SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2023-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 y 14 de febrero de 2022, cursantes de fs. 132 a 143 y 146 a 147, la parte accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se adjudicó tres licitaciones que lanzó el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes del departamento de Tarija, relacionadas a la provisión de libros escolares para el apoyo de los niveles primario y secundario de las Unidades Educativas del Núcleo SILAAT TA IS y del área urbana y rural del citado municipio, suscribiendo tres contratos administrativos de 24 de marzo y 15 de mayo de 2015, por un total de Bs1 589 824.- (un millón quinientos ochenta y nueve mil ochocientos veinticuatro bolivianos); empero, pese a haber realizado la entrega de todo el material comprometido, conforme a las actas de recepción definitivas y la emisión de las facturas por el servicio prestado, dicho ente edil no cumplió con el pago de lo acordado.

En ese sentido, el 27 de septiembre, 6 de octubre y 5 de noviembre de 2021, presentó tres cartas notariadas ante la autoridad demandada, haciéndole conocer la resolución de contrato por incumplimiento de obligación de pago y la cancelación de intereses que emergió de aquello; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta, generando su inestabilidad económica, amenazando sus bienes e intereses de subsistencia; así como, los salarios de sus empleados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso administrativo, a la propiedad privada, al comercio e industria, y al trabajo; así como, del principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46.I.1, 47, 56.I y II, y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 7.a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Alcalde demandado proceda al pago inmediato que le corresponde por la entrega de libros escolares; y, b) La medida cautelar de la retención de fondos y congelamiento de cuentas hasta el monto de Bs1 589 824.-, emitiendo los oficios correspondientes a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 180 a 184, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo indicó que el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes del departamento de Tarija, incumplió con los contratos suscritos al no cancelar lo adeudado; siendo que, los libros fueron entregados y utilizados por los niños del indicado municipio; por lo que, el presupuesto de educación era intocable; ya que, fue destinado únicamente a ese fin.

I.2.2. Informe del demandado

Rubén Walter Vaca Salazar, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes del departamento de Tarija, a través de sus representantes, mediante informe escrito presentado el 21 de febrero de 2022, cursante de fs. 177 a 178 vta., y en audiencia de garantías manifestó que: 1) De acuerdo al principio de subsidiariedad, la empresa peticionante de tutela debió agotar la vía contenciosa antes de interponer la presente acción de defensa, considerando que se trata de contratos con el Estado y que no tienen plazo fatal para su formulación; es decir, esa instancia esta expedita para el fin que pretende; 2) La referida empresa ante el silencio administrativo negativo -falta de respuesta a sus solicitudes- pudo activar los recursos de revocatoria y el posterior jerárquico; empero, no lo hizo; concluyendo que tampoco acreditó que hubo daño grave e irreparable que podría abstraer dicha subsidiariedad; y, 3) Las resoluciones constitucionales que adjuntó la parte impetrante de tutela, no fueron objeto de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; dado que, solo fueron pronunciadas por el tribunal de garantías, citando como sustento la SCP 1341/2016-S3 de 25 de noviembre, relacionada al perjuicio inminente y la gravedad de los hechos, que impedirían la impostergabilidad de la tutela pedida, previo a la acreditación de ese daño irreparable, conforme señalaron la SC 0428/2010-R de 28 de junio y la                  SCP 1171/2015-S3 de 16 de noviembre, que ampliaron la excepción a la subsidiariedad si son grupos vulnerables o estuvieran comprometidos los derechos a la vida y a la salud; empero, ello no ocurrió en el presente caso; por lo que, solicitó denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial y de Familia Primero de Villa Montes del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 21 de febrero, cursante de fs. 184 a 187, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En el marco fáctico y jurídico presentado en esta acción de defensa, la parte solicitante de tutela pretendió el pago de una obligación sin acudir previamente ante la autoridad administrativa, pese a haber resuelto el contrato suscrito, no siendo la justicia constitucional la instancia idónea para ordenar el pago sobre acuerdos con el Estado; ya que, no suple a la jurisdicción ordinaria ni al procedimiento administrativo; y, ii) Conforme a la SCP 0054/2018-S2 de 15 de marzo, el principio de subsidiariedad opera cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, o no se activó un medio de defensa o recursos legales para ese fin, presupuestos que no fueron observados por la empresa accionante.