SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0039/2023-S4

El impetrante de tutela, a través de su abogada de defensa pública, denunció la lesión de su derecho  al debido proceso, a la libertad y a la vida, vulnerándose los principios de especialidad, inocencia, igualdad y no discriminación; y, celeridad; en virtud a que, la autoridad demandada, incurrió en dilación injustificada al no resolver su petición –de 27 de septiembre de 2021– de modificación de medidas de restricción de libertad, impuestas en su contra, por la comisión del delito de robo agravado y asesinato en grado de complicidad; siendo que, ya habría cumplido un total de dos años, cuatro meses y veintinueve días, de permanencia en el Centro de Reintegración Social Varones, del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; de los cuatro que se le impuso; misma que no tuvo respuesta hasta la interposición de la presente acción de defensa –7 de septiembre de 2021–.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1.  Acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SCP 0654/2022-S4 de 30 de junio, citando a la SCP 0308/2021-S4 de 13 de julio, sostuvo que: “Para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en la tramitación de los diferentes actos procesales, con relación a la condición de los privados de libertad; se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, antes denominada hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; por medio del cual, se pretende proteger el derecho a la libertad física de las personas a partir de la exigencia de la celeridad correspondiente en los trámites judiciales o administrativos en los que esté de por medio restringido el referido derecho. Así, entre otras, la SCP 0834/2012 de 20 de agosto, estableció que: ‘Por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.