SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0435/2023-S4

De la jurisprudencia desarrollada se tiene que en los casos en que la jurisdicción ordinaria prevea los mecanismos idóneos u oportunos para la reparación del derecho a la libertad, estos deben ser utilizados con carácter previo a activar la justicia constitucional, a fin de no desnaturalizar la esencia y finalidad de la acción de libertad; en ese marco, siendo que en el presente asunto se denuncia la presunta arbitraria e ilegal declaratoria de rebeldía, es preciso traer a colación el entendimiento asumido por la SCP 0267/2018-S2, que sistematizando la jurisprudencia constitucional vinculada a la subsidiariedad excepcional de esta acción de defensa respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, precisó que: “…queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde; justificando en su caso, la ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas; aclarando que incluso, a pesar de haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente acudir ante el juez o tribunal, para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión; es decir, cuando estas medidas persistan, a pesar de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto” (las negrillas son añadidas).

III.2.  Sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad e imposibilidad de activar dos jurisdicciones de forma simultánea para resolver el mismo reclamo

La SCP 0431/2019-S4 de 2 de julio, señaló que: “De manera reiterada, el Tribunal Constitucional Plurinacional asumió la posición de que, si bien en la acción de libertad no rige el principio de subsidiariedad, éste sí es aplicable de manera excepcional en determinadas circunstancias, como que la normativa ordinaria prevea un medio de defensa específico, idóneo y oportuno para resguardar los derechos que se reclaman; por lo que, la parte interesada deberá acudir a estos y agotarlos en todas las instancias necesarias antes de acudir a la jurisdicción constitucional. De este modo, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, señaló: “Al respecto, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”’.

Asimismo, la SCP 0582/2017-S3 de 26 de junio, citando la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, también estableció que: “‘…como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus’”.

Como resulta evidente, esta doctrina constitucional data desde las primeras gestiones del Tribunal Constitucional y su fin es evitar el abuso en la activación de este mecanismo constitucional anteriormente conocido como habeas corpus −ahora acción de libertad−, particularmente cuando coindicen determinadas circunstancias, como la que se indica en la SCP 0135/2014-S3 de 10 de noviembre, reiterando a la SC 0080/2010 de 3 de mayo, en la que se sostuvo lo siguiente: “Asimismo, esta Sentencia, respecto a la prohibición de activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, manifestó que: ‘…la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria…’”; de lo que se concluye que la subsidiariedad excepcional en acción de libertad, se instituyo para evitar la activación paralela de la jurisdiccional y ordinaria, en especial, cuando está última se encuentra pendiente de resolución, circunstancia procesal que no hace posible ingresar al fondo de la problemática en la vía constitucional, en razón a que se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas nos pertenecen).

III.3.  Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó como lesionado el debido proceso, en su elemento defensa, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que: 1) Pese haber justificado debidamente su incomparecencia a la audiencia programada (7 de enero de 2022), y la autoridad demandada, mediante Decreto de 14 de igual mes y año, dejó sin efecto su rebeldía disponiendo pagar la misma, con el pago de Bs300.-; el 20 del referido mes y año, a las 9:50, fue detenido con un mandamiento de aprehensión, por no cumplir con dicha disposición, cuando recién fue notificada con la misma, en la aludida fecha, generándose la vulneración de sus derechos fundamentales; y, 2) Asimismo, al instalarse la audiencia de sus medidas cautelares, a los cuarenta minutos de la hora de su aprehensión, en la indicada fecha, sin esperar que su abogado defensor de confianza, llegará a dicho acto procesal, se le designó un defensor de oficio, quien no tendría conocimiento de su proceso, vulnerando de esa forma su derecho a la defensa; y, en dicho acto procesal, el Juez demandado, de forma prevaricadora, abusiva y ultra petita, dispuso su detención preventiva, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; cuando conforme al delito (estelionato) que se le atribuyó, y la norma, no correspondía dicha medida; y, porque el Ministerio Público, mediante su imputación formal, su ratificación y fundamentación en la audiencia señalada, solicitó medidas sustitutivas a su favor; por lo que, antes dichos extremos, estaría indebidamente procesado y privado de su libertad.

De la revisión de obrados de la presente acción de defensa, si bien no se advierte documentación que evidencie lo referido por el accionante; en cuanto, al Auto Interlocutorio de 7 de enero 2022, que lo declaró rebelde; el memorial que presentó justificando su inasistencia a la audiencia de la referida fecha; el Decreto de 14 de igual mes y año, que le ordenó pagar su rebeldía con la suma de Bs300.-; el mandamiento de aprehensión emitido en su contra; la imputación formal pronunciado por el Ministerio Público; y, el Auto Interlocutorio de 20 del citado mes y año, que dispuso su detención preventiva; empero, al ser ratificados dichos actuados procesales, y los hechos sucedidos, por la autoridad demandada, mediante su informe (Antecedente I.2.2); se presume la veracidad de los mismos, en aplicación del principio de presunción de veracidad; correspondiendo en consecuencia, efectuar el siguiente análisis de la problemática planteada.

En ese contexto, de lo expresado por la parte accionante, tanto en su demanda, como en audiencia de acción tutelar; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; el 20 de enero del citado año, a las 9.50, fue aprehendido, por un mandamiento de aprehensión emitido en su contra que desconocía; toda vez que, fue notificado en la referida fecha, con el Auto Interlocutorio de 7 del referido mes y año, que lo declaró rebelde; y, el Decreto de 14 del indicado mes y año, actuado procesal que le ordenó purgar su rebeldía con la suma de Bs300.-, por no haber justificado su impedimento a la audiencia señalada el 7 de enero de 2022; no obstante, mediante memorial –no refiere la fecha–, presentó debidamente su justificativo, adjuntando certificado médico, por su delicado estado de salud, con lo que justificó su inasistencia al mencionado acto procesal; además refirió que, la indicada providencia de 14 del mismo mes y año, al señalar el art. 91 del CPP (Comparecencia), más su escrito, donde presentó documentación idónea, debió dejarse sin efecto el mandamiento de aprehensión, por estar debidamente justificada su incomparecencia, y debió dejarse sin efecto el mandamiento; y, no establecerse en dicho decreto, que al no justificar su impedimento, se le ordene purgar su rebeldía con el monto de Bs300.-.

Asimismo, al haber sido notificado con la merituada providencia, el 20 de igual mes y año, a las 9:50, debió de otorgársele un plazo razonable, para el cumplimiento del mismo, o en su defecto objetar dicha determinación. Ante su aprehensión, en la citada fecha y hora, a las 10:30, se instaló la audiencia de sus medidas cautelares, que sin esperar que su abogado defensor de confianza llegue a dicho verificativo, se le otorgó un abogado de oficio; por lo que, ante dicha designación, y la falta de conocimiento de su proceso por el referido, se le vulneró su derecho a la defensa. Por último, realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Décimo Primero del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, de forma prevaricadora y ultra petita (mediante Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2022), hubiera dispuesto su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; no obstante, que si bien en un principio se le atribuyó los delitos de estafa y estelionato; empero, el Ministerio Público, le imputó formalmente, por este último delito (art. 337 del CP), donde solicitó el mismo, medidas sustitutivas a la detención preventiva, por el quantum de la pena, y en aplicación del art. 232.6 del CPP, misma que establece que no procedería la detención preventiva en delitos de contenido patrimonial; imputación formal y requerimiento, que fue ratificado y fundamentado, por el Ministerio Público, en el acto procesal señalado, al manifestar que: “por cuánto vale la pena no puede ser detenido pido medidas sustitutivas, una fianza de 5.000, firma semanal ante la fiscalía…” (sic[Antecedentes I.1.1 y I.2.1]).

Por otra parte, se tiene el informe del Juez demandado, mismo que refirió que, ante la inasistencia del impetrante de tutela, en el acto procesal de 7 enero de 2022, y sí de su defensa pública; por solicitud del Ministerio Público, y la parte civil, dispuso la rebeldía del accionante; asimismo, ejecutado que fue el mandamiento de aprehensión contra el impetrante de tutela, el 20 de igual mes y año; en la misma fecha, se instaló la audiencia de medidas cautelares contra el prenombrado; que en conocimiento de los hechos, y la imputación formal con víctimas múltiples, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela; donde frente a dicha decisión, la defensa técnica del referido, interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, en la presente causa, existiría la subsidiariedad excepcional; toda vez que, otra autoridad tendría conocimiento de los argumentos del solicitante de tutela, y donde debería de resolverse al efecto (Antecedente I.2.2); por último, se advierte del Oficio 300/2022 de 25 de enero, donde la autoridad demandada; señaló que, el caso penal del accionante, fue remitido “a la sala penal 3era en original, toda vez que se presentó apelación incidental al auto de 20 de enero de 2022” (sic[fs. 20]).

Ahora bien, de acuerdo al petitorio realizado en la presente acción de defensa, donde la pretensión del impetrante de tutela, es que se le conceda la tutela solicitada y en consecuencia, se ordene de forma inmediata señalar nuevo día y hora de audiencia, para considerar su medida cautelar, o en su defecto se ordene su inmediata libertad; sin embargo, conforme a los antecedente señalados precedentemente, se debe considerar los siguientes aspectos.

Respecto, a la primera problemática, según lo manifestado por el solicitante de tutela, pese haber justificado debidamente su incomparecencia a la audiencia programada de 7 de enero de 2022, donde el Juez demandado, mediante Decreto de 14 de igual mes y año, señaló que: “a los efectos del artículo 91 se suspende la rebeldía” (sic), y dispuso purgar la misma, con el pago de Bs300.-; pese a ello, el 20 del referido mes y año, a las 9:50, fue detenido con un mandamiento de aprehensión, por no cumplir con dicha disposición, cuando recién fue notificado con la misma, en la aludida fecha; al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referente a la a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, precisó que: “antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde; justificando en su caso, la ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas; aclarando que incluso, a pesar de haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente acudir ante el juez o tribunal, para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión; es decir, cuando estas medidas persistan, a pesar de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto”; es decir, en el presente caso; se tiene, que conforme a lo referido por el Juez demandado, ante la inasistencia del impetrante de tutela, en el acto procesal de 7 enero de 2022, y sí de su defensa pública, por solicitud del Ministerio Público, y la parte civil, dispuso la rebeldía del mismo; y, en virtud a ello, la parte solicitante de tutela, refirió que ante su presentación de justificativo, la citada autoridad, con el Decreto 14 de igual mes y año, aceptó su certificado médico, y señaló de manera textual, que: “a los efectos del artículo 91 se suspende la rebeldía” (sic), y declaró pagar la multa de Bs300.-; por lo que, conforme a lo señalado, se denotaría, que la rebeldía fue suspendida por la citada providencia, previo cumplimiento de dicha multa; condicionante última que se encuentra fuera del marco legal, pues ante la aceptación del justificativo a la incomparecencia del ahora accionante, conforme a los fundamentos jurisprudenciales desarrollados precedentemente correspondía dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en su contra, pero además se evidencia una arbitrariedad al no habérsele dado el tiempo prudencial para cumplir con el pago de multa impuesta, constituyéndose por lo tanto en una aprehensión ilegal, consecuentemente la vulneración de los derechos alegados por el impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

Respecto, a la segunda problemática, donde presuntamente, ante un mal procesamiento, de incumplimiento de purga de rebeldía, el accionante señaló que fue aprehendido, y por consecuencia, previo a instalarse la audiencia de sus medidas cautelares, a los cuarenta minutos de la hora de su aprehensión, el 20 de enero de 2022, sin esperar que su abogado defensor de confianza, llegará a dicho acto procesal, se le designó un defensor de oficio, quien no tendría conocimiento de su proceso, vulnerando de esa forma su derecho a la defensa; y, en dicho acto procesal, el Juez demandado, de forma prevaricadora, abusiva y ultra petita, mediante Auto Interlocutorio de la indicada fecha, dispuso su detención preventiva, en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; cuando conforme al delito (estelionato) que se le atribuyó, y la norma, no correspondía dicha medida; y, porque el Ministerio Público, mediante su imputación formal, su ratificación y fundamentación en la audiencia señalada, solicitó medidas sustitutivas a su favor; y, ante dichos extremos, estaría indebidamente procesado y privado de su libertad; sin embargo, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, donde establece la prohibición de la activación paralela de las jurisdicciones constitucional y ordinaria; puesto que, la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; además, la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, se instituyo para evitar la activación paralela de la jurisdiccional y ordinaria, en especial, cuando está última se encuentra pendiente de resolución, y en razón a que se cree una disfunción procesal contraria al orden jurídico; es decir, en el presente caso, a pesar que el impetrante de tutela, denunció que frente a los extremos señalados en su acción de defensa, el Juez demandado, mediante Auto Interlocutorio de 20 de enero de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, determinación que al restringir su derecho a la libertad, también cuestionaría como vulnerada; sin embargo, se tiene que conforme al informe de la autoridad demandada, no controvertido por la parte solicitante de tutela, la precitada Resolución, que dispuso la detención del nombrado, mediante su defensa técnica fue apelada, recurso que según el Oficio 300/2022 de 25 de enero, se encontraría remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mismo que se encontraría pendiente de resolución.

Por lo que, este Tribunal concluye que no corresponde realizar el análisis de fondo de la precitada problemática planteada en esta acción de libertad; toda vez que, el accionante, antes de interponer su demanda de acción de defensa (25 de enero de 2022), cuestionando también el Auto Interlocutorio de 20 de igual mes y año, que dispuso su detención preventiva; se tiene que, la referida Resolución, en dicha fecha, fue apelada por el nombrado, misma que estaría pendiente de resolución y análisis de su situación jurídica, por el Tribunal de alzada; instancia que al ejercer el control jurisdiccional del proceso, el impetrante de tutela podría realizar sus denuncias correspondientes; ello implica que el solicitante de tutela, de manera simultánea, activó dos vías paralelas; la constitucional, al interponer la presente acción tutelar y la jurisdicción ordinaria, al formular su recurso de apelación contra el precitado Auto Interlocutorio; por cuanto, conforme a los razonamientos glosados en el Fundamento Jurídico señalado precedentemente, situación que contraviene la lealtad procesal; en razón a que, podría conllevarse la duplicidad de fallos no deseados por el ordenamiento jurídico ni por el sistema constitucional, por el hecho de que ambas jurisdicciones conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas; en consecuencia, al encontrarse pendiente de resolución los actos denunciados como lesionados de la autoridad ahora demandada, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; puesto que, la pretensión del accionante, sobre su situación jurídica, debe ser resuelta previamente por la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien corresponde aclarar, que si bien se dispuso conceder la tutela en cuanto a la ilegal ejecución del mandamiento de aprehensión emitido contra el accionante producto de su declaratoria de rebeldía, debe tenerse presente que su detención preventiva es producto de la aplicación de una medida cautelar; por lo que, al estar esta decisión en etapa de apelación incidental no corresponde disponer su libertad, pues debe ser la autoridad de alzada la que resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 26 de enero, cursante de fs. 52 vta. a 54, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; en consecuencia:

1°  CONCEDER la tutela impetrada, únicamente en cuanto a la ilegal ejecución del mandamiento de aprehensión, sin disponer la libertad del accionante, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; y,

2°  DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la aplicación de las medidas cautelares impuestas, con la aclaración que no se ingresó a analizar el fondo de la problemática planteada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO