Cotahuma Obispo Bosque”, carta de la Cooperativa de Agua Potable Obispo Bosque Ltda.; y de su parte como demandados demostraron que eran usuarios de la Empresa Pública Social de Agua Potable y Alcantarillado (EPSAS), presentaron informe del Ingeniero Civil Walter Richard Apaza Quisbert, por el cual se estableció que el actual sistema de alcantarillado dentro de la propiedad de Alberto Cayetano Márquez Mamani tenía capacidad de servicio solo y únicamente para sus actuales y futuros habitantes; asimismo, hubo confesión provocada de los demandantes, quienes declararon que la Cooperativa Obispo Bosque les proveía del servicio de agua potable y alcantarillado que desemboca al río “Huallparrimachi” y que tiene alcantarillado con salida al callejón “Tapia”.

Alega que pese a ello, el Auto Supremo (AS) 446/2019 de 30 de abril, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por su persona contra el Auto de Vista 445/2017, bajo el criterio que el inmueble de la parte actora carecería de acceso directo independiente al desagüe de aguas pluviales, sin que el argumento de naturaleza agraria de servidumbre de acueducto acredite lo contrario porque el Juez aquo habría aplicado correctamente el principio de IURA NOVIT CURIA, y que se demostró la existencia de conexión de un tubo antiguo entendiéndose que hubo servidumbre continua de desagüe; argumentos emitidos en casación que son incongruentes por cuanto la misma Sentencia del Juez de primer grado refiere en los hechos probados que conforme el Informe Técnico Preliminar de la inspección de colindancia en la vivienda 2122 y verificación de la existencia de alcantarillado sanitario en el Pasaje Costanera elaborado por Ingeniero Civil ya referido, estableció la existencia en pleno funcionamiento de un sistema de alcantarillado sanitario en el dicho pasaje; en el mismo sentido declaró el demandante Héctor Vargas Alcoreza, al señalar sobre la existencia de alcantarillado que desembocaría al río “Huallparrimachi” por lo que la conexión sería sólo de la parte de arriba y no para las aguas pluviales que caen en la parte de abajo; es decir, que el único problema que tenía la parte demandante, según confesión, son las aguas pluviales y para solucionar ese conflicto no se necesitaba servidumbre de ninguna clase sino solamente cumplir con el reglamento nacional de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para centros urbanos que indica direccionar sus aguas de lluvias a su frente principal, a la cuneta.

Asimismo, respecto a la afirmación de los Magistrados -hoy accionados-, sobre la existencia de conexión de un tubo antiguo, entendiendo que hubo servidumbre continua de desagüe, ello es falso porque se trata de un tubo colocado por el demandante que tiene su origen en su propiedad y que antes no se veía, es más invadía la propiedad del demandado, siendo el medio por el cual la parte demandante echaba parte de sus aguas servidas en forma intermitente hacia la propiedad del demandado, incurriendo en lo previsto en los arts. 117 y 118 del CC; denotándose excavaciones también efectuadas por el demandante, quien vertía aguas sucias hacia propiedad del demandado.

Finalmente señala que la Resolución de casación no tiene razones que fundamenten el agravio reclamado, consistente en la aplicación indebida de la Ley al haberse aplicado los arts. 260, 256, 257, 258 inc. 1 y 259 del CC, referidos a servidumbre de acueducto a un caso que se trata de problemas de alcantarillado.        

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 8.II, 115.I y II; 117.I de Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); invocando igualmente el principio de interdicción de la arbitrariedad.     

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia disponga: a) Anular y dejar sin efecto el AS 446/2019, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto de su parte y firmado por los Magistrados accionados; y b) Se reencaucen las acciones y determinaciones legales según el ordenamiento jurídico vigente y se emita un nuevo auto supremo en sujeción a las normas competentes y leyes especiales que rigen la servidumbre de acueducto o aguas en relación a los hechos fácticos que cursan en obrados. Sea con determinación de responsabilidad civil de los accionados y condenación de costas. 

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de septiembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 76 a 79 vta., presente la peticionante de tutela asistida de su abogada y ausentes las autoridades accionadas, así como los terceros interesados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito, cursante de fs. 72 a 75 vta.; manifestaron: 1) De la lectura del memorial de acción de amparo constitucional, se observa que la parte impetrante de tutela a través de la presente acción de defensa se ha constreñido a la cita de jurisprudencia constitucional sobre conceptos de algunos derechos supuestamente vulnerados y reiteró argumentos que hacen al fondo del proceso ordinario, sin fundamentar ni precisar en qué forma ese Tribunal vulneró los derechos aludidos, soslayando su deber de indicar qué aspectos no fueron debidamente observados, dado que simplemente refiere normativa y hechos fácticos poco claros y que aparentemente habrían provocado la determinación asumida en el Auto Supremo ahora cuestionado, procediendo a la descripción vaga de hechos que pretende sean revalorizados, situación que no corresponde a un Tribunal de garantías constitucionales, denotando solamente su disconformidad con dicha determinación con la reformulación de alegatos confusos de fondo que hacen a la causa principal y dirigida a la labor del aquo, sin especificar en la acción qué aspectos del recurso de casación no merecieron una debida fundamentación y motivación, o en qué punto se habría incurrido en incongruencia, así como tampoco cuál sería el error u omisión y deficiencia en la Resolución impugnada con la debida motivación y fundamentación, además de la trascendencia en la resolución del conflicto; 2) Se pretende que una resolución constitucional ordene a un Tribunal ordinario el resolver de una determinada forma el fallo de fondo, y que se dé aplicación e interpretación a cierta normativa conveniente a la peticionante de tutela, cuando el objetivo de las acciones de defensa es únicamente la constatación de alguna vulneración a derechos, pudiendo disponerse su restitución o resguardo, sin que ello influya en las determinaciones que únicamente les compete a los de materia ordinaria; petición que debió ser observada, dado que del cumplimiento de los requisitos que debe cumplir toda demanda de amparo constitucional, depende que el Tribunal de garantías pueda compulsar, sobre la base de criterios objetivos, la veracidad de los hechos reclamados y los derechos vulnerados para poder definir otorgar o no la tutela impetrada, situación que no ocurre en la presenta acción de defensa; 3) En el petitorio se solicitó que se determine responsabilidad civil en su contra como si constituyeran parte de la causa principal, por lo que ello resulta incongruente con el contenido de la demanda, otro aspecto que debió ser observado oportunamente por el Tribunal de garantías antes de admitir la acción, puesto que además de provocar confusión, la causa fue admitida con una pretensión discorde con la labor de un Tribunal de garantías y los datos del proceso; 4) Conforme a la revisión de los registros que cursan en la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cabe señalar que el proceso civil seguido por Rogelia Fuentes de Vargas y Héctor Vargas Alcoreza contra Alberto Cayetano Márquez Mamani, sobre paso de servidumbre continua de agua radicó en esa Sala, habiéndose emitido el AS 446/2019, a emergencia del planteamiento del recurso de casación interpuesto por la ahora accionante, en calidad de hija del demandado fallecido, contra el Auto de Vista 445/2017, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que conforme se tiene señalado en la Resolución ahora cuestionada, para su análisis se observó que la recurrente denuncian que el Tribunal ad quem realizó la errónea aplicación de los arts. 260, 256, 258 inc. 1 y 259 del CC, siendo que la pretensión fue sobre la restitución de servidumbre continua de aguas y en otros memoriales refiere como servidumbre continúa de acueducto (aguas); en el Auto de Vista la pretensión es de paso servidumbral continua de acueducto y de la revisión de la petición de la demanda, así como de la parte dispositiva de la resolución de primera instancia no se evidencia que se disponga conexión de alcantarillado; asimismo, se acusó la violación de los arts. 117 y 118 del CC, refiriendo que el ad quem señaló la existencia de un tubo antiguo de cemento que denota la conexión de dicha servidumbre; y añadiendo alego la infracción del art. 258 del CC, al tratarse de una conexión de alcantarillado del demandante y no de servidumbre de acueducto; 5) El Auto Supremo en cuestión verificó los antecedentes venidos en casación y cotejó las denuncias efectuadas con lo resuelto, llegándose a constatar que la pretensión trataría de una conexión de alcantarillado del demandante y no de servidumbre de acueducto, proceso que argumenta sobre concesión de alcantarillado como pretende la parte actora, por lo que sería competencia de la empresa de agua potable y alcantarillado, además de la existencia de un tubo antiguo de cemento que denota la conexión de dicha servidumbre, del mencionado tubo de cemento instalado por la parte referida que invade la propiedad del demandado, vulnerando los arts. 117 y 118 del CC e incumpliendo el art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC); 6) Precautelando otorgar una respuesta clara y coherente sobre la valoración de la prueba, se acudió a la doctrina establecida y aplicando los principios de unidad y comunidad probatoria, contrastando los elementos para determinar cuáles resultan transcendentales y esenciales y respecto a la servidumbre de paso continua, donde el propietario de un fundo se encuentra enclavado y no puede procurarse salida a la vía pública, se constató que con relación a pretensión de los demandantes sobre la transitabilidad de paso de servidumbre continua de aguas, manifestaron que su inmueble ubicado en la calle Huallparrimachi, callejón Tapia 2242 de la zona de Tembladerani, colindante por la parte sur con el inmueble de Alberto Cayetano Márquez Mamani, cuya finalidad era que los herederos del demandado, permitan el paso de servidumbre de aguas por su inmueble considerando que tenía conocimiento de una servidumbre rústica años atrás y para evitar algún deslizamiento; 7) En base a esos antecedentes de la revisión de la Sentencia como del Auto de Vista recurrido, se advirtió como elementos probatorios el Informe SACT-UFI-154/09 del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, Informe 001/2009 de la Cooperativa de Agua Potable Cotahuma Obispo Bosque Ltda., inspección ocular y declaraciones testificales, habiéndose realizado una valoración probatoria acorde a la pretensión perseguida, llegándose a verificar la existencia de un tubo de cemento, la conexión de servidumbre continua de acueducto o desagüe existente, conforme se sostuvo en la acción principal, demostrando el acceso del paso de servidumbre continua de aguas al inmueble del entonces demandado; 8) Al haberse acreditado los requisitos para la servidumbre de paso, y ser de carácter continuo de acuerdo a las pruebas, se estableció que el inmueble de los demandantes se encontraba enclavado sin acceso directo e independiente y al no tener salida para el desagüe, justificándose el paso de servidumbre continua de aguas atravesando el inmueble del demandado, todo ello con el fin precisamente de evitar futuros perjuicios a ambas partes, resaltando que los de alzada señalaron que la servidumbre se constituye en una carga impuesta al sirviente para la utilidad del fundo dominante; 9) En cuanto a la denuncia de molestia de vecindad, por la existencia del tubo de cemento que traspasa al bien inmueble de los herederos del demandado, en infracción de los arts. 117 y 118 del CC, ese Tribunal cumpliendo con su labor de control del fallo impugnado, constató que “el mismo” realizó una correcta argumentación, no obstante dicho argumento se esgrimió recién en apelación, no habiendo constituido objeto de debate y por ende tampoco participó en la decisión del aquo, aspecto que desde luego no es competencia del Tribunal cumplir las labores de abogado defensor de ninguna de las partes en litigio, por cuanto sus facultades se encuentran limitadas a los alcances del art. 265 del CPC y está impedido de ingresar a su análisis, por lo que dicha falencia en el ejercicio del derecho de defensa no le es atribuible a los administradores de justicia, no pudiendo alegarse ahora vulneración al derecho del debido proceso aludiendo una posible incongruencia omisiva inexistente, menos aún falta de fundamentación ni motivación, por lo que este tribunal consideró que los reclamos son infundados, y que el ad quem actuó de acuerdo a las previsiones del art. 265.I del CPC; y, 10) No es evidente que el AS 446/2019, vulneró los derechos y garantías invocados por la parte accionante, ni que se haya incurrido en ilegalidad alguna, aspecto que no fue enervado por la prenombrada a través de su confusa demanda de amparo constitucional en la cual, curiosamente, “…omite e inclusive pide…” (sic) que se sobrevaloren ciertos hechos a su favor, buscando que el tribunal de garantías incurra en una revalorización de la prueba, sin expresar motivo alguno que sustente sus afirmaciones, además que se emitió dicha resolución verificando cada uno de los motivos del recurso de casación los cuales fueron disgregados de forma congruente conforme fueron planteados, contando con la exposición de los hechos y la debida fundamentación doctrinal y legal, en base a los principios de pertinencia, seguridad jurídica, legalidad y verdad material; por lo que no se incurrió en infracción alguna de la norma sustantiva ni adjetiva civil y mucho menos constitucional, careciendo de asidero legal todos sus reclamos.  

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Rogelia Fuentes de Vargas y Héctor Vargas Alcoreza, no se hicieron presentes en la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentaron memorial, pese a su notificación cursante a fs. 50.  

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 131/2020 de 18 de septiembre, cursante de fs. 80 a 83 vta., denegó la tutela; en base a los siguientes fundamentos: i) La jurisdicción constitucional gira alrededor del principio de la teoría de las auto restricciones, entendiendo que dicha jurisdicción no pude ingresar arbitrariamente a contenidos, así como valorar la prueba y menos observar la interpretación que hubiera hecho la autoridad de la legalidad ordinaria, a no ser que la parte impetrante de tutela haya cumplido con los presupuestos establecidos en la SCP “390/2018-S1”, por cuanto se alega la lesión a un derecho por errónea valoración de la Ley, así el accionante deberá hacer conocer al Tribunal de garantías que la labor interpretativa fue absurda, arbitraria, ilegal, discrecional o que rompe con los requisitos generales de interpretación de la Ley, debiendo además indicar cuáles serían las correctas reglas interpretativas, debiendo igualmente identificar los derechos y garantías lesionados por parte del intérprete y finalmente establecer el nexo de causalidad explicando la relevancia constitucional; ii) En el caso la peticionante de tutela sólo cumplió con identificar derechos y garantías aparentemente lesionados, no siendo suficiente invocar una errónea interpretación de la Ley por parte de la autoridad jurisdiccional; es decir, se debe explicar cuál el modo arbitrario e ilegal, ilegítimo, discrecional y la forma que sea correcta en criterio del accionante para que el Tribunal de garantías pueda recaer en la verificación del error; iii) En el caso no se ha cumplido con el tercer requisito de la SCP “390/2018-S1”, referido a la identificación del nexo de causalidad y la explicación de la relevancia constitucional; y, iv) La accionante atacó la deficiente interpretación de la legalidad ordinaria, introduciendo sin embargo conceptos de valoración probatoria, lo cual puede ser probable, pero debe contener una serie de requisitos para la idoneidad de la acción; empero, al estar proscrita la facultad de valorar la prueba por parte del Tribunal de garantías, también existe una excepción, establecida en la SCP “238/2018-S2”, entre otras, que determina que se debe identificar cómo es que la autoridad jurisdiccional se apartó de los márgenes de razonabilidad e equidad, cómo es que se omitió algún tipo de medio probatorio o de qué manera es que la autoridad jurisdiccional recayó en la valoración de un medio probatorio inexistente en el proceso, todo ello vinculado al principio de relevancia constitucional; extremo no advertido en los argumentos expuestos por la parte impetrante de tutela.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 23 de mayo de 2022, cursante a fs. 87, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión del correspondiente fallo constitucional a efectos de recabar documentación complementaria. A partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 6 de marzo de 2023, se reanudó el cómputo de plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.