SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0192/2023-S1

En el mismo ejemplo, una tutela preventiva en el marco de la provisionalidad, puede disponer la prohibición de innovar, de ingreso a la propiedad por parte de los demandados o terceros, cuando la justicia constitucional constate una amenaza potencial inminente y próxima que ponga en peligro el ejercicio del derecho propietario; demostración que no solo es subjetiva, referida al temor del sujeto que ve peligrar su derecho fundamental, sino objetiva y externa, referidas a acreditar las circunstancias que permitan inferir tal peligro, que convalidan la percepción subjetiva; es decir, no opera ante una mera expectativa contingente.

Es decir, la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.

La concesión de la tutela únicamente provisional y transitoria, empero no definitiva en actos vinculados a medidas de hecho, se justifica en razón a que el objeto procesal de las acciones de defensa en este tema, no es definir derechos sustantivos, como la titularidad del derecho propietario de la parte accionante, que determine o ratifique, por ejemplo, colindancias, linderos, sobreposiciones sobre el mismo; por el contrario, no niega el derecho a la propiedad privada de los demandados o terceros interesados sobre propiedad urbana o fundos rústicos aledaños, así exista registro en DD.RR. o sentencia judicial, por cuanto excedería la competencia de la justicia constitucional y generaría disfunción procesal y fallos contradictorios, porque, de existir una sentencia judicial proveniente de autoridad competente, es ésta la que tiene todos los mecanismos procesales para hacer cumplir su decisión. Significa que la justicia constitucional no desplaza la competencia definitiva del juez natural para resolver y definir la titularidad del derecho a la propiedad y su ejercicio, sino, que brinda una protección urgente encaminada exclusivamente a impedir de manera oportuna la violación irreversible e irreparable de los derechos fundamentales.

III.4.  Resumen de presupuestos procesales para acceder a la justicia constitucional cuando se denuncian medidas o vías de hecho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la antes mencionada SCP 0373/2018-S2, refirió lo siguiente:

La jurisprudencia determina las siguientes subreglas procesales de activación de la acción de amparo constitucional frente a actos vinculados a medidas de hecho, reafirmando algunas que ya estaban establecidas en nuestra tradición jurisprudencial, señalando que: i) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías^[11], menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad^[12]; ii) Las personas físicas o jurídicas particulares o servidores públicos, no expresamente demandados, pueden asumir defensa, presentar prueba y hacer valer sus derechos, aun en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que se pueda alegar preclusión, lo que supone una flexibilización de las reglas de legitimación pasiva^[13]; iii) La acción de amparo constitucional podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos^[14]; por lo que, no se aplica el plazo de caducidad de seis meses; y, iv) La carga de la prueba, tendiente a demostrar los actos vinculados a medidas o vías de hecho, debe ser cumplida por el accionante, quien debe acreditar la existencia de los mismos de manera objetiva, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos y estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.5.  Análisis del caso concreto

El peticionante de tutela considera que se lesionó el derecho a la propiedad del GAM de Santa Cruz de la Sierra; toda vez que la Junta Vecinal del Barrio “Las Maras”, denunció ante la Sub alcaldía de la cual es titular, el avasallamiento de un terreno cedido en calidad de equipamiento, por parte de los particulares ahora demandados, tales predios se encuentran destinados a la construcción de un Centro de Salud, y no para la construcción de un mercado como solicitan los que avasallaron dichos predios, mismos que a pesar de  haberse comprometido a desalojar el mismo, hasta el momento  de presentación de esta acción tutelar, no cumplieron con el desalojo comprometido, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) El cese de los actos arbitrarios y abusivos por parte de los demandados; y, b) La inmediata desocupación de todos los demandados y ocupantes del Área de Equipamiento, ubicada en la zona Nor Este, UV 318, Mza. 15, 16, 20, 22, 25 con una superficie de 17.213, 97 m2, inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 7.01.2.01.0061424.

Revisados los antecedentes adjuntos a la presente acción de defensa se tiene que la parte peticionante de tutela acredita derecho propietario del área de equipamiento denunciada como avasallada a través del folio real con matrícula computarizada 7.01.2.01.0061424, que acredita el registro en Derechos Reales de la cesión de un terreno a título gratuito para equipamiento, en la UV 318, Manzanas 15, 16, 20, 22, 25; también a través del plano de ubicación y uso de suelo del terreno antes indicado cedido por Michiko Ito a favor del GAM de Santa Cruz.

En ese orden también se advierte que mediante notas de 29 de julio de 2021, la Directiva del barrio “Las Maras” denunció el avasallamiento del área de equipamiento perteneciente al GAM de Santa Cruz; asimismo, se evidencia que los personeros de la indicada entidad se apersonaron al predio presuntamente avasallado a objeto de llegar a una solución; en esa oportunidad los demandados se comprometieron a desalojar el mismo; sin embargo, de antecedentes también se observa que mediante notas de 4, 9, y acta de 30 de agosto de 2021, los vecinos del barrio ya referido manifestaron su rechazo al avasallamiento y asentamiento en el área de equipamiento; lo cual denota que no se cumplió el compromiso de desalojar el indicado predio.

También se evidencia por el muestrario fotográfico la construcción de casetas precarias de palos, y la presencia de autoridades acompañada de un oficial de policía.

Por su parte los demandados, adjuntaron nota de 22 de diciembre de 2021, otorgada por la Secretaría Municipal de Innovación Tecnológica y Planificación respondiendo a su solicitud de autoridad y viabilidad para la construcción de un mercado en el barrio “Las Maras” UV 318, la cual refiere, que los interesados deberán solicitar el certificado de compatibilidad de uso CC-1, previa presentación de proyecto, de ser factible su ejecución, deberán realizar distintos trámites como la medición de Distancia, Ante Proyecto de Edificación, Proyecto de Arquitectura y Licencia de Construcción.

Asimismo, consta nota de 13 de nota de 13 de octubre de 2021, oficio SMSCA 261/2021, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento indicando que de acuerdo al Reglamento Municipal de Espacio Público 050/2004 esa Secretaría no tiene competencia para autorizar el asentamiento para mercados en áreas verdes, ni en ningún otro lugar, siendo esta de competencia de la Secretaría de Innovación, Tecnología y Planificación, esta última quien es la encargada de autorizar y planificar la ubicación de los nuevos centros de abastecimiento; también refieren que todo asentamiento en espacios públicos municipales que no cuenten con la autorización correspondiente es considerado un asentamiento ilegal, siendo la mercadería pasible de decomiso y multa a los comerciantes. Contra esa nota los demandados interpusieron recurso de revocatoria, considerando que se le habría negado su petición; recurso que al no haber sido respondido, daría lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo; al respecto, se debe aclarar que el recurso de revocatoria fue planteado ante la declaratoria de incompetencia de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento; en el caso el problema jurídico ahora analizado a través de la actual acción de amparo constitucional, son actos vinculados a medidas de hecho y a justicia por mano propia, cometidos presuntamente por los demandados en un predio del GAM de Santa Cruz; por lo tanto, en cuanto al hecho que debía declararse la improcedencia de la presente acción de tutela por subsidiariedad, como alegan los demandados no corresponde.

Bajo los antecedentes citados, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en las denuncias de medidas de hecho, vinculadas a avasallamientos, el peticionante de tutela se encuentra en la obligación de demostrar en principio su derecho propietario a través de su registro de propiedad y los actos que se constituirían en actos vinculados a medidas o vías de hecho, asumidas sin causa jurídica.

En ese orden, conforme se analizó precedentemente, la parte peticionante de tutela acreditó de manera objetiva su derecho propietario a través del folio real con matrícula computarizada 7.01.2.01.0061424, cedida según plano de ubicación y uso de suelo por Michiko Ito a favor del GAM de Santa Cruz.

También, se evidencia que el accionante demostró la existencia de actos o medidas de hecho, asumidas sin causa jurídica ocasionada por los demandados; así se tiene de la nota enviada al peticionante de tutela por la Directiva del barrio Las Maras de 29 de julio de 2021; el Acta de 30 de julio del citado año por la que la Secretaría de Conflictos de la Junta Vecinal Cívica “Las Maras” UV 318, donde los demandados se comprometieron a desalojar el lugar; la nota de 4 de agosto de 2021, por la Directiva del barrio ya citado, por la que reiteró el avasallamiento del área de equipamiento, similar nota presentada al accionante por la indicada directiva de 9 de agosto del mencionado año; también consta el Acta suscrita en la Sub Alcaldía del Distrito Municipal 6 de 30 de agosto de 2021, donde se trató nuevamente el tema del retiro inmediato de los gremialistas asentados en el área de equipamiento. De igual manera las medidas de hecho fueron acreditadas a través del muestrario fotográfico donde se constatan maderas para colocado de casetas y estacas, también, presencia de autoridades y personal policial; al margen, de las pruebas materiales presentadas, se encuentran las declaraciones de los demandados quienes no niegan encontrarse asentados en el área de equipamiento pertenecientes al GAM de Santa Cruz, y que su presencia en el lugar fue a consecuencia de la cuarentena por la Pandemia del Coronavirus COVID-19, habiéndose constituido como mercado durante la vigencia de la citada cuarentena; por tal razón, no acreditaron derecho propietario que avale su estadía en el lugar; ni permiso otorgado por el Municipio para ello que pueda ser considerado por esta jurisdicción constitucional como ocupación legítima.

En consecuencia, se encuentran acreditados que los demandados permanecen en el área de equipamiento perteneciente al GAM de Santa Cruz, sin acreditar derecho propietario alguno; pretendiendo a través de medidas de hecho obligar a la citada entidad la construcción de un mercado; sin previamente cumplir con los requerimientos que la entidad exige. Asimismo, el indicado Gobierno Municipal de considerar esa solicitud deberá previamente realizar los estudios de factibilidad técnica jurídica para determinar que el Barrio “Las Maras” tiene como prioridad un mercado zonal o en su caso un Centro de Salud como habrían señalado los vecinos del lugar.

Por las razones expuestas, las medidas asumidas por los demandados a través del estaqueado y delimitado de lugares de un mercado que no se encuentra aprobado legalmente, son actos vinculados a medidas o vías de hecho, proscritos por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1., por lo cual amerita la concesión de la tutela impetrada, por lesión del derecho a la propiedad, disponiendo el cese de cualquier acto que perturbe el derecho propietario del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra; por ende, en el desalojo inmediato del predio de los demandados y quienes se encuentren en el área citada.

CORRESPONDE A LA SCP 0192/2023-S1 (viene de la pág. 16).

Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional, al CONCEDER la tutela solicitada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 8 de febrero, cursante de fs. 96 vta. a 102, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

[1] La SC 0832/2005-R, pronunciada por el Tribunal Constitucional de los diez años, señaló: “(…) Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales”.

[2] La SCP 0998/2012, estableció que la protección a derechos frente a la denuncia de acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: “a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical [de los particulares frente al Estado] como horizontal [de los particulares frente a otros particulares] derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

[3] SCP 1478/2012, FJ.III.1

[4] La SCP 0998/2012, en un caso en el que se denunció avasallamiento de un predio, señaló, que: “…todo acto o medida de hecho [en el que incurra el Estado o los particulares]que implique privación o limitación arbitraria e ilegal de la propiedad, implican una directa afectación al contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute, motivo por el cual, la justicia constitucional, en el marco del ejercicio de los roles propios del control de constitucionalidad, una vez activada por el o los afectados, deberá tutelar de manera directa dicho derecho fundamental”. Asimismo, se tienen como antecedentes de avasallamientos a la propiedad resueltos por el Tribunal Constitucional anterior, a través del amparo constitucional las SSCC 489/2001-R, 0151/2001-R, 0028/2002-R, 0944/2002-R, 0312/2003-R,                 0178/2003-R, 0615/2003, 0376/2004-R, entre muchas otras.

[5] La SCP 0489/2012 de 6 de julio, concedió la tutela y dispuso la inmediata restitución de la posesión de los accionantes, en la “Librería 16 de julio” salvo exista resolución judicial posterior que haya modificado la posesión o situación jurídica del inmueble.

[6] La SC 0517/2003-R de 22 de abril, FJ III.3, señaló: “… aunque la recurrida niega haber cortado el suministro de luz, es evidente que este servicio fue suspendido a los recurrentes, y no por la empresa Electropaz como ésta misma informó al responder a la queja de los recurrentes; sin que la supuesta avería que invoca la recurrida, pueda desvirtuar los hechos materiales verificados; cual es el corte del suministro de luz, que privó durante más de quince días a sus inquilinos de luz eléctrica; medida de hecho que no puede ser justificada por la falta de pago de alquileres, ni por la decisión de la recurrida de rescindir el contrato, comunicada a los inquilinos mediante nota de 14 de enero; ya que para esa eventualidad la propietaria y recurrida cuenta con los mecanismos procesales respectivos, a efectos de hacer valer sus derechos. Del mismo modo, puede consultarse las SSCC 0014/2007-R, 0374/2007-R, 0832/2005-R y 0011/2007-R, entre otras.

[7] SSCC 0562/2007-R, 502/2007-R y 0016/2007-R, entre otras.

[8]El FJ III.1, refiere que la responsabilidad de garantía primaria de los derechos fundamentales, es de la pluralidad de jurisdicciones, por lo mismo, ya no es monopolio del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no deja de ser su principal garante.

^[9]La SC 0182/2007-R de 23 de marzo, en el FJ III.3, sostiene: “...la vulneración se distingue de la amenaza, en cuanto la primera lleva implícita el concepto de daño; así, se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado, en cuyo caso, la tutela es reparadora; en tanto que la amenaza pone en peligro a ese bien jurídico, peligro que, como quedó precisado, debe ser potencial y debe presentarse como inminente y próximo, en cuyo caso, la tutela es preventiva. En ese orden, la SC 1853/2004-R de 30 de noviembre, ha señalado que: “…la hipótesis constitucional de la amenaza requiere de la unión de elementos subjetivos y objetivos o externos: a) los primeros referidos al temor del sujeto que ve peligrar sus derechos fundamentales y, b) los segundos, a los aspectos que convalidan dicha percepción; es decir, las circunstancias que permiten inferir la existencia del peligro concreto de los derechos del sujeto”.

[10]La SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en el FJ III.2, acuñó el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado.

[11]La SCP 0998/2012, en el FJ III.3, establece que las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo constitucional, puede ser activado directamente frente a estas circunstancias, sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa.

^[12]La SC 382/01-R de 26 de abril de 2001, establece que frente a una medida de hecho, el proceso penal no era idóneo, por cuanto tiene otra finalidad y objeto procesal, por lo que en el caso concreto señala: “…la querella que pudiere interponer contra la recurrida, persigue otro fin distinto al del presente Recurso, cuya demanda se centra en que se le permita utilizar la vivienda que tiene alquilada, lo que podrá hacer en tanto un Juez competente determine lo que corresponda en derecho”.

En ese orden, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1013/2014-S3, 0365/2016-S3, 0788/2015-S3 y 0849/2015-S3, consideraron que el propósito del proceso penal, no solo era la determinación de la comisión de delitos y que a través de ellos, también se podían resguardar derechos vinculados a actos por medidas de hecho; constituyéndose en precedentes constitucionales que utilizan criterios restrictivos, en cuanto a la excepción de subsidiariedad y que en el marco de la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, referido al estándar más alto de protección, no corresponde su aplicación.

[13]La SCP 0998/2012, en el FJ III.5, refiere que por regla general, para la activación de la acción de amparo constitucional, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas -arts. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-; empero, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, el impetrante de tutela deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional -siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso- en caso de la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.

Ahora bien, en ese supuesto, cuando el peticionante de la tutela no pueda identificar expresamente a todos los demandados o a los terceros interesados, en resguardo del derecho a la defensa de éstos, no se les aplica el principio de preclusión procesal, para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa, por lo mismo, en cualquier etapa del proceso de la acción de amparo constitucional, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal.

^[14]La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el FJ III.3, apunta: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma”.

La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, en el FJ III.3, refiere: “…en el marco de una interpretación extensiva y progresiva a favor de un acceso eficaz a la justicia constitucional, las denuncias por vías de hecho, en cuanto al plazo de caducidad, implican un análisis teleológico del último supuesto del art. 129.II de la CPE; en ese orden, se tiene que en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos contínuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión, interpretación acorde con los principios pro-hómine y pro-actione, pautas que aseguran la eficacia máxima del derecho al acceso oportuno a la justicia constitucional frente a vías de hecho y que además consolida una labor hermenéutica según los fines establecidos en los principios fundamentales y valores plurales supremos en el Estado Plurinacional de Bolivia como ser la justicia, igualdad y el vivir bien, consolidando en definitiva la materialización de la Constitución Axiomática”.