SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0379/2023-S4

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de diciembre de 2021, cursante de fs. 21 a 24, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de noviembre de 2021, se emitió mandamiento de apremio en su contra, emergente de un proceso de asistencia familiar con liquidación que asciende a la suma de Bs24 720.- (veinticuatro mil setecientos veinte bolivianos) de manera que, desde el 10 de diciembre del mismo año, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, fecha desde la que sufre una serie de contingencias de salud porque sufrió una enfermedad cardiaca que fue puesta en conocimiento de la autoridad demandada, quien el 20 de similar mes y año, corrió en traslado a la parte contraria, a pesar de haberle hecho conocer la valoración del médico del penal que señala que sufrío una crisis hipertensiva y de ansiedad, deshidratación moderada, neumonía, trombosis pulmonar y coagulación en la sangre que se debería a la vacuna como a la enfermedad de base al presentar la neumonía. Agregó que a pesar de ser evidente el monto liquidado, él canceló y entregó la asistencia de forma puntual; empero, la madre de sus hijos, jamás comunicó dicho pago a la autoridad judicial.

Toda vez que su vida y salud se encuentran en riesgo, planteo la presente acción de libertad; puesto que, la Jueza del proceso familiar, pese a conocer su situación de salud, en lugar de resolver, corrió en traslado la misma, evitando pronunciarse en el fondo y sin considerar que existe una emergencia sanitaria por el COVID-19 y que, sufre complicaciones precisamente por dicha enfermedad, como es la neumonía severa y trombosis; por lo que, solicitó se disponga el traslado a su domicilio para recibir la atención médica correspondiente.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad y al ejercicio del derecho a la defensa, citando al efecto, los arts. 14. III, 15.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se emita en el día, mandamiento de libertad para que reciba el tratamiento médico que requiere.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 27 de diciembre de 2021, conforme consta en el acta que cursa de fs. 32 a 33 vta., presente el solicitante de tutela asistido por su abogado y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante legal, complementó su demanda señalando que, la parte contraria solicitó el mandamiento de apremio dentro de un proceso de naturaleza familiar; de manera que, desde el 10 de diciembre de 2021, se encuentra detenido en el recinto penitenciario de San Pedro, haciendo énfasis en que tal medida fue solicitada con artimañas ante el Juzgado de Familia de El Alto del departamento de La Paz; puesto que, efectuó todos los depósitos por la asistencia familiar.

De otro lado, a partir de la fecha de su detención, comenzó a sufrir una serie de problemas de salud; puesto que, padece de enfermedades cardiaca y pulmonar, ambas producto del COVID-19, presentando también, una crisis hipertensiva, ansiedad y una deshidratación moderada; severa neumonía y trombosis pulmonar y coagulación en la sangre, según evidencia del certificado médico emitido por el doctor Galvez que ingresó al Recinto Penitenciario, para establecer la debilidad del paciente, lo que sumado a su edad; determinó que, reciba tratamiento adecuado a nivel domiciliario.

Señaló que la autoridad demandada, en suplencia legal por la vacación judicial, al tener conocimiento de su situación de salud mediante el memorial presentado el 20 de diciembre de 2021; en el que además, reclamó su derecho a la salud y la necesidad de no continuar detenido, se limitó a correrla en traslado afectando su derecho a recibir atención médica para restablecer su derecho a la vida y a la salud.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Karen Careaga Miranda, Jueza Pública de Familia Segunda de El Alto del departamento de La Paz, mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, que cursa de fs. 30 a 31, informó lo que sigue: a) El Juzgado a su cargo, cumple funciones como Juzgado de turno en atención a la Circular 23/2021 y 24/2021-SP, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, entre los procesos remitidos, se encuentra el proceso de divorcio seguido por Vilma Valeria Altamirano León contra Jorge Luis Flores Huanca, tramitado en el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del precitado departamento; b) Presentada liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs24 720.-, una vez corrida en traslado a la parte contraria, fue aprobada por Auto de fs. 62 vta., y cumplidas las notificaciones, se emitió el Auto que dispuso la emisión de mandamiento de apremio en contra del hoy accionante beneficio que fue ordenado a favor de sus dos hijos de diez y ocho años de edad, c) El 20 de diciembre de 2021, el impetrante de tutela pidió la emisión de mandamiento de detención domiciliaria; de manera que, teniendo en cuenta el principio de imparcialidad, se corrió en traslado dicha petición, que a esa fecha (27 de diciembre de 2021), no fue notificada a la demandante, y por ende, no se tiene ninguna respuesta; y, d) Aclaró que en todos y cada uno de los procesos que corren a su cargo, se desarrolla la actuación procesal en observancia del principio de interés superior de los directos beneficiarios de la asistencia familiar, no siendo la excepción el presente caso, ya que conforme a procedimiento, se emitió el mandamiento de apremio.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 021/2021 de 27 de diciembre, cursante de fs. 34 a 37, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de cuarenta y ocho horas, disponga la libertad del accionante, tomando en cuenta las graves complicaciones de salud; exponiendo lo siguiente: 1) La autoridad demandada afirma que estaría actuando de manera imparcial y que estaría protegiendo los derechos de la parte demandante; sin embargo, cualquier reclamo se encuentra por encima de cualquier formalidad procesal, lo que esa autoridad debió hacer es considerar la salud del impetrante de tutela; 2) En ese entendido, tenía que valorar y revisar si era evidente la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales que esta acción de defensa protege, en ese sentido, se puede determinar que evidentemente, la privación de libertad fue ordenada a través de un mandamiento de apremio a consecuencia de una liquidación de asistencia familiar que no se habría cancelado; 3) La autoridad demandada, en suplencia legal, recibió el reclamo del solicitante de tutela, respecto a la necesidad de atención de sus graves problemas de salud y también manifestó que hubiera cancelado el monto liquidado por asistencia familiar, y que por un descuido no presentó las boletas de pago al banco; de manera que, los mismos debieron ser considerados, el no hacerlo, implicó la vulneración de sus derechos a su vida, a la integridad física, psicológica y sexual; y, 4) La razón de disponer una libertad definitiva del accionante obedece a que este afirmó haber cancelado la suma exigida por concepto de asistencia familiar; entendiéndose que, debía ser demostrada por medios idóneos.