SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0506/2023-S2
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0506/2023-S2

Fecha: 06-Jun-2023

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursan Resolución y Orden de Aprehensión de 18 de febrero de 2022, emitida por Gustavo Reynaldo Balderrama Tola y Elba Geovana Sanjinez Bernal, Fiscales de Materia -codemandados-, con CUD 201102012201020, requiriendo al Investigador asignado al caso o cualquier efectivo policial, aprehenda a Felipe Froilán Molina Bustamante -accionante-, dentro de la investigación seguida de oficio por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados en grado de complicidad, a objeto de que sea puesto a conocimiento de la autoridad que ejerce el control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas y determine su situación procesal, conforme lo previsto en los arts. 226, 301.1 y 302 del CPP (fs. 2 a 9).

II.2.  Consta imagen de la captura de pantalla de la plataforma de la página web del Ministerio Público, del citado caso realizada a horas 11:41 del 21 de febrero de 2022, la cual se puede apreciar que el señalado proceso se encontraba en etapa preparatoria, estado abierto y asignado al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz (fs. 12).

II.3.  A través de Informe 0166/2022 de 22 de febrero, elaborado por Liz Yesenia Camacho Chamizo, Encargada de Informática de la Fiscalía Departamental de La Paz, se tiene que en relación al requerimiento fiscal emitido el 21 del indicado mes y año, informó que: revisado el señalado CUD, la actividad de “…AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN…” (sic) fue interoperada a horas 21:02 del 19 del mes y año referidos, por la Fiscal de Materia codemandada, contando con la certeza de recepción del sistema del Órgano Judicial bajo el Código de Control 1213179, mecanismo de seguridad entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial sobre una interoperabilidad correcta, según se demuestra en la captura de imagen del Sistema JL1 (fs. 23 a 24).