SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2023-s3
Fecha: 30-May-2023
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2023-s3
Sucre, 30 de mayo de 2023
SALA TERCERA
Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Acción de libertad
Expediente: 45791-2022-92-AL
Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 46 vta. a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Judith Esperanza Muriel Galindo contra Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, cursante de fs. 32 a 37, la accionante manifiesta lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda de beneficios sociales iniciada por Silvia Jiménez Torrico en su contra, tramitada ante la Jueza del Partido de Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora accionada-, mediante Sentencia -127/2016 de 28 de octubre-, se declaró probada en parte la demanda ordenando pagar la suma de Bs21 885.- (veintiún mil ochocientos ochenta y cinco bolivianos), y que en ejecución de sentencia debía aplicarse lo dispuesto por el art. 9 del Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006; decisión que mediante Auto de Vista -139/2018 de 24 de octubre-, fue confirmada en parte, disponiendo se cancele la suma de Bs32 828.- (treinta y dos mil ochocientos veintiocho bolivianos), más multa y actualización prevista por la referida previsión legal, ante ello interpuso recurso de casación el cual, sin embargo, fue declarado infundado con costas.
Posteriormente, la autoridad accionada -a petición de la demandante- mediante Auto de 4 de mayo de 2021, ordenó se proceda a la actualización de los beneficios sociales y la multa del 30%; al efecto, una vez que fue notificada con la liquidación, observó la misma mediante memorial de 13 de julio del citado año presentado mediante Buzón Judicial, observación que fue rechazada por la autoridad accionada a través del Auto de 26 del citado mes y año, por una supuesta extemporaneidad, decisión contra la que presentó apelación, recurso que le fue concedido en el efecto devolutivo mediante Auto de 1 de septiembre del año indicado, siendo remitido ante la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Tribunal de alzada que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar aun no pronunció la resolución respectiva.
Bajo tales antecedentes, denuncia que no obstante de estar pendiente de resolución la apelación que interpuso contra el Auto de 26 de julio de 2021, la Jueza accionada mediante Auto de 23 de septiembre del año citado, ordenó se expida mandamiento de apremio en su contra hasta que pague a la demandante por concepto de beneficios sociales, facultando su ejecución a cualquier funcionario para que sea conducida al Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres del departamento de Cochabamba, atentando de esa manera su derecho a la defensa, a ser oída, a la seguridad jurídica y al debido proceso, porque se libró mandamiento de apremio cuando se encuentra aguardando la determinación del Tribunal de alzada, por ello está siendo perseguida en su condición de mujer y madre de una menor de edad.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la dignidad, a la defensa, a ser oída, a la seguridad jurídica, y a la “seguridad personal”, así como la garantía del debido proceso; citando al efecto los arts. 13.I y IV, 14.I, 15.I, 21.7, 22, 23.I, 109, 115, 116, 117, 119.I, 180.I, 256 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se le conceda la tutela impetrada, consecuentemente: a) Se suspenda la ejecución del mandamiento de apremio dispuesto por Auto de 23 de septiembre de 2021; y, b) Se le restituya la libertad de locomoción y demás derechos y garantías explanados en esta acción tutelar.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública virtual el 8 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 46 vta., presente el abogado de la peticionante de tutela y ausente la Jueza accionada, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La accionante a través de su abogado en audiencia ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción tutelar.
I.2.2. Informe de la autoridad accionada
Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante a fs. 44 y vta., manifestó lo siguiente: 1) El proceso de beneficios sociales seguido por Silvia Jiménez Torrico contra la impetrante de tutela, cuenta con sentencia ejecutoriada, la misma que no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, conforme dispone el art. 400.I del Código Procesal Civil (CPC), aplicable por permisión del art. 252 del Código Procesal del Trabajo (CPT), por lo que no puede suspenderse la ejecución de la sentencia, porque se encontraría pendiente el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la observación a la liquidación y otras resoluciones emitidas en ejecución de sentencia, como pretende la peticionante de tutela, toda vez que la normativa prohíbe la suspensión del proceso, máxime si las apelaciones fueron concedidas en el efecto devolutivo, por lo que no suspenden la tramitación de la causa; y, 2) La SCP 1168/2014 de 10 de junio -cuya parte medular cita-, establece que el mandamiento de apremio no debe entenderse como una punición del litigante perdidoso, obligado al pago de lo adeudado en favor del trabajador, al contrario, es una medida de naturaleza compulsiva cuya única finalidad es forzar al empleador el cumplimiento inmediato de la obligación establecida en una sentencia; consecuentemente, el mandamiento de apremio no puede ser suspendido, considerando que el proceso se encuentra en ejecución de sentencia, y las apelaciones pendientes fueron concedidas en el efecto devolutivo; por lo que, no suspenden la tramitación del proceso ni su competencia, más aun si la empleadora tuvo todo el tiempo que duró el proceso para prever el pago de la deuda social; asimismo, advierte que esta acción de libertad ya fue presentada anteriormente, siendo repetitivos sus argumentos. Por lo expuesto solicitó se declare “improcedente” la presente acción de defensa.
I.2.3. Resolución
El Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 46 vta. a 48 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) La accionante reclama que, dentro del proceso laboral que se tramita ante la Jueza accionada, se vulneró flagrantemente sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la libertad de locomoción, porque al haber interpuesto apelación, la autoridad accionada debió suspender la emisión del mandamiento de apremio, conforme se tiene del Auto de 23 de septiembre de 2021, cursante a “fs. 38”, consecuentemente la presente acción tutelar se dirige a objeto de que se reparen las omisiones realizadas y establecidas por el Código Procesal del Trabajo, “…ya que debe disponer la autoridad accionada ordena la remisión de la apelación en el efecto suspensivo” (sic); y, ii) Al respecto, se advierte que persiste la identidad en cuanto al problema jurídico planteado, que incluye precisamente identidad de sujeto, causa y objeto, lo que hace viable se deniegue la tutela por aplicación de cosa juzgada constitucional, por existir la Resolución Constitucional de 1 de octubre del citado año, que ya resolvió el fondo del problema planteado, por lo que conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando exista una “sentencia constitucional” que haya resuelto el problema jurídico, no se puede interponer otra acción de defensa reclamando lo mismo, intentando sorprender a la justicia constitucional, debido a que en dicho caso la sentencia habrá adquirido calidad de cosa juzgada respecto al problema jurídico en cuestión; es decir, la impetrante de tutela ya interpuso otra acción con identidad de sujetos, causa y objeto, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no siendo conforme a derecho -la interposición de una segunda acción tutelar- , constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo en error a los Tribunales de garantías.
II. CONCLUSIONES
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del fenecido proceso laboral seguido por Silvia Jiménez Torrico contra Judith Esperanza Muriel Galindo -ahora peticionante de tutela-, cursa observación de liquidación de actualización y cálculo de beneficios sociales, que mereció Auto de 26 de julio de 2021, emitido por Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy accionada-, que determinó no ha lugar dicha observación al haber sido planteada fuera de plazo procesal (fs. 17 a 18); determinación ante la cual, la accionante presentó recurso de apelación, que fue concedido en efecto devolutivo y radicado ante la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 27 de septiembre del citado año (fs. 19 a 23). Asimismo se tiene Auto de 1 del citado mes y año de aprobación de liquidación y conminatoria de pago de dicha obligación, a tercer día, bajo advertencia de emitirse mandamiento de apremio, que finalmente fue emitido el 15 de octubre del mismo año, conforme fue ordenado por la Jueza accionada (fs. 22 y vta. y 31).
II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se verifica que este Tribunal en revisión conoció y resolvió la acción de libertad interpuesta por Judith Esperanza Muriel Galindo contra la autoridad accionada, signado con el número 43339-2021-87-AL, dentro de la que se emitió la SCP 1477/2022-S4 de 7 de noviembre.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La impetrante de tutela, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a la dignidad, a la defensa, a ser oída, a la seguridad jurídica, y a la “seguridad personal”, así como la garantía del debido proceso; en razón a que, dentro de la demanda de beneficios sociales sustanciada en su contra, que se encuentra en fase de ejecución de sentencia, la Jueza accionada a través del Auto de 23 de septiembre de 2021, ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra hasta que haga efectivo el pago a la demandante -del proceso laboral- por concepto de beneficios sociales, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución la apelación que interpuso contra el Auto de 26 de julio del mencionado año, que declaró no ha lugar a la observación a la liquidación de actualización y cálculo de beneficios sociales interpuesta de su parte.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
III.1. La identidad de sujetos, objeto y causa como presupuesto de inactivación de procedencia constitucional
La SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que: «El Tribunal Constitucional mediante SC 0766/2010-R de 2 de agosto, confirmó la línea jurisprudencial ya trazada con anterioridad y a la luz de la nueva Constitución Política del Estado, señaló que la acción de amparo constitucional, conforme lo previsto por el art. 128 de la CPE, refiere que: “…otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las leyes, siempre que no hubiera otro medio o recurso legal para la protección inmediata de esos derechos”.
Por otra parte el art. 74.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), establece ciertas causales de improcedencia de esta acción, entre otras, determina que no procede: “Cuando se hubiere interpuesto anteriormente una acción constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado”; al respecto, la SC 0328/2010-R de 15 de junio, extrayendo los alcances de la identidad, ha determinado que: ‘…debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades; es decir: a) De sujetos: Que sean las mismas personas las que presentan la acción dirigiéndola contra iguales autoridades o particulares contra las que accionaron antes; b) De causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos; y, c) De objeto: Que el propósito sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo…’; ello implica que la presentación de un segundo o posterior recurso con identidad de sujeto, objeto y causa, impide el ingreso al análisis de la problemática planteada, por cuanto supone que la misma ya fue analizada en una primera oportunidad habiendo sido resuelta mediante una resolución constitucional que tiene entre sus efectos la vinculatoriedad y por ende es irrevisable, adquiriendo la calidad de cosa juzgada constitucional.
Asimismo la jurisprudencia constitucional, determinó como causal de improcedencia la identidad de sujeto, objeto y causa, así la SC 1161/2005-R de 26 de septiembre, determinó: ‘…este Tribunal, en innumerables fallos entendió que el recurso (…) es improcedente cuando el recurrente interpone dos recursos contra las mismas autoridades recurridas y con los mismos fundamentos, haciendo un uso abusivo de este recurso constitucional, lo cual impide al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo de uno de los recursos, pues incurriría en duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto’.
En ese entendido, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, reiterada por la SC 1266/2010-R de 13 de septiembre, que cita a su vez otras Sentencias Constitucionales, indica que: ‘Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y. 102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías’.
Siguiendo el mismo criterio la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, afirmó que: ‘…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material.
En los casos en los que el juzgador que hubiera conocido el amparo, no hubiese observado todas las normas de procedimiento aplicables al recurso, los que se consideren perjudicados con esas omisiones podrán solicitar ante el mismo tribunal o juez del recurso formalmente sean subsanadas o, en su caso, denunciarlas en la instancia de revisión ante este Tribunal’.
(…)
La jurisprudencia de este Tribunal ha definido claramente que la jurisdicción constitucional no puede ser utilizada indiscriminadamente, más aún cuando ya se ha presentado una acción de defensa y ésta no ha concluido con una resolución que se convierta en cosa juzgada constitucional; razón por la cual, si el accionante presenta una segunda acción con la identidad de sujetos, objeto y causa, resulta ser temeraria, a cuyo efecto se inviabiliza la posibilidad de ingresar al análisis de fondo de lo solicitado, de no actuar así se podría ingresar en una duplicidad de resoluciones y para no cometer tal error el legislador ha previsto las causales de improcedencia, por lo que al asistir una de ellas, este Tribunal debe declarar la improcedencia de la acción, denegando la tutela solicitada”» (las negrillas nos corresponde).
III.2. Análisis del caso concreto
La peticionante de tutela alega que, dentro de la demanda de beneficios sociales sustanciada en su contra, que se encuentra en fase de ejecución de sentencia, la Jueza accionada a través de Auto de 23 de septiembre de 2021, ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra hasta que haga efectivo el pago a la demandante -del proceso laboral- por concepto de beneficios sociales, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución la apelación que interpuso contra el Auto de 26 de julio del mencionado año que declaró no ha lugar la observación a la liquidación de actualización y cálculo de beneficios sociales interpuesta de su parte.
Identificado el objeto procesal que motivó la interposición de esta acción tutelar, y considerando que la Jueza accionada en su informe puso de manifiesto que la accionante ya interpuso anteriormente otra acción tutelar bajo igual reclamación, aspecto que fue ratificado por el Juez de garantías quien denegó tutela por identidad de sujetos, objeto y causa, corresponde a este Tribunal verificar si resulta evidente este extremo, a objeto de confirmar o en su caso desvirtuar la concurrencia de dicho presupuesto de inactivación de procedencia constitucional.
En ese entendido, conforme se tiene establecido en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, este Tribunal conoció en revisión una anterior acción de libertad signada con el número 43339-2021-87-AL, la cual mereció la SCP 1477/2022-S4, de cuyo contenido y antecedentes procesales se establece que la acción tutelar de referencia fue interpuesta por “…Judith Esperanza Muriel Galindo contra Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del departamento de Cochabamba”, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2021, denunciando la lesión de “…sus derechos a la libertad personal y de locomoción, a ser oída, al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia y a la ‘seguridad jurídica’; en virtud a que, la autoridad judicial demandada, mediante Auto de 23 de septiembre de 2021, ordenó se libre mandamiento de apremio en su contra hasta que se haga efectivo el pago a la demandante por concepto de beneficios sociales, sin considerar que se encuentran pendientes de resolución las apelaciones que interpuso contra de los Autos de 26 de julio y 1 de septiembre de 2021”, solicitando se le conceda la tutela disponiendo: “…a) Dejar en suspenso la ejecución del mandamiento de apremio ordenado por Auto de 23 de septiembre de 2021; y, b) Se le restituya la libertad de locomoción y demás derechos fundamentales y garantías constitucionales expuestos en la presente acción tutelar”; asimismo, se advierte que en función a dichos elementos de planteamiento de la acción, la mencionada sentencia constitucional plurinacional, resolviendo el fondo de la problemática planteada, determinó “…CONFIRMAR la Resolución de 1 de octubre de 2021, cursante de fs. 63 vta. a 67 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada”.
A partir de los referidos antecedentes inherentes al expediente 43339-2021-87-AL, se evidencia que en el presente caso son de aplicación los intelectos jurisprudenciales citados en el Fundamento Jurídico III.1 precedente, sobre la triple identidad como causal de inviabilidad de una acción de defensa con relación a otra; dado que, en el presente caso se tiene la identidad de sujetos, causa y objeto advertida respecto a la citada causa con la presente acción tutelar; habida cuenta que, en lo que atañe a los sujetos procesales, la referida acción tutelar fue interpuesta por Judith Esperanza Muriel Galindo -ahora impetrante de tutela- contra Martha Esthela Coca Revollo, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primera de Quillacollo del departamento de Cochabamba -hoy accionada-; es decir, la misma parte accionada en la presente acción de libertad denotando con ello identidad total de sujetos; de igual manera, en cuanto a la causa se tiene que, en la señalada acción de libertad, así como también en la presente acción de defensa, se cuestiona la determinación asumida en el Auto de 23 de septiembre de 2021, mediante el que la nombrada Jueza ordenó se libre mandamiento de apremio contra la peticionante de tutela hasta que haga efectivo el pago por concepto de beneficios sociales, sin considerar que se encuentra pendiente de resolución la apelación que interpuso, de lo cual se concluye la existencia de identidad de causa en ambas acciones tutelares; finalmente en lo que hace al objeto, de la verificación del petitorio y pretensión planteados por la accionante, se tiene que en la primera acción de libertad solicitó “…a) Dejar en suspenso la ejecución del mandamiento de apremio ordenado por Auto de 23 de septiembre de 2021; y, b) Se le restituya la libertad de locomoción y demás derechos fundamentales y garantías constitucionales expuestos en la presente acción tutelar”, en tanto que en esta segunda acción tutelar igualmente pretende: a) Se suspenda la ejecución del mandamiento de apremio dispuesto por Auto de 23 de septiembre de 2021; y, b) Se le restituya la libertad de locomoción y demás derechos y garantías explanados en esta acción tutelar; lo que evidencia a su vez que concurre identidad plena de objeto.
Así, del desarrollo efectuado precedentemente, es evidente la existencia de triple identidad -de sujetos, objeto y causa-, lo que impide que se pueda ingresar a un análisis de fondo de lo cuestionado en la presente acción de defensa, bajo el entendido de que es inviable la interposición de una nueva acción de libertad con iguales fundamentos y contra la misma Jueza accionada, pues en la situación fáctica concreta se advierte que estando en revisión ante este Tribunal la primera acción de defensa planteada -ingresada a recepción de causas y operador de registro el 26 de noviembre de 2011-, la parte impetrante de tutela, sin esperar el sorteo y fallo constitucional respectivos sobre dicha acción, interpuso una segunda acción de defensa, es decir la presente, el 7 de febrero de 2022, lo que evidencia la referida triple identidad; es más, habiendo sido resuelta la primera acción y contar -al presente- con un pronunciamiento definitivo -SCP 1477/2022-S4 de 7 de noviembre-, donde se analizó la reclamación en el fondo de lo cuestionado, se tiene que además existe cosa juzgada constitucional, situaciones ambas que impiden ingresar al análisis de esta segunda acción de defensa, y menos aún emitir pronunciamiento alguno, pues ello implicaría incurrir en una duplicidad de Sentencias en cuanto a un mismo acto invocado como lesivo; situación que en la especie concurre, denotando tal circunstancia una falta de lealtad procesal por la activación simultánea de acciones de libertad con la triple identidad, ya que esta segunda acción de defensa fue presentada cuando la primera se encontraba en revisión ante este Tribunal, dentro de la que ya se analizó la reclamación de la peticionante de tutela, quien contrario a la seguridad jurídica activó esta segunda acción, pretendiendo un nuevo pronunciamiento de la justicia constitucional, lo cual no es viable acorde al marco jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico precedente; correspondiendo por todo lo expuesto, denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 8 de febrero de 2022, cursante de fs. 46 vta. a 48 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada por las razones expuestas.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO